Derechos humanos: La crisis que no existe

Luis Emiliano Gutiérrez Poucel
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Amnistía Internacional acaba de publicar su informe anual de 400 páginas que examina la situación en 2017 de los derechos humanos en 159 países, encontrando que la situación en el mundo de los derechos humanos se deterioró, y en México no solamente no mejoró, sino que sufrió un retroceso. La mayoría de los líderes mundiales mostraron poca preocupación por los derechos humanos, lo cual es alarmante porque la injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia en todas partes (Martin Luther King); a continuación, se destacan algunos de los principales hallazgos:

1. Donald Trump satanizó a los nacionales de varios países musulmanes prohibiéndoles la entrada a Estados Unidos.

2. China desató una ola de represión sin precedente contra los críticos al gobierno.

3. Las políticas de austeridad en Europa disminuyeron los servicios sociales de apoyo a los grupos vulnerables; los recortes a la salud y a los servicios sociales en el Reino Unido se ligaron a 120,000 fallecimientos.

4. El gobierno venezolano usó la violencia de Estado contra los opositores.

5. Los gobiernos europeos minimizaron el abuso a los refugiados concertando acuerdos con Libia y Turquía.

6. La represión del gobierno ruso contra prisioneros y grupos minoritarios, como los chechenos, aumentó fuertemente.

En cuanto a México, la situación de los derechos humanos sufrió un retroceso en el 2017, año que marcó récords de violencia en el país, presentándose más de 42 mil homicidios, 29 mil de los cuales fueron dolosos, o sea un asesinato cada 18 minutos, la mayor cifra de los últimos seis años. Semejantes cifras apuntan a una crisis humanitaria, manifestando la inhabilidad del Estado para brindar seguridad a sus habitantes, y su incapacidad de gobernar, puesto que la violencia debería ser exclusivo monopolio del Estado no del crimen organizado, ni de grupos al margen de la ley.

El informe destaca que la mala situación de los derechos humanos observada en años anteriores no solamente se mantuvo en el 2017 sino que empeoró. La impunidad por las violaciones a los derechos humanos, por las amenazas y ataques contra periodistas y activistas sociales, continuó. El hostigamiento, agresiones y homicidios a los periodistas se mantuvo en los mismos niveles que en años anteriores, 12 periodistas fueron asesinados sin que las autoridades presentaran avances significativos en sus investigaciones. La falta de resultados no solamente se puede atribuir a las deficientes investigaciones, sino despierta la sospecha de que en algunas instancias las propias autoridades están involucradas, y/o tratan de proteger a los responsables de los actos contra periodistas.

Las detenciones arbitrarias continuaron en el 2017, detenciones que derivaron en tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales; hechos en los cuales estuvieron implicados agentes estatales y no estatales, actos que se efectuaron con una impunidad casi absoluta. Al momento siguen sin esclarecer el paradero de 34,656 personas desaparecidas, desapariciones mal investigadas y plagadas de irregularidades dentro de las cuales destaca que las autoridades no inician de inmediato la búsqueda de las víctimas.

Se desprende de la lectura del informe que las autoridades mexicanas brillaron por su ineficacia e ineptitud al no poder resolver los cargos penales formulados en los casos de ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya, Apatzingán, Tanhuato, y del grave caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, o de las fosas encontradas con 400 personas desconocidas, los llamados “otros de Iguala”. La lista de horrores continúa creciendo con el descubrimiento reciente en Veracruz de 343 fosas clandestinas, reportándose 350 desaparecidos en tres años con tan sólo el 5% localizado.

Aquí, querido lector, tengo que contrastar la inefectividad de las autoridades mexicanas con la efectividad de las autoridades uruguayas. La banda mexicana denominada “de los mazos,” que ejecutó un robo millonario en un lujoso hotel de Punta del Este, fue –en cuestión de días– apresada y el botín recuperado. ¿Qué nos dice eso? Que existe una brecha brutal entre lo que México ha aprobado en reformas institucionales, leyes, normas… y el acceso a la justicia. Por un lado, nuestros tres poderes hablan, proponen y aprueban leyes y acciones de política pública, mientras que por el otro fracasan en la impartición de justicia.

La violencia contra las mujeres continuó, dos terceras partes de las mujeres mexicanas declararon que experimentaron violencia de género por lo menos una vez a lo largo de su vida. Aproximadamente el 43.5% de las mujeres sufrieron violencia de género a manos de sus parejas. Las investigaciones de la mayoría de los casos de abusos, violaciones, violencia y feminicidios fueron deficientes y los autores de estos actos gozaron de total impunidad. No hubo datos sobre feminicidios en el 2017, sin embargo, en el 2016 se reportaron 2,668 mujeres víctimas de homicidio, pero probablemente la cifra fue mayor debido a las deficientes investigaciones.

La situación de los derechos humanos en México durante el 2017 es una fotografía que se repite año con año; es un escenario crítico y desesperante en donde se continúa sin proteger los derechos humanos, principalmente por parte de las autoridades. El 2017 se distingue como uno de los años en donde se alcanzaron niveles críticos de impunidad. No se equivocan los diferentes organismos que han señalado, durante años de estar documentando el problema, el deterioro constante de los derechos humanos en nuestro país, tales como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional y Human Rights Watch.

La percepción de la corrupción en México continuó aumentando, ocupando el puesto 135 de 180 países que fueron examinados, donde Nueva Zelanda fue el mejor país y Somalia el peor, México se encontró entre Laos y Papúa Nueva Guinea. Éste índice clasifica la percepción de corrupción en el sector público. La escala va de cero a 100, donde cero es totalmente reprobado y 100 es un país sin corrupción. En el 2016 tuvimos una calificación de 30 puntos, o sea reprobamos, y en el 2017 volvimos a reprobar con una calificación aún más baja de 29 puntos. México no solamente no alcanzó los objetivos gubernamentales de acabar con la corrupción, sino que empeoró, comprobando una vez más que en política es más fácil prometer que cumplir y sostener.

México fue el país con la peor calificación entre los países de la OCDE y uno de los peores en América Latina y el Caribe, alcanzando el lugar 25, casi en la cola, de 30 países latinoamericanos y caribeños. De estos países, Uruguay se situó en el primer lugar como el país menos corrupto, y Venezuela en el lugar 30, como el más corrupto. Nosotros estuvimos por debajo de 24 países, entre ellos Honduras, Bolivia, Colombia, Brasil, Argentina, Chile y 18 más, o sea mucho más cerca de Venezuela que de Uruguay.

México ha estado viviendo una grave crisis en los derechos humanos de su población, crisis que las autoridades han intentado minimizar con un doble discurso de “escucho, pero no te creo”, gastando dos mil millones de pesos en publicidad para maquillar la imagen del país. En el 2017 las autoridades mexicanas desde el Presidente hasta el Senado desoyeron las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para revisar la Ley de Seguridad Interior. Un buen gobierno reconoce el problema, lo hace suyo y se aboca a resolverlo, no como sucede en nuestro país que el gobierno cuestiona al mensajero y los informes de los organismos internacionales, como Amnistía Internacional. No quiero ser pesimista, pero encuentro difícil que el Estado mexicano logre mejorar los derechos humanos por tener objetivos encontrados: los explícitos de gobernar en beneficio de la nación y los ocultos de proteger sus malos manejos en beneficio propio.

El caso Odebrecht pone de manifiesto estos objetivos encontrados, pues en el resto de América Latina, cuando se dieron a conocer las coimas y sobornos de esta compañía brasileña, las instituciones enjuiciaron y (en algunos casos) encarcelaron a los funcionarios responsables, mientras que en México la investigación se ha alargado sin encontrar culpables, destacando la vergonzante campaña para desprestigiar y destituir al fiscal de delitos electorales Santiago Nieto Castillo al informar que  el exdirector de Pemex lo había presionado para que declarara su inocencia por presuntos desvíos de Odebrecht al PRI.

No es difícil vaticinar que 2018 continuará tan mal o peor que 2017, pues nada ha cambiado y es un año electoral. Esto me recuerda una frase que más o menos dice: “El poder ejercido por medios culposos y apoyado en mentiras nunca podrá ejercerse con buenos propósitos. Así es querido lector, creo que la corrupción e impunidad continuarán en México mientras que los que ejercen el poder sean corruptos y los principales beneficiarios de la impunidad.