Derechos, dignidad y libertad a las mujeres

Anayeli García Martínez / Cimacnoticias
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Con la primera Constitución Política de la Ciudad de México, las mujeres que viven y transitan por su territorio tendrán y podrán exigir que se cumpla su derecho a la salud, a decidir sobre su maternidad, a tener los mismos salarios que sus compañeros varones, a competir en igualdad en los procesos electorales, a compartir con el Estado las tareas de cuidado y a tener una vida libre de violencia.

Esos derechos, vigentes a partir del 17 de diciembre de 2018, cuando entre en vigor el texto constitucional promulgado este domingo, establecen las bases para rescatar los derechos que se han construido en la capital: desde hace 10 años las mujeres pueden interrumpir un embarazo no deseado y desde hace ocho años se permiten los matrimonios entre personas del mismo sexo.

Tras cinco meses de trabajo, 49 mujeres y 51 hombres integrantes de la Asamblea Constituyente aprobaron un texto de 76 artículos, que recoge demandas feministas y del movimiento de mujeres, propuestas desde grupos como Las Constituyentes y Ciudad Feminista.

“No sin nosotras”

Desde que se gestó el proceso constituyente, académicas, feministas, juristas, escritoras y políticas crearon la iniciativa “No sin Nosotras”, para obligar a partidos y al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, a integrar mujeres en la Comisión Redactora, encargada del proyecto, y en la Asamblea, para aportar una visión desde las ciudadanas.

Después, las feministas lograron convencer a las legisladoras de integrar una “bancada feminista” con diputadas de los Partidos de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC), Movimiento Regeneración Nación (Morena) y Nueva Alianza (Panal).

El 15 de septiembre de 2016 se presentaron decenas de propuestas para proteger la igualdad y la autonomía de las mujeres, la mayoría recibidas en la Comisión Carta de Derechos, que analizó 584 propuestas ciudadanas y 244 de constituyentes.

El artículo 9, apartado C, incluye las propuestas, al decir que se “garantiza la igualdad sustantiva entre todas las personas sin distinción por cualquiera de las condiciones de diversidad humana”.

Y el artículo 10 indica que las autoridades adoptarán medidas legislativas, administrativas, judiciales, económicas y las que sean necesarias para lograr la plena efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución, así como la creación del Sistema Integral de Derechos Humanos y del programa en la materia.

Las derechas contra la ILE

Con propuestas y manifestaciones, grupos conservadores trataron de evitar, a través de sus constituyentes, que la Asamblea incluyera lo que llamaron “ideología de género” y que en el texto se adoptaran ideas como “proteger la vida desde la concepción”.

En enero, el presidente de la Mesa Directiva del organismo, el perredista Alejandro Encinas, reconoció que uno de los “atorones” de la Constituyente era el aborto, porque las posiciones de derecha tenían como consigna introducir la “protección de la vida” en el artículo 11. El tema fue rechazado el 4 de enero e hicieron otro intento el 29 de enero, sin éxito.

Libres e iguales

La presidenta de la Comisión Carta de Derechos, antropóloga feminista y diputada por el PRD, Marcela Lagarde y de los Ríos, buscó que la Carta Magna dijera que “en la Ciudad de México todas las mujeres y hombres nacen y viven libres e iguales entre sí”.

Aunque el texto no quedó así, Lagarde asegura que los derechos están presentes en el documento, sin incluir conceptos que causan ruido a las derechas, y cada artículo sienta las bases para detallarlos en las leyes secundarias.

Por ejemplo, no aparece la palabra “aborto” o “interrupción legal del embarazo (ILE)”, explica Lagarde, pero este derecho se desprende del artículo 11 que dice que “toda persona tiene derecho a la autodeterminación y al libre desarrollo de su personalidad”.

Este artículo también establece que toda persona tiene derecho a acceder al más alto nivel de salud reproductiva posible; a decidir tener hijos o no, con quién y el número e intervalo entre éstos, lo que significa que el Estado debería garantizar un aborto en caso de ser necesario.

Asimismo el artículo 11 dice con claridad que las autoridades deben prevenir, investigar y sancionar la violencia obstétrica; que se  respeta la autonomía de niñas, niños y adolescentes, y eso abre la puerta para reconocer su derecho a la identidad sexual.

También causó controversia el matrimonio entre personas del mismo sexo, que defendió la diputada del PRD, Lol Kin Castañeda. Logró que en el artículo 16 se reconocieran “en igualdad de derechos a las familias formadas por parejas de personas LGBTTTI, con o sin hijas e hijos, que estén bajo la figura de matrimonio civil, concubinato o alguna otra unión civil”.

Propuestas ciudadanas

El texto constitucional retoma propuestas ciudadanas de agrupaciones como Las Constituyentes –integrada por académicas y activistas– que envió ocho propuestas, entre ellas el derecho al cuidado de niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, personas enfermas, con discapacidad o con adicciones.

Se logró que el artículo 14 diga que toda persona tiene derecho al cuidado y que la Ciudad de México establecerá la creación de un sistema público integral de cuidados que respete la dignidad, que preste servicios públicos y universales accesibles, pertinentes, suficientes y de calidad, y que garantice la atención a personas en situación de dependencia.

Además las y los diputados constituyentes incluyeron en el artículo 13 que las autoridades educativas promoverán ampliar paulatinamente las jornadas escolares, hasta un máximo de ocho horas, disposición que puede aligerar las tareas de cuidados que las mujeres asumen.

Participación política

Las constituyentes Kenia López, del PAN, y Lucero Saldaña, del PRI, defendieron la participación política de las mujeres y consiguieron que en el artículo 12 se incluyera el derecho a un gobierno democrático y a la participación paritaria en cargos de la función pública.

En el artículo 29 dice que las y los ciudadanos tienen derecho a acceder a cualquier cargo público y en el artículo 32 se obliga a los partidos políticos a garantizar la paridad de género en candidaturas.

Ahora la Asamblea Legislativa –que el próximo año se convertirá en Congreso– deberá elaborar leyes secundarias, bajo los criterios que sustentan cada artículo constitucional.

Las organizaciones feministas de la capital del país informaron que continuarán su participación y demanda en la elaboración de leyes secundarias y en la adecuación de políticas públicas que concreten los derechos en la vida cotidiana de las personas.