Militarización fronteriza amenaza seguridad nacional

Guillermo Buendía
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“Pasan de la desconfianza sobre la información al desprecio de ésta en función
de los fines perseguidos y de lo fidedigno de las fuentes”. No recuerdo el autor.
Para el maestro Andrés Hernández Herros, del CECyT 14 del IPN, quien ha
estado siempre atento a los apoyos requeridos por mi hijo Julio en sus estudios.

El propósito de construir el muro primero, luego la militarización de la frontera, son elementos del deterioro progresivo de las relaciones bilaterales de Estados Unidos con nuestro país. A esta situación se suma la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte debido al déficit comercial estadunidense. Economía y seguridad nacional es el binomio con el cual la crisis bilateral da al proteccionismo y seguridad interna del imperio la pauta para medir las políticas ultraconservadoras del presidente republicano Donald  Trump, quien encabeza un gobierno ejecutor de presiones no sólo diplomáticas sino, fundamentalmente, militares que convergen hacia la expansión del dominio político.

             El despliegue de 4 mil efectivos de la Guardia Nacional en puntos estratégicos a lo largo de su frontera –si es necesario puede aumentar esta presencia militar de acuerdo con las disposiciones contenidas en la orden ejecutiva firmada– y el inicio de la construcción del muro a fines de marzo pasado pasan a ser presiones con las cuales se enfrentan las negociaciones del TLCAN y el curso de la sucesión presidencial. En el fondo de la problemática de la seguridad nacional del Estado mexicano y la relación con Estados Unidos están los fenómenos: migratorio, narcotráfico, contrabando de armas y trata de personas, entre otras actividades de las organizaciones criminales que operan de ambos lados de la frontera norte.

La migración es una problemática histórica. Sin embargo, desde la década de los 80 ésta ha cobrado relevancia por utilizar a México como territorio de paso hacia Estados Unidos, y en menor medida, como residencia. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Migración, de 2006 a 2010, de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua proviene el 95 por ciento de la migración indocumentada retenida en sus estaciones, cuyo objetivo es cruzar la frontera norte mexicana. Paralelamente a la movilidad transfronteriza de personas y mercancías comenzaron a darse actividades criminales cada vez más perjudiciales al desarrollo regional de México con Centroamérica. El tráfico de migrantes, trata de personas y  trasiego de drogas –controladas éstas por organizaciones criminales– se sumaron a los procesos concretos de dependencia económica y regímenes de gobierno dictatoriales o autoritarios con democracias de fachada.

La migración centroamericana se acentuó a consecuencia de los conflictos armados contrainsurgentes y represivos, hasta 2005, cuando comenzó a decrecer. Ni los acuerdos de paz y armisticio firmados para terminar la guerra civil en El Salvador y Guatemala, en 1992 y 1996, respectivamente, contuvieron la migración, la cual se vinculó con las actividades criminales mencionadas, convirtiendo la zona en refugio de narcotraficantes y centro de operaciones de mercenarios. La formación de grupos paramilitares y de choque al servicio de la oligarquía terrateniente centroamericana –que mantiene fuertes lazos de intereses con trasnacionales estadunidenses– desató procesos de violencia política en El Salvador, Nicaragua, Honduras, Panamá y Guatemala, desde fines de la década de los 70. Las dictaduras militares sostenidas por las trasnacionales produjeron el desplazamiento masivo de campesinos e indígenas que huían no sólo de los actos represivos sino del despojo de tierras y miseria ancestrales. Los migrantes guatemaltecos –producto de la persecución de que fueron objeto pueblos y comunidades de campesinos e indígenas para despojarlos de sus tierras– recibieron el carácter de refugiados por el gobierno mexicano. Se estima que más de 100 mil guatemaltecos indocumentados en asentamientos irregulares en Chiapas, Tabasco, Yucatán y Ciudad de México acentuaron los problemas de posesión de tierras, la desocupación y la demanda de servicios médicos y educativos.

El decrecimiento de la migración centroamericana se debe a dos factores: la desaceleración y crisis de la economía estadunidense y el mayor control migratorio de su frontera sur, por un lado, y la inseguridad en las rutas migratorias utilizadas en territorio mexicano, por  el otro. El secuestro, extorsión, violaciones, prostitución y asesinato son los actos cometidos contra los centroamericanos.

Las actividades ilícitas que amenazan la seguridad nacional de los países subdesarrollados están estrechamente vinculadas con los “negocios globales” de Estados Unidos. La poderosa Asociación Nacional del Rifle es en gran medida la responsable del contrabando de armas adquirido por los cárteles de drogas y otras organizaciones criminales que operan en México, Centroamérica y Colombia, principalmente, como de la violencia armada. Actividades que no escapan de la inteligencia civil y militar estadunidense, incluyendo por supuesto la financiera. En las tres últimas décadas del siglo pasado la CIA y DEA, en operaciones encubiertas financiaron con dinero proveniente del narcotráfico a los grupos contrainsurgentes en Nicaragua y El Salvador. Los grupos paramilitares –kaibiles, cuerpo de élite del Ejército guatemalteco entrenado en el descuartizamiento, decapitación y tortura que estuvo al mando de Efraín Ríos Montt; Los Zetas entrenados en la lucha contrainsurgente en Fort Bragg, Carolina del Norte, Estados Unidos; o la Mara Salvatrucha, originaria de Los Ángeles, California, Estados Unidos, se extendió por América Central– desde los 80 fueron reclutados por los cárteles de las drogas cuando comenzaron procesos de pacificación y reconciliación nacionales en El Salvador, Nicaragua y Guatemala.

Desde entonces, la violencia criminal se recrudeció bajo los métodos de lucha de los grupos paramilitares pagados por los cárteles del narcotráfico y organizaciones dedicadas a la trata de personas, secuestro y extorsión. La caída de las dictaduras militares centroamericanas –otro caso fue Manuel Noriega, procesado en Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico, dio paso para que Panamá una vez que Estados Unidos dejara el control del Canal, se convirtiera en el paraíso fiscal de los fraudes y evasión cometidos en los países industrializados– propició que los militares de élite se convirtieran en mercenarios. Un ejemplo de estos actos de violencia política fue el asesinato del cardenal Óscar Arnulfo Romero, perpetrado por paramilitares salvadoreños.

Cinco años después de la fallida “guerra contra el narco” declarada en diciembre de 2006 por el presidente Felipe Calderón, había un estimado de más de 60 mil muertes; en los últimos 12 años se han acumulado más de 211 mil homicidios dolosos y 34 mil personas desaparecidas. El gran deterioro del poder centralizado en el presidente comenzó a registrarse desde 1994, y ahondado por la “ilegitimidad” resultado del fraude electoral de 2006, ante el cual los poderosos cárteles acotaron las facultades presidenciales en los operativos militares e infiltraron las labores de inteligencia. La violencia criminal derivada del narco tiene que ser vista desde la perspectiva de la crisis del sistema presidencialista durante el largo periodo de la transición democrática que no necesariamente concluyó con la alternancia de derecha, porque con el ascenso del PRI, en 2012, la respuesta del gobierno peñista se inclinó hacia el autoritarismo: la expresión legitimadora del monopolio de la violencia del Estado es la Ley de Seguridad Interior. Ya siendo presidente electo, Enrique Peña Nieto se comprometió a mejorar la seguridad nacional, anunciando la contratación del general colombiano Óscar Naranjo, como asesor. A seis años, a fines del mes pasado apareció la noticia de que presuntos miembros de las FARC se habían convertido en el “brazo armado” del cártel de Sinaloa.

La criminalidad sigue la ruta de los “negocios globales” de Estados Unidos. El presidente Trump pasa por alto que la expansión imperialista se caracteriza por la imposición. La invasión y ocupación militar, o bien, el despliegue militar ahora, son actos propios del imperialismo. Los pretextos utilizados para aludir los riesgos a la seguridad interna estadunidense son la migración indocumentada, el narcotráfico y el terrorismo. Mas se oculta que el reparto del mundo entre los países industrializados produce guerras entre ellos por la disputas de los recursos necesarios y estratégicos para su desarrollo y hegemonía.

            El apoyo “táctico” de agencias estadunidenses para combatir a grupos criminales y detener la migración indocumentada posibilitó la injerencia permanente, no importa si es instruida por demócratas o republicanos. Para los fines de proteger los intereses de los ciudadanos estadunidenses, la extraterritorialidad de las acciones diplomáticas o militares es ilimitada. De aquí que el discurso del presidente Enrique Peña fue seguido de la inacción política y del acatamiento de los lineamiento de la secretaria de Seguridad Interior, Kirstjen Nielsen, quien visitó al secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray. El mismo argumento, en 2006 y 2010, utilizaron George W. Bush y Barak Obama, respectivamente: impedir la entrada ilegal de personas a Estados Unidos. Ahora, una caravana de migrantes centroamericanos en tránsito por el territorio mexicano motivó la acción militar dictada por el presidente Trump.