Las consecuencias de la crisis del capital

Guillermo Buendía
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                                    Para el doc. Sergio Anaya Lazúrtegui y Luis Mora Munguía

Las contradicciones de la producción capitalista son irreconciliables. Esta afirmación no es una reducción simple de la relación capital-trabajo; entre propietarios de los medios de producción constituidos en clases dominantes en los tres siglos pasados y la fuerza de trabajo del proletariado sumido en el deterioro permanente del nivel de vida; periodo en el que Estado y estructura oligopólica se han dado instituciones políticas, económicas, financieras y sociales que regulan la reproducción de las relaciones capitalistas y atienden las pugnas y conflictos de interés –no contradicciones– que surgen entre las fracciones de la clase financiera, industrial o comercial, a nivel nacional o mundial.

Organismos como el FMI, Banco Mundial, OCDE, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), así como las instituciones de inteligencia de los principales países desarrollados (Agencia Central de Inteligencia, CIA; Instituto de Inteligencia y Operaciones Especiales, Mossad; Servicio de Inteligencia Secreto, MI 6 o SIS; Servicio de Inteligencia Exterior, SVR, antes KGB; Servicio Federal de Inteligencia, BND; Dirección General de Seguridad Exterior, DGSE; Ministerio de la Seguridad del Estado, MSS) todos al servicio de los intereses del capital y la protección del mismo a través de los términos de cartas de intención suscritos con el FMI cuando éste va al “rescate” de la economía de un país con el otorgamiento de créditos draconianos, la imposición de la  “mejora continua” a la legislación sobre inversiones extranjeras o “recomendaciones” para modificar leyes tributarias que dejen exento de pago de impuestos a la inversión especulativa, y de ser necesario preparar operaciones encubiertas de espionaje militar, político, financiero, comercial o criminal contra Estados en función del reparto geopolítico del imperialismo. Este entramado tiene el objetivo de proporcionar estabilidad y seguridad a las formas de acumulación y concentración de la riqueza mundial. A esto se suman los tratados y coaliciones económicas de países para conformar regiones de influencia en el intercambio comercial, de producción de manufacturas o integración de la producción de mercancías a través de la instalación de empresas maquiladoras.

Sin embargo, esta integración global de la economía capitalista, desde 1990 a la fecha, principalmente después de la desintegración de la URSS, cuenta con una superestructura mundial –esencialmente extraterritorial utilizada para someter Estados con economías dependientes y subdesarrolladas como la mexicana– que por la fuerza de la normatividad con la que funciona, hoy por hoy, representa la injerencia en los asuntos internos de los países, cuyas instituciones se encuentran subordinadas no sólo a los lineamientos proteccionistas de las economías estadunidense, china, rusa, japonesa, europea e inglesa, sino a los intereses de las empresas trasnacionales hegemónicas de la industria petrolera, eléctrica, automotriz, minera, farmacéutica, telecomunicaciones y alimentaria, entre otras.

El 11 de septiembre de 1973 se llevó a cabo el golpe de Estado en Chile y se derrocó al gobierno socialista de Salvador Allende, con la participación de la CIA y se instaló una dictadura militar encabezada por Augusto Pinochet, la cual restituyó a la trasnacional estadunidense AT&T la explotación minera del cobre; la ley Helms-Burton profundizó el bloqueo económico contra Cuba a partir de 1995, a través de una legislación extraterritorial que imponía la interrupción y prohibición del comercio con la isla, que de no ser cumplida se aplicarían severas sanciones económicas y financieras a las empresas y al país de origen (en el caso de México se pusieron en riesgo las inversiones en telefonía básica y el intercambio comercial); la operación Casa Blanca del Departamento del Tesoro investigó de manera encubierta el lavado de dinero en bancos mexicanos, en 1998, que terminó con la detención de ejecutivos de bajo nivel. Los medios “legales” o encubiertos utilizados por los gobiernos para proteger los intereses sensibles de las empresas de su país, dan razón de la hegemonía económica, financiera y comercial, por un lado, y explican el poder desestabilizador del proteccionismo de las potencias imperiales para someter gobiernos como es el caso reciente de México que enfrenta las presiones del hasta entonces presidente electro estadunidense –hay muchas formas de que pague la construcción del muro, dijo en su campaña– al concitar la cancelación de inversiones de la Ford y GM, por otro lado.

Esta división internacional del trabajo entre países productores de materias primas y productores de manufacturas ha diversificado e intensificado la trasferencia de plusvalía de los primeros a los segundos –para finalmente reproducir la concentración de la riqueza mundial– hace inviable el desarrollo económico de un país sujeto a tratados y tratos de dominación “global”. Ésta asegura un enorme mercado de consumidores, abundante mano de obra barata, apropiación de recursos estratégicos no renovables, instalación de industrias altamente contaminantes del medio ambiente o convertir a países subdesarrollados en basureros de desechos industriales peligrosos que provocan serios problemas de salud pública, entre otros aspectos característicos de este reparto de la producción capitalista. Y las instituciones de los Estados dominados, como instrumentos de este orden global del imperialismo, responden con políticas y actos de gobierno que favorecen a los intereses de la inversión extranjera.

En este contexto fue como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó el aumento a los precios de las gasolinas, y junto con la decisión de la Secretaría de Energía de adelantar un año la instalación y funcionamiento de empresas extranjera para vender gasolinas en todo el país –prevista para 2018– se asegura a estos empresarios un precio alto en la venta de gasolinas, y a partir de febrero, el rango de fluctuación diaria del precio de las gasolinas permitirá a estas empresas extranjeras recuperar en corto tiempo la inversión y competir en mejores condiciones. Este panorama a mediano plazo incidirá en la cancelación de las actuales concesiones con Pemex y se abrirá un periodo de asociación o fusión de capitales en este ramo. Es decir, se verá la quiebra de empresas gasolineras y la concentración de la distribución y venta de gasolinas por parte de empresarios extranjeros.

            Además, la caída del precio del petróleo –que obedece a la ley tendencial hacia la baja de precios de las materias primas– asegura a las empresas extranjeras la extracción de petróleo a precios bajos. La refinación y obtención de derivados (químico-farmacéuticos, fertilizantes, gasolinas y lubricantes automotrices e industriales, entre otros) hecha por trasnacionales petroleras estadunidenses e inglesas, principalmente, pronto conformarán una estructura oligopólica en la industria petrolera en México que impondrá altos precios a las importaciones de gasolinas y otros productos de origen petrolero.

La recaudación de impuestos por la venta de gasolinas sumada a los ingresos por la venta facturada de petróleo crudo extraído por empresas extranjeras será menor este importe al pago de la importación de productos derivados del petróleo. La balanza comercial, en este ramo, seguirá deficitaria y presionará a la balanza de pagos, mientras los precios al consumidor se mantendrán altos y afectando la tendencia alcista del resto de los precios de bienes y servicios.

Otro aspecto de esta crisis no menos importante es aquel relacionado con el proceso electoral de 2018. La decisión de anticipar los plazos establecidos en los acuerdos derivados de la reforma energética, precisamente fue sacar la sucesión presidencial de los conflictos sociales provocados por la privatización del petróleo. El difícil manejo de esta crisis, a dos años de concluir el sexenio de Peña Nieto, pone al PRI de nueva cuenta en condiciones de perder el poder, escenario que se ha empalmado con el ascenso del gobierno ultraconservador estadunidense, cuya relación bilateral enfrenta ya un deterioro progresivo ocasionado por las contradicciones de la producción capitalista.

Los conflictos sociales son resultado de las contradicciones del capital; y la democracia como régimen de gobierno del Estado mexicano erigida políticamente para alcanzar el pleno desarrollo de la sociedad, al enfrentar la solución de éstos –ahora acotados por la crisis económica, postergada de manera indefinida nuevamente la atención del reclamo social–, encontró en los actos de gobierno visos de autoritarismo e intransigencia.

Sin derechos reconocidos en la Constitución –reformada y adicionada en sus fundamentos económicos y financieros de manera profusa con el objetivo de adecuarla a las necesidades del capital, nacional o extranjero–, como podrían ser la consulta popular, el plebiscito o el referéndum, la clase trabajadora carece de los medios legales e institucionales para canalizar las manifestaciones en mejores condiciones jurídicas y políticas para revertir las decisiones gubernamentales que afecten sus intereses y nivel de vida. Sería el caso de las leyes secundarías, reglamentos y de la propia reforma constitucional que privatizó el petróleo. Esto no quiere decir que las movilizaciones sociales organizadas por diversos sectores profundamente afectados sean ilegítimas, aunque esta tentación latente en el discurso oficial por considerar que estas demostraciones exceden el marco jurídico lleve al uso de “toda la fuerza del Estado”, como lo dijera el último presidente priista del siglo pasado.

Al desoír y descalificar las manifestaciones en contra del “gasolinazo” – palabra utilizada para englobar el descontento social que reprueba el aumento y liberalización de los precios de las gasolinas, a causa de la pérdida del poder adquisitivo del salario por la vía de la inflación, por un lado, y la devaluación del peso, por el otro–, el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade sostendrá este acto de gobierno asumiendo de este modo el costo político del compromiso no cumplido con el que pactó el presidente Peña Nieto la reforma energética (bajar el precio de la gasolina al fomentar la competencia), y al meter en el mismo saco el saqueo y las manifestaciones legítimas de la sociedad, el gobierno se muestra insensible y autoritario.

Si la política es la expresión de intereses económicos, el quehacer de los partidos políticos está definido por los intereses de clase que representan. Sin duda, el PRI clasificado abiertamente como partido plutocrático a partir de la década de los 80 –apartándose de la justicia social de los postulados de la Revolución mexicana, habiendo sostenido una política de redistribución de la riqueza–, después del periodo transitorio que posibilitó la alternancia, concretó el Pacto por México, una alianza de los tres partidos políticos decisivos (PRI, PAN y PRD) y demás instrumentos legitimadores y necesarios para llevar a cabo la privatización del petróleo, cuyas consecuencias cruzan la capacidad de respuesta institucional de la democracia mexicana, en la función central asignada: dirimir las contradicciones de clase.

Al estimar en demasía el poder de la democracia para resolver los conflictos y demandas de clase no debe confundirse con el poder del gobierno en sí mismo. El engañoso poder resolutivo de la democracia para atender las demandas sociales de la clase trabajadora ha quedado evidenciado en caso como el Fobaproa (Fondo Bancario para la Protección del Ahorro) que sólo rescató a los bancos al convertir la cartera vencida en deuda pública y los bienes inmuebles recuperados rematados a precios ínfimos, constituyéndose éstos en botín del tráfico de influencias (recuérdese el escándalo protagonizado por los hijos de la primera dama Marta Sahagún, esposa de Vicente Fox); o la liquidación de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y la quiebra de Mexicana de Aviación, que afectaron a miles de trabajadores sindicalizados.

La notoria ausencia de los partidos políticos en las manifestaciones de rechazo al “gasolinazo” traduce, sin duda alguna, la responsabilidad directa e ineludible de éstos de la decisión de aumentar los precios a las gasolinas, causa de la crisis económica y motivo de movilizaciones legítimas y de actos vandálicos. Los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados que aprobaron la Ley de Ingresos de la Federación, respaldados por las dirigencias cupulares de los partidos a los que pertenecen y responden, son responsables junto con el Poder Ejecutivo de la crisis económica, como lo seguirán siendo del manejo de ésta para impedir que los conflictos sociales deriven en una crisis política; ésta entendida como un proceso de amplias implicaciones que trastornen la gobernabilidad y ponga en riesgo y amenace la seguridad nacional y del Estado. Ante esta crisis económica el gobierno esgrime la razón de Estado para conservar y restaurar el orden establecido, en el que, por supuesto, la cauda privatizadora de la reforma energética estará salvaguardada.