Moisés Edwin Barreda / Silabario de política
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Las declaraciones de Mike Vigil, exjefe de Operaciones Internacionales de la DEA, en Los Periodistas (88.1 de FM y canal 8.1) no deben ni pueden ser consideradas “mensaje de Biden a AMLO” como pretenden y difunden los oligarcas y sus asociados mediante periodistas mercenarios. Tampoco para justificar que no se procese al soldado Salvador Cienfuegos, como es necesario y deseable para confirmar que la escoba anticorrupción e impunidad barre en todos los estratos y niveles.

La honestidad y profesionalismo tan conocidos de los periodistas Álvaro Delgado y Alejandro Páez, por los que meto las manos al fuego, desmienten rotundamente la especie en cuestión. Y se debe considerar que Mike Vigil no se coló en el singular noticiario de esos reporteros, sino que éstos lo buscaron para entrevistarlo: https://www.youtube.com/watch?v=iXZqon_M7uw&feature=youtu.be

Lo que podría verse como más grave de lo asentado por Vigil en dicho contexto fue, primero, que confirmó con otras palabras lo que escribí antes en este espacio y ahora repito: grupúsculo de generales y jefes cúpula del Ejército que alardean poder moverlo como si fuera de soldaditos de plomo, forzaron a AMLO a solicitar al gobierno yanqui la exoneración y repatriación de Cienfuegos. Luego, que son “sólidas” las pruebas de los delitos que se le imputan, todo “más grave que en el caso de García Luna”.

Tampoco se debe perder de vista que la corporación de USA no actúa por sus pistolas en México, sino por antiguo acuerdo de cooperación bilateral contra el narcotráfico, y que las “sólidas” pruebas de la DEA contra Salvador Cienfuegos tienen valor jurídico porque las recabó en ese contexto.

Mike Vigil, quien se reconoce mexicano, tiene razón cuando dice que su agencia no informaba a las autoridades mexicanas de todo lo que hacía porque en seguida se enteraba a los narcos. Creo no equivocarme si digo que millones de mexicanos que investimos presidente a AMLO esperamos que cumpla su promesa que repite cada vez que se ofrece: “... por encima de la ley, nadie” y, fundamentalmente, “cero corrupción y cero impunidad” en el país.

Además el juicio a Cienfuegos será piedra de toque de la decantada lealtad del Ejército, de las fuerzas armadas en general, al poder civil representado por el presidente de la república. Si merced a las pruebas aportadas por la DEA se le abre y transcurre sin que se altere ni lo mínimo la paz social, tendremos certeza de que la lealtad es por convicción, no por conveniencia como parece.

No veo aceptable ni convincente el argumento que implica que no habrá ese juicio porque México no acepta injerencia extranjera, ni que haya quien niegue la posibilidad de que los cofrades de Cienfuegos lo defienden más por temor a que los arrastre consigo, que por amistad o espíritu de cuerpo. Total, ¿a qué se le teme si se cree inocente a Cienfuegos? ¿Temen que si se le aplica el debido proceso, sin corruptelas, se le caerá la aureola, que es de bisutería según las pruebas aportadas por la DEA?

Desde luego la DEA no merece crédito a ciegas. Tiene sus asegunes. Está denunciado públicamente que cuando le conviene se asocia a cárteles, como el de Sinaloa. Tampoco está muy claro el papel que jugó con la CIA en el asesinato de su agente Enrique (Kike) Camarena, que imputaron a Rafael Caro Quintero. Pero se debe considerar que Mike Vigil no habló por iniciativa propia, pues lo entrevistaron en el singular noticiario Los Periodistas.

Al margen de dudas, es aceptable el silencio de la DEA respecto del asunto que nos ocupa, pues bien sabemos que militares y policías corruptos informaban (¿informan?) de todo a los cárteles, principalmente al de Sinaloa.

¿Qué habría sucedido si el gobierno estadunidense hubiera informado oportunamente al nuestro de las pruebas de los delitos de Cienfuegos y solicitado su captura y extradición? Es lógico pensar que seguiría impune, por razones de las que hay consciencia generalizada:

Primera, el Ejército, lo principal de las fuerzas armadas, es intocable; desde siempre ha tenido fuero oficial y oficioso, principalmente durante lo que va de la post revolución, por conveniencia de los sucesivos gobiernos corruptos priistas y los prianistas en las últimas décadas.

Segunda, fuera de casos tan graves que la prensa no pudo ocultar o deformar y ha intervenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no prosperaban las denuncias de delito graves castrenses en agravio de civiles inermes y sin importar sexo y edad, primero porque la justicia civil no era aplicable a mílites, y luego por el espíritu de cuerpo, que en muchos casos es alcahuetería.

Insisto en que es tiempo de meter al orden al Ejército –y a la mafia que lo encabeza–, obligarlo a prestar juramento a la nación ante la Çámara de Diputados, que no se movilice sin autorización de ésta y que rinda cuentas del manejo de su presupuesto.

Es preciso que se le audite, particularmente en lo relativo a sus gastos en la falsa pero criminal e inútil guerra de Felipe Calderón al narcotráfico, cifras estratosféricas que parecen abono a esta nociva actividad, pues se incrementa en vez de reducirse. La naciente democracia se desarrollará baldada si el Ejército continúa anárquico, como ínsula, poder de facto paralelo a los republicanos.

 

 

 

El Ejército es un poder paralelo en México

Moisés Edwin Barreda / Silabario de política
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Con más gloria –de afeite– que pena y el repudio de miles de compatriotas, Salvador Cienfuegos regresó al país, precedido por especulaciones de distinto tenor, de las cuales la más lógica es que la cúpula castrense doblegó al presidente López Obrador y que –mi idea– el Ejército se mantiene como poder paralelo a los tres de la Unión, es ínsula que jamás rinde cuentas a civiles.

Enorme disgusto más que sorpresa causó a tirios y troyanos, excepto a amigos presuntos cómplices, el que el Departamento de Justicia estadunidense lo haya exonerado de presunta responsabilidad en delitos de narcotráfico y lavado de dinero, entre otros, a pesar de que días antes la juez de su causa le negó libertad bajo fianza porque era peligroso y podría fugarse.

Medios estadunidenses afirman que el casi “usted perdone” fue porque el presidente habló de la posibilidad de echar de México a la DEA, lo cual parece inferencia por la declaración de Marcelo Ebrard en el sentido de que se repatriaba a dicho soldado o se cancelaría la colaboración de México con Estados Unidos en cuestiones de narcotráfico.

Ese vergonzante retorno confirma que el Ejército no ha perdido el fuero que detenta desde la fundación de la República en 1824, junto con el clero y la burguesía. Ese fuero y privilegios implícitos siempre los han tenido los de mayor rango, particularmente los que tienen mando de regiones militares, es decir de grandes unidades de tropa, casi todos diplomados de estado mayor.

Los privilegios a las fuerzas armadas crecieron a partir de 2006 cuando de entrada, Felipe Calderón les concedió 40 por ciento de aumento a los haberes porque las lanzaría a la guerra que le declaró al narcotráfico, única forma de legitimar su gobierno. Paralelamente dio carretadas de dinero para esa controvertida tarea, que –según dijo el propio asaltante del poder– requirió más de 600 mil millones de pesos durante el primer año.

Ese fabuloso gasto causó escozor entre la gente pensante de la nación, pero callaron. Postulé públicamente –documentado– la necesidad de que el Congreso metiera al orden a las fuerzas armadas, que dejaran de actuar particularmente el Ejército, como poder paralelo, intocables, jamás cuestionadas, sin obligación de rendir cuentas. Los legisladores, inmorales, entregados al Poder Ejecutivo, siempre soslayaron la fracción XIV del artículo 73 constitucional.

Es bola boba la disculpa de que la irritación del gobierno de México porque las autoridades estadunidenses ordenaron la aprehensión de Cienfuegos desde agosto de 2019 y no se le informó nada, lo que supuestamente contribuyó a procurar que se le liberara. Incluso se soltó la peregrina especie de que Estados Unidos se aterrorizó ante el amago de expulsar a la DEA.

La disculpa por este lance podría desembocar en descrédito para el gobierno de la Cuarta Transformación no sólo porque ésta implica cambio radical en todos los sentidos en el país, sino porque recibió el apoyo popular mayoritario, hecho por el que resulta ocioso someter a consulta popular acciones del presidente, sobre todo el proceso a expresidentes y porque AMLO ha dicho que “nadie está por encima de la ley y no hay impunidad para nadie.”

En entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela, periodistas de veras, el general Francisco Gallardo Rodríguez confirmó nuestra sospecha de que el trámite del gobierno de López Obrador para que se dejara en libertad a Cienfuegos fue porque lo doblegó la mafia que son los generales diplomados de estado mayor, acto que garantiza impunidad a Cienfuegos.

El gobierno de la 4T perderá mucha simpatía popular si no obliga a la Fiscalía General de la República, por muy autónoma que sea, a emplear las 743 fojas –mil 460 páginas– de pruebas que los fiscales estadunidenses presentarían durante el juicio a Cienfuegos para demostrarlo culpable de los delitos que le imputaban, tres de los cuales se le acreditaron a Genaro García Luna, quien como Felipe Calderón, actuaba en connivencia con los cárteles como el de Sinaloa y otros.

También es obligado que el gobierno de la 4T tome las providencias necesarias para que el pundonoroso general Francisco Gallardo Rodríguez no sufra ningún accidente, no sea asaltado por rufianes civiles ni víctima de riña o crimen pasional, pretextos usuales para encubrir asesinatos en agravio de quienes desnudan abusos de poder, por haber declarado ante los citados periodistas, que Cienfuegos tiene garantizada la impunidad.