Construir una propuesta alternativa de desarrollo

Pablo Cabañas Díaz
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En un balance del sexenio que concluye se puede afirmar que el  “éxito” de Enrique Peña Nieto en el Pacto por México fue eclipsado por los acontecimientos en Ayotzinapa, de septiembre de 2014, y también debido a diversos actos de corrupción del propio presidente y su círculo más cercano. El caso de Ayotzinapa sin resolver, puso en evidencia la complicidad de los grupos del crimen organizado  con las autoridades.

A pesar de que el gobierno de Peña Nieto había conseguido reducir la cantidad de homicidios y narco-ejecuciones en los dos primeros años, dicho logro fue eclipsado por el caso de los estudiantes desaparecidos  las fosas comunes encontradas en Guerrero y Morelos y el resurgimiento de la violencia en los estados de Michoacán, Guerrero y Jalisco, protagonizado por cárteles de la droga como Los Caballeros Templarios y el Cártel Jalisco Nueva Generación. En otras regiones del país, principalmente en Tamaulipas, Sinaloa y Chihuahua, la violencia aún persiste, aunque en grados reducidos. 

Desde finales de 2014, los niveles de popularidad de Peña Nieto han declinado en medio de las protestas y el malestar social. Al mismo tiempo, los medios han difundido supuestos casos de corrupción y de conflictos de intereses del presidente y sus colaboradores cercanos, así como de un número considerable de gobernadores.

 Algunos columnistas, incluido el propio presidente, sostienen que los altos niveles de corrupción estatal en México derivan de un problema cultural. Otros expertos, sin embargo, afirman que más bien la desmedida corrupción se debe a que México es una democracia débil y carece de sistemas eficaces para el ejercicio de la transparencia y de la rendición de cuentas  es decir, se trata de un problema institucional. Coincidimos con este último enfoque, y consideramos que es factible reducir la corrupción mediante instituciones sólidas, con credibilidad, que tengan sistemas de transparencia y rendición de cuentas fortalecidos.

En el México del Partido Revolucionario Institucional de Peña Nieto los funcionarios públicos no temen ser procesados por posibles violaciones a la ley, ya que los grados de impunidad siguen siendo extremadamente altos. De esta manera, los narcotraficantes y los grupos del crimen organizado continuarán no sólo sobornando a funcionarios de gobierno, sino también cometiendo crímenes violentos, siempre y cuando la corrupción y la impunidad continúen en los mismos niveles. La única manera de revertir esta situación es mediante el fortalecimiento de las instituciones y la consolidación de la democracia. 

II

En el sexenio  que concluye se legitimó  el saqueo del patrimonio nacional, con la entrega de los hidrocarburos y de Petróleos Mexicanos a las transnacionales y la práctica de gobernar por desposesión que privó en todo el país. Así, se abandonó el mercado interno, se desmantelaron las instituciones y las políticas de desarrollo regional y sectorial, anteriormente, promotoras de las cadenas productivas regionales y el empleo. Con las violencias emergentes de la industria del crimen y la militarización del país con 160 mil asesinatos y 35 mil desaparecidos en 10 años, queda claro que resignarse a la mayor subordinación y asimetría económica y política que anuncia el gobierno de Donald Trump mediante la revisión proteccionista del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), como lo acepta ya el gobierno mexicano, significa profundizar la economía de la muerte en curso, la destrucción del país y de su futuro.

La reorientación del modelo económico actual, la revisión del TLCAN desde la perspectiva de la mayoría del país y la construcción de una propuesta alternativa de desarrollo nacional depende de una amplia movilización de la ciudadanía capaz de obligar al gobierno y a toda la clase política a anteponer el bienestar y la seguridad humana de todos los mexicanos por encima del lucro y la rapiña corporativa actual. La ideología extrema del mercado como organizador de la economía y vida de México no ha sabido reconocer la importancia del aporte de los migrantes mexicanos en Estados Unidos para el funcionamiento del país, pues, con la emigración masiva, este fenómeno ha reducido las tensiones laborales y ha atenuado la pobreza regional con los más de 300 mil millones de dólares de remesas enviadas en los últimos 30 años.

En México, la política económica se ha empeñado en lograr los equilibrios macroeconómicos, hacer funcionar libremente al mercado y elevar las exportaciones no petroleras; sin embargo, esta política ha impedido tener programas estratégicos que alienten el crecimiento de la economía, fortalezcan el mercado interno, mejoren la distribución del ingreso, amplíen el empleo y eleven las condiciones de vida de la población.

La economía no ha logrado reducir la dependencia del ahorro externo, toda vez que los flujos de capital provenientes de las exportaciones de petróleo, el turismo y las remesas, en los últimos tiempos han financiado en buena medida tanto el consumo privado como el gasto público. Los ingresos al país por la venta de crudo en 2005 se ubicaron en alrededor de los 28 mil millones de dólares y tan sólo de Pemex depende un tercio de los recursos fiscales; asimismo, por concepto de turismo ese año ingresaron al país 12 mil millones de dólares y las remesas ascendieron a 20 mil 35 millones de dólares. Como consecuencia de esta dependencia, la economía y el crecimiento se han vuelto más vulnerables a la inestabilidad de los flujos externos de capital, a las exportaciones petroleras y de servicios turísticos al mercado estadunidense y a la entrada de remesas.

La política social, por su parte, ha resultado incapaz para corregir las desigualdades entre la población. En efecto, desde finales de la década de 1990 que se perfiló la política social compensatoria focalizada, que tiene por objetivo dotar de alimentos, salud y educación exclusivamente a la población en pobreza extrema y estimular el desarrollo de las capacidades productivas de la población viable económicamente, ha terminado por segregar a otros sectores pobres y entregado un poder enorme a la burocracia que finalmente decide quienes son beneficiarios de las ayudas gubernamentales.

III

Existe un ambiente propicio para que el debate se oriente sobre una estrategia integral, para lograr la cohesión social. Una modalidad económica alternativa debe plantear como prioridad el crecimiento y utilizar el excedente económico con el fin de empezar a pagar la enorme deuda social con el pueblo de México, a quien se ha sometido a los rezagos más oprobiosos.

Esto implica, entre otras cosas, llevar a cabo una política fiscal tendente a mejorar la equidad en los impuestos, así como el uso productivo de los recursos fiscales, es decir, lograr una mayor inversión en actividades generadoras de empleo, depurar los créditos incluidos en el Fobaproa, para reducir su costo fiscal y avanzar en la reconstitución del sector paraestatal que devuelva y fortalezca el sentido social de la economía basado en la participación del Estado en el proceso económico.

De igual manera, resulta indispensable lograr una mayor participación social en las instituciones públicas democráticas, al mismo tiempo que se crean y desarrollan instituciones propias encaminadas a fortalecer las relaciones de solidaridad y responsabilidad social que consoliden una cultura de convivencia y desarrollo colectivo.

En síntesis, la clave para terminar con el flagelo de la pobreza parece radicar más en la posibilidad de imponer el control social de la economía de mercado y de la solidaridad entre las clases sociales que insistir sólo en medirla, o en reforzar la cruzada contra la corrupción y el mal gobierno, por supuesto indispensables de combatir con denuedo, pero, al mismo tiempo, evitar seguir creyendo que son los factores determinantes de nuestra situación de dependencia y desarrollo desigual, del estancamiento y la pobreza generalizada en el país; antes bien, es necesario reconocerlos como parte de los pretextos argüidos por los gobiernos de las naciones desarrolladas y sus oficinas de asuntos exteriores, en que se han convertido el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, para negar a nuestras naciones el derecho a romper las ataduras que las ligan de manera dependiente a las metrópolis del capital.

En México, el neoliberalismo ha fracasado en términos de generación de empleo y bienestar a la población, como lo evidencia la emigración de 11 millones de mexicanos a Estados Unidos de 1980 a 2017, la existencia de 63 millones de pobres, 58% de la población económicamente activa en la informalidad, 7.7 millones de desempleados y 7.8 millones de jóvenes “ninis”, que ni estudian ni trabajan. Prisioneros de la ideología del libre mercado, cuestionada hoy desde el centro del Imperio, se desmantelaron las instituciones promotoras del desarrollo y bienestar del país, se desreguló y privatizó masivamente el patrimonio nacional, la minería, el petróleo, los recursos naturales en general y todo el territorio nacional bajo esquemas de corrupción corporativa y gubernamental sancionados por la privatización de la Constitución misma. 

IV

Hoy se legitima la depredación del patrimonio nacional, y la práctica de gobernar por desposesión que priva en todo el país. Así, se abandonó el mercado interno, se desmantelaron las instituciones y las políticas de desarrollo regional y sectorial, anteriormente promotoras de las cadenas productivas regionales y el empleo. Con las violencias emergentes de la industria del crimen y la militarización del país con 160 mil asesinatos y 35 mil desaparecidos en 10 años, queda claro que no es el camino resignarse a la mayor subordinación y asimetría económica y política que anuncia el gobierno de Donald Trump.

La generación masiva de empleo debe ser la prioridad y política de Estado más importante mediante la recuperación del manejo soberano de la política económica del país, el fortalecimiento del mercado interno, la reconstrucción de la institucionalidad del desarrollo regional, sectorial, de la banca de desarrollo y la realización de una reforma fiscal integral. Igualmente, debe discutirse ampliamente en México la conveniencia para la población nacional de seguir participando en el TLCAN, las condiciones para obtener una relación no subordinada ni asimétrica, las posibilidades de avanzar en una verdadera convergencia económica y social binacional o en definitiva construir una estrategia de desarrollo humana, integral y sustentable basada en el mercado interno y secundariamente en exportaciones con un alto componente de ciencia y tecnología. 

La reorientación del modelo económico actual, la revisión del TLCAN desde la perspectiva de la mayoría del país y la construcción de una propuesta alternativa de desarrollo nacional depende de una amplia movilización de la ciudadanía capaz de obligar al gobierno y a toda la clase política a anteponer el bienestar y la seguridad humana de todos los mexicanos por encima del lucro y la rapiña corporativa actual. La ideología extrema del mercado como organizador de la economía y vida de México no ha sabido reconocer la importancia del aporte de los migrantes mexicanos en Estados Unidos para el funcionamiento del país, pues, con la emigración masiva, este fenómeno ha reducido las tensiones laborales y ha atenuado la pobreza regional con los más de 300 mil millones de dólares de remesas enviadas en los últimos 30 años.