El discurso dogmático de la política exterior

Guillermo Buendía
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Para los maestros Roberto Muñoz Villarreal y Ernesto Cruz Leyva,
quienes descubrieron la vocación de Julio por el estudio de las ciencias.

Las fechas significativas del registro histórico de México han dado forma a un calendario cívico ahora más cerca del ritual que caracteriza la tradición de la ceremonia a modo de la coyuntura o del oportunismo que busca legitimar la conducción gubernamental. Siendo esta condición la que dota al discurso de contenidos disociados del contexto histórico de aquellos acontecimientos que forjaron nuestro pasado, por un lado, presentados como hechos referenciales cuya revisión histórica resulta tergiversada con relación al desempeño actual del gobierno, por el otro, el discurso oficial pone énfasis en los conceptos fundamentales de la ideología dominante –los de la era global– para dar sentido de continuidad a los intereses de clase a través de políticas públicas y actos de gobierno.

Un discurso cuya función esencial es no dejar al descubierto la lucha de clases, por lo que se ha hecho de él instrumento único de debate público de masas y reproductor, a largo plazo, de modelos de pensamiento acríticos.

El acercamiento al discurso presidencial de los últimos meses sobre política exterior ha de partir de estos supuestos. Este conjunto discursivo ha tenido indicios desafortunados y momentos críticos en la orientación diplomática para tratar las relaciones bilaterales con el país imperial del norte –si ha de ser analizado en consideración de los factores derivados directamente de la correlación de fuerzas económicas, financieras, políticas y militares del gobierno estadunidense, más ahora con la postura abiertamente agresiva, proteccionista y expansionista de Donald Trump–, situación que se verá agravada si se concreta la intención de llevar los acuerdos fuera del escrutinio público, como lo ha instruido el presidente de la república.

            La Secretaría de Relaciones Exteriores, encargada de atender los fenómenos geopolíticos del imperialismo y las implicaciones de nuestra cercanía con Estados Unidos en términos de seguridad y soberanía nacionales, asume hoy los lineamientos de política exterior del presidente Enrique Peña Nieto como determinaciones de los imperativos prácticos, ajenos a los principios que, durante más de cincuenta años a partir de mediados de la década de los treinta del siglo pasado distinguieron a nivel internacional la postura del Estado mexicano: autodeterminación de los pueblos y la no intervención en los asuntos internos de los Estados. Así, los criterios prácticos para guiar las relaciones exteriores,  multilaterales y bilaterales, dan prioridad al manejo de intereses que se negocian con algún país u organismos internacionales.

El mero discurso declarativo de principios históricos no traduce, por sí mismo, una posición diplomática sólida para negociar con autoridad soberana, razón por la cual la SRE atenderá únicamente las consecuencias de las prioridades del proteccionismo estadunidense desde la perspectiva de la dependencia. Detrás de este pragmatismo está salvaguardar los grandes negocios de los monopolios trasnacionales del petróleo, minería, automotriz, químico-farmacéutico, electricidad, siderurgia, telecomunicaciones, entre otros, en los que se comprometen en propiedad o concesiones los recursos del país. Y es precisamente en estas circunstancias que, a días de que se cumplieran veinticinco años de la reforma agraria impulsada por el gobierno salinista –que permitió la privatización del ejido y tierras comunales– una magistrada del Tribunal Superior Agrario metió a la discusión el planteamiento de una nueva fase de reformas constitucionales con el propósito de pulsar la correlación de los partidos políticos sobre la pertinencia de atender los “muchos pendientes” (cien millones de hectáreas que continúan siendo de uso ejidal y comunal) en función del desarrollo de la reforma energética, con el garlito de convertir a sus propietarios en socios de empresas, principalmente extranjeras.

En este cuarto de siglo la inmensa mayoría de campesinos siguen viviendo en condiciones de pobreza junto a los enclaves agro-industriales en estados como Sinaloa, Coahuila, Baja California, Jalisco y Michoacán.

            En veintitrés años de vigencia del TLCAN, México continúa teniendo una economía subdesarrollada. La desproporción comercial revela el alto grado de dependencia y expresa las limitaciones reales para el desarrollo. La suma de exportaciones e importaciones de mercancías de México-Estados Unidos y México-Canadá, a noviembre de cada año (2016) es del orden de 439.5 mil millones de dólares (MMDD) y 18.4 MMDD, respectivamente. De las importaciones mexicanas provenientes de Estados Unidos destacan las compras de gasolinas, diésel y gas natural por 7 671 MDD, 2 997 MDD y 2 559 MDD, respectivamente, hechas entre enero y octubre de 2016. Estos datos dan la magnitud de la distorsión comercial y de la función de los precios fijados por los monopolios del petróleo. Aunque ahora hay que poner nuevamente atención en el papel interventor del Estado para proteger los flujos del capital comercial, industrial y financiero como instrumentos de concentración y centralización de la riqueza mundial, por un lado, y de presión política a los países dependientes, como es el caso de México, por el otro.

En este contexto debe ser atendido el discurso proteccionista del presidente Donald Trump y la visita de los secretarios de Seguridad Nacional y de Estado a México, John Kelly y Rex Tillerson, respectivamente, toda vez de que las grandes empresas estadunidenses instaladas en nuestro país –altamente automatizadas– dan empleo a un número no significativo de la población económicamente activa y sujetas a un régimen tributario laxo para exportar mercancías y ganancias, aparte de que estas exportaciones contienen un alta porcentaje de insumos provenientes de Estados Unidos. Y algo parecido ocurre con el sistema bancario. Con el aumento de la tasa de interés anunciado por el Banco de México, uno de los principales bancos extranjeros, Citi Banamex, será beneficiado tanto en sus operaciones como en la transferencia de utilidades exenta de impuestos.

En el amplísimo y complejo número de puntos que componen la agenda diplomática de la relación bilateral con Estados Unidos, ¿dónde cabe hablar de soberanía y seguridad nacionales? ¿Cómo tratar nuestra relación con el gobierno republicano bajo un contexto de subordinación y control político? Donde la clase gobernante mexicana está infiltrada por el narcotráfico y otras formas del crimen organizado y acusada de corrupta. Ciertamente el margen de negociación es mínimo, acotado política y jurídicamente desde el imperio del norte.