Alianza para el gobierno abierto, tocata y fuga

José Sobrevilla
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“Hacer del mundo un lugar más seguro” es el lema de NSO Group, pero sus programas espías aparecen cada vez más en los teléfonos de periodistas, disidentes y activistas de los derechos humanos, ha señalado Nicole Perlroth en The New York Times.

Los hechos

La Alianza para el Gobierno Abierto, AGA, fue lanzada formalmente en 2011 para propiciar compromisos concretos sobre transparencia, participación ciudadana, combatir la corrupción y aprovechar las nuevas tecnologías para fortalecer la gobernanza. Hoy, 75 países la conforman y su Comité Promotor lo integran representantes gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil; mismas que, en el caso mexicano, anunciaron su retiro el 23 de mayo 2017 del AGA porque su contraparte, el gobierno federal y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, después de venir trabajando cinco años con ellos, los espiaba.

Ese día denunciaron que por lo menos tres investigadores y defensores de la salud: Simón Barquera Cervera, director del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP); Alejandro Calvillo Unna, director general de El Poder del Consumidor; y Luis Manuel Encarnación Cruz, coordinador de la Coalición Contra Peso, estaban siendo espiados ilegalmente.

Todo empezó cuando Simón Barquera, en julio de 2016, junto con otros activistas por la salud, anunciaron una campaña para promover el aumento del impuesto a los refrescos para disminuir su consumo, después de que en enero de 2014 ya se había puesto en marcha; exhibieron también que desde el año 2000 esa industria venía creciendo a una tasa promedio anual de 1.2%, equivalente al 1.2% del producto interno bruto (PIB) mexicano.

Las evidencias

El 23 de mayo varios diarios mexicanos dieron a conocer el retiro de las 10 organizaciones de la sociedad civil de la Alianza para el Gobierno Abierto, presentando como evidencia o argumento, el informe técnico elaborado por Citizen Lab, junto con oenegés locales de derechos digitales como Social Tic y R3D, y que fue publicado el 11 de febrero (2017) en The New York Times.

A tres meses de que el núcleo de la sociedad civil para el Gobierno Abierto exigió al gobierno de Enrique Peña Nieto (representado por Arely Gómez González titular de la Secretaría de la Función Pública) y a los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, encabezado por Francisco Javier Acuña, contrapartes en el Secretariado Técnico Tripartita (STT), actuar de manera efectiva ante este delicado asunto, no han tenido respuesta.

Según la canadiense Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, como Lookout, empresa californiana de cyber seguridad centrada en dispositivos móviles, NSO Group es una empresa estadunidense radicada en Israel, fundada por Niv Carmi, Omri Lavie y Shalev Hulio en 2010, y que fue formada con el financiamiento y experiencia de la Unidad de Inteligencia 8-200, la mayor unidad de las Fuerzas de Defensa de Israel, con miles de soldados y funciones similares a las de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, aunque esta última es organismo civil (1).

Por otro lado, BBC Mundo ha difundido que, aunque se han presentado como creadores de herramientas para combatir el crimen y el terrorismo, en realidad son señalados por especialistas en cyber seguridad como "traficantes de cyber armas" (2) con venta exclusiva a gobiernos.

El haber sido los promotores de la aplicación del impuesto del 10% a los refrescos, establecido en 2014 porque las enfermedades vinculadas al sobrepeso, por consumo de bebidas azucaradas, mataba más personas que la violencia criminal, hizo que Simón Barquera, Luis Manuel Encarnación y Alejandro Calvillo, sus promotores, fueran víctimas de espionaje con el programa Pegasus diseñado por NSO Group cuyo lema es “Hacer del mundo un lugar más seguro”, pero que sus programas espías aparecen cada vez más en los teléfonos de periodistas, disidentes y activistas de los derechos humanos (3).

El modus operandi

NSO Group es una empresa estadunidense radicada en Israel capaz de hackear iPhones con un sólo clic y que ha operado –entre otros países– en Panamá y México. Mediante un correo electrónico (intimidatorio o sentimental) enviado a las víctimas, son capaces de registrar el contenido de llamadas, mensajes de texto o la navegación en internet. “El programa convierte tu propio teléfono en un espía en tu bolsillo”, han explicado representantes de Citizen Lab a la cadena BBC. En septiembre de 2016 le fue aplicado al reportero Rafael Cabrera, uno de los que denunciaron la compra de la casa de Lomas de Chapultepec por Angélica Rivera Hurtado, esposa de Enrique Peña Nieto. Supuestamente desde Telcel le llegó el siguiente mensaje: “Estimado usuario le recordamos que presenta un adeudo de $8,854.90 M/N verifique detalles: (dirección electrónica)” (4).

Según correos electrónicos internos del grupo NSO fechados en 2013 y citados por Nicole Perlroth, reportero en The New York Times, en 2016 México pagó al Grupo NSO más de 15 millones de dólares para tres proyectos en tres años, y que operan la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Gobernación y Cisen, señalan algunos medios. Al respecto, Ricardo Alday González, jefe de la oficina de Prensa y Asuntos Públicos de la Embajada de México en Washington, en correo electrónico habría dicho: “Nuestros sistemas de inteligencia están sujetos a la legislación pertinente de México y tienen autorización legal. No se utilizan contra los periodistas o activistas” (5); sin embargo, las evidencias demuestran lo contrario. No sólo eso, información difundida también por New York Times señala que cada vez que se infecta el equipo celular de una persona, el usuario de Pegasus, el programa adquirido por el gobierno mexicano a NSO Group, tiene que pagar una licencia de 100 mil dólares, 1 millón 868 mil 422.46 pesos al tipo de cambio actual.

Las reacciones

Volviendo al tema, Tomas Severino, representante actual del Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil, NOSC, quienes tenían la interlocución con la AGA mediante el Secretariado Técnico Tripartita, explicó a Unión de Periodistas que la alianza funciona a través de (activar) poner en práctica planes de acción que son compromisos de política pública construidos de manera conjunta entre la sociedad (académicos, investigadores, organizaciones de la sociedad civil y expertos de la Organización de las Naciones Unidas) y el gobierno federal.

Dos de las tres personas espiadas, según la información del New York Times, trabajaban en las mesas para el Tercer Plan de Acción en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto, confirmó Tomás Severiano. De no haber sucedido esto, “estaríamos ahora en el “estira y afloja” de la última parte, antes de echar a andar el plan de acción de cada compromiso, para que sea cumplido en un plazo de no más de dos años”.

El representante de la NOSC aclara que el AGA es una iniciativa voluntaria a la cual los países se suman: “No es vinculante. Ni México ni ningún otro país están obligados porque no se pasó por la firma y ratificación del Senado, caso México; es más una obligación política que de derecho público internacional”.

Respecto a la no respuesta del espionaje, con el retiro de los organismos representantes de la sociedad civil “mandamos el mensaje de que no hay condiciones de confianza para un diálogo abierto, franco, con las autoridades. Fue un exhorto al INAI y la SFP para que desataran acciones que derivaran en vigilancias y sanciones, pero sobre todo acciones para la regulación o control sobre estas acciones de espionaje digital; pero no tuvimos respuesta de ninguno de ellos”.

¿Puede tener implicaciones internacionales?

–Sí las tiene, porque México fue uno de los ocho fundadores de esta iniciativa. Es una sacudida a la comunidad internacional que se encuentra involucrada en la Open Government Partnership, OGP, y definitivamente hay preocupación entre sus integrantes.

Ante la falta de respuesta ¿qué procede?

–Vamos a seguir trabajando en el tema de gobierno abierto porque creemos en esta plataforma. Continuaremos apoyando a las organizaciones de la sociedad civil, y a los grupos sociales que se nos acerquen y que trabajan estos temas en los estados, porque el Instituto Nacional de Transparencia tiene una plataforma que se llama “Ejercicios locales de gobierno abierto”, que ahora está en 23 entidades federativas. También seguiremos trabajando con las Redes de América Latina, pero ya no estaremos en la misma mesa donde no hubo respuesta y por tanto no hay confianza ni voluntad política.

“Ojalá que con esto logremos llamar la atención sobre la vigilancia digital, misma que no tiene marcos regulatorios, lo que nos habla de un descontrol que permite el uso político de estos instrumentos con periodistas, personas que defienden derechos humanos, políticos, y no sólo contra el crimen organizado o terroristas, objetivo último de estos programas de vigilancia digital”.

1https://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_8200#cite_note-bamahane-1
2http://www.bbc.com/mundo/noticias-37197250
3https://www.nytimes.com/es/2017/02/11/programas-de-espionaje-fueron-usados-contra-impulsores-de-un-impuesto-a-los-refrescos-en-mexico
4http://eleconomista.com.mx/economicon/2017/05/28/alianza-gobierno-abierto-que-se-produjo-ruptura
5https://www.nytimes.com/2016/09/03/technology/nso-group-how-spy-tech-firms-let-governments-see-everything-on-a-smartphone.html?_r=0