Las torpezas del FGEG en caso Nestora Salgado

Francisco Salinas Ríos / Juicios y Prejuicios
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Es evidente que las cinco apelaciones que Ramiro Guerrero, fiscal General del Estado de Guerrero, presentó al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para confirmar, revocar o modificar el auto de libertad que obtuvo Nestora Salgado, es una burda maniobra que más que justicia busca apoyar la acusación que José Antonio Meade hizo durante el segundo debate presidencial de que era una secuestradora, y que quiere frenar su postulación como senadora de la República.

Las toscas apelaciones que presentó Guerrero, fueron anunciadas apenas cuatro días después de la imputación de Meade y a dos años de que Salgado García obtuvo resolución de libertad, aunque estaba pendiente una audiencia de vista en la sala penal cuatro del TSJ, donde se analizara la apelación que interpuso el Ministerio Público en contra para contrarrestar el fundamento de las mismas, falta de elementos para procesar, audiencia programada para el próximo mes de junio, se anunció el pasado 23 de mayo.

¿Fue Guerrero de motu proprio quien decidió corregir una torpeza procesal?, o ¿recibió presiones del gobernador Héctor Astudillo, del gobierno de Enrique Peña Nieto, del PRI, o del equipo del candidato Meade Kuribreña? Pero ¿por qué cometer otra torpeza como la de apelar sentencias de jueces locales cuando un juez federal otorgó a la candidata de Morena al Senado y excomandante de la Policía Comunitaria auto de libertad, dos años más tarde?

Hasta antes del reciente anuncio del TSJ, estaban pendientes notificaciones de tres apelaciones más por los delitos de secuestro (de Rubí, Yesenia y Pedro, y Eugenio) y homicidio (de Nemesio Guevara Barrera y su hija Carmen Guevara Rodríguez); y el homicidio en grado de tentativa (de Eduardo Guevara Rodríguez), –tocas penales XI-713/2016, XI-712/2016 y VIII-566/2016, respectivamente–, y que no ha sido posible realizarlas.

Aparentemente el TSJ en las cinco que anunció el pasado jueves 24, están incluidas las que se mencionan pues tiene programadas en las salas 1 y 4 dos audiencias para el próximo mes de junio en contra de la excomandante Salgado, por los delitos de secuestro, secuestro agravado, privación ilegal de la libertad personal, homicidio calificado, tentativa de homicidio y robo específico.

Se aclara que el TSJ había admitido desde el pasado abril, cinco de seis apelaciones que presentó la Fiscalía General desde 2016 en contra de los autos de libertad “por falta de elementos para procesar” y que no fue así sino resultado de una mala actuación tanto de policías, investigadores y agentes del Ministerio Público hicieron una deficiente carpeta de investigación como ocurre desde que se instauró el sistema procesal de juicios orales. 

La señora Nestora Salgado presentó ante juez de distrito dos demandas por daño moral y por difamación en contra José Antonio Meade, ya que se dijo inocente y mostró sus boletas de libertad por siete procesos que se le instruyeron y en los que los jueces locales y federal no encontraron elementos para responsabilizarla por los delitos de delincuencia organizada.

No obstante, están pendientes las determinaciones que los magistrados de las salas 1 y 4 del TSJ, que resolverán si confirman el auto de libertad o lo revocan, lo que colocaría a Nestora sujeta a proceso si es anulado, aunque la señora Salgado podría recurrir esta decisión ante el pleno del Tribunal o nuevamente a amparo ante la justicia federal. 

Sin embargo, como no se ha fijado fecha para las audiencias, cuando éstas se realicen faltarían solo pocos días para las elecciones del 1 de julio, ¿tendrá tiempo el TSJ para revocar las sentencias de libertad? 

En caso de que a Nestora Salgado se le sujete a proceso, estaría impedida a ser candidata a senadora, pues aunque los derechos políticos se pierden solo cuando hay una sentencia condenatoria, los de las víctimas estarían en riesgo porque con el cargo de senadora tiene fuero y no puede ser juzgada por los delitos que se le imputan.

Si acaso la señora Salgado García fuera electa por los guerrerenses al Senado, tendría la obligación de renunciar a su nacionalidad estadunidense –como lo hizo Napoleón Gómez Urrutia de la canadiense por difamación, porque está impedida constitucionalmente a ocupar un cargo público y más en la Cámara alta donde se discuten iniciativas que pueden involucrar la soberanía de México ante otras naciones.

Adenda. En la columna anterior afirmé que Florence Cassez había escrito un libro, lo que fue equivocado, lo hizo Jorge Volpi, sin embargo, el parangón sirvió para destacar la coincidencia con Nestora Salgado. El pasado viernes estuvo con nosotros en el Grupo María Cristina, la maestra Mónica Salazar, quien trató el difícil y complejo tema de la trata de personas. Hizo una exposición que me gustó por su conocimiento del mismo, destacando que la trata gira en torno a dos ejes: el crimen organizado y la trasnacionalidad. Hablar de trata es hablar de esclavitud y explotación, no nada más en el aspecto sexual –en el que destacan Tlaxcala y Puebla– sino más en el laboral urbano y rural. El 90% de las víctimas son explotadas por individuos o empresas particulares. Me gustó su exposición como participante de Polaris, organización estadunidense que administra la línea internacional contra la trata de personas en Estados Unidos.