Sistema de pensiones inexistente

Miguel Ángel Ferrer / Economía y política
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Recientemente el capitoste de la Consar (Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro) declaró públicamente que los montos de las pensiones de retiro son insuficientes para una vida digna. El propio Carlos Ramírez Fuentes le puso guarismos al asunto. Esos montos, en general, sólo llegan a 2 mil pesos mensuales (100 dólares estadunidenses).

De modo que, en buena lógica formal, se puede hablar de la inexistencia de las pensiones. Porque 2 mil pesos al mes y nada viene a ser casi lo mismo. Y, consecuentemente, el pensionista, generalmente un anciano, se encuentra obligado a buscar alguna otra forma de solventar los gastos de la vida diaria: alimentos, vivienda y salud. Y la situación casi no varía si el anciano recibe esa pensión de 2 mil pesos al mes o si carece de ella.

Estos hechos irrebatibles documentan sobradamente el fracaso de la política social de protección y cuidado de las personas de edad avanzada y que, por ello, ya no pueden ganarse por sí mismos el sustento. Se puede decir, sin forzar los términos, que el Estado dejó de cumplir con su obligación de velar por el bienestar de un sector muy vulnerable de la población mexicana el que, adicionalmente, es cada día más numeroso.

Ese abandono del deber tiene fecha de nacimiento: 1997. Fue en este año cuando el sistema de pensiones pasó de su carácter solidario, en el que los trabajadores en activo financiaban las pensiones de sus antecesores en el aparato productivo, a un sistema individualista en que el trabajador en activo debe ahorrar una parte de su salario para poder asignarse a sí mismo una pensión de retiro. Del encomiable lema “uno para todos y todos para uno”, se transitó al mezquino “que cada quien se rasque con sus propias uñas”.

Habrá quien diga, desde luego, que en el anterior sistema solidario de pensiones el trabajador en activo contribuía a la formación de un fondo general de retiro. Sí, pero el Estado era el garante del pago de las pensiones, cosa que ya no existe.

Así que vale la pena repetirlo: un sistema de pensiones miserables que no alcanzan para una vida digna no es propiamente un sistema de pensiones. Un sistema de pensiones que son producto exclusivo del ahorro del trabajador y sobre el cual éste no tiene ningún control no es propiamente un sistema de pensiones. Y un sistema de pensiones sin la presencia activa del Estado como garante del pago de las pensiones no es propiamente un sistema de pensiones.

Se puede, en consecuencia, preguntar legítimamente: si el sistema de pensiones no sirve para garantizar una pensión que permita una vida digna, ¿para que se creó, para qué sirve? Y la respuesta es muy sencilla y está a la vista.

Se creó para sustraer del bolsillo de millones de personas inmensos recursos monetarios que la alta burocracia puede utilizar discrecionalmente y sin rendir cuentas a nadie. Y menos a sus legítimos dueños. Una modalidad legalizada de jineteo del dinero ajeno. O de robo si, como se sospecha fundadamente, una gran parte de ese dinero jamás ha de reintegrarse al ahorrador, ya por fallecimiento de éste, por burocratismo exacerbado, por tortuguismo, por inversiones tóxicas o fraudulentas o por manejo malévolo, con fines de estafa, de las bases de datos de los fondos individuales de retiro.

 

Afores, las clásicas empresas buitre

Miguel Ángel Ferrer / Economía y política
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Cada día que pasa es mayor la proporción de ancianos en México. Según algunos criterios sociodemográficos, son ancianos las personas mayores de 60 años. Pero otros criterios, como la edad internacional de jubilación  ubican  la ancianidad a partir de los 65 años.

Esa mayor proporción de viejos en la estructura poblacional tiene una causa fundamental: el avance científico y tecnológico, sobre todo en las áreas médicas, que ha conducido a una severa caída en la natalidad y a un aumento muy considerable en la esperanza de vida. La combinación de ambos fenómenos ha generado menos población infantil y juvenil y mayor población de ancianos.

Si hace 50 años el problema demográfico central era el exceso relativo de niños, ahora ese problema central es el exceso relativo de viejos. A unos y a otros hay que proveerlos, sin contraprestación alguna, de diversos satisfactores imprescindibles para la vida: alimentos, medicinas, servicios hospitalarios.

Pero, en general, a los infantes los proveen de esos satisfactores sus padres, mientras que, aunque la ley lo establece, es muy difícil y extraño que los hijos provean a sus padres ancianos de esos bienes y servicios.

De modo que, también en general, la ancianidad es la edad del desamparo. Para sobrevivir el viejo no tiene más recursos, cuando los tiene, que una muy pequeña pensión. Según la siniestra Consar (Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro) esa ínfima pensión sólo llega a los 2 mil pesos mensuales. En el caso de los ancianos de la Ciudad de México, a esos 2 mil pesos (cuando los hay) se suman los mil pesos que aporta a cada anciano mayor de 68 años el gobierno de la urbe.

Ante esta dolorosa realidad que los ahora jóvenes van a vivir tarde o temprano, es necesario acudir al expediente del ahorro. Porque, como dice el refrán español, “el que come y deja, dos veces pone la mesa”.

Este ahorro puede consistir en dinero o en una o más propiedades inmobiliarias: una casa, un departamento o un terreno que, en caso de necesidad, pueda venderse y que con el producto de la venta pueda vivir el anciano los últimos años de su existencia. En el ahorro, pues, está la clave de una vejez sin carencias y sin angustias.

En México, para el caso de los trabajadores tal ahorro puede ser voluntario o forzoso. La ley establece un mecanismo para esta última situación: el Sistema de Ahorro para el Retiro. Los ahorros del trabajador se depositan en una empresa privada llamada Administradora de Fondos para el Retiro (Afore). Teóricamente esta Afore guarda el dinero del ahorrador y puede invertirlo a fin de que esos recursos tengan un rendimiento que incremente el monto de lo ahorrado.

También teóricamente, ese dinero se le entregará al trabajador cuando cumpla 65 años: los ya dichos 2 mil pesillos mensuales. Pero un mínimo de sensatez aconsejaría no incrementar ese ahorro forzoso con ahorros voluntarios. 

Ciertamente, el trabajador debe ahorrar lo más que pueda. Pero debe tener cuidado de no poner voluntariamente sus recursos en una cuenta afore sobre la que no ejerce ningún control. Nada ni nadie garantiza que al cabo de 40 o 50 años, si para entonces todavía existen o no han quebrado o no han huido, esas clásicas empresas buitre que son las Afores reintegren el dinero ahorrado a sus legítimos dueños.