Rezagos y avances en libertad de expresión

Pablo Cabañas Díaz
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La implementación del índice de libros prohibidos por la Inquisición española marcó un importante apartado en el control del conocimiento y el pensamiento que por medio de los libros podía ser introducido y/o publicado y vendido en toda la jurisdicción del imperio español entre 1571-1810.

Esta institución, además de estar ligada al campo religioso, donde surgió, encontró un lugar preponderante en el campo político, cuyo brazo de acción le permitió a la Corona española un control riguroso de la fe en sus territorios.

La principal función del Santo Oficio era la defensa de la fe, la herejía fue una clara oposición a la fe y la moral cristianas. En el caso de la religión católica un hereje era alguien que defendía posiciones contrarias a la fe cristiana y a la Iglesia. Se llamó Inquisición por la figura del juez, quien era el agente principal, y que además de investigar, inquiere sobre la presencia de la herejías.

La Inquisición asumió la tarea de publicar en España los primeros edictos e índices prohibitorios y expurgatorios.

Los instrumentos de la prohibición de libros durante este periodo fueron los edictos prohibitorios y los índices de libros prohibidos.

Los grandes escritores españoles del Siglo de Oro no tuvieron que padecer muchas restricciones en su libertad de expresión: fue censurada una frase del Quijote; se expurgó cierto número de obras de Quevedo, quien se apresuró a no reconocer como suyas, a pesar de su indudable autenticidad, las obras que incurrían en una prohibición total. En cuanto a La Celestina, o Tragicomedia de Calixto y Melibea, publicada en 1499 por Francisco de Rojas, y varias veces denunciada al Santo Oficio por su carácter inmoral y por la procacidad de su estilo, no sufrió más que algunas tachaduras, y sólo en 1793… caerá bajo una prohibición total de la Inquisición. Dos hechos intervienen, en la primera mitad del siglo XVIII, para modificar la situación del Santo Oficio, tanto ante el gobierno como ante la opinión: el establecimiento de los Borbones en el trono de España, y la influencia cada vez mayor de los jesuitas en la Inquisición, muy especialmente en lo relativo a la censura de libros.

Las diversas categorías de obras condenables se hallan enumeradas en las dieciséis reglas que, a partir de 1640, figuran en los Índices españoles. Se las puede encuadrar en cinco grupos:

1º. Obras contrarias a la fe católica romana, escritas por los heresiarcas u otros herejes, cuando tratan de cuestiones de fe; textos de Sagrada Escritura y obras de controversia, en lengua vulgar (reglas I, II, III, IV, V, VI y XIV).

2º. Obras de nigromancia, astrología, o que fomentan la superstición. Los horóscopos son tolerados en la medida en que “enseñan a sospechar o conjeturar las inclinaciones, calidades, complexiones corporales de cada uno”, sin tratar de prever sus acciones futuras. Se prohíben igualmente las imágenes, medallas y objetos diversos, así como las oraciones y plegarias a las que se atribuye un valor taumatúrgico (reglas VIII y IX in fine).

3º. Las obras “que tratan, cuentan y enseñan cosas de propósito lascivas, de amores y otras cualesquiera, como dañosas a las buenas costumbres de la Iglesia cristiana, aunque no se mezclen en ellas herejías y errores: mandando que los que las tuvieren sean castigados por los inquisidores severamente” (regla VII). Las pinturas, esculturas y toda clase de representaciones deshonestas caen bajo la misma prohibición, y queda prohibido realizarlas o introducirlas en el reino (regla XI).

4º. Las obras publicadas sin nombre del autor ni del impresor y sin lugar ni fecha de la edición. Esta regla se halla con todo suavizada por la condición de que, si bien esta categoría de libros se considera a priori como sospechosa y debe ser sometida a control, la prohibición no alcanza más que a las obras “de mala doctrina” (regla X).

5º. Las obras o fragmentos de obra que atentan contra la buena reputación del prójimo, y especialmente las que atacan a las personas eclesiásticas, órdenes religiosas y príncipes temporales, así como aquellas cuyas proposiciones van “contra la libertad, inmunidad y jurisdicción eclesiástica” y favorecen la tiranía, justificándola por la razón de Estado (regla XVI) (Defourneaux, 1973: 50-51). De todas formas todos los libros que circulaban por nuestro país podían ser objeto de la censura inquisitorial, hubieran sido impresos aquí o en el extranjero.

La Inquisición concluye sus funciones en 1820 y la libertad de prensa fue garantizada en la Constitución de 1857; pero en 1870 se aprobó la Ley de Imprenta, que castigaba los “abusos” de escritos “injuriosos, subversivos, sediciosos e inmorales”; que pretendieran trastornar el orden público, incitar a la desobediencia de las leyes o imputaran a los gobernantes defectos falsos u ofensivos.

La ley señalaba que las penas serían económicas; pero en la realidad iban desde la clausura del diario hasta el encarcelamiento del autor, del prensista, el tipógrafo, el cajista, los dobladores e, incluso, de los niños papeleros y a veces hasta la incautación de la imprenta.

A los periodistas más “peligrosos” o reincidentes se les enviaba a las tinajas de San Juan de Ulúa; quienes tenían más suerte eran exiliados.

II

La Constitución de 1857, en su artículo 7 de la Sección I De los derechos del hombre (ausentes en la Constitución de 1824), instituyó: “Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquiera materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. Los delitos de imprenta serán juzgados por un jurado que califique al hecho y por otro que aplique la ley y designe la pena. 

Por primera vez, el artículo 6 estableció que “La manifestación de las ideas no puede ser objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque la moral, los derechos de terceros, provoqué á algún crimen o delito (sic), o perturbe el orden público”. El texto de 1917 no cambió en nada el sentido de su predecesor y prácticamente hasta 2007 se mantuvo sin alteración.

El tema de la libertad de expresión fue una asignatura pendiente a lo largo de 1980 al 2000. ¿Qué razones explican el estancamiento de la legislación en la materia? Desde luego, una razón podría ser la reticencia del viejo sistema político por liberar el sistema de comunicaciones que también involucraba, directa o indirectamente a los concesionarios de los medios; pero otra razón estriba en que las fuerzas políticas de oposición, lo mismo que el Partido Revolucionario Institucional, centraron sus baterías en el ámbito operativo del sistema representativo, esto es, en garantizar la libertad de opinión en el marco de los procesos electorales, rubro en el que sí se gestaron diferentes cambios desde la reforma política de 1977 hasta la reforma del 4 de noviembre de 2015, con la Ley reglamentaria del sexto constitucional.

El prolongado rezago no deja de ser paradójico en nuestra legislación, si consideramos el desarrollo del derecho internacional en la materia. Por ejemplo, el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, el de difundirlas sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. 

En el mismo sentido, la Declaración de Principios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconoce el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos como el marco legal de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en el entendido de que dicho artículo establece que: Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento de su elección.

Pero el principio 9 condensa varios de los postulados fundamentales del derecho internacional en materia de derechos humanos: El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, violan (sic) los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada. El 12 va mucho más allá al poner el foco de la atención en la necesidad de que los Estados regulen el actuar de los actores responsables de comunicar las ideas y las expresiones diversas: Los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos… 

En la misma tónica, en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de 1950, el artículo 10 precisa que: “Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir y de comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencias de autoridades públicas y sin consideración de fronteras. El presente artículo no impide que los Estados sometan a las empresas de radiodifusión, de cinematografía, o de televisión a un régimen de autorización previa”.

Otro tema en el debate en torno a la libertad de expresión y que hoy nos lacera  es el de los asesinatos de periodistas, como resultado de la llamada guerra contra el narcotráfico, especialmente al nivel de los estados y municipios. La violencia contra el periodismo crítico alcanza tal intensidad que, en no pocos casos, diferentes instalaciones fueron violentadas, periodistas y familiares amenazados o asesinados. De igual forma es la violación sistemática a los derechos humanos de indígenas, defensores de derechos humanos, activistas o líderes de comunidades que han sido asesinados, torturados o desaparecidos. 

III

México avanzó con la reforma en derechos humanos de 2011, cuando el derecho constitucional de las personas a la libertad de opinión es reconocido como un derecho humano (conocido como derecho pro persona), luego de la modificación del artículo primero al establecer: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones (…) o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

Pero este avance no ha sido suficiente, razón por la cual, el 11 de junio de 2013 se reformaron los artículos 6 y 7 constitucionales, con lo se buscó garantizar ampliamente este derecho y delimitar mejor los márgenes de acción de autoridades y medios frente al ejercicio de esta libertad, por parte de los ciudadanos y personas en general. Ello, precisamente, como resultado de las recomendaciones de los organismos nacionales e internacionales y en el sentido de los avances en el derecho internacional que, desde aquella reforma de 2011, coloca a los tratados incluso por encima de nuestro orden constitucional y legal en materia de derechos humanos. 

Del mismo modo, luego de ocho años de espera, el 4 de noviembre 2015 se promulgó la Ley Reglamentaria del artículo sexto de la Constitución Política en materia de derecho de réplica con el objetivo de consolidar la reforma constitucional que había quedado en vilo. La semana pasada la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el plazo de cinco días hábiles que establece la Ley de derecho de réplica y estableció que quien quiera ejercerlo deberá probar la existencia de la información a corregir.

Una paradoja es que los cambios recientes en materia de libertad de expresión han buscado dar certeza y garantías al ejercicio periodístico, pero también al respeto de la libertad de expresión, tanto en contextos electorales como no electorales. En el tema de la libertad de expresión, no hay duda de que jamás se emprendió un esfuerzo tan importante, probablemente desde 1857, como el que han significado las reformas en derechos humanos, a partir de 2011. A la par los riesgos para ejercer la libertad de expresión en nuestros días: las amenazas del crimen organizado; la falta de control y protocolos de actuación del Ejército y cuerpos policiales; falta de coordinación de autoridades federales y locales; y falta de precisión en la Ley del derecho de réplica ha convertido a la libertad de expresión en México en un discurso para justificar los últimos 32 años de violencia contra los periodistas. 

México se sitúa en uno de los puestos más bajos en cuanto a la libertad de prensa, según Reporteros Sin Fronteras (RSF). Santiago Gallur Santorum, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en un trabajo que maneja una extensa base de datos sobre violencia contra periodistas, concluye que las agresiones contra los periodistas se resumen en una disminución de la calidad informativa y un sesgo evidente en los contenidos que afecta a la “realidad” que se presenta a la audiencia. La censura va directamente vinculada a la autocensura, que es el peor de los “silencios” ya que lo promueve el propio periodista. En el sexenio de Enrique Peña Nieto se ha significado por la estructuración paulatina de una política que busca inhibir, limitar y restringir los flujos de información”. 

La publicidad oficial se ha convertido en una de las principales herramientas de control de las autoridades para censurar e inhibir el flujo de información. “La censura se alimenta de un sistema económico del que tanto gobierno como medios de comunicación son cómplices. Una relación perversa en la que la información está supeditada al dinero público que entra y sale de los bolsillos de los medios”. En sus primeros cuatro años, de 2013 a 2016, la administración de Enrique Peña Nieto ha gastado 36 mil 261 millones de pesos en publicidad oficial, un 71% más de lo que le aprobó el Congreso, de acuerdo con un estudio de Fundar. Esa cifra representa un gasto de 24.8 millones de pesos por día, o un millón de pesos por hora, para difusión en medios. En el periodo señalado, la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto de 21 mil 99 millones de pesos para publicidad oficial, pero el gobierno de Peña Nieto rebasó esa cifra por un monto de 15 mil 161 millones de pesos. El 25 de diciembre de 2017, el New York Times publicó en primera plana un reportaje sobre la influencia de la publicidad gubernamental mexicana en la cobertura mediática. 

México, gastó  casi 2,000 millones de dólares en los últimos cinco años, según datos del gobierno recopilados por Fundar, un centro de análisis de transparencia. Esa organización reveló que la Presidencia de la República gastó más del doble del generoso presupuesto de medios que los legisladores mexicanos le aprobaron para 2016.

El resultado es un panorama mediático en el que los funcionarios federales y estatales dictan las noticias de forma rutinaria, exigiéndole a los medios qué es lo que deberían y lo que no deberían informar, según docenas de entrevistas con ejecutivos, editores y periodistas. Los reportajes contundentes a menudo son suavizados o se posponen indefinidamente, si es que llegan a publicarse.

La publicidad oficial se ha convertido en una de las principales herramienta de control de las autoridades para censurar e inhibir el flujo de información.

“La censura se alimenta de un sistema económico del que tanto gobierno como medios de comunicación son cómplices. Una relación perversa en que la información está supeditada al dinero público que entra y sale de los bolsillos de los medios”.

Articulo 19 denuncia que la publicidad oficial es “la caja chica” de los gobiernos para presionar a los medios de comunicación y fijar líneas editoriales. Se invierten montos millonarios que se ejercen de manera arbitraria e indiscriminada para generar una forma de censura sutil e indirecta.

Sólo hay una nación en el mundo donde se registraron más asesinatos de periodistas durante el último año: Siria, país que se desangra desde 2012 por una guerra civil y donde 12 informadores fueron asesinados en el mismo periodo. En la clasificación mundial de la libertad de prensa que elabora RSF, México se ubica en el puesto 147 sobre un total de 180 países. 

Respecto a América Latina, el último informe de RSF destaca los avances registrados en Colombia gracias al proceso de paz y también detecta leves mejorías en Bolivia y Paraguay. Sin embargo, México se sitúa a la cola en la región, por detrás incluso de Venezuela y de países centroamericanos como El Salvador, Honduras, Guatemala o Nicaragua, donde también se registran altas tasas de criminalidad.