Procuraduría de Moreira acosa a Raúl Vera

Gerardo Hernández / SDP Noticias
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Saltillo, Coahuila. El obispo Raúl Vera López, premio Rafto 2010 por la defensa de los derechos humanos, es acosado por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) luego de presentar ante la Corte Penal Internacional (CPI) la comunicación “México: Asesinatos, desapariciones y torturas en Coahuila de Zaragoza constituyen crímenes de lesa humanidad”, el pasado 5 de julio en La Haya. Así lo sugiere la Diócesis de Saltillo en un comunicado.

Vera López “ha recibido en un par de ocasiones la visita de agentes ministeriales; la semana pasada solicitaban detalles de su declaración en La Haya, para lo cual se informó que la comunicación es de un organismo internacional y que el documento es público. Esta semana nuevos agentes del Ministerio Público le solicitaron información sobre una averiguación del 2014”. El comunicado advierte que las “acciones del Ministerio Público se presentan en un contexto político y social que incluyen las incertidumbres y confusiones del pasado proceso electoral en el estado de Coahuila, el incremento en el índice de la violencia en diferentes municipios, las represalias contra trabajadores mineros, el hallazgo de cuerpos con signos de tortura y sin duda, tanto el informe que de Coahuila se ofreció en la CPI, como el proceso electoral del próximo 2018”.

El 25 de julio (martes), la PGJE notificó al obispo que el día 27 (jueves) debería presentarse ante la Dirección de Unidades de Investigación, a las 11 horas, para rendir una declaración testimonial por casos de abuso sexual contra menores de edad “por parte de sacerdotes y sobre los cuales la PGJE inició una investigación en 2014, la cual incluye ya una declaración de nuestro obispo”, dice la Diócesis. El citatorio fue firmado por Margarita Barrientos Rodríguez, agente del Ministerio Público.

La Diócesis aclara no haber recibido “ninguna acusación sobre delitos sexuales en contra de sus miembros” y que los procesos que llevó al Vaticano ya concluyeron. “Los involucrados han quedado fuera del sacerdocio”, apunta. Además, cita de su circular 2/2014: “Es doloroso hablar de violencia infantil, pero es aún más lamentable que mantengamos un silencio que puede implicar más abusos”. El obispo Vera no compareció ante el MP debido a su participación “en el inicio de las festividades del Santo Cristo de la Capilla en su Sede Episcopal”. En su lugar acudieron cuatro abogados “a la hora y el lugar” señalados. El 7 de agosto se fijará “una futura fecha para presentarse ante la autoridad (…) cuando las fiestas del Santo Cristo en Saltillo hayan concluido”, dice la nota.

Desde su llegada a Saltillo, hace 17 años, procedente de San Cristóbal de las Casas, donde era coadjutor de Samuel Ruiz, Vera se convirtió en un dolor de cabeza para los grupos más conservadores y los gobiernos de turno, en particular para el de los hermanos Humberto y Rubén Moreira. Denunciar abusos y defender los derechos humanos lo acercó a los pobres, pero le granjeó antipatías y campañas mediáticas. La Diócesis de Saltillo se partió en 2003 para crear la de Piedras Negras.

La Diócesis agradece en su comunicado “la solidaridad de quienes al tener conocimiento del citatorio mostraron su cercanía y apoyo hacia nuestro pastor y sobre todo a nuestra Iglesia”. Asimismo, ofrece mantener informada a la comunidad “si hubiese alguna otra acción o surgiese información sobre la solicitud de la PGJE. (…) Que los signos de paz, justicia y amor que surgen de mirar al Santo Cristo, nos iluminen y nos unan más (…) para encontrar la dignidad que tenemos como hijas e hijos de Dios”.

Crímenes de lesa humanidad

El documento “México: Asesinatos, desapariciones y tortura…”, elaborado por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), fue firmado por más de 100 organismos de derechos humanos, entre ellos el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Juan Fray de Larios, Casa del Migrante de Saltillo, Pastoral Social y Pastoral Penitenciaria.

Basado en 500 casos de detención arbitraria, tortura y desaparición forzada –con énfasis en los expedientes de 73 víctimas–, la FIDH denuncia “la existencia de una política de parte de (una estructura) del estado de Coahuila de permitir y apoyar activamente un ataque en contra de la población civil”.

Destaca “dos episodios particularmente violentos que de por sí podrían constituir crímenes de lesa humanidad: la matanza por parte de Los Zetas (organización mexicana de narcotráfico y terrorismo) de entre 60 y 300 aldeanos en Allende, en marzo de 2011 (...) (y) la gestión de la prisión de Piedras Negras, el Cereso, la cual bajo la responsabilidad del Gobierno del estado de Coahuila se convirtió en un centro de operaciones de Los Zetas de 2008 a 2012”.

Con respecto al primero, advierte: “la evidencia sugiere que no sólo el municipio (a cargo del alcalde priista Sergio Lozano Rodríguez, detenido en noviembre de 2016 y liberado en febrero pasado) sino también el gobernador de la época (en enero de 2011, Humberto Moreira pidió licencia al cargo y fue sustituido por Jorge Torres López) estaba al tanto de lo que se preparaba, y que Los Zetas contaron con la pasividad e incluso con la cooperación de las fuerzas de seguridad”. Sobre el segundo, pone de relieve: “los prisioneros podían salir a su antojo, y traficar diversos elementos tales como transformar y maquillar vehículos, fabricar chalecos antibalas, entre otros. Lo más grave fue que al menos 150 personas habrían sido asesinadas allí, y sus cuerpos fueron quemados o disueltos en cubos con ácido. Tales acciones no habrían sido posibles sin la complicidad de la administración de la prisión y sus autoridades”.