Baja credibilidad de autoridades electorales

Pablo Cabañas Díaz
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Desde la elección presidencial del 2006, la más cerrada en la historia contemporánea en la que hubo una diferencia de 233 mil votos, la continuidad institucional, legal y cultural del régimen todavía subsiste. ¿Cómo es posible que el PRI conserve el poder no sólo político sino cultural, a pesar de tantos problemas cotidianos,  y una creciente ola de violencia que azota al país? Alberto Olvera en el artículo  “Political Crisis, Social Movements and the Future of Democracy in Mexico”, asevera: “Desde mediados de 2014, lo que parecía ser una historia de éxito de una tecnocracia conservadora que había logrado completar el ciclo neoliberal en México, se convirtió de pronto en un relato de horror e incompetencia”. 

Con el dominio de los poderes fácticos (Televisa, Telmex, Tv Azteca), los pactos entre políticos y empresarios, y los poderes caciquiles regionales se consolidó a un nuevo poder fáctico, el crimen organizado. Hay una crisis de gobernabilidad que se expresa en la abierta corrupción, en la  ineficiencia en la gestión de las empresas públicas, en  la  mala calidad de los servicios de salud y educación, y sobre todo en la incapacidad para neutralizar la violencia.

En estas circunstancias se dio la caída en el nivel de aprobación a la labor del presidente Enrique Peña Nieto, que  se ubicó en el 37% al cierre del primer trimestre de 2014, lo que representaba una caída de 18 puntos respecto al mismo periodo del año 2013. La firma GEA-ISA presentó su estudio “México, política, sociedad y cambio”, el 10 diciembre de 2014, en el que señaló que la mala situación económica, política y de seguridad del país había impactado directamente en los niveles de aprobación del mandatario, en el poder desde el 1 de diciembre de 2012.

De acuerdo con el sondeo, 52% de los mexicanos desaprobó la gestión de Peña Nieto durante el primer trimestre, con un crecimiento de 19 puntos respecto a los tres primeros meses de 2013. En 2014, el 57% de los mexicanos estaba en desacuerdo con la reforma fiscal y el 46% afirmó que estaba pagando más impuestos, según la encuesta.

Visto en conjunto tenemos que Carlos Salinas tuvo 73.1% de aprobación; Ernesto Zedillo 54.9%, Vicente Fox 57.9%, Felipe Calderón 53.3% y Enrique Peña Nieto 26%. Peña Nieto inició su gobierno con una aprobación del 54%. Sin embargo, a lo largo del sexenio ésta va de picada, al grado que llegó a estar en 17% y en las postrimerías de su gobierno está en 26%: bajo 50% en relación con su antecesor. 

El origen de esta crisis, su evolución reciente y sus posibles vías de desenlace,  se encuentra en  la idea de que para salir de este escenario es necesario restaurar el presidencialismo mexicano. Frente a la caída de la popularidad de Peña Nieto los incentivos para el proyecto restaurador del PRI son crecientes, más cuando tiene frente a sí una oposición fragmentada y dividida, movimientos sociales erosionados y una sociedad civil desorganizada. La restauración se prefigura claramente en el horizonte, y si bien la sociedad ha mostrado signos de resistencia y se ha anotado pequeños triunfos esto no es suficiente para contrarrestar las tendencias regresivas. 

La restauración del orden priista trae de regreso, casi inevitablemente, el presidencialismo sin contrapesos. El triunfo del PRI en las elecciones presidenciales hace seis años abrió una nueva etapa en el prolongado interregno iniciado en las elecciones del año 2000. En 2018 la sociedad mexicana no va por una mayor democratización, sino a una modernización del viejo régimen. El primer elemento a tomar en consideración es la forma que adoptó el triunfo del PRI en 2012 y en 2017 en los comicios de  Coahuila y el estado de México. Sin duda, elecciones que fueron un claro ejemplo del poder de restauración del presidencialismo mexicano. 

El PRI recurrió en Coahuila y el estado de México a un arsenal de trampas digno de los mejores tiempos del partido absoluto. La renovada fusión entre los gobiernos estatales y el gobierno federal en todos los estados apunta a la reconstrucción de una relación de dependencia fiscal y de seguridad pública respecto del Ejecutivo. La tendencia se refuerza si consideramos otros elementos en operación que son muy importantes en el sistema político, el control por parte del presidente de los gobernadores y éstos de los poderes Legislativo y Judicial locales, y del dominio total de las instituciones formalmente autónomas. 

El caso de Ximena Puente, presidenta comisionada del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), ilustra muy bien el poder del Ejecutivo sobre los órganos autónomos. Puente fue clave para mantener en secreto información sensible que compromete al exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, en negocios irregulares que dejaron multimillonarias pérdidas para la empresa estatal, es un ejemplo de esta trama. Como premio, el PRI la incluyó en su lista como candidata plurinominal a la Cámara de Diputados. Puente fue la encargada de elaborar el proyecto de resolución que consideró que luego de la entrada de la reforma energética, Pemex pasó de ser una empresa paraestatal a una productiva del Estado, por lo que las filiales fueron transformadas en compañías privadas, a las cuales no se les aplica el derecho público.

Fue así que el INAI, con los votos de Puente junto a los comisionados Areli Cano y Óscar Guerra, determinó mantener en secreto un negocio multimillonario que sólo ha dejado pérdidas para los mexicanos y fue operado por Emilio Lozoya durante su gestión al frente de Pemex.

Lozoya es una pieza clave en el escándalo de corrupción de Odebrecht, al ser señalado de recibir sobornos millonarios de la empresa brasileña en 2012, cuando era integrante del equipo de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. Un caso que conecta directamente el escándalo del conglomerado brasileño con el presidente Peña Nieto.

El uso faccioso de las instituciones se repite en  múltiples variables y formas y nos hace ver que el  interés casi único del gobierno federal es la permanencia del grupo político que hoy detenta el Poder Ejecutivo, y representa a los poderes fácticos y  las empresas monopólicas más importantes del país. En abril pasado hubo una serie de decisiones polémicas que incluyen abrir la puerta a Jaime Rodríguez, el Bronco, para que compita en la elección  presidencial tras una serie de irregularidades.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desechó los argumentos del Instituto Nacional Electoral a la hora de abrirle las puertas al gobernador con licencia de Nuevo León, Jaime Rodríguez, para que compita por la vía independiente en la elección presidencial.  De nada sirvió que el INE hubiera detectado 58% de firmas apócrifas, 810 mil 995 firmas no encontradas en la lista nominal, 158 mil 532 simulaciones de firmas, 17.3 millones de pesos de financiamiento sospechoso, al menos 680 mil pesos triangulados con empresas sospechosas, 1.6 millones de gastos no reportados, 1.1 millones de pagos a Facebook no comprobados, funcionarios investigados por juntar firmas en días y horas hábiles, captura de miles de firmas en un mismo domicilio de madrugada y uso de empresas sospechosas sin registro en el padrón de proveedores.

Ante estas irregularidades, la Sala Superior del TEPJF determinó “ordenar a la autoridad responsable que tuviera por cumplido el requisito relativo al número de apoyos necesarios para la postulación de Rodríguez Calderón como candidato a la Presidencia de la República por la vía independiente”.

Esto, a pesar de que el TEPJF reconoció que Rodríguez Calderón subsanó 8.4% de los registros que se habían considerado inválidos, unos 62 mil 730. De ahí que, si al aspirante le falta 1.92% para cumplir con el porcentaje exigido, que equivale a 16 mil 656, está ante la posibilidad de que, derivado de una revisión exhaustiva de los apoyos, su situación jurídica frente a la oportunidad de postularse cambie. 

El pleno del TEPJF estimó que la decisión sobre la validez o no de los apoyos quedaba a la libre apreciación del personal de la autoridad electoral, dado que en las actas respectivas no se describió su desarrollo, por lo que no puede estimarse que dicho procedimiento cumplió con requisitos mínimos de fundamentación y motivación exigibles a cualquier acto de autoridad.

En diciembre de 2017, en otra polémica decisión el TEPJF derribó la prohibición impuesta por el INE para usar tarjetas y monederos electrónicos durante las campañas electorales, uno de los temas más polémicos durante la elección presidencial de 2012 y la reciente elección para gobernador del estado de México en 2017. El TEPJF determinó que el INE no está facultado para prohibir su reparto, por lo que ordenó cambiar dicha norma en el Reglamento de Fiscalización, tras una queja interpuesta por los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista.

No hay límites ante las decisiones que se toman en las instancias del poder real. Lo grave es que está dañado en su credibilidad el TEPJF que será el encargado de validar la elección presidencial de 2018. La credibilidad de las autoridades electorales y de los órganos autónomos está en mínimos históricos.