Mancera deja malas cuentas por feminicidio

Hazel Zamora Mendieta
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

El Grupo de Trabajo para la Alerta de Género en la Ciudad de México, confirmó en su informe, lo que han sostenido las organizaciones peticionarias: la Procuraduría General de Justicia local (PGJDF) tiende a no clasificar e investigar con perspectiva de género los casos de feminicidio, falta de capacitación de funcionarios, desconocimiento del Protocolo y actuación tardía en caso de desapariciones y feminicidio.

De la información proporcionada por el gobierno de la Ciudad de México al grupo de Trabajo para la elaboración de su informe, destaca que durante la administración de Miguel Ángel Mancera, de enero de 2012 a septiembre de 2017, se cometieron 292 casos de feminicidio y 421 casos de homicidios dolosos contra mujeres.

Sin embargo, menos de la mitad de estos asesinatos fueron tipificados como feminicidio pese a que la Ciudad de México cuenta, desde 2011 con la tipificación de este delito en el Código Penal así como con el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial de Feminicidio, y la Agencia Especializada de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio Doloso en Agravio a Mujeres.

Y ello se explica, dice el Grupo de Trabajo, porque las normativas no se aplican en la práctica, hay un desconocimiento generalizado en las autoridades de la Procuraduría respecto al feminicidio y los protocolos que existen para atenderlo.

Este informe de trabajo que tanta polémica generó debido al atraso en su entrega, pese a que desde noviembre de 2017 estaba en manos de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), se hizo público ayer, posterior a la conferencia de prensa dada por las organizaciones peticionarias de la AVG para la Cdmx, quienes acusaron a esta instancia de Gobernación de retrasar los informes y obstaculizar el avance de los derechos humanos de las mujeres.

Así, en este escenario, a seis meses de la solicitud de la AVG, la presión de las organizaciones civiles encima, y cuando Miguel Ángel Mancera está a un paso de dejar la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, la Conavim anunció que tras las entrega del informe las autoridades de la Ciudad tienen 15 días para aceptar o rechazar las 20 recomendaciones que emitió el Grupo de Trabajo.

PGJDF ignora feminicidio y sus protocolos

El Grupo de Trabajo estuvo conformado por académicas. De la Universidad Nacional Autónoma de México, Aleida Hernández Cervantes; de la Universidad Autónoma Metropolitana, Iris Rocío Santillán Ramírez; y de El Colegio de México, Marta Walkyria Torres Falcón y Carlos Javier Echarri Cánovas.

Del Instituto Nacional de las Mujeres, José Luis Peña Colín; de la Conavim, Claudia Isela Alvarado Covarrubias; de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Maribel Becerril Velázquez; y del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, Teresa Incháustegui Romero.

En la metodología el equipo de trabajo explicó que entrevistó a varios funcionarios ministeriales y policiales quienes tenían un conocimiento “superficial” del Protocolo de Investigación de Feminicidio, ya que al pedirles detalles de cómo lo aplican en las investigaciones, “se limitan a contestar generalidades y evasivas”.

El personal de la Agencia Especializada de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio Doloso en Agravio a Mujeres, manifestó que tiene dificultades para acreditar el feminicidio sobre todo cuando el cuerpo no presenta lesiones infamantes, mutilaciones o signos de violencia sexual.

Además de la falta de competencia del personal de la Agencia Especializada para indagar el feminicidio, éstos no intervienen de forma inmediata cuando se conoce el asesinato de una mujer, por lo que el Grupo reiteró “la necesidad de que siempre esté presente al inicio de la investigación, un representante de la Agencia Especializada a fin de coordinar la investigación y de garantizar la aplicación del Protocolo”.

Revictimización y violencia institucional, una constante

El equipo de especialistas también documentó, a través de entrevistas a familiares de víctimas cómo se ha vuelto común que se pierdan indicios y pruebas en el lugar de los hechos y la venta de fotografías de las víctimas a medios, sin que haya consecuencias legales; no se investiga con perspectiva de género; las coordinaciones territoriales desconcentradas de la PGJDF inician las carpetas de investigación por suicidio u homicidio doloso, y no cuentan con personal especializado en feminicidio; además de la insensibilidad por parte del personal de la Procuraduría en el trato de las víctimas indirectas.

Otra constante es la filtración de información sesgada para desacreditar a las víctimas y justificar la violencia ejercida en su contra; se obstaculiza a las familias el acceso a la carpeta de investigación; los peritajes se elaboran “a modo” a fin de que cuadren en las hipótesis de suicidio u homicidio; los probables feminicidas son tratados como víctimas indirectas.

No se sabe quiénes son las víctimas

A estos problemas se suma la sistematización de los casos de feminicidio. El Grupo de Trabajo reveló en su informe que la PGJDF no cuenta con información detallada de las víctimas.

Apenas se sabe que de estas 292 mujeres asesinadas por razón de género de 2012 a septiembre de 2017, 44 por ciento tenía entre 18 a 30 años de edad; 40 por ciento entre 31 a 60 años. 8.6 por ciento eran menores de 17 años y 6.2 por ciento tenía más de 60 años. Del uno por ciento restante se desconoce su edad.

La Procuraduría fue incapaz de aportar mayores datos sobre el estado civil de las víctimas, su ocupación, lugar de origen, nivel de estudios, condición socioeconómica, lugar y causa de muerte de la víctima y por si fuera poco dijo que “carece de información sistematizada respecto de si existía alguna relación entre la víctima y el victimario”, una de las características que definen al feminicidio.

Destaca que 21 por ciento de los casos de feminicidio se concentraron en la delegación Iztapalapa (62 casos) y descienden casi a la mitad en las delegaciones Gustavo A. Madero con 32 casos, Cuauhtémoc son 27 casos, Tlalpan 25 y Coyoacán 22 casos.

La situación no es menor en el resto de las delegaciones, en Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuajimalpa, Iztacalco, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Venustiano Carranza y Xochimilco, suman 124 casos de feminicidio.

CAPEA: “La desaparición de mujeres no es un delito”

Las deficiencias en la PGJDF para feminicidio, son similares en los casos de desapariciones, constató el Grupo de Trabajo. El personal del Centro de Atención a Personas Extraviadas y Ausentes (CAPEA) contestó al Grupo de Trabajo que no consideran “la desaparición de una mujer como un delito”, por lo que no tiene registro de los casos, ni tampoco de cuántas mujeres reportadas como desaparecidas han sido localizadas.

CAPEA reportó que sólo inician “carpetas de investigación especiales” e informaron que abren entre 12 a 15 investigaciones diarias, la mayoría se trata de desapariciones de menores de 17 años. No obstante, el personal de este Centro no relaciona estas desapariciones con algún ilícito (feminicidio o trata) solo refirieron a las expertas que es parte de la “violencia familiar”.

Los familiares de víctimas de mujeres desaparecidas también expresaron ante el Grupo de Trabajo los malos tratos a los que se enfrentan con el personal en CAPEA (dependencia de la PGJDF) quien califica la desaparición de mujeres como “extravíos” o “ausencias voluntarias”; minimiza la información que proporcionan los familiares; dejan pasar más de 24 horas para iniciar la investigación de los casos; además de que la instancia no cuenta con mecanismos de búsqueda claros.

Sin ahondar más en esta información, el Grupo de Trabajo refirió que en promedio, la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Trata de Personas recibe mensualmente entre cinco a 10 denuncias por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, cuyas víctimas oscilan entre los ocho a 30 años de edad.

A este tipo de violencias extremas se agrega la que viven las capitalinas cotidianamente. Datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares de 2016, destacó que en la Ciudad de México 61.1 por ciento de las mujeres mayores de 15 años de edad han sido agredidas en espacios comunitarios a lo largo de su vida (calles y parques, entre otros) y 37 por ciento lo fue en los últimos 12 meses.

En tanto, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Información en Salud (Sinais) muestran una tendencia creciente de los egresos hospitalarios de mujeres relacionados directamente con la violencia: mientras en 2004 se registraron 14 mil 303 casos, para 2014 la cifra subió a 20 mil 669.

Las recomendaciones

Ante este contexto de violencia generalizada contra las capitalinas, el Grupo de Trabajo presentó 20 conclusiones y recomendaciones al gobierno de la Ciudad de México.

Entre estas destacan establecer protocolos de supervisión estricta en hoteles o moteles de la Ciudad de México, ya que en estos lugares se ha tenido conocimiento de casos de violencia extrema, incluyendo casos de feminicidio y trata de personas.

Revisar los procedimientos de investigación en criminalística y forense en los casos de feminicidio, y la operatividad del Comité Técnico de Análisis y Evaluación del Protocolo de Investigación del Feminicidio, además de revisar los expedientes de muertes violentas de mujeres para verificar si se aplicó este instrumento.

Que las Agencias de Delitos Sexuales de la PGJDF generen un protocolo de actuación y asegurar que los prestadores de los servicios de salud que tienen el primer contacto con mujeres y niñas víctimas de violencia sexual, apliquen la Norma Oficial Mexicana 046 que permite el aborto en casos de violación, y que se genere un protocolo para que se dé aviso al Ministerio Público de estos casos.

Evaluar la instauración del Protocolo Alba, un mecanismo especializado para la búsqueda de mujeres; y entregar informes públicos sobre el número de mujeres, niñas y adolescentes localizadas (con o sin vida) y no localizadas.

Fortalecer los mecanismos de protección para las víctimas de violencia familiar, sobre todo en el Centro de Apoyo a la Violencia Familiar (CAVI) y los Centros de Justicia para las Mujeres. Además de garantizar la protección de la infancia que viven en estos entornos de violencia y son víctimas indirectas.

El gobierno capitalino deberá responder en el plazo indicado a estas 20 recomendaciones. Es importa señalar que éstas no sustituyen a las seis medidas provisionales emitidas por Conavim anteriormente y por las cuales el gobierno creó el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario para atenderlas.

--------------------

http://www.cimacnoticias.com.mx/noticia/miguel-ngel-mancera-deja-malas-cuentas-en-la-capital-por-feminicidio