Política y seguridad nacional

Guillermo Buendía
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Para el maestro Gerardo Octavio Campos Herrera, del
CECYT 14 del IPN, por seguir apoyando a Julio en sus estudios.

La Ley de Seguridad Nacional debe atender la “integridad y estabilidad” del Estado mexicano a través de mantener el ordenamiento constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno, al poner en marcha acciones tendientes a preservar la “soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio” frente a las amenazas y riesgos internos como externos. Para ello se sirve del procesamiento analítico y estratégico de información.

Este planteamiento jurídico es crucial en torno a la sucesión presidencial: el cambio de gobierno previsto en la Constitución, la vía para fortalecer las instituciones democráticas de gobierno –expresión acabada de la democracia burguesa– y el evento político más relevante del régimen democrático para refrendar la recomposición cíclica de los intereses del capitalismo sin modificar en lo absoluto las relaciones de producción capitalista, es un asunto que ocupa el interés político de Estados Unidos porque la recomposición de intereses da lugar a la lucha de partidos y grupos políticos y de presión de clase y, sin duda alguna, incluye a la alta burocracia al servicio de los gobiernos emanados de los procesos electorales que, en 2000, posibilitaron la alternancia después de un largo y cruento proceso de transición.

Desde la perspectiva de los intereses trasnacionales es imprescindible la “asistencia técnica” del exterior para fortalecer las instituciones democráticas de gobierno de México, según la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos. En palabras llanas, la política mexicana requiere ser vigilada. La injerencia en la sucesión no es algo nuevo. Es un asunto de intrincados antecedentes históricos que, con el paso del tiempo, se conocen documentalmente. La intromisión no es un acto espontáneo del Departamento de Estado ni ocurrencia coyuntural del gobierno conservador estadunidense. Es una operación compleja de comités y comisiones del Senado, complementada por los departamentos de Estado, del Tesoro, Defensa, Pentágono y la Procuraduría General, e instrumentada por diversas agencias (Central de Inteligencia, Control de Drogas, el Servicio Secreto, Fronteriza y Aduanas) para mencionar algunas instancias gubernamentales de la seguridad del Estados Unidos. Ninguna operación encubierta o no es de última hora ni interrumpidos los servicios de inteligencia, sólo que durante el periodo sucesorio cobra mayor importancia la intromisión por las consideraciones de soberanía e independencia nacionales. La USAID estableció el Fondo de Elecciones y Procesos Políticos (EPP), en 2006, para “respaldar” procesos democráticos en 80 países. El 31 de enero pasado, tres senadores solicitaron al entonces secretario de Estado, Rex Tillerson “desempeñe un papel activo” técnico en México para evitar la injerencia “rusa”. Ahora, con Mike Pompeo, considerado un “halcón” de la política exterior y la CIA a cargo de Gina Haspel, se dan las condiciones políticas para un endurecimiento en las relaciones biliterales, donde la injerencia formará parte de operaciones encubiertas, por supuesto, muy a pesar de las declaraciones de una irresponsabilidad inaudita del vocero de la Presidencia de la República, Eduardo Sánchez, de negar ésta.

En lo interno, también se van conformando escenarios que “justifican” la injerencia. La simulación de la política permea la práctica partidista: consistente en aparentar un respeto hacia el ordenamiento constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno. Incluso, la lucha soterrada se pretende pasar ajena al conocimiento y control del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. La realidad no es así. La intervención presidencial en el proceso electoral supedita al orden jurídico de las instituciones y condiciona la participación de los partidos. La conducción electoral queda entonces en el plano político, fuera del ámbito meramente formal del INE, TEPJF y no se diga de la FEPADE de la PGR, principalmente. Por ello, los aparatos de seguridad del Estado mexicano, poseedores de información reservada, ¿la mantienen así para que nadie dañe el interés público o subvierta la ley? El manejo incorrecto de tal información va contra la “estabilidad” del Estado en periodos donde ésta es una prioridad y condición para evitar la injerencia extranjera en los asuntos internos de los mexicanos. Por ello se hacen necesarias dos distinciones básicas: el uso faccioso de la información “reservada” y el uso propagandístico de la información. Ambos con fines políticos específicos instrumentados desde los aparatos de inteligencia (Cisen dependiente de la Secretaría de Gobernación; SEIDO y FEPADE de la PGR; la UIF de la SHCP; y ahora las instancias de inteligencia del Ejército y de Marina): persecución y represalias políticas contra empresarios, dirigentes de partidos de oposición o no, intelectuales y activistas defensores de los derechos humanos, y por supuesto, candidatos presidenciales y para otros cargos de elección popular clave.

El primer caso, el uso faccioso, se ha montada contra Ricardo Anaya Cortés, por ser la verdadera candidatura a vencer por parte del PRI, dado los antecedentes de la alternancia de hace 18 años. El combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita es, sin duda, un aspecto crucial para la seguridad del Estado, más si se trata de un país, como México, productor y de tránsito de drogas hacia el mayor consumidor: Estados Unidos. El enredo inmobiliario en el que se ha encerrado al candidato panista se puede convertir en riesgo a la seguridad nacional si en el curso de las impugnaciones se revelan “secretos” de acuerdos como, por ejemplo, el que posibilitó el Pacto por México y pongan en riesgo los alcances de la privatización de la industria petrolera. En relación con la candidatura de Andrés Manuel López Obrador, el esquema para la alianza Juntos Haremos Historia será reproducir el escenario de “fraude electoral” por medio del cual se acotaría nuevamente el proceder y reacción postelectoral de Morena, de ahí la advertencia de quien suelte al tigre que lo amarre. Por otro lado, el uso propagandístico de información que va definiendo el discurso proselitista de los candidatos presidenciales, parte del desconocimiento que tiene la masa electoral sobre el origen y alcance reales de las declaraciones políticas. Cuando el candidato apartidista del PRI en alianza se lanza contra la corrupción, la postura responde más a mensajes de impacto inmediato que a una verdadera acción para erradicarla, más cuando fue recientemente secretario de Hacienda y Crédito Público y responsable, en última instancia, del funcionamiento de la Unidad de Inteligencia Financiera, encargada de investigar el desvío ilícito de recursos públicos.

Las presiones al proceso electoral están dirigidas fundamentalmente hacia los acuerdos concertados entre los principales candidatos presidenciales con los representantes e integrantes de los grandes negocios e intereses trasnacionales y locales. Y esto es de tomarse en consideración a partir del relevo en el Departamento de Estado. El señor Pompeo proveniente de la CIA –poderoso ejecutor de la política exterior estadunidense– será factor en la sucesión presidencial al instrumentar el “respaldo” técnico al proceso electoral de nuestro país.

Tanto en años recientes como hace días, las presiones contra México apuntan hacia la intromisión ininterrumpida. Así como la Comisión Bancaria del Senado “descubrió” que el HSBC lavaba dinero del narcotráfico mexicano y por tal motivo fue sancionado con el pago de 1,900 millones de dólares (MDD), también las medidas proteccionistas del presidente Trump, de aumentar los aranceles a las importaciones de acero y aluminio en 25 y 10 por ciento, respectivamente, por considerarlas una amenaza a la seguridad de su país –en el contexto de la revisión del TLCAN– condicionan no sólo la política macroeconómica mexicana (reducir la inflación de 6.77 al 3 por ciento para este año) sino al proceso sucesorio sobre el que se cierne una compleja red de intereses trasnacionales relacionados con la deuda externa, la balanza comercial y de pagos, la paridad monetaria y, sobre todo, la inversión extranjera directa en las industrias petrolera y minera de los dos “socios” comerciales. Al excluir a México de estas medidas, por el momento, y permanecer así dependerá de los nuevos términos “negociados” que se firmen al final de las reuniones de alto nivel para “arreglar” el déficit comercial estadunidense. En otro renglón donde los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña han puesto mayor atención –el fortalecimiento de las fuerzas armadas– también no ha escapado del interés de Estados Unidos. En 2016, el Comité de Asignaciones condicionó el 25 por ciento de la ayuda de las fuerzas armadas de México al desarrollo de las investigaciones de los sucesos de Tlatlaya e Iguala, y un año antes el Departamento de Estado recortó en 15 por ciento la ayuda de la Iniciativa Mérida por el mismo motivo (la cantidad fue de 5 MDD de los más de 2,000 MDD que ha invertido desde 2008.

La protección y expansión de los interese del imperio estadunidense tratan a la moral pública de los gobernantes de países subdesarrollados bajo su dominio como un asunto cuyo manejo es discrecional. En 1973, cuando los intereses de AT&T se vieron amenazados por el gobierno de Salvador Allende, promovió el golpe de Estado para entronar la dictadura militar de Augusto Pinochet. Argentina, Bolivia, Brasil, Perú, Uruguay, Panamá, El Salvador, Nicaragua y Guatemala no se salvaron de gobiernos militares respaldados por Estados Unidos, y por supuesto Colombia. Las juntas militares y gobiernos corruptos y autoritarios han sido o son la expresión acabada de garantizar la “estabilidad” social de América Latina que, en las cuatro últimas décadas del siglo XX, vio aparecer movimientos de liberación nacional e insurgentes que lucharon por establecer modelos económicos no todos iguales al cubano. El Tío Sam miró hacia otro lado ante las atrocidades militares. Por ello, ahora, la protección de la expansión del imperio no pasa por la moralidad de la clase política ni de la alta burocracia, sino tiene que ver más con los vínculos plutocráticos para mantener el orden establecido por la democracia burguesa, los cuales serán los indicadores esenciales para dar el respaldo técnico al proceso electoral de México. El poder del imperialismo no está en sí mismo en la diplomacia sino en la capacidad militar de dominio.

Allá por 1978 se publicó el libro Utopías mexicanas de Gastón García Cantú. En el texto titulado “Episodios del 47” el autor destaca la lección política de esa invasión: “a un país no sólo puede arrebatársele la mitad de su territorio, ocupar sus puertos, bombardear sus ciudades, desconocer la validez de los tratados de paz y esclavizar a los pobladores de las tierras ocupadas, sino también puede amenazarse su independencia en una guerra lenta contra la seguridad de su vida, sojuzgándolo económicamente, deformando sus costumbres, ganando para su causa la imaginación de los mexicanos, quienes adoptando la ideología y las tradiciones ajenas se vuelven, de hecho, enemigos de su propia patria; repitiéndole, con obstinación, que la amistad exige el olvido de las afrentas”.