Mayores sufrimientos, pero no menor migración

Miguel Ángel Ferrer / Economía y política
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El discurso antiinmigrantes, la militarización de la frontera México-Estados Unidos, la existencia en ésta del muro ya existente y el propósito de su total ampliación, las redadas de indocumentados, las deportaciones de éstos y zozobra permanente en que viven los trabajadores sin papeles indudablemente tienen efectos disuasivos en el fenómeno migratorio. Pero no tantos ni tan poderosos como para eliminarlo o reducirlo significativamente.

Todo esto, obviamente, lo sabe el gobierno de EU y concretamente Donald Trump. Es necesario, entonces, buscar la verdadera razón que anima el último exabrupto del mandatario estadunidense: el envío de la Guardia Nacional a la línea fronteriza con México.

La hipótesis más plausible es que esa medida tenga esencialmente el propósito de Trump de quedar bien con su base social y electoral de notorios rasgos antiinmigrantes, xenófoba, supremacista, ultrarreaccionaria e ignorante.

Si la hipótesis va bien encaminada, no hay duda de que Trump se acaba de anotar otro éxito en sus afanes por afianzarse en el poder y conseguir un segundo mandato presidencial.

Al mismo tiempo Trump habrá logrado elevar significativamente el costo en sufrimientos y muertes en las personas que aspiran a sumarse al gran mercado laboral estadunidense. Pero elevar estos costos no significa necesariamente conseguir una disminución en el flujo migratorio hacia EU. Porque, como bien se sabe desde hace dos siglos, la pura expectativa de obtener un empleo, un ingreso económico y un relativo mejor nivel de vida en el lugar de destino es razón más que suficiente para animar a millones de personas a emprender la aventura del éxodo a la tierra prometida.

Por su parte, la experiencia enseña que la única manera de frenar o atenuar ese éxodo es la mejoría en las condiciones de vida en los países expulsores de mano de obra. Y es obvio que en el caso mexicano no hay signos de una mejoría. Más bien acontece lo contrario: cada día que pasa es mayor el deterioro del nivel de vida de la inmensa mayoría de los mexicanos. Y para ocultar este hecho evidente de poco sirve la publicidad oficial que habla de progreso económico y mayor bienestar social.

De modo que en la ecuación migratoria está plenamente asegurado el factor oferta: millones de brazos dispuestos al éxodo. Y lo mismo puede afirmarse del factor demanda: la agricultura, la industria y el sector de los servicios estadunidenses requieren, a veces desesperadamente, esa mano de obra barata que garantiza la viabilidad del negocio y la obtención de mayores ganancias.

Incluso podría decirse que las medidas antiinmigrantes pueden tener el efecto, buscado o espontáneo, de incentivar la migración indocumentada. Porque al abaratar la fuerza de trabajo migrante y aumentar de ese modo las ganancias patronales será mayor la oferta de puestos de trabajo.

Frente a esta situación de mayor o menor continuidad de la emigración hacia EU es muy poco, por no decir nada, lo que puede hacer el gobierno mexicano. Salvo lo que ya está haciendo: lloriquear, no hacer enojar al energúmeno rubio y esperar que la medida no pase a mayores. Es decir: que, como siempre, la realidad económica se imponga y que con altas y bajas el fenómeno migratorio continúe más o menos inalterado.

 

 

Ortega y su tufo neoliberal

Miguel Ángel Ferrer / Economía y política
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La decisión del presidente Daniel Ortega de menguar los montos de las pensiones de los trabajadores nicaragüenses sólo podía haber producido lo que produjo: un enorme, severo y ruidoso descontento social y popular. Tan enorme, severo y ruidoso, que Ortega no tuvo más opción que echar abajo la  antipopular medida.

Pero, ciertamente, no lo hizo de inmediato. Antes intentó salvarla acusando a los protestantes e inconformes de conspirar contra su gobierno. ¿Conspiradores y subversivos los modestos pensionados y sus familias que difícilmente llegan al fin de mes con los precarios montos de sus modestas, por no decir famélicas pensiones?

Digamos que Ortega puso en práctica una de las más conocidas y aborrecibles medidas de la teoría económica neoliberal, tan apreciadas y recomendadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Ese tipo de medidas que suelen ser la punta de lanza, la pica en Flandes, la cabeza de playa de los siniestros programas de ajuste que han sumido en la pobreza a las naciones donde se han aplicado desde hace tres décadas.

¿Ignoraba Ortega que al ordenar la reducción de las pensiones ponía en práctica una de las célebres recetas del FMI y del Consenso de Washington? ¿Se comportó como un clásico neoliberal sin saberlo? ¿O más bien cedió a las presiones y chantajes de los organismos financieros internacionales que condicionan el otorgamiento de créditos a la aplicación de esos tristemente célebres programas de ajustes, los que siempre implican reducciones salariales y pérdidas de prestaciones sociales?

Ya se ve que Daniel Ortega se colocó en el peor de los mundos posibles. Con la decisión de reducir las pensiones quedó mal con los pensionados, con las familias de éstos, con los trabajadores que en el futuro serán pensionados y con la clase trabajadora que entendió rápidamente que a esta primera medida neoliberal seguirían otras del mismo tenor, como el aumento de la edad de jubilación, mayor precarización de las pensiones y mayores aportaciones para obtener el derecho a la jubilación. Y, por contrapartida, con la determinación de echar abajo la medida quedó mal con el FMI y con otros ideólogos del neoliberalismo.

Ortega esgrimió como razón para reducir las pensiones la necesidad de paliar la severa crisis financiera del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Y aquí está otra clara concepción neoliberal: echar sobre las espaldas de los trabajadores la carga de resolver las crisis económicas.

Finalmente, y saludando con beneplácito la decisión de derogar la reforma de las pensiones, es imprescindible destacar que la tal reforma mostraba una quizás incipiente pero innegable derechización del sandinismo. Al menos de la facción del sandinismo que representa Ortega.

Los penosos acontecimientos de estos días dejan, sin embargo, una clara enseñanza: los gobiernos populares no pueden ni deben atentar contra los intereses y el bienestar de los trabajadores. Porque actuar así tiene una obvia consecuencia.

La pérdida de apoyo popular y social, y la consecuente invitación a la derecha criolla y al imperialismo yanqui para participar en los movimientos de rechazo a las medidas neoliberales con la finalidad de debilitar a esos gobiernos populares. Y luego, si las condiciones lo permiten, iniciar las tareas subversivas que conduzcan al derrocamiento del gobierno y al retorno de la derecha y del imperialismo al poder.