Constituyente y soberanía en Venezuela

José Luis Ortiz Santillán
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El 30 de julio se realizaron las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela, contra la voluntad intervencionista de México y Estados Unidos, así como de 11 países más de América Latina. Fueron infructuosos los esfuerzos del secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y de México en sacar de ese organismo una condena contra Venezuela en su XLVII Asamblea General, porque frente a ello la mayoría de los países se opusieron; pero más aún evitar que la voluntad de la mayoría del pueblo venezolano se impusiera.

En un boletín, la doctora Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, señaló que en el proceso electoral había participado el 41.53% de los electores, más de 8 millones, en la elección de 537 de los 545 miembros de la Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo, todos los medios internacionales presentaban imágenes de violencia, en su intento por desacreditar el proceso electoral; incluso se atrevían a hablar de represión de la policía y el Ejército hacia los manifestantes opositores usando “balas reales”.

Curiosamente, mientras el gobierno de México desconocía los resultados de las elecciones efectuadas en Venezuela, sumándose a la posición de Estados Unidos, el gobierno de Rusia hacía un llamado a respetar los resultados e instado a los países que se manifestaron en contra del proceso a abstenerse intervenir en los asuntos internos del país suramericano y de realizar acciones que profundicen la división. Esto abre la posibilidad de que, como en Siria, las potencias se enfrenten y abran una nueva era de la guerra fría, ahora en América Latina.

Al final la soberanía del pueblo venezolano se ha impuesto. No debemos olvidar que Nicolás Maduro fue elegido presidente en las elecciones del 14 de abril de 2013; sin embargo, sus errores han sido capitalizados por la oposición, la cual se ha atrincherado en la Asamblea Nacional desde diciembre de 2015, fecha en la que ganó la mayoría a través de la coalición Mesa de la Unidad Democrática y desde entonces ha pretendido hacerse con el gobierno entorpeciendo su funcionamiento, promoviendo la violencia y negándose a dialogar con el gobierno de Maduro.

En la crisis política venezolana, el uruguayo Luis Almagro, no sólo se ha convertido en el vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos, sino que, de manera insólita, ha comparecido frente al Congreso estadunidense para rendir cuentas y pedir sanciones contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro; mostrando que es ciego respecto a lo que sucede en México, algo que el presidente Donald Trump parece tener claro y lo expresó en su conversación telefónica con el presidente Enrique Peña Nieto a finales de enero pasado.

Una vez que Estados Unidos y México no han podido detener las elecciones de la Constituyente, las sanciones contra Venezuela no se han hecho esperar. El Departamento del Tesoro anunció la congelación de los bienes y la anulación de las visas a los funcionarios del gobierno venezolano por promover la Asamblea Constituyente, por “socavar la democracia y los derechos humanos en Venezuela”, por ser responsables de una supuesta “represión de las protestas”; luego el 31 de julio se anunciaron otras directamente contra el presidente Maduro y los estadunidenses que realicen negocios con él. Las sanciones contra las importaciones de petróleo podrían ser un balazo en el pie, pues afectarían las refinerías estadunidenses construidas expresamente para procesar petróleo de Venezuela y lo enviaría al mercado chino, ávido de oro negro.

Lo lamentable de todo, en un hecho insólito e inexplicable, es que el gobierno de México se ha sumado a la política de Estados Unidos contra Venezuela en la OEA, un organismo cuestionable, pues ¿qué ha hecho la OEA frente al aumento de la criminalidad en México y la desaparición forzada, frente a la corrupción dentro del gobierno? ¿Almagro habría pedido al Congreso estadunidense sanciones para los funcionarios del gobierno mexicano y apoyado la intervención del Ejército estadunidense para “acabar con los hombres malos”, como ofreció el presidente Trump en su conversación telefónica con el presidente Peña Nieto?

Cuál es la aventura a la que se ha entregado el gobierno de México para agradar al del presidente Donald Trump. Los compromisos del presidente Trump frente a su electorado respecto a México están en pie, al menos él no ha dicho oficialmente que no construirá su muro fronterizo ni que desistirá en poner fin al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y a su política de deportación de inmigrantes indocumentados; todo lo contrario, él afirmó en la reciente Cumbre del Grupo de los 20 (G 20) no sólo que construiría su muro sino que México lo pagaría, además está poniendo trabas en la renegociación del TLCAN para acabar con él.

Cuando el presidente Vicente Fox puso fin a las buenas relaciones históricas de México con Cuba, las críticas del partido que hoy está en el gobierno, el Revolucionario Institucional, no se hicieron esperar. Precisamente, el PRI que monopolizó el poder durante más de 70 años fue capaz de instrumentar una política exterior que le dio a México prestigio y respeto internacional, lo que permitió que Cuba valorara las relaciones diplomáticas con México cuando todos la aislaban y los países de América Latina mostraran respeto por quien consideraban su hermano mayor, el cual durante el golpe de Estado en Chile en 1971 no dudó en condenarlo y proteger a miles de exiliados.

La política exterior de México se ha venido desintegrando lentamente, parece diluirse sin encontrar su rumbo, más subordinada a Estados Unidos que independiente para negociar con ellos en calidad de iguales. Si bien el gobierno del presidente Felipe Calderón se esforzó por reconstruirla y el acercamiento del actual gobierno de México con Cuba auguraba su recomposición, el rol que ha jugado México en la crisis política que vive Venezuela no ha hecho sino enlodar más la política exterior mexicana y restarle fuerza en la mesa de negociaciones del TLCAN, y seguramente en los otros temas pendientes.

Las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente se realizaron en Venezuela porque fue una decisión legitima de un gobierno soberano, elegido en las urnas, al margen de que México, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú se opongan a ello; lo que suceda después de su instalación y el desenlace final de la crisis sólo compete a los venezolanos, tal como lo que suceda en México sobre la corrupción, la lucha contra el crimen organizado y el perfeccionamiento de la democracia sólo compete a los mexicanos.

Pero irónicamente, el gobierno de México ha ido más lejos en su política intervencionista. En un comunicado conjunto de las secretarías de Hacienda y Relaciones Exteriores  han dicho que “Con respecto a las sanciones anunciadas por el gobierno de Estados Unidos a diversos funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Venezuela por menoscabar la democracia y los derechos humanos en dicho país, así como por participación en actos de violencia, represión y corrupción, (…) procederá en consecuencia, de conformidad con las leyes y convenios aplicables en la materia.” ¿Cuándo México se había alineado a sanciones impuestas por Estados Unidos a otro país?

En el cierre de la campaña por la Constituyente, el presidente Maduro rechazó las pretensiones de Estados Unidos y de México de suspender las elecciones del 30 de julio, pero propuso a la oposición la instalación de una mesa de dialogo, “Acuerdo Nacional y Reconciliación de la Patria” nuevamente, algo que seguirá siendo bloqueado como lo hizo ya con la reciente iniciativa en la que participó el Vaticano, porque a la oposición no le interesa dialogar, está obsesionada con derrocar al presidente Maduro.

Es evidente que el gobierno de México está haciendo lo posible por agradar al presidente Trump; sin embargo, en la medida en que fracasen las negociaciones sobre la renegociación del TLCAN, aumenten las deportaciones de mexicanos, se construya el muro, para el cual el Congreso ya aprobó recursos, y se impongan medidas económicas contra México para su financiamiento, el gobierno volverá a su realidad latinoamericana, algo que no está en sus planes actuales, pero puede suceder tal como han fracasado las negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos.