Fracasó el proyecto “modernizador” de Peña

Pablo Cabañas Díaz
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Cuando empieza el último tramo de gobierno de los presidentes de México, una figura espectral los persigue. Obras, logros y aciertos que pudieron tener son olvidados, en cambio, errores, descuidos, acciones involuntarias negativas y hasta dicharachos se convierten en su sello frente a la historia. Enrique Peña Nieto comienza a recorrer ese trecho que todos sus antecesores caminaron. El 1 de julio de 2018, se conocerá el nombre de su sucesor.  Pocas veces en la historia contemporánea llega México en condiciones más difíciles que en este sexenio. El desencanto general se debe a la impunidad que goza el equipo gobernante de cara a los agravios que ha sufrido la sociedad mexicana en estos seis años. Corrupción y violencia nos satura día a día con noticias sobre matanzas, extorsiones, secuestros y robos.

La historia muestra que el presidente Gustavo Díaz Ordaz, que gobernó el sexenio 1964-1970, no es recordado por haber propuesto en 1967 el Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe, conocido como el Tratado de Tlatelolco, que fue la plataforma para que  el mexicano Alfonso García Robles ganara el Premio Nobel de la Paz, en 1982.

Díaz Ordaz tampoco es recordado por haber sido el precursor en 1967 del Sistema de Transporte Colectivo Metro en la ahora Ciudad de México, que actualmente tiene 203 kilómetros, en 11 líneas y transporta diariamente a 4.2 millones de personas, es más, ni en la historia oficial del Metro lo mencionan. Y mucho menos es evocado por haber construido en su sexenio 107 presas.

Gustavo Díaz Ordaz es conocido porque el 2 de octubre de 1968, en la Plaza de las Tres Culturas, un grupo paramilitar llamado Olimpia disparó indiscriminadamente en contra de una manifestación de estudiantes.

La candidatura de Enrique Peña Nieto será analizada por los futuros historiadores como un producto de la mercadotecnia política  lenta y cuidadosamente construida, no sólo en el campo mediático –por medio de una presencia casi constante en los medios y  por el conveniente matrimonio con la actriz  Angélica Rivera,  y en  alianza con los nuevos gobernadores priistas, cuyas campañas Peña Nieto contribuyó a financiar.

Un dato es revelador del clima de malestar social que hay en el país: de los 32 gobernadores que han administrado el país a la par del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, 22 son priistas. Estos gobernadores desviaron alrededor de 258 mil 829 millones 185 mil pesos de los recursos públicos, de acuerdo con denuncias penales y resultados de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Hasta el momento, sólo cinco de ellos han sido detenidos o tienen orden de aprehensión y cuatro han sido denunciados ante la Procuraduría General de la República (PGR). De mayor a menor monto desviado, según lo que se ha documentado, destaca la gestión del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez (2010-2016), buscado por la Interpol, y la del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa (2010-2016), recién detenido en Guatemala.

La apuesta por una victoria arrasadora

Hacia fines del 2011 el triunfo de Peña Nieto en las elecciones presidenciales era casi seguro, dado el degaste e ineficacia del gobierno panista, la debilidad de su candidata presidencial, Josefina Vázquez Mota, y la posible división de las fuerzas de izquierda ante dos candidaturas viables: la del entonces  jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, quien gozaba de una imagen de izquierda moderna, y la de Andrés Manuel López Obrador.

El equipo de Peña Nieto decidió apostar por una victoria arrasadora que le garantizara al PRI la mayoría absoluta en el Senado y la Cámara de Diputados, de tal forma que el nuevo presidente pudiese realizar todas las reformas que considerara pertinentes sin verse sometido a negociaciones costosas. El PRI desarrolló una impresionante campaña electoral durante la cual se realizó un gasto desorbitante que incluyó el financiamiento masivo y el apoyo logístico integral de los gobiernos estatales priistas. Los aparatos completos de gobierno se tornaron en operadores electorales con territorios y metas de votación claramente asignadas. La inversión realizada por esta vía es todavía incuantificable. La legislación electoral vigente en esos comicios carecía de las prescripciones necesarias para vigilar este tipo de gastos, y a la absoluta impunidad por la más completa ausencia de mecanismos de rendición de cuentas y a la complicidad de los congresos estatales y de sus respectivos órganos de auditoría.

Después de este inmenso gasto el PRI no alcanzó la mayoría parlamentaria en las elecciones de 2012, lo cual obligó a Peña Nieto a cambiar radicalmente su estrategia. Dado que sus promesas de campaña, centradas en grandes reformas económicas, exigían cambios constitucionales, el riesgo de veto por el PAN y/o por el PRD se actualizó y hacía temer el regreso a la situación de parálisis política que el propio Peña había propiciado en los últimos años al torpedear todas las iniciativas de Felipe Calderón. Era necesario imaginar otro método de gobernabilidad parlamentaria.

La decisión de López Obrador de construir su propio partido (Movimiento de Regeneración Nacional, Morena), al margen de su vieja coalición de izquierda, dejó suelto al PRD, al tiempo que el expresidente Calderón fracasó en su intento de controlar al PAN al término de su gobierno. Estos fueron factores favorables a la negociación entre el grupo de Peña Nieto y las dirigencias del PAN y el PRD. La agenda política resultante fue una especie de síntesis de un programa de gobierno, que implicaba la construcción de un presidencialismo de coalición, que aseguraría la aprobación de un amplio paquete de reformas legales, institucionales y de políticas públicas. La lista estaba conformada por casi 100 acuerdos de importancia diversa, pero sin duda ambiciosos, incluyendo las reformas faltantes del ciclo neoliberal (fiscal, energética, regulatoria), pero también una amplia gama de reformas del Estado necesarias para la consolidación de una democracia operativa (nuevo órgano anticorrupción, nueva reforma electoral, implementación de la reforma penal, empoderamiento del órgano garante de la transparencia cuyo contenido se sintetiza en  el  Pacto por México.

El pacto dejó de lado a los gobernadores y a todos los actores de la sociedad civil; fue un acuerdo sólo de la élite gubernamental y partidaria, totalmente a espaldas de la sociedad. Del lado del gobierno el cálculo fue que el éxito de las reformas compensaría sus costos simbólicos y sociales y le daría legitimidad post factum. Del lado de los dirigentes del PAN y del PRD, la apuesta fue que las reformas democráticas acordadas acotarían el poder del gobierno y abrirían las puertas a una competencia política más equilibrada, lo que legitimaría su decisión de pactar. Los resultados fueron en sentido inverso de lo esperado.

El retraso de la implementación del Pacto por México en 2013 llevó a que las reformas consideradas centrales para el gobierno –inversión privada en energía y regulación de los monopolios telefónico y televisivo– se desplazaran a la primera mitad del año 2014. Las reformas democráticas relevantes –órgano anticorrupción, nueva legislación en materia de trasparencia– fueron aprobadas en el primer tercio del 2015, y todavía se encuentran inconclusas. En 2014, se aprobó una reforma política centralizadora de los procesos electorales con nuevos candados al gasto.

Proyecto reformista con profundo sentido conservador

El gobierno de Enrique Peña Nieto impulsó un proyecto reformista con profundo sentido conservador. Su diagnóstico era que el capitalismo mexicano debería salir de su modelo estatal para tener viabilidad a largo plazo, sobre todo después de 30 años de estancamiento. Al final del sexenio 2012-2018  se observa que el proyecto de restauración del presidencialismo no es viable en ausencia de una verdadera  fuerza del Estado. Es la profunda degradación del Estado en todas sus instancias y niveles, pero especialmente en el ámbito local, lo que bloquea el desarrollo del país y lo coloca en una crisis de gobernabilidad en varios estados entre ellos: Michoacán, Tamaulipas y Guerrero. La ingobernabilidad se asocia al empoderamiento del crimen organizado y a la colonización de los gobiernos estatales y municipales por parte de fuerzas delincuenciales.

Los ejemplos abudan y los análisis coinciden en que la crisis de gobernabilidad inicia con la trágica desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas y el asesinato de otros seis en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014; con la ejecución extrajudicial de 16 personas en Apatzingán, Michoacán. A esta realidad se suma el estallido de escándalos de corrupción por colusión de intereses que desde octubre de 2014, no paran.

La masacre de Tlatlaya buscó ser ocultada y hasta la fecha todo el aparato de Estado trabaja para limitar los daños y borrar las huellas de la ejecución extrajudicial como política de Estado en la lucha contra el crimen organizado. La incapacidad para resolver el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala es tan solo la manifestación radical de las limitaciones del Estado mexicano, tanto en el terreno legal, institucional como político. 

La PGR queda como una dependencia al servicio del titular del Poder Ejecutivo y a la fecha no ha podido localizar los cuerpos de los estudiantes ni construir un caso creíble contra los culpables materiales e intelectuales del crimen de los 43 estudiantes desaparecidos. 

La gravedad de estas y otras muchas violaciones a los derechos humanos exigirá más temprano que tarde la creación de una Comisión de la Verdad que aclare la responsabilidad del Estado en estos crímenes y promueva la reparación del daño y el castigo a los responsables. En los escándalos de las casas del presidente Peña y de los entonces secretarios de Hacienda y Gobernación la única estrategia ha sido la negación de un patente conflicto de interés.

Todos estos factores señalan la precariedad del proyecto de restauración del presidencialismo impulsado por el régimen. Siguiendo el camino que marcó 25 años atrás el presidente Carlos  Salinas, se quiso, al mismo tiempo, modernizar la economía y preservar el régimen autoritario. Hoy como entonces, esa combinación fue imposible y llevó al fracaso el proyecto “modernizador” de Peña Nieto.