La candidatura presidencial y la seguridad nacional

Guillermo Buendía
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Para el maestro Fernando Leyva, del CECYT 14 del IPN, por su generosidad.

La importancia de la candidatura presidencial de los principales partidos –aliados éstos con otros partidos satélites que conforman una artificiosa pluralidad representativa–, radica esencialmente en los acuerdos cupulares privados o incluso secretos que se vayan concretando en ésta entre los diversos sectores económicos y políticos, locales y extranjeros, cuyos intereses requieran la certidumbre de que con el relevo sexenal del Ejecutivo federal y del Congreso de la Unión no sean afectados por causas derivadas de conflictos postelectorales, cambios en la política económica, monetaria o impositiva, reformas constitucionales o de las leyes secundarias que modifiquen esquemas de inversión, procedimientos de licitación o contratación, o reviertan la privatización de la industria petrolera ahora con el “descubrimiento” de enormes yacimientos petrolíferos a disposición de las trasnacionales.

En esta coyuntura, el tema de la revisión del TLCAN presionará a los candidatos a manifestar una postura indicativa de la orientación que darían sobre el manejo de las relaciones bilaterales de México con el gobierno ultraconservador de Estados Unidos. Y estos aspectos que subyacen como asunto crucial de las candidaturas en términos de preservar la estabilidad e integridad del Estado mexicano durante el proceso electoral –en todas las etapas– y fundamentalmente cuando se constituya el nuevo gobierno, se traduce en un problema se seguridad nacional si agencias de inteligencia extranjera, respondiendo al interés que representan sus países por intervenir en el curso de la sucesión presidencial, hallan el “pretexto” a modo (detección de financiamiento proveniente del narcotráfico en alguna candidatura o la injerencia “rusa” u otro gobierno no grato).

Así, las candidaturas de los partidos Revolucionario Institucional, Movimiento Regeneración Nacional y Acción Nacional estarán inmersas en esta problemática que va más allá de las formas públicas de conducirse políticamente los candidatos en la lucha por conservar o ascender al poder. Y por los antecedentes electorales del año pasado, principalmente en el estado de México, el proceso electoral apunta a ser en extremo vigilado y exhibido. La secrecía no estará en la estrategia del manejo de imagen en los medios de los actos proselitistas –ni imaginarlos de masas, ya que éstos cada vez son menos– sino en las “reuniones” privadas de los candidatos de las que nada o poco se sabrá, o lo que los “expertos” en comunicación determinen “informar” a modo del discurso o lemas de campaña; o las filtraciones de información –que implican actos de espionaje, incluso institucional– útil en la guerra sucia.

Reuniones de trabajo y cabildeo ocupan un lugar prioritario en la agenda de actividades de los candidatos presidenciales. Con el carácter de “privado” pasa a ser “reservado” –eufemismo de secreto– el contenido de los acuerdos contraídos con los dirigentes de los grupos empresariales cuyos intereses, al estar integrados a procesos productivos, acuerdos comerciales u operaciones financieras “globales”, demandan certeza en la continuidad de los términos pactados con funcionarios de la administración saliente; a la vez que compromete a los ahora candidatos a cumplir, una vez que alguno asuma el gobierno, con políticas públicas a modo de los grandes negocios trasnacionales. Y precisamente es aquí donde los riesgos políticos del proceso electoral se convierten en asunto de seguridad nacional, por los efectos desestabilizadores que encierran, si durante este periodo los ordenamientos legales no son respetados y éste es dominado por una abierta confrontación de violencia política que provoque un vacío de gobernabilidad previo a la trasmisión de poderes constitucionales. La campaña de miedo instrumentada por el PRI, La guerra sucia, las represalias y persecuciones son riesgos a la capacidad institucional de las autoridades electoral y judicial. Sin embargo, los atentados y asesinatos –inadmisibles como reprobables– contra militantes y candidatos podrían alcanzar situaciones críticas para la seguridad del Estado, vulnerado ya por la recomposición del narcotráfico, fundamentalmente. Y al referirse a la recomposición sin duda alguna van implícitos los nexos de estas organizaciones criminales con los círculos políticos de los tres niveles de gobierno. El relevo de la clase política, producto de esta elección, repercutirá en la correlación de fuerzas de los grupos vinculados con el narcotráfico, desde aspectos como el control de la producción y tránsito de drogas, tráfico de armas, protección policiaca y militar y, por supuesto, seguridad en las operaciones de lavado de dinero.

Las derrotas sucesivas del PRI (con Francisco Labastida Ochoa y Roberto Madrazo Pintado) en 2000 y 2006, fueron en el plano electoral no de gobierno. Es decir, las prácticas políticas útiles por siete décadas demostraron un agotamiento total para la permanencia en el poder. Las trapacerías priistas cada vez –hasta ese entonces– resultaron ser inaceptables frente al desarrollo de la “democracia mexicana”. Sin embargo, el retorno del PRI, en 2012, hizo ver claramente que en las elecciones del estado de México y otros estados, el priismo volvió a las añejas prácticas de coacción del voto como en sus mejores tiempos para “imponer” gobiernos en poder de los grupos oligárquicos extremadamente poderosos. Por ello, la alternancia fue electoral. El PRI retuvo durante esos 12 años, en otras esferas de la estructura del Estado, un gran control político como “oposición” y acotó los márgenes de “gobernabilidad democrática” cuando el PAN gobernó desde Los Pinos. Este retorno implicó un autoritarismo del gobierno del presidente Peña Nieto con el fin de alcanzar los acuerdos necesarios para “implantar” las “reformas estructurales” privatizadoras de la industria petrolera, así como el manejo del entramado político que está condicionando el rumbo de las elecciones de este año.

Al tomar en cuenta las presiones que ejercen los intereses del imperialismo estadunidense con el único propósito de seguir manteniendo a México bajo el dominio económico, la sucesión presidencial –desde su perspectiva– es un evento prioritario en la relación bilateral, de la que dan seguimiento los más importantes medios de Estados Unidos. El “traspatio” forma parte de la geopolítica y seguridad de este país. Sin embargo, ¿hasta qué punto se amenaza la seguridad nacional de nuestro país con la revelación de informes “reservados”, o cuando solamente el “daño” es para los intereses políticos de la alta burocracia mexicana involucrada en sobornos, enriquecimiento ilícito o inexplicable con afectación de la hacienda pública, fraudes, cohecho o por sus nexos con los cárteles de las drogas u otras formas criminales?

La sucesión presidencial es un complejo proceso que la ley trata de mantenerlo bajo control a través de las distintas instituciones (INE, TEPJF y la FEPADE de la PGR). No inicia en los tiempos que regula la normatividad ni transcurre por el entramado institucional. Es más complejo. Concurren partidos políticos, organismos del sector privado nacionales y extranjeros, la Iglesia católica y cofradías subvencionadas de extrema derecha, los aparatos de seguridad del Estado, organizaciones criminales y, por supuesto, grupos empresariales de medios. Todos interesados en la continuidad del “orden establecido”.