Nestora, violencia, PC y ausencia del Estado

 

Yolanda Cristina Massieu Trigo

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Las acusaciones de secuestro del candidato José Antonio Meade a Nestora Salgado evidencian uno de los aspectos más dolorosos del triste desgarramiento del tejido social que vive el país y el estado de Guerrero. La Policía Comunitaria surgida en 1995 en San Luis Acatlán, ante la situación de violencia e inseguridad y la nula respuesta (cuando no colusión) de las autoridades, representó por más de una década una opción de justicia manejada por las asambleas comunitarias. A los habitantes de la Montaña les urgía una alternativa que detuviera el robo de sus animales, los asaltos en los caminos y la violación de las mujeres. Fue una respuesta indígena organizada a masacres como la de Aguas Blancas en Coyuca de Benítez en ese año (perpetrada por la policía estatal contra campesinos desarmados) y El Charco en Ayutla en 1998 (cuando el Ejército asesinó a jóvenes guerrilleros).

Así se creó la CRAC (Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias), con funciones de autoprotección y justicia. Por casi 20 años la CRAC fue una verdadera alternativa a la lentitud y corrupción del aparato de justicia estatal, y fue ganando a pulso un merecido prestigio. Ello se debió principalmente a que en su funcionamiento se revitalizaron usos y costumbres ancestrales de los grupos indígenas de la Montaña (nahuas, amuzgos, mixtecos y tlapanecos). Las diferencias con el sistema convencional consisten en que se prioriza la reeducación y la conciliación por encima del castigo. A los acusados se les retiene y juzga en asambleas comunitarias, que también son las que eligen a los policías, coordinadores y comandantes, con criterios de buena reputación ante la comunidad, la fortaleza de este sistema está en la asamblea y su capacidad de tomar decisiones colectivas.

Entre 1995 y 2011 la CRAC funcionó razonablemente bien y siempre procuró guardar distancia de las autoridades gubernamentales, que no la reconocían oficialmente. Con el tristemente célebre gobierno de Ángel Aguirre (recordemos Ayotzinapa), la táctica gubernamental cambió y se apostó por dividir a la CRAC por medio de dinero,  algunos de los líderes cayeron. De esta manera, en 2012 los hermanos Bruno y Cirilo Plácido Valerio intentaron sin éxito tomar el control de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán y al año siguiente se nombró a Eliseo del Villar como coordinador de dicha casa. Esta división se fue profundizando y en 2014 Bruno Plácido formó su propio grupo de autodefensa, la UPOEG (Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero), formado por hombres embozados que instalaron retenes, a los cuales el gobernador acudió a fotografiarse. En los siguientes meses la UPOEG aceptó convertirse en policía rural con reconocimiento de la autoridad gubernamental, y a los pocos meses  sufrió una escisión, al formarse el  FUSDEG (Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero), quien acusó a los integrantes de la UPOEG de comportarse como delincuentes. A la fecha ambas organizaciones libran una batalla con numerosos muertos de ambos lados.

Mientras tanto Eliseo del Villar, como coordinador de la Casa de Justicia de la CRAC, permitió la credencialización por el gobierno de 923 policías comunitarios en 2013. Los de algunos poblados se negaron, entre ellos Olinalá, en el municipio de Ayutla, donde Nestora Salgado era comandanta. Ella es originaria de esta comunidad, y con ahorros obtenidos trabajando en Estados Unidos puso una carnicería con su hija, ambas eran extorsionadas por criminales, lo que la llevó a integrarse a la Policía Comunitaria. La respuesta a la negativa a credencializarse fue la represión y encarcelamiento de varios policías comunitarios, entre ellos Nestora, que estuvo presa dos años y siete meses, logrando salir libre en 2016. Fue considerada presa política por el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas. Ahora que es candidata de Morena a una senaduría, misteriosamente se reviven los procesos por secuestro en su contra, y los agraviados se apresuran a hacer declaraciones públicas. Las policías comunitarias obedecieron a una necesidad social desde abajo, y fueron una respuesta de comunidades indígenas organizadas ante la inseguridad,  la violencia y el vacío del Estado para cumplir su función de protegerlas. No dudo que en los procesos de reeducación, no reconocidos por la justicia convencional, se hayan cometido algunos excesos, pero resulta poco creíble que justo en este momento, con las campañas electorales avanzadas y ninguna posibilidad de que el candidato priista remonte la distancia que los separa del puntero de Morena, se revivan los procesos por secuestro en contra de Nestora.