La elección presidencial y el poder económico

Guillermo Buendía
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Para la maestra Rosalba García Carrillo, directora del CECyT 14 del
IPN, quien ha dispuesto acciones inclusivas para beneficio de estudiantes
con discapacidad, que dan cuenta de su calidad humana. Con toda mi gratitud.

El aspecto de suma importancia que estuvo presente en la elección presidencial aún antes de iniciarse el proceso electoral fue el desempeño de las organizaciones y corporaciones empresariales. La influencia de éstas es determinante para la estabilidad del modelo económico y la seguridad del Estado mexicano, dado el alto grado de dependencia de la inversión extranjera directa y especulativa, como de la deuda externa y el pago de intereses –donde la frase “el capital no tiene patria” cobra el sentido real desestabilizador cuando los empresarios deciden marcar no sólo el rumbo de las políticas públicas que den certidumbre a los negocios palaciegos, sino poner gobiernos a modo de las necesidades de la acumulación del capital global–, por lo que las relaciones empresarios-políticos transcurren en el ámbito privado, a puerta cerrada, y los asuntos se les da tratamiento de secreto, sin trascender a lo público precisamente porque es factor de continuidad inalterable del poder económico y de la gobernabilidad de que disponen los partidos y clase política electa.

Las principales organizaciones empresariales se formaron durante el gobierno de Lázaro Cárdenas del Río y se fortalecieron en las tres décadas siguientes con otras más, todas ellas representantes de las diferentes fracciones industriales, comerciales y financieras. Su participación política comenzó a ser activamente notoria en el sexenio del presidente Luis Echeverría Álvarez, que en momentos críticos tuvo señales conspirativas de asonadas armadas. Frente a la composición corporativa del PRI en el Poder Legislativo –medio para cooptar la representación de las clases trabajadoras y las capas medias desde fines de los años 30 hasta 1988– las organizaciones de empresarios evolucionaron de ser órganos consultivos a grupos de presión demandantes para llevar al Congreso de la Unión y puestos clave de la administración pública federal a personeros de sus intereses. Sin militancia ni “sector” formal priista, los empresarios tuvieron una función destacada en la transición de partido de masas al de clases dominantes, hecho que durante el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado se expresó con la llegada de la tecnocracia, la que desplazó a los cuadros de políticos formados en el proyecto conocido como “nacionalismo revolucionario”, y desde entonces los empresarios y sus representantes ocupan los cargos del más alto nivel de la burocracia con gran influencia para determinar  tanto los “negocios lucrativos” como las políticas públicas de seguridad social, laboral, fiscal y monetaria, y sobre todo, la orientación del gasto e inversión públicas y el endeudamiento público y privado.

Si en lo económico el capitalismo mexicano tiene un papel dependiente dentro del reparto del mundo impuesto por los países industrializados, en lo político se han constituido gobiernos subordinados a los dictados del imperio y organismos supranacionales como el FMI, Banco Mundial, OCDE, G-20, entre otros. En tales circunstancias y ante eventos coyunturales como la elección presidencial, los organismos empresariales y grandes corporaciones extranjeras nos presionan a través de diferentes mecanismos con el fin de establecer sus condiciones: fuga de capitales, disminución de la inversión directa y la de cartera llevada a paraísos fiscales; y el aumento generalizado de precios de la “canasta básica” y servicios diversos inmersos en el deterioro de la paridad cambiaria, que no es otra cosa que la devaluación del peso frente al dólar. Alterando estas variables macroeconómicas los efectos sociales son desestabilizadores para cualquier democracia del subdesarrollo al enfrentar conflictos por desempleo, inflación y devaluación, en un contexto de inseguridad, violencia criminal proveniente del narcotráfico, trata de personas y contrabando de armas, cuyos nexos con los más altos círculos políticos propician la impunidad de las complicidades y distorsionan toda noción de justicia e impartición de ésta.

Así, la democracia representativa se erige como el sistema político mediador de la lucha de clases que, con el desarrollo del capitalismo, el Estado mexicano transforma el tramado institucional correspondiente a las reformas constitucionales que van atendiendo los intereses monopolistas trasnacionales y locales. De aquí la importancia de que el régimen de gobierno democrático regule de manera periódica la recomposición política de los intereses económicos, los que concurren implícitamente en la elección del presidente de la república y Congreso de la Unión. La función crucial del voto de las democracias representativas es la de posibilitar la construcción de pesos y contrapesos en la clase política como gobierno, aunque en el caso mexicano y otros de América Latina, se carezca de instrumentos constitucionales de control sobre el poder político. “¡Haiga sido, como haiga sido!” es la expresión más elocuente de la impunidad del fraude electoral; pero también de los métodos ilegales utilizados para ascender al poder o pretender retenerlo. Odebrecht es la sombra de ilegitimidad del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, como las secuelas concretadas en el Pacto por México –acuerdo cupular que permitió revertir la expropiación petrolera y que Pemex pasara a manos de los grandes monopolios petroleros estadunidenses e ingleses– en la que están involucrados altos funcionarios e importantes grupos empresariales.

En los dos meses anteriores a la jornada electoral del primero de julio tuvieron lugar dos encuentros: el de Laurence D. Fink, presidente de BlackRock (la empresa más importante a nivel mundial que administra los activos de las grandes trasnacionales estadunidenses, principalmente), y el del Consejo Mexicano de Negocios. En ambos, los candidatos presidenciales acudieron puntualmente, y a puerta cerrada, apuntalaron el rumbo inalterable del modelo económico desde la perspectiva política de cada partido o coalición.

Los resultados del PREP que dio a conocer la noche del domingo primero de julio el presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, coincidieron con las tendencias electorales levantadas desde principio de año: la coalición Juntos Haremos Historia llevó a la Presidencia de la República a Andrés Manuel López Obrador. En este escenario, la coordinadora de campaña Tatiana Clouthier de manera reiterada ha declarado que el equipo económico de López Obrador encabezado por Carlos Manuel Urzúa (secretario de Finanzas del entonces Gobierno del Distrito Federal y matemático del ITESM), Arturo Herrera Gutiérrez (ha trabajado en el Banco Mundial como Practice Manager: Governance Global Pratice, Public Service and Performence Latin America and the Caribbean, economista de la UAM Iztapalapa), Gerardo Esquivel Hernández (economista de la UNAM, quien dejó de laborar en el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República para incorporarse a la campaña) y Abel Mauro Hibert (economista del ITAM, ha sido comisionado en la Comisión Federal de Telecomunicaciones y muy cercano al empresario Alfonso Romo) trabaja intensamente en el cabildeo entre los grupos empresariales e inversionistas nacionales y extranjeros para crear la “confianza” indispensable para retener y atraer la inversión. “Los necesitamos y nos necesitan” fue la frase de Clouthier que dirigió a los empresarios para tranquilizar los mercados financieros ante el viable triunfo de López Obrador. Éste, en su encuentro con el CMN logró una tregua con los empresarios y detuvo los ataques de este sector durante los días críticos de la recta final de la campaña proselitista.

Sin el cambio de modelo económico –en el discurso pronunciado la noche del triunfo electoral, López Obrador enfatizó que no habría expropiación alguna– se espera del próximo gobierno políticas públicas que no inhiban la inversión –término usual del lenguaje de la tecnocracia de economistas– que se traduce en la práctica como la certidumbre de mantener las condiciones legales y políticas para concretar los grandes negocios globales en México. Lo demás será historia del subdesarrollo económico. No obstante, los graves problemas económicos acumulados que socialmente se expresan en el abismal porcentaje de pobreza frente a la enorme concentración de riqueza, hace ver la frase recogida por López Obrador en el Zócalo, esa misma noche: “Primero los pobres” –utilizada en su campaña del 2000 para el Distrito Federal– como el mecanismo de la política social que regulará la lucha de clases.