Partidos y crisis en México

Guillermo Buendía
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Con afecto y gratitud para el profesor Alberto Robles Rodríguez,
quien alentó a mi hijo Julio a romper límites que va poniéndole la distrofia.

Los partidos políticos en periodos de crisis desempeñan funciones cruciales para los intereses de clase que representan, tanto más si ostentan el poder, ejercen el control político sobre el Legislativo, influyen en la orientación política de los otros poderes de la Unión, o vinculados con los poderes fácticos, Iglesia y Ejército, gobiernan el orden establecido.

Ostentadores del poder

Después de setenta años en el poder y doce de alternancia con el Partido Acción Nacional (PAN), el PRI, en 2012, recuperó la Presidencia de la República en medio de fuertes acusaciones de fraude electoral. Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido antes de 1988, cuando la sucesión se resolvía a través de las facultades metaconstitucionales del presidente, haciendo del PRI el instrumento ejecutor de la designación de la candidatura en elecciones de mero trámite democrático, la crisis política de aquel año dejó en claro el agotamiento de estos mecanismos y, dentro del partido, las pugnas por alcanzar la candidatura presidencial lo llevaron a la ruptura interna, además de que el sistema electoral resultaba ya insuficiente para legitimar la calificación del resultado electoral.

Doce años antes de esta crisis interna del PRI, en 1976, la sucesión fue presionada por la asonada de grupos empresariales y terratenientes, y durante el sexenio de José López Portillo –gobierno de la abundancia petrolera, de la devaluación del peso y la estatización de los bancos–, se combatió a la guerrilla surgida después de la represión del movimiento estudiantil del 68 y del “halconazo” de 1971, y dio salida a otras expresiones de cambio democrático con la reforma política de 1977. En estos años, el PRI permaneció como partido dominante en los asuntos políticos y públicos del país, hasta que, en medio de la crisis económica que afectó al gobierno de Miguel de la Madrid –quien revirtió la nacionalización bancaria– el partido aceptó renunciar con la misma demostración de disciplina política hacia la autoridad presidencial a seguir enarbolando los postulados de justicia social de la Revolución mexicana. Tiempo de cuando la clase política comenzó a ser desplazada por los tecnócratas de puestos clave del gobierno.

La Corriente Democrática y posterior desprendimiento de los dirigentes e integrantes de ésta del PRI, posibilitó la candidatura presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas por el Frente Democrático Nacional, en 1988 –antecedente del PRD, cuyos tres primeros dirigentes nacionales: Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y Andrés Manuel López Obrador, expriistas que durante una década conformaron una oposición al bipartidismo PRI-PAN–, por primera vez estuvo en riesgo el relevo del Ejecutivo federal a causa de los señalamientos de fraude electoral –avalado por la sospechosa caída del sistema de cómputo de votos controlado por la Secretaría de Gobernación–, las movilizaciones sociales y asesinatos políticos. Y seis años más tarde, en una “acción concertada” perdió la vida el candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, en un contexto de crisis política del gobierno salinista, provocada primero por la designación y ahondada por la sustitución del candidato después del magnicidio, en todo momento el PRI acató las órdenes presidenciales.

De partido único pasó a la “sana distancia”, y al no responder a los intereses convergentes en los poderes de la Unión, tuvo lugar un vacío de representación de los tres sectores del PRI (obrero, campesino y popular), quedando sólo como expresión política de las clases dominantes, las cuales observaron que los tecnócratas en puestos clave de gobierno para preservar sus intereses resultarían ineficaces. Y en este largo periodo que cruzó la transición, en 2000 se concretó la alternancia en la Presidencia de la República, con un partido de derecha y abiertamente confesional, el PAN. Éste, desde que legitimó la elección de 1988, inauguró la alternancia en las gubernaturas de Baja California, Guanajuato, Chihuahua, Jalisco, Puebla, Querétaro y Aguascalientes, entre otros estados, y al comienzo del siglo XXI sacó al PRI de Los Pinos. El triunfo electoral indiscutible de 2000 no se repitió en la elección de 2006. Un operativo del Estado Mayor Presidencial permitió que se llevara a cabo la ceremonia relámpago de la toma de protesta constitucional de Felipe Calderón como presidente de la república, quien durante los primeros años de su gobierno enfrentó el acotamiento de sus funciones por la presión política de ilegitimidad.

En tanto el PAN, en los doce años que retuvo la Presidencia, por la falta de cuadros políticos formados dentro de su partido tuvo que aceptar esta limitación que acabó por condicionar las facultades constitucionales y políticas para gobernar plenamente desde las instituciones importantes del gabinete económico, legal, de seguridad nacional y ampliado; en cuanto al Poder Ejecutivo federal se refiere, pronto dio señales de gobernar sin poder, y esta circunstancia precipitó la relajación de los controles políticos y legales sobre la conducción del pacto federal, en lo que representan los estados gobernados por los partidos Revolucionario Institucional y De la Revolución Democrática, incluyendo la Ciudad de México que, desde 1997, es gobernada por el PRD.

Control político

Los partidos políticos sólo se conciben como organizaciones de clase que luchan por conservar o ascender al poder.

La era del partido único consolidó el sistema presidencialista y el alcance del poder del partido de Estado permeó la relación Estado-sociedad. El PNR y el PRI después se valieron del corporativismo como medio de control político de las relaciones de clase. Los pilares sectoriales: obrero (CTM), campesino (CNC) y popular (CNOP) se convirtieron en poderosas confederaciones que incidieron en los factores de la producción y fueron contrapeso de las corporaciones empresariales.

La disciplina y lealtad partidista aseguraba a los actores políticos ligados a estos sectores el acceso a cargos de elección popular: diputados, senadores, gobernadores o presidentes municipales, luego de haber obtenido la aprobación de su designación por parte del presidente de la república. El reparto de cuotas de poder también tuvo que ver con los nombramientos de los secretarios y subsecretarios de Estado, magistrados y jueces, directores generales de empresas paraestatales y demás instituciones públicas relevantes; incluso la elección o destitución de dirigentes de los entonces influyentes sindicatos nacionales de industria quedaba dentro de las facultades no escritas del presidente.

El quiebre del presidencialismo y del partido de Estado se produjo tiempo después del agotamiento del modelo estabilizador y de sustitución de importaciones. Y el punto crítico de este proceso de cambios fue el movimiento estudiantil del 68.

Hasta 1988, el PRI conservó el control del Congreso de la Unión, reducido a instrumento legislativo exclusivo del presidente de la república, Con el ascenso de la oposición perredista y la conformación plural de la Cámara de Diputados, la aprobación de leyes ha estado sujeta a negociaciones de alianzas parlamentarias que, en ocasiones, sus alcances repercuten en acuerdos en el reparto de comisiones calve o alternar la presidencia de la Mesa Directiva. Uno de los últimos actos de ese control político del PRI fue la “Roque señal”, cuando la mayoría construida por el priismo aprobó el aumento del IVA en cincuenta por ciento.

El control político se ejerció a través de la cooptación que traía la permanencia en el Poder Legislativo, federal o local; o por la práctica del cabildeo de “maicear” a los legisladores en las votaciones fundamentales. Sin embargo, la complejidad derivada de la presencia de partidos auspiciados o satélites del PRI (PARM, PST, PPS, PFCRN, desaparecidos ya; PMC antes PCD, PES, PNA, PVEM, entre otros) contrapesos utilizados en negociaciones con la oposición del PRD y PAN; así como para atomizar las cuotas de poder entre partidos carentes de una representación social real; también tienen la función relevante reservada en los procesos electorales: arietes del golpeteo político contra las candidaturas punteras en las preferencias del voto.

Poderes fácticos

Los vínculos con el Ejército se establecieron durante décadas de ejercer el poder y del resultado del origen mismo del partido. En el caso de la Iglesia católica, una vez transcurrida la etapa crítica de la guerra cristera, vino un largo periodo de “simulación” en la separación Estado-Iglesia que concluyó con la reforma constitucional de reconocimiento jurídico de las iglesias, en 1992, y el consiguiente restablecimiento de relaciones diplomáticas con el Estado vaticano durante el gobierno salinista, nombrando a Enrique Olivares Santana, reconocido masón.

Ningún otro partido en el poder mantuvo una relación tan estrecha con la Iglesia católica como el PRI. Ni el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, en 1993, produjo un cismo en la normalización de las relaciones políticas con la Iglesia; como tampoco el beso de Vicente Fox al anillo papal se tradujo en sumisión del Estado mexicano al Vaticano. El silencio y el secreto sirvieron para mantener nexos con la jerarquía católica que no transgredieran los principios constitucionales de la separación Estado-Iglesia, lo que hizo posible, en 1979, la visita del jefe de Estado vaticano, Karol Wojtyla a México, a un año de haber ascendido al papado en medio del escándalo financiero en el que se vio involucrado el Instituto para Obras Religiosas (IOR, o conocido comúnmente como Banco Vaticano) por la “desaparición” de 1,300 millones de dólares del Banco Ambrosiano; o el haber recibido en dos ocasiones a los hermanos Arellano Félix en la sede de la nunciatura el representante de Juan Pablo II, Girolamo Prigione; o el proselitismo confesional de Provida y la Asociación Nacional de Padres de Familia en contra de las políticas públicas y legislativas en materia de control natal, aborto y de los contenidos de la educación sexual en los libros de texto gratuitos, o más recientemente sobre los matrimonios igualitarios y el derecho de adopción. La “complicidad equívoca” de la Iglesia católica y el gobierno va más allá de los hechos salidos a la luz pública: quedaron impunes los abusos sexuales del sacerdote Marcial Maciel gracias al encubrimiento y protección que le brindaron los papas Juan Pablo II y Benedicto XVI al fundador de los Legionarios de Cristo, y la falta de acciones punitivas que no emprendieron los gobiernos priistas y panistas; o la presencia de Instituto Lingüístico de Verano en Chiapas que dio origen a conflictos religiosos, cruentos algunos, en el último cuarto del siglo pasado; o a las actividades del Opus Dei y otras organizaciones ultraconservadoras vinculadas a grupos empresariales.

De los momentos críticos de la historia del Ejército mexicano fue su participación en la matanza de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, en 1968. La responsabilidad la asumió Gustavo Díaz Ordaz y toda la clase política organizada en el partido de Estado. En la década de los setenta, el Ejército bajo el mando del presidente, persiguió y exterminó a los grupos guerrilleros en el auge de la guerra sucia. Episodio cuyos antecedentes se remontan a los oscuros años en que el Servicio Secreto se transformó en la temible Dirección Federal de Seguridad, integrada fundamentalmente por militares, como lo fue Fernando Gutiérrez Barrios, director de ésta.

Otro caso que dio cuenta del poder de infiltración del poder del narcotráfico fue la causa en contra del general José de Jesús Gutiérrez Rebollo, por haber dado protección al jefe del cártel de Juárez, Amado Carrillo Fuentes, que terminó con su encarcelamiento, en 1994; aunque no es el único expediente de militares de alto rango juzgados y detenidos por los nexos que se les encontró con organizaciones criminales dedicadas a la producción y trasiego de drogas.