Para mis hijos Rubí, Adrián y Julio, quienes día tras día
demuestran determinación y perseverancia en sus estudios y trabajo.

Las presiones del gobierno estadunidense y de los poderosos grupos financieros contra la economía nacional concretadas en los últimos ocho meses sin duda alguna son la respuesta a las políticas económicas instrumentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, dirigidas éstas a contener la rapacidad del capitalismo que desde mediados de la década de los setenta hasta la fecha con los gobiernos del PRI y PAN –inclinados a favorecer la entrega y saqueo de los recursos estratégicos– encontró los socios idóneos para los negocios globales de las trasnacionales petroleras, eléctricas y mineras. Presiones que han ido desde calificaciones negativas a la capacidad crediticia de las empresas paraestatales, Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad; el aumento temporal de los aranceles al acero y aluminio registrado en la coyuntura de la guerra comercial USA-China; el amago arancelario progresivo a todas las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos si no se detenía la migración centroamericana en la frontera sur de nuestro país, obligando a firmar un acuerdo al respecto sujeto a la revisión de resultados de la contención migratoria; y finalmente de manera unilateral aumentar los aranceles al acero mexicano en el contexto de la ratificación del TMEC, por parte de los congresos de los tres países.

            En estos meses el presidente, de manera recurrente, ha dado a conocer los términos “leoninos” de los contratos firmados por el gobierno de Enrique Peña Nieto para la construcción de gasoductos, obras que se encuentran sin terminar razón por la cual se pagan gravosas multas mensuales; la situación de las petroleras extranjeras concesionarias de grandes extensiones de tierra en zonas petrolíferas sin producir un solo barril hasta la fecha; o el comportamiento de las empresas trasnacionales concesionarias para operar gasolineras –beneficiadas con los gasolinazos desde el penúltimo año de la administración peñista, cuando se decidió también adelantar un año la apertura de la distribución de gasolinas en todo el territorio nacional a la iniciativa privada, nacional o extranjera– algunas de las cuales se niegan a ser verificadas sus instalaciones por autoridades de la Procuraduría Federal del Consumidor.

Frente a esta problemática, el gobierno mexicano determinó suspender la firma de más contratos durante el primer semestre de este año –la Secretaría de Energía había anunciado la suspensión por un año, para después reducirla a medio debido a las presiones de los grandes monopolios petroleros extranjeros–; no contratar deuda para Pemex, apoyar a la paraestatal con un financiamiento de más de 5 000 millones de dólares (MDD) y reducir la carga fiscal. Y es cuando los grupos financieros estadunidenses enfilan las presiones para boicotear los planes de rescate de Pemex, incluyendo la construcción de la refinería Dos Bocas o llevar litigios a instancias internacionales para impedir la revisión de los contratos firmados para la construcción de gasoductos.

La industria petrolera ha tenido momentos perfectamente identificados después del descubrimiento de yacimientos petrolíferos a mediados de la década de los setenta. Fue durante el sexenio del presidente José López Portillo cuando a Pemex se le designó el rol estratégico del desarrollo, Desde entonces hasta 2014, cuando se realizaron las reformas constitucionales para revertir la expropiación petrolera efectuada por el presidente Lázaro Cárdenas del Río, transcurrieron cuatro décadas con muy graves crisis económicas que acentuaron la desigualdad y descomposición sociales, por un lado; la llegada de gobiernos abiertamente plutocráticos y conservadores, los cuales privilegiaron el crecimiento económico y la estabilidad macroeconómica en función del interés de la concentración de la riqueza nacional en pocas manos, por el otro lado.  Estos dos periodos económicos están estrechamente relacionados con la industria petrolera y los modelos económicos dados. Del desarrollo estabilizador basado en la sustitución de importaciones y el fortalecimiento del mercado interno que permitió tasas de crecimiento económico del 6.4 por ciento anual durante las décadas de los cincuenta y sesenta, debido principalmente a las secuelas de la posguerra, México transitó hacia el neoliberalismo al estallar la crisis de la deuda y ser sometido por el consenso de Washington, denominado así por la concurrencia de fines geopolíticos del gobierno estadunidense, los organismo supranacionales y los bancos y grupos financieros privados.

El PIB, en 1970, creció 3.1 por ciento; la deuda pasó de 6 090 MDD en ese año, a 25 900 MDD, en 1976; la inflación al final del sexenio de Luis Echevarría Álvarez llegó a 15.8 por ciento. Junto a estos problemas económicos, el gobierno desencadenó serios enfrentamientos con grupos empresariales y terratenientes, lo cual produjo fuga de capitales y la devaluación del peso. Medidas de presión desestabilizadoras que el sector patronal propició para impedir la afectación de sus intereses, a la par de influir en la sucesión presidencial, la cual solo contó con la candidatura del PRI.

            La intromisión del FMI ocurrió justo con el inicio del gobierno de José López Portillo, imponiendo la restricción del endeudamiento y disminución del gasto público, fijar topes a los aumentos salariales, liberalización del comercio exterior y reducir la participación de las empresas paraestatales en la economía. La política de expansión industrial en México, en aquella época, se basó en la explotación intensiva de pozos petroleros, el aumento del gasto público y contratación de más deuda –ésta alcanzando, en 1982, la cantidad de 61 700 MDD– haciendo caso omiso a los términos de las recomendaciones del FMI contenidos en la carta de intenciones firmada, en la creencia de que el boom petrolero permitiría retomar el crecimiento económico registrado durante el modelo de sustitución de importaciones. Nada más apartado de la realidad. Las exportaciones de petróleo pasaron de 0.8 por ciento, en 1974, a 71.3 por ciento, en 1981, en relación con las exportaciones totales. La economía mexicana se petrolizó en un periodo muy corto, por lo que la hacienda pública marcó una total dependencia fiscal de Pemex.

Al mercado petrolero mundial dominado por la OPEP entraron Gran Bretaña, la Unión Soviética, Noruega y México, y pronto, en 1982, los precios del barril de petróleo descendieron drásticamente, medida inducida por los principales países desarrollados para enfrentar la recesión de comienzos de la década de los ochenta. A la par con la baja internacional de los precios del petróleo, México en ese año, registró fuga de capitales, la devaluación del peso y la insolvencia para cubrir los intereses de la deuda externa, la cual llegó a los 87 600 MDD. Se culpó de la crisis a la nacionalización de la banca y el control de cambios decretados en los últimos meses del gobierno de JLP. Las presiones del FMI y de los bancos privados estadunidenses ejercidas al nuevo gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado alcanzaron un punto crítico en 1985, empalmadas con el proceso electoral de mitad de sexenio. La tecnocracia neoliberal comenzó a revertir la privatización bancaria, impuso el control férreo de los incrementos salariales señalados como causantes del altísimo índice inflacionario, la liberalización del comercio exterior y fomento de la inversión extranjera, junto con una paridad del peso frente al dólar flotante. El crecimiento económico siguió dependiendo de las exportaciones petroleras, aunque el endeudamiento de Pemex y la alta carga fiscal que soportaba la paraestatal, provocó que México se convirtiera en un exportador de petróleo crudo e importador dependiente de hidrocarburos necesarios para el desarrollo del sector industrial articulado con la industria maquiladora y de manufactura, dejando fuera de los planes de desarrollo a la industria de bienes de capital.

El deterioro paulatino de las instalaciones de perforación y explotación de petróleo en las platas continentales y marítimas –causantes de incendios en los pozos y derrames contaminando tierras y mares–, Pemex comenzó dar signos de agotamiento en los planes de expansión y la producción de gasolinas y fertilizantes decayó. Sin cambios en el régimen fiscal de Pemex y pasar a ser un importador de gasolinas, el gobierno, en 1985, enfrentó la crisis social con medidas de austeridad recomendadas por el FMI: contención de aumento a los salarios, liberalización de precios y una paridad flotante del peso con respecto al dólar. Una década más tarde, 1995, México se encontró sumido en una nueva crisis económica conocida como “error de diciembre”, en la que se comprometió la producción petrolera para la contratación de préstamos negociados con el gobierno estadunidense y los bancos privados de ese país, y por supuesto avalados por las recomendaciones de austeridad del FMI. De la declaración explícita de López Portillo de ser el último gobierno de la Revolución a la era neoliberal celebrada por Carlos Salinas de Gortari, la industria petrolera nacional fue objeto del interés de los poderosos monopolios petroleros de Estados Unidos principalmente, cuya intervención fue dándose a través de la OCDE, la cual fue impulsando la mejora continua en la legislación mexicana llamándola “reformas estructurales”, mismas que fueron concretadas hasta 2014 durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, con la cooptación de los partidos Acción Nacional y De la Revolución Democrática, cuando asumieron este compromiso entreguista en el Pacto por México.