El fracaso de Peña Nieto y sus reformas

Pablo Cabañas Díaz
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En enero de 2014, el tema de la violencia en México, y en específico de los grupos de autodefensa, siguió al presidente Enrique Peña Nieto hasta las sesiones del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. Las preguntas sobre la violencia en el país fueron formuladas por Klaus Schwab, su presidente ejecutivo. Al término de la conferencia magistral del mandatario bajo el título “Transformando México: sociedad, política y economía”. Peña Nieto admitió que la inseguridad era su “gran reto”’ y que no era privativo sólo del país, sino de toda América Latina. En un auditorio semivacío, el presidente ubicó que un  tema prioritario para su administración era recuperar  la paz y tranquilidad para los mexicanos. Abundó, que se había puesto en marcha una estrategia gubernamental con varios componentes, donde se incluía crear nuevas instituciones policiacas, mucho más profesionales, con mejor equipamiento y bajo un mando único.

Tres años después, el 13 de noviembre de 2017, Peña Nieto aceptó el fracaso de su gobierno en materia de seguridad. “Hoy estamos obligados a reconocer que las cifras no son nada alentadoras y estamos llamados a atender la seguridad”. Agregó: “En los primeros tres años hubo una reducción en la comisión de los delitos, sin embargo, desde 2016 la inseguridad ha ganado mayores espacios en algunas regiones”. Esta declaración se dio en el Sexto Foro Nacional Sumemos Causas por la Policía + Sociedad, en la que los participantes concluyeron que la violencia en México es endémica, y no disminuirá porque las instituciones de seguridad están estancadas. La presidenta de Causa en Común, María Elena Morera, destacó que si queremos una policía que merezca el reconocimiento y esté obligada a rendir cuentas, primero se le deben ofrecer condiciones de operación adecuadas y un nivel de vida digno. “Si queremos que nos cuiden, empecemos por cuidarlas”.

Desde diciembre de 2014, el clima de sospechas de corrupción y errores de comunicación del gobierno  de Enrique Peña Nieto habrían de marcar el resto de su gobierno. Habían fracasado las expectativas generadas hacía apenas dos años antes en el Pacto por México su proyecto cumbre de reformas lanzado al día siguiente de su toma de posesión, que la prensa internacional llamó “el momento de México”, lo cierto es que toda idea de porvenir y éxito se empezaba a esfumar.

La desaparición y muerte el 26 de septiembre del 2014 de  los 43 estudiantes de la Escuela Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, conmocionó a la sociedad mexicana como hacía décadas que no ocurría, situando la complicidad del poder político, federal, estatal y municipal, con la violencia del crimen organizado, la corrupción y la impunidad de las instituciones y sus representantes.

Al coctel de frustración y cólera de la opinión pública se sumó después la tardía e insuficiente respuesta del gobierno federal y, aún peor, el descubrimiento de que la esposa del presidente compró la llamada Casa Blanca a una constructora beneficiada con la adjudicación del futuro tren de alta velocidad México-Querétaro, posteriormente cancelada. La tragedia de Iguala pasó a convertirse en crisis nacional –la más grave desde el tequilazo de mediados de los años 90–, en un contexto de estancamiento económico y promesas incumplidas.

En un hecho insólito para un presidente mexicano, el 19 de julio de 2016,  Peña Nieto se disculpó de forma pública por el escándalo de la Casa Blanca. En el evento donde promulgó las leyes del  Sistema Nacional Anticorrupción, dijo haber sentido “en carne propia la irritación de los mexicanos. La entiendo perfectamente. Por eso, con toda humildad, les pido perdón”, estas palabra fueron expresadas ante miembros del Congreso, gobernadores, organizaciones ciudadanas y parte del gabinete.

Ese día el presidente reconoció que el reportaje difundido por la periodista Carmen Aristegui en 2014 causó “gran indignación”. La investigación reveló que el mandatario y su esposa, la actriz Angélica Rivera, tenía una casa en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México. La casa fue construida y vendida por una de las empresas de Juan Armando Hinojosa, a que Peña favoreció con más de 80 contratos. La revelación obligó al gobierno a abrir una investigación a modo por un presunto conflicto de interés. La Secretaría de la Función Pública (SFP), como era obvio, no encontró delito alguno tras meses de pesquisas.

Enrique Peña Nieto reconoció haber cometido un “error”. Expresó que los funcionarios públicos son también “responsables de la percepción que generan”. No obstante, aseguró no haber violado ninguna ley, pero que su familia resultó afectada y afirmó con marcado cinismo que el caso “lastimó la investidura presidencial y dañó la confianza en el gobierno”.

Con la disculpa presidencial también llegó una nota aclaratoria emitida por el gobierno. Poco después de que Peña Nieto entonara su mea culpa, un boletín de prensa de Los Pinos informó que Angélica Rivera devolvió el inmueble el 11 de diciembre de 2014, un mes después de que se emitió el reportaje. La primera dama terminó su relación comercial con Ingeniería Inmobiliaria del Centro, propiedad del empresario Hinojosa y su Grupo Higa. “La inmobiliaria reintegró a la señora Rivera los pagos que realizó entre el 12 de enero de 2012 y el 11 de diciembre de 2014, más los intereses respectivos”. Según la SFP, la primera dama había desembolsado unos 35 millones de pesos para adquirir la casa ubicada en Sierra Gorda 150, en Lomas de Chapultepec.

El Partido Revolucionario Institucional que había hecho bandera de la modernización del país a través del Pacto por México, en 2014 trató de recuperar la iniciativa política. No era una tarea fácil. Iguala marcó un antes y un después en este sexenio, y el hoy cada vez fue peor que el ayer.

Aurelio Nuño, actual coordinador de la campaña de José Antonio Meade, era en ese tiempo el jefe de la Oficina de la Presidencia de la República y no tuvo empacho en reconocer errores en este trayecto de la esperanza a la desconfianza. Declaró al periódico español El País el  6 de diciembre de 2014: “Nos faltó una agenda más contundente en materia de seguridad y de Estado de derecho. Nos quedamos cortos. No vimos la dimensión del problema y la prioridad que debería haber tenido”.

Nuño con inusual prepotencia afirmó ante las protestas por la desaparición de los 43 normalistas: “No vamos a sustituir las reformas por actos teatrales con gran impacto, no nos interesa crear ciclos mediáticos de éxito de 72 horas. Vamos a tener paciencia en este ciclo nuevo de reformas. No vamos a ceder aunque la plaza pública pida sangre y espectáculo ni a saciar el gusto de los articulistas. Serán las instituciones las que nos saquen de la crisis, no las bravuconadas”. 

II

Desde 2014, la popularidad del presidente ha caído. Peña Nieto, que siempre se ha definido como un pragmático, se fijó como meta de su mandato restaurar la preeminencia y autonomía del Estado frente a los poderes fácticos –incluido el crimen organizado– en un contexto democrático. Un objetivo muy ambicioso que hoy parece que fracasó.

Lo prometió en la campaña e insistió con la idea durante toda su gestión que  con la reforma energética bajaría el precio del combustible en México y la liberalización de precios acabaría con los ya habituales "gasolinazos". Pero arrancó 2017 y sucedió exactamente lo contrario. Un aumento de entre el 14 y el 20 por ciento –el mayor en 20 años– en el precio de la gasolina, motivó saqueos, bloqueos en las rutas, marchas y enfrentamientos. 

Promulgada en diciembre de 2013, la reforma energética fue el proyecto estratégico del sexenio. Por un lado, implicó que Petróleos Mexicanos tuviera que  abandonar el monopolio de la explotación en el país. En sí misma era una decisión controvertida, dado que la paraestatal había sido fundada en 1938,  y era un legado intocado del presidente Lázaro Cárdenas. Por otro lado, la ley implicaba la llegada de otras empresas al país, la liberación paulatina de los derechos de importación y el retiro de los subsidios. Hoy existen 90 zonas con tarifas diferenciadas y una gran incertidumbre.

El aumento de los precios de la gasolina tuvo  un impacto poderoso en el bolsillo de los ciudadanos. De hecho, según un reporte de la agencia Bloomberg, los mexicanos son de los segundos en el mundo que mayor porcentaje de su sueldo (3.5 por ciento) gastan en gasolina. Además, el aumento ha sido también indirecto, ya que el aumento de los combustibles impacta inevitablemente sobre todo el resto de las mercancías. En la década de los 90, el gobierno inició su política de subsidios al petróleo. La gran paradoja mexicana es que Pemex –exportaba petróleo, pero importaba gasolina– dado que las refinerías en el país no daban abasto.

De hecho, México en 2016 fue el segundo importador mundial de gasolina, sólo detrás de Estados Unidos y por encima de países como Singapur, Corea del Sur y Holanda. Dado que el gobierno tenía el monopolio sobre el negocio del petróleo, era potestad del Ejecutivo anunciar periódicamente los precios de la gasolina. Peña Nieto se mostró orgulloso de su plan de quitar subsidios, lo explicó como una medida a favor del medio ambiente. Sin embargo, el Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe,  asegura que la reforma energética “es en beneficio de las empresas petroleras que tendrán oportunidad de generar ganancias a su favor. En materia ambiental es particularmente dañina porque permite e incrementa la inversión en extracción tanto de combustibles fósiles convencionales como de petróleo en aguas profundas y no convencionales como el shale gas”.

Un ejemplo del resultado de esta reforma en la población se pudo observar en marzo de 2018, José Antonio Meade, el candidato de Peña Nieto, fue abucheado y recibió chiflidos y mentadas de madre luego de que intentara defender el “gasolinazo” de 2017.  Muchos se mantuvieron silenciosos y fríos, otros abandonaron el recinto.  La presentación de Meade era el broche de oro del evento de Omnilife en el estadio Akron. Ahí, con Jorge Vergara, dueño y director de la empresa, Meade quiso hacer el salto mortal: defender el gasolinazo. Apenas trató de justificar el incremento de precios con los mismos argumentos que usara Peña Nieto en enero de 2017, y la gente empezó a chiflar, a mentarle la madre y a gritarle “¡Fuera!, ¡fuera!” Otros, simple y sencillamente, se levantaron y se fueron del estadio que, con trabajos, estaba a un tercio de su capacidad. Vergara, como maestro sustituto de secundaria, intentó callar a sus empleados pidiéndoles orden y que lo dejaran hablar, pero el daño ya estaba hecho. Meade con trabajos terminó sus argumentos, agradeció y se volvió a sentar.

III

El apartado económico del Quinto Informe de Gobierno es la descripción del fracaso que ha sido, en materia económica, el sexenio 2012-2018. Todo un desacierto, desde el inicio, pues el capítulo correspondiente apunta justamente lo que no se ha logrado. Dice: “Una de las principales metas nacionales del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 es alcanzar un ‘México próspero’, mediante la generación de un crecimiento económico sostenido e incluyente, que permita erradicar de manera permanente la pobreza, elevar el nivel de vida de la población y alcanzar una sociedad más equitativa”.

“México próspero” se llama el capítulo económico del Quinto Informe. Pero en todo su contenido no hay dato alguno que demuestre que se esté alcanzando una sociedad mexicana más equitativa, ni que esté cerca la erradicación “permanente” de la pobreza, mucho menos que se haya elevado el nivel de vida de la población.

La administración de Peña Nieto presume que la economía no ha dejado de crecer… pero a un ritmo tan mediocre que cualquiera de las cuatro administraciones anteriores (Felipe Calderón, Vicente Fox, Ernesto Zedillo y Carlos Salinas), con todo y que tuvieron periodos de recesión, arrojaron un saldo de crecimiento mucho mayor al 2.2% al que ha crecido, en promedio anual, la economía en este gobierno.

Si se excluyeran los años de recesión en aquellos gobiernos, el de Peña Nieto quedaría francamente en ridículo. En un ejercicio que hizo Jonathan Heath, especialista en análisis de indicadores macroeconómicos, apunta que el crecimiento económico promedio anual en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), si se descontara la recesión de 1993, el crecimiento promedio anual en su gobierno sería de 4.4%.

En el caso de Ernesto Zedillo, en cuyo gobierno se registró la peor caída de la economía nacional en la historia reciente del país (-6.2% en 1995), el promedio anual de crecimiento económico en su gobierno, excluyendo 1995, sería de 5.1%.

Con Fox, que en sus primeros dos años la economía no creció, y más bien se mantuvo en terreno negativo por un mal desempeño de la economía estadunidense –a raíz del derrumbe de las torres gemelas de Nueva York y el desplome en las bolsas de las empresas tecnológicas llamadas punto com–, pero también por la llegada de China a la Organización Mundial de Comercio (OMC), que desplazó a México como segundo exportador de Estados Unidos, el promedio anual de crecimiento económico, sin esos dos primeros años, sería de 4.1%.

Igual tasa de crecimiento hubiera registrado la economía, como promedio anual, en el gobierno de Felipe Calderón, si se excluyera el fatídico año de 2009, el del clímax de la crisis financiera internacional iniciada un año antes y que para México significó una caída de su economía de casi 4.7%.

Con Peña Nieto, que en ningún año ha registrado recesión alguna o una caída trimestral significativa de la economía, ha tenido un desempeño económico verdaderamente pobre: sin recesión, el crecimiento promedio anual ha sido de 2.2%, según datos de Heath.

En el Quinto Informe de Peña Nieto, en su apartado económico de “México próspero”, se hace la exégesis de todas las reformas estructurales emprendidas durante la administración, todas sus bondades, sus frutos y sus aciertos. Pero omitió, que desde diciembre de 2013, al cabo del primer año de gobierno, planteadas ya todas las reformas –que no aprobadas todas aún–, el gobierno esperaba mucho de ellas. El 16 de diciembre de 2013, el gobierno publicó el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo (Pronafide) 2013-2018, en el que se señalaba con absoluta certeza que “la implementación de las reformas estructurales incrementaría el crecimiento potencial de la economía mexicana de cerca de 3.5% en su nivel inercial a 5.3% hacia el 2018”. El crecimiento en este gobierno, año tras año, no dio siquiera para lo que ellos mismos llamaron “crecimiento inercial”, es decir, sin reformas. Lo que se veía desde 2017 en el Informe era  el fracaso de las reformas estructurales y del gobierno de Enrique Peña Nieto en materia de seguridad y la percepción de una alta corrupción e impunidad.