Negligencia ante 60 denuncias contra Duarte

Nancy Flores / Contralínea
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En el proceso penal contra el expriista Javier Duarte de Ochoa destaca la negligente actuación de la Procuraduría General de la República (PGR), apoyada quizá en la esperanza de que el exgobernador no revele quiénes (partido, políticos y empresarios) fueron beneficiarios del multimillonario desfalco a las arcas de Veracruz durante su mandato.

Las omisiones serían parte de un plan para que, al final, el principal responsable de la crisis socioeconómica veracruzana quede libre o se le sentencie a menos años de los que merece por la gravedad de sus crímenes.

Ese indolente actuar de la PGR, que encabeza Raúl Cervantes Andrade, no sólo se reduce al ridículo del Ministerio Público federal durante la primer audiencia del juicio a Duarte de Ochoa, el pasado 17 de julio (cuando los representantes de la Procuraduría fueron incapaces de sostener las ya de por sí débiles acusaciones), sino que incluye muy graves “descuidos” en el expediente que se armó contra el exmandatario veracruzano.

Resulta que entre esas deliberadas omisiones del abogado de la nación están 60 denuncias penales en el olvido, que involucran a Javier Duarte en ilícitos como probables peculados por más de 35 mil millones de pesos y simulaciones de reintegros financieros a las arcas públicas, determinados por desvíos y subejercicios.

Esas 60 denuncias no fueron interpuestas por ciudadanos de a pie: las presentaron las propias instituciones del Estado mexicano, con base en documentación oficial que revela las defraudaciones multimillonarias.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) es una de esas instituciones que ha denunciado penalmente al gobierno de Duarte de Ochoa, en 37 ocasiones, por la simulación de reintegros. La más reciente data del pasado 12 de junio, y es por irregularidades detectadas en la Cuenta Pública de 2012 que hasta ahora pudo comprobar.

Las otras 23 denuncias penales se armaron en las oficinas de la Secretaría de Salud, según lo dicho por su propio titular, José Narro. En este caso, indicó el funcionario federal, se trató del desvío de unos 650 millones de pesos del presupuesto para la salubridad veracruzana (El Financiero, 18 de julio de 2017).

Así, por separado, la Auditoría y la Secretaría de Salud han comprobado que el gobierno de Javier Duarte desvió miles de millones de pesos del erario a fines ajenos al de su mandato constitucional, que era servir y ejercer los recursos públicos de manera honesta y apegada a derecho.

Pero nada de esto ha sido tomado en cuenta por la PGR, que ha decidido no encausar dichas denuncias, e imputar a Duarte de Ochoa sólo por los delitos de delincuencia organizada (muy difícil de comprobar) y operaciones con recursos de procedencia ilícita, cuyo delito previo (no planteado en las acusaciones del Ministerio Público) sería el peculado.

Al respecto, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales estima que el desvío de recursos ascendió a 439 millones de pesos; no obstante sólo le ha podido cuadrar la cantidad de 38.5 millones. Hay un abismo entre ese ridículo monto y lo que en realidad habría robado para sí y para terceros. Y es que la Auditoría Superior ha comprobado que el gobierno del expriista sustrajo miles de millones. Hasta la Cuenta Pública 2015, se calculaba que lo defraudado sumaba 35 mil millones de pesos. Pese a la importancia de esta información, los reportes de los auditores, al igual que sus denuncias penales, fueron ignorados por la PGR.

Aquí hay que recordar que la Procuraduría no sólo cuenta con ese trabajo de la Auditoría Superior o de la Secretaría de Salud para integrar cabalmente la acusación contra Duarte, sino también con todo su aparato de investigación (incluida la plataforma de espionaje Pegasus) y sus áreas especializadas.

Además, para hacer su trabajo puede pedir la cooperación del Servicio de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera, dependientes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Por ello, resulta a todas luces insostenible que no pueda cuadrarle ni siquiera el robo de 439 millones de pesos.

Este papel de un Ministerio Público ineficaz sólo puede entenderse como parte de un plan para beneficiar la defensa de Duarte de Ochoa, y con ello proteger a todos los que se beneficiaron del dinero público robado en su sexenio.

Si no lo es, la Procuraduría debe dar encausar las 60 denuncias penales de la Secretaría de Salud y de la Auditoría Superior. De esta última institución, las 37 denuncias son por simulación de reintegros y fueron interpuestas entre noviembre de 2014 y junio de 2017.

Según la ASF, el monto de la presunta estafa ascendía a 4 mil 770.2 millones de pesos, pero éste abarca sólo 18 denuncias presentadas entre noviembre de 2014 y abril de 2016. Desde entonces, la Auditoría promovió otras nueve denuncias, pero no ha informado cuánto dinero implican.

En esas acusaciones penales, la Auditoría detalla un mismo modus operandi del gobierno de Veracruz: luego de malversar, desviar o subejercer recursos federales, la administración de Duarte reintegraba el dinero a la Tesorería de la Federación, pero sólo por horas o días. Pues luego lo retiraba y gastaba en objetivos ajenos a su etiquetación presupuestaria. En muchos casos, ni siquiera se pudo determinar el destino final del dinero público.

Para la Procuraduría General de la República esto es irrelevante. Lo importante para el “abogado de la nación” es demostrar en las audiencias públicas, ante decenas de reporteros, que es “incapaz” de fincar responsabilidades al expriista Duarte de Ochoa.

Este show fue montado deliberadamente desde el proceso de extradición ante las autoridades de Guatemala, al reclamarlo por delitos difíciles de comprobar y que no incluyen el robo del erario. Ese show de ineptitud continuó en la primera audiencia a un nivel grotesco, por lo que no se puede esperar un cambio de rumbo en el resto del juicio.

Sin duda, esta negligencia por acción y omisión debería ser investigada para determinar responsabilidades por complicidad, que podrían alcanzar al procurador Cervantes. Algo impensable en México, cuyo aparato gubernamental se caracteriza por corrupto y antidemocrático.