Un programa para 2018

Víctor Rodríguez Padilla
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Crece incontenible el movimiento de inconformes e indignado, asalariados y desempleados, pobres y marginados, progresistas, liberales, nacionalistas… Irresistible, se extiende y fortalece la gran marcha de las corrientes ideológicas opuestas al neoliberalismo y al neocolonialismo, la protesta de los que quieren un cambio sin apartarse de la vía pacífica y democrática, el reclamo de los que exigen vías alternas para enfrentar la crisis, el enojo de los que dicen ¡ya basta!

El pueblo se levanta. Andrés Manuel López Obrador es una de las figuras más visibles e influyentes pero no es la única. Existen otros liderazgos que inclinan la balanza. Es el caso de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, el líder moral de la izquierda empeñado en la construcción de una mayoría que impulse un nuevo proyecto de país y una nueva política energética. De sus escritos y discursos recuperamos los razonamientos siguientes (www.ccardenass.org).

El gobierno se ha concentrado en limitar la operación de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad para abrir el petróleo y la electricidad a la inversión privada. Ese empeño comenzó desde la década de los 80 y se ha vigorizado en este siglo. El modelo energético que surgió a partir de la expropiación petrolera de 1938 se fundó en el principio de servicio público y la planeación central para el aprovechamiento de los recursos naturales, priorizando el desarrollo social y económico de la nación.

“Hoy esos principios están siendo desplazados por la aplicación ciega de las leyes del mercado y la obtención del máximo beneficio posible de los particulares que se están apropiando de esos recursos naturales y servicios estratégicos para la nación”. El desmantelamiento gradual de Pemex y la entrega de los recursos energéticos nacionales a intereses extranjeros ha sido un proceso deliberado, consciente, planeado y llevado a la práctica por los gobierno neoliberales. En esta etapa de tres décadas se ha practicado una política petrolera entreguista, lesiva para Pemex como ente productivo y para México por el desmantelamiento industrial que ha significado esa orientación.

El discurso oficial ha insistido desde hace décadas en que las reformas estructurales beneficiarán al país con inversiones multimillonarias para ampliar y modernizar las industrias de la energía y reducir los precios. “Todo ello ha sido una mentira rotunda”. Las empresas extranjeras quieren venir a México pero no para bajar los precios, sino para tratar de aumentar cada vez más sus ganancias”.

La mal llamada reforma energética es una contrarreforma que resulta de la más errática y dañina gestión de la política energética que haya conocido el país. Dicha contrarreforma energética ha determinado: la amputación jurídica de la propiedad originaria y el dominio de la nación sobre los recursos naturales; la pérdida de la exclusividad del Estado en la gestión de áreas clave del sector energético; la renuncia a la protección de los hidrocarburos inscrita en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la subordinación nacional al proyecto estadunidense de seguridad energética. La privatización de las industrias petrolera y eléctrica constituye un robo a la nación.

El símbolo más destacado de la contrarreforma es la destrucción acelerada de Pemex y CFE. Sin legitimidad política y moral, el gobierno está instrumentando un gigantesco proceso de desmantelamiento de las instituciones construidas a lo largo de 80 años, con el agravante de hacerlo de manera precipitada. Y esa destrucción comprende sistemas, conocimientos, experiencia y servicios públicos que el país tardará mucho tiempo en recuperar.

Los gobiernos neoliberales han vulnerado el presupuesto de las empresas del Estado con resultados desastrosos: la caída de la producción de hidrocarburos es imparable, la importación de gasolina crece en forma desproporcionada, las refinerías están semiparalizadas, las instalaciones son inseguras y poco confiables, la infraestructura no recibe el mantenimiento adecuado, los accidente van en aumento, se ha cedido la construcción de centrales eléctricas al sector privado, se concesionan los recursos geotérmicos y no existe una política precisa para la transición energética que incorpore de manera ordenada y suficiente las fuentes renovables de energía. Otro de signo distintivo de los gobiernos neoliberales ha sido la corrupción en Pemex y CFE, con numerosos casos al más alto nivel.

La política energética de Enrique Peña Nieto está creando problemas que entrañan gravísimos riesgos para la estabilidad económica y social, además de constituir un obstáculo de grandes dimensiones para el futuro del país, independientemente del resultado en 2018. “El grupo que hoy gobierna el país está transfiriendo, a pasos agigantados, la propiedad de la Nación al usufructo de unos cuantos”.

De ahí el llamado cardenista: “Hoy más que nunca, es indispensable llamar a la organización popular para defender un destino que se nos quiere arrebatar, para articular una lucha de magnitudes nacionales que ponga fin y revierta la llamada reforma energética y devuelva a la nación, es decir al pueblo en su sentido histórico, el control y usufructo pleno de su riqueza en hidrocarburos y en recursos naturales”. Hay que poner un alto al neoliberalismo depredador, entreguista y excluyente. Hay que desechar el desarrollo energético basado en la importación de combustibles fósiles, la subordinación a los intereses extranjeros, la privatización de los recursos naturales, la cesión de las rentas económicas y la desregulación que ha hecho del petróleo y la electricidad un negocio de particulares.

          La sociedad mexicana volverá a crear las instituciones que los gobiernos neoliberales han estado destruyendo. Se revertirán las reformas de los artículos 25, 27 y 28 constitucionales para recuperar: el control soberano de los recursos naturales para que sean manejados en función del interés público; el carácter estratégico de los hidrocarburos y el servicio público de la energía eléctrica; la exclusividad del Estado mexicano en el manejo de la industria petrolera y el servicio público de electricidad, así como el diseño y la conducción de la política energética. Luego se abrogará la Ley de Hidrocarburos y restablecerá la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo de petróleo, anterior a la reforma. Y lo mismo para la electricidad. El gobierno renovado protegerá el interés nacional.

Se suspenderán las licitaciones de contratos de exploración y extracción de hidrocarburos porque “no hay razón válida para que el gobierno siga entregando el presente y comprometiendo el futuro del país”. Se manejarán las reservas de manera prudente para evitar la sobreexplotación, el agotamiento prematuro y el desabasto. Se transformarán industrialmente los hidrocarburos dentro del país, dando valor agregado a los productos. Se revitalizará la refinación y la petroquímica. Se fomentará la ampliación e integración de cadenas productivas y el fortalecimiento de las economías regionales. El aprovechamiento petrolero será de nueva cuenta factor fundamental del crecimiento económico y la industrialización. Con las energías alternativas se iniciará una vigorosa y verdadera transición energética.

La renta económica de los recursos naturales será captada íntegramente por la hacienda pública e invertida en todas aquellas actividades que permitan fortalecer la soberanía de la nación, distribuir equitativamente la riqueza pública, lograr el desarrollo equilibrado del país, mejorar las condiciones de vida de la población y construir una sociedad más justa y solidaria. La renta petrolera permitirá reorientar el rumbo y hacer de Pemex una gran empresa estatal, autofinanciable, factor de progreso y motor de la industrialización y el desarrollo social del país.

Pemex y CFE serán reconstituidos como órganos del Estado e instrumentos centrales  de la nueva política energética. Se reorganizarán la industria petrolera y la industria eléctrica alrededor de ambos organismos, que retomarán su papel dinamizador de la economía nacional y el empleo, con autonomía constitucional y mandato de operar con máxima eficiencia económica, transparencia y responsabilidad social. El país requiere de empresas estatales sólidas que garanticen que la renta y el provecho de esos recursos no sean acumulados en pocas manos, sino que se distribuyan equitativamente para beneficio general de los mexicanos.

Otras propuestas no menos importantes son las siguientes: garantizar la predominancia de Pemex en los yacimientos transfronterizos o limítrofes con la frontera estadunidense; revertir la liberación del suministro de gasolina diésel y bajar su precio a los niveles que mantenía en diciembre de 2016; ampliar los sistemas de transporte eléctrico masivo; incorporar las fuentes alternas de energía en todos los niveles de consumo; reorientar el esfuerzo de Pemex hacia la exploración y extracción de gas natural; asegurar a las personas, independientemente de su nivel de ingreso, el acceso a la energía a través de un servicio público de calidad y al menor costo económico y ambiental posible; incorporar legalmente la participación de los consumidores y de sus organizaciones en los procedimientos de definición de precios y tarifas de electricidad, combustibles y productos petroquímicos.

Para Cuauhtémoc Cárdenas tales acciones son pasos patrióticos para llevar a la práctica un modelo de desarrollo nacional favorable a los intereses de la nación. Y advierte: dar continuidad a las políticas de las administraciones neoliberales sería seguir traicionando a México y obstaculizando un mejor futuro para los mexicanos.