Un modelo de desarrollo indefendible

José Luis Ortiz Santillán
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Algo que los candidatos a la Presidencia de la República no deberían olvidar es que durante más de 30 años los mexicanos han esperado ver los frutos de los sacrificios hechos para superar las crisis que han sacudido a México. Las crisis de los años 70, 80 y la del “error de diciembre” de 1994, implicaron enormes sacrificios para los mexicanos de todas las clases sociales; miles de empresas se fueron a la quiebra y millones de trabajadores perdieron sus puestos de trabajo e ingresos; los hogares vieron reducir sus ingresos, desparecer sus prestaciones sociales y deteriorar su nivel de vida, en medio de la hiperinflación, la devaluación del peso y la salida abrupta de los capitales. Desde entonces, los llamados a los sacrificios en función de un futuro próspero que nunca llegó, sólo provocaron enojo y frustración.

Las crisis que ha enfrentado México desde entonces, sólo han mostrado la fragilidad de su economía nacional y su vulnerabilidad por la dependencia del petróleo y de los mercados de Estados Unidos para sus exportaciones. Superar las crisis significó poner en marcha en nuestro país programas de ajuste del Fondo Monetario Internacional (FMI) para incentivar el ahorra y reducir el gato; luego sus programas de estabilización para incentivar la demanda, a cambio de préstamos pagados a elevadas tasas de interés, debido al riesgo.

En los años 70 y 80, el Banco Mundial (BM) y el FMI insistieron a México privatizar sus empresas públicas, abrir su economía y liberalizar sus mercados, los “Dragones asiáticos” se mostraban como ejemplo a seguir. La crisis de la deuda en 1982 marcó el inicio de las privatizaciones, de la apertura y liberalización de los mercados en México, fue esa la condición del FMI y del BM para ayudarle a salir de la crisis. Hoy el presidente Donald Trump ha cuestionado esa vía y se dispone a cerrar sus fronteras detrás de los aranceles y abandonar a su suerte a México.

Cuando en 1993 todo parecía que México ingresaría al primer mundo, luego de las reformas y la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la inestabilidad de la economía de nuevo arrasó con las esperanzas de millones de mexicanos. Quiebras de empresas, suicidios de empresarios, desempleo, incremento de la deuda pública con el Fobaproa, abusos de poder, tráficos de influencias, más corrupción y miseria, marcaron el inicio del TLCAN con la “crisis del error de diciembre”.

En realidad no existe un modelo económico defendible. Discrepo con quienes suponen que hay un modelo económico que defender en esta elecciones, pues de desde entonces México sólo ha sido administrado. México ha evolucionado sin cambios en su política económica en todos estos años, como si los programas de estabilización del FMI fueran el punto de equilibrio del país, cuya economía sigue siendo dirigida por los objetivos de inflación del Banco de México, dibujando un equilibrio macroeconómico basado en la pobreza y en un clientelismo electoral en ella por las dadivas del gobierno. El propio presidente Enrique Peña Nieto y sus asesores, asumieron esta crítica que yo he hecho en mis columnas, planteando que el país había sido administrado hasta antes de 2013 y se requerían reformas para hacerlo crecer a tasas superiores al 5%.

Las reformas fueron aprobadas en 2013, pero ellas sólo sirvieron para liberalizar las actividades económicas que, como el petróleo, la energía y las telecomunicaciones, aún estaban cerradas a la economía de mercado, a la inversión extranjera y a la competencia; pero nunca para detonar el crecimiento económico, cuya mediocridad no ha superado el 2.1%, en promedio anual, en el sexenio, el mismo que en los dos anteriores sexenios.

Por una simple razón, porque el modelo económico sigue siendo el mismo, porque la estrategia de desarrollo, si la hubiera, sigue siendo la misma; en definitiva, porque se sigue administrando al país, bajo las mimas reglas que los años que siguieron la “crisis del error de diciembre” de 1994, bajo el mido de caminar solos y definir el rumbo de nuestro país, al margen de Estados Unidos. Por esa razón ha sido acertada la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, para liberar al país de esa tutela y obligar a la clase política a pensar en México y su propio potencial, para que aprenda a caminar solo, sin tutelas y sin temores.

No hay ningún modelo de país ni de economía que hayamos construido en estos años. La economía nacional se mueve bajo una economía de mercado imperfecta, donde el Estado como regulador está aprendiendo a realizar su trabajo, donde los monopolios se resisten a desaparecer y los oligopolios los vemos hacer de las suyas en muchas ramas de la economía, donde los ciudadanos pagan los precios pactados y la mala calidad de los servicios, como en el suministro de energía eléctrica, la televisión de paga o la telefonía, por ejemplo.

La disputa por el poder, el debate sobre el modelo de país o de economía, de los próximos meses, de cara a las elecciones del 1 de julio, no puede confundir a los ciudadanos. No hay ningún modelo de desarrollo hoy en México, no hay ninguna estrategia de desarrollo, que no sea la dependencia de los mercados de Estados Unidos para el 80% del total de las exportaciones mexicanas y para los millones de mexicanos expulsados de la economía formal del país, los cuales han encontrado en el país del norte la posibilidad de desarrollo que en el de origen se les negó.

Es la hora de México y los mexicanos, si el Instituto Nacional Electoral (INE) muestra que es neutral y ciudadano. Sí los ciudadanos en verdad tienen el control del INE y de las elecciones, llegarán al gobierno, a las dos Cámaras y al Ejecutivo, los ciudadanos que mejor representen sus sueños y sus intereses para transformar al país, porque seguir administrando a México en lugar de impulsar su crecimiento y desarrollo, podría despertar el enojo de millones de mexicanos hundidos en la pobreza, de millones de profesionales sin trabajo, de millones de mujeres sin oportunidades, de millones de jóvenes sin futuro. En estas elecciones no existe un modelo de desarrollo defendible, al menos que los más de 55 millones de pobres quieran seguir siéndolo en los próximos seis años.