Sobre el populismo del “1 por ciento”

Jesús Delgado Guerrero / Los sonámbulos
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A casi 10 años del crac financiero que evidenció, por enésima ocasión, las felices mentiras del dogma neoliberal de la “autorregulación” de los mercados, las autoridades estadounidenses encabezadas por Donald Trump echaron la última palada de tierra a la Ley Dodd-Frank, diseñada justamente para evitar nuevas catástrofes con la especulación y el timo, vía derivados y otros instrumentos innovadores, inspirados esencialmente en las ruletas de los casinos de Las Vegas. La citada ley fue aprobada en 2010, aumentando la regulación y la supervisión sobre las grandes entidades financieras, procurando impedir los riesgos que generaron el estallido de 2008, similar al de 1929, y que costó inyecciones de dinero bestiales, provenientes del erario público, para “rescatar” al sistema financiero.

 

Hoy, como hace una década, ese “populismo” que tanto gusta al “1 por ciento  se vuelve a poner en marcha cuando el tiradero del anterior todavía sigue causando estragos.

 

Previamente y por si no fuera suficiente, Trump se disfrazó de Santa Claus y rebajó los impuestos a las grandes corporaciones (impuesto de sociedades), de 35 a 21 por ciento, bajo el supuesto de que eso llevaría más inversión a su país, se crearían más fuentes de empleo, mejorarían los salarios de los trabajadores y, en suma, era el inicio del regreso triunfal al “sueño americano”.

 

No hay tal. El Nobel de Economía Paul Krugman ha revelado que lo que están haciendo las grandes corporaciones con esa rebajas de impuestos es simplemente invertir en la recompra de acciones.

 

“Habría diferencia si Apple eligiera gastar más en cosas reales: contratar a más trabajadores, construir nuevas estructuras, instalar más equipo. No está haciendo ninguna de estas cosas. En cambio, esta semana anunció que invertiría 100 mil millones en recuperar acciones de su empresa, lo cual es bueno para los accionistas, pero no hace nada por los trabajadores. Otras muchas empresas están haciendo lo mismo” (El País, 14-05-18).

 

“La percepción de que éste es simplemente un recorte fiscal para los ricos, es correcta”, agregó. “La conclusión –que seguirá siendo cierta sin importar qué tanto gasten los Koch en tratar de convencernos de lo contrario– es que lo que parece una gran dádiva para los inversionistas ricos es, en efecto, una gran dádiva para los inversionistas ricos”.

 

Algo similar se está impulsando ahora en nuestro país bajo el argumento de “no perder competitividad” y evitar que los inversores cambien de ruta y se echen en brazos de Estados Unidos.

 

Es decir, los inversores mexicanos, varias de las 30 familias dueñas de la economía nacional, también quieren su “gran dádiva”, a pesar de que en este sexenio se quintuplicó la salida de capitales y casi llega a 100 mil millones de dólares, según la información difundida por el Banco de México y retomada por algunos medios informativos (La Jornada, 26-05-18).

 

Según ese reporte, “ciudadanos y empresas mexicanas hicieron transferencias a bancos en el exterior –principalmente a instituciones de Estados Unidos– por 98 mil 598.9 millones de dólares desde el inicio de la actual administración federal, una cantidad que prácticamente multiplicó por cinco la registrada en el periodo comparable del gobierno anterior y que equivale a tres cuartas partes del ingreso por remesas, de acuerdo con cifras oficiales”.

 

“Sólo en el primer trimestre de este año, el envío de recursos a cuentas bancarias en el extranjero por mexicanos fue de 7 mil 799 millones de dólares”, se agregó.

 

“Una de las razones del incremento es la mayor actividad de firmas mexicanas fuera del país” (que no se fueron luego de que Trump rebajara los impuestos, claro).

 

Calculadores unos, cómplices otros y omisos por dogma los demás, los candidatos a la Presidencia de la República han guardado silencio respecto de la regulación financiera en el país para evitar esos ataques especulativos a nuestra moneda y manipulaciones de precios de bonos de deuda por parte de cárteles bancarios, es decir, ese rentismo especulador que ha llevado al crecimiento de la deuda en más de 10 puntos porcentuales del PIB en lo que va del sexenio y al pago bestial de intereses en forma anual.

 

Es necesario remarcar: al cierre de 2017 la deuda se ubicó en 10 billones 90 mil 560 millones de pesos (el 46 por ciento del PIB) y sumando pasivos de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal Electricidad, por intereses y comisiones este año se pagarán 533 mil 115 millones 200 mil pesos, es decir, casi la cantidad que anualmente dejan de pagar en impuestos las grandes corporaciones, según estudios del PRI cuando estaba en la oposición.

 

Quizás por eso los aspirantes tampoco no han dicho nada sobre una reforma fiscal para cerrarle el paso a la evasión fiscal de las grandes corporaciones (“el 1 por ciento”) que, como se está viendo, a pesar del paraíso del que disponen, simplemente no les da la gana invertir en el país.

 

 

 

 

Territorios de dudosa reputación

Jesús Delgado Guerrero / Los sonámbulos
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De un tiempo a la fecha las firmas encuestadoras, igual que las calificadoras de riesgo, se convirtieron en territorios especializados de poca o nula credibilidad, cuando no de dudosa reputación.

 

Un repaso desde las elecciones presidenciales de 2012, las intermedias y para renovar gubernaturas, dan cuenta del empeño por sumar cuestionamientos que han terminado por dinamitar, en casi todo los casos, el ingrediente principal de su tarea: la credibilidad.

 

Cada resultado ha demostrado en forma contundente la falsedad científica de la pretendida demoscopía, con abismales diferencias no sólo respecto de los que tendrían que haber arrojado las votaciones en un sentido, sino con números totalmente contrarios a los originalmente previstos; es decir, que los supuestos triunfos en las encuestas terminaron en sonoras derrotas.

 

Así sucedió, por ejemplo, en las elecciones para gobernador en 12 entidades en el 2016, donde los pronosticadores sólo “acertaron”, y a medias, en cinco entidades.

 

Los “analistas” de buena memoria recodarán, obvio, lo bueno de esas cinco encuestas: no fallaron en sus pronósticos. Y los de mala memoria tendrán presentes, Perogrullo, los malísimos desatinos de siete ejercicios demoscópicos, abono para el descrédito:

 

En la elección de Chihuahua, el Financiero y El Universal anticiparon el triunfo del priista Enrique Serrano, por ganó en forma inobjetable el panista Javier Corral. En Tamaulipas la cosa fue peor: El Universal pronosticó la victoria del priista Baltazar Manuela Hinojosa con el 32.6 por ciento, dejando con 26.5 al panista Francisco Javier Cabeza de Vaca. Pues bien, Cabeza de Vaca ganó con el 50 por ciento de votación.

 

En Veracruz, la empresa Ipsos envió hasta el tercer lugar a Miguel Ángel Yunes Linares con el 20 por ciento, por 25 por ciento de Héctor Yunes Landa (PRI). Miguel Ángel ganó.

 

Excélsior e Ipsos fallaron en Quintana Roo al vaticinar que ganaría el PRI, en el primer caso con el 48 por ciento vía Mauricio Góngora. Ganó Carlos Joaquín del PAN-PRD.

 

Y en Tlaxcala y Durango, El Financiero se anotó otros reveses. En el primer estado dio como ganadora a la perredista Lorena Cuellar, quien finalmente perdió ante el priista Antonio Mena, y en el segundo previó el triunfo del priista Esteban Villegas, del PRI, pero fue derrotado por Antonio Mena (PAN-PRD).

 

           Al efecto, se recordará también que los representantes de las firmas y los diarios promotores de las encuestas intentaron curarse en salud con encabezados, columnas y notas, todo con signos de admiración: ¡Resultados inesperados!, ¡El voto oculto se escondió quien sabe dónde, pero los que debían perder terminaron ganando!”, o el ya clásico: “se trataba de una fotografía del momento en que fue levantada la encuesta, pero al final el rollo se nos enrolló y ya no supimos qué rollo”. Siempre ha habido alguna forma de “matizar” simpatías, adherencias o abiertas militancias, pero en los últimos años cada vez ha sido más descarada la inclinación partidaria en nombre de supuestos ejercicios científicos.

 

Las elecciones presidenciales de julio próximo están más que nunca contaminadas no sólo de ocurrencias, mentiras e ilusiones, sino de encuestas, con firmas igual o peor de desprestigiadas que las agencias calificadoras de riesgos (Standar & Poor´s, Moody´s  y Fitch Ratings) que advierten de “devaluaciones” e inestabilidad futuras con cargo a determinados agentes o sucesos electorales, mientras el rentismo especulador hace de las suyas y practica lo que supuestamente va a suceder (el caso del peso, que ya está por encima de los 20 pesos, esto sin que el “diablo” haya tomado todavía las riendas del paraíso celestial del neoliberalismo).

 

Hay que decirlo: pese al martilleo propagandístico, las citadas calificadoras son más recordadas por su encubridora actuación en la gestación del fraude con las hipotecas Subprime en Estados Unidos (la cual detonó en la crisis financiera mundial de 2008, hace ya una década) que por sus aciertos en materia de pronósticos financieros.

 

Así están las firmas encuestadoras para los comicios presidenciales de julio próximo, entre ellas Buendía & Laredo, Mitofsky, GEA-ISA, BGC-Excélsior, Parametría-El Sol de México, entre muchas otras que, lamentablemente, han servido más como instrumento de propaganda, de militancias embozadas o de intereses comerciales, que como ejercicios orientadores, saludables para el fomento de una democracia más o menos civilizada.

 

Pese a los antecedentes, lo siguen haciendo. Y así quieren que se les crea.