El posible fin del TLCAN y los campesinos mexicanos

Yolanda Cristina Massieu Trigo
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En 2017 cumple 22 años la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras (ANEC), organización que busca comercialización justa para los pequeños y medianos productores de granos básicos ante los daños causados por el TLCAN, corolario de las políticas neoliberales salinistas, con las que el Estado mexicano abandonó su responsabilidad social hacia la alimentación y los campesinos. Desde 1994, cuando entra en vigor el tratado, los campesinos mexicanos son de los más perjudicados, y el levantamiento del EZLN, con oposición explícita al acuerdo comercial, fue una respuesta. A partir de 1995 se forma ANEC por organizaciones locales de productores de granos, quienes sufrieron la liquidación de Conasupo, Banrural y otras instituciones que, pese a la corrupción y el clientelismo, les daban apoyos para seguir produciendo. Empresas privadas, como Cargill y Maseca, se encargan ahora de la comercialización de granos, con criterios de rentabilidad y ninguna consideración social. Los precios se fijan en la Bolsa de Chicago, mientras los productores campesinos son forzados a competir de manera desventajosa con los estadunidenses, que nos venden “baratos” los granos por los cuantiosos subsidios gubernamentales que reciben.

El ominoso resultado es un campo cada vez más vacío de hombres (y crecientemente mujeres) en edad productiva, tierras abandonadas e importaciones significativas de maíz, arroz, soya, carne y leche (entre otros alimentos) del vecino país. Recientemente se da la expansión y dominio de bandas del crimen organizado en muchos de los pueblos que antes producían alimentos, y hoy los campesinos huyen por la violencia de los criminales, mientras los cultivos ilícitos y los delitos aumentan.

Desde 1995 ANEC y otras organizaciones demandan excluir del tratado los alimentos básicos, especialmente maíz blanco y frijol. Se han movilizado de diversas maneras en el periodo de vigencia del tratado, como en el movimiento “El campo no aguanta más” durante el sexenio de Vicente Fox (quien firmó acuerdos que nunca cumplió), las movilizaciones de 2008 ante la liberalización total del maíz y el frijol, las de 2014 con tomas de casetas desde la frontera norte hasta la del sur, las luchas en defensa del territorio contra la minería y el fracking, las alianzas con redes y organizaciones urbanas y rurales, nacionales e internacionales. Cada logro de precios justos, insumos accesibles y acceso a los mercados ha costado largas jornadas de lucha.

Paradójicamente el presidente de Estados Unidos promueve una renegociación del tratado, aunque los productores estadunidenses de alimentos básicos hacen grandes negocios en México. Los empresarios agroexportadores mexicanos han logrado ventajas con espacios de controversias cuando se bloquean sus ventas de aguacate, fresa, papaya, jitomate y otras frutas y hortalizas (ante las que los productores estadunidenses piden protección al gobierno); el capítulo que quiere eliminar el gobierno estadunidense es el 19, que abre estos espacios. El equipo de Donald Trump no busca un acuerdo más justo, sino mayores ventajas para su país. Para las agroexportaciones mexicanas, la pretensión es que todas las negociaciones por dumping se hagan tomando en cuenta la cosecha y región de cada producto, en vez de toda la producción del país, los empresarios del Consejo Nacional Agropecuario consideran levantarse de la mesa de negociaciones antes que aceptar esto.

En la más reciente ronda realizada en México se concluyó con avances en siete capítulos de 30, aunque no se cerró ninguno, referentes a anticorrupción, telecomunicaciones, buenas prácticas regulatorias,  facilitación comercial, comercio electrónico, obstáculos técnicos al comercio, medidas sanitarias y fitosanitarias (que afectan a la agricultura). La importación de alimentos básicos de Estados Unidos-México sigue sin tratarse, y hay temas inaceptables para Canadá y los mexicanos, como las reglas de origen, la solución de controversias y la cláusula de terminación cada cinco años.

Hay posibilidad de continuar las operaciones comerciales sin el tratado, siguiendo las reglas de la OMC, y de buscar otros destinos de exportación. Propuesta tardía, pero mejor hoy que nunca, pues la mayor parte del comercio internacional de nuestro país se hace con Estados Unidos, con alta vulnerabilidad. En lo que se define si se termina o no el TLCAN, organizaciones campesinas como ANEC, y empresariales como el CNA, tendrán que seguir apostando a sus propias capacidades para defender al campo.