La sucesión presidencial y el conservadurismo

Guillermo Buendía
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La intervención del presidente en el proceso sucesorio fue determinantes antes de Ernesto Zedillo Ponce de León. El conocimiento puntual que poseía de las redes de intereses hechas por los integrantes clave del gabinete con empresarios y las fuerzas políticas que los representaban en el Congreso de la Unión, estados del país y organismos privados, gracias a la información política proporcionada por la entonces Dirección Federal de Seguridad y ahora el Cisen –para citar solamente los canales formales– además de mantener el control vertical sobre los operadores sectoriales del PRI con la finalidad de que los actos rituales del “destape” respondieran a la necesidad de que coincidieran con el orden constitucional de la democracia mexicana, la injerencia presidencial estaba dirigida a conservar la continuidad del ejercicio del poder. La convicción del poder absoluto fundamentó la presunción del control infalible del presidente en turno. Nada más alejado de los acontecimientos.

La designación de la candidatura presidencial por parte del “gran elector” fue la facultad metaconstitucional mediante la cual se buscaba que la sucesión no se convirtiera en un evento perturbador para el orden establecido. Y cuando se cita el “orden establecido” debe entenderse en varios sentidos. En lo económico: de ser afectada la inversión extrajera podría provocar la desestabilización interna (fuga de capitales, devaluaciones e inflación) y presiones externas (restructuración del pago de intereses de la deuda y contratación de nuevos créditos para financiar el déficit presupuestal); en lo social: el desempleo masivo impactaría momentáneamente la interrupción de los procesos productivos inmersos en la producción global de mercancías o manifestaciones sociales alterando la estabilidad de las clases y al final reprimidas, o por falta de control, el proselitismo en el periodo electoral haya convertido las expectativas en demandas sociales de mejores programas en salud y educación; y en lo político: la crisis postelectoral desembocando en violencia política, la cual no reconozca al nuevo gobierno, acote o impida las funciones esenciales de gobierno. Estos aspectos conjugados al mismo tiempo podrían incidir en retornar la “normalidad democrática” del orden establecido, en el corto plazo.

La sucesión de 1994 fue en extremo compleja. El “destape” tardío y en sí mismo éste de Luis Donaldo Colosio Murrieta produjo el rompimiento de Manuel Camacho Solís, regente del Departamento del Distrito Federal con el presidente Carlos Salinas: de la inconformidad abiertamente hostil hacia la decisión presidencial pasó a la desobediencia de dar reconocimiento y apoyo a la candidatura de Colosio. El nombramiento de secretario de Relaciones Exteriores persiguió la desmovilización inmediata de la fuerza política de Camacho, mas su regreso como comisionado de reconciliación, negociando la paz durante el periodo más crítico y cruento del alzamiento del EZLN, en Chiapas, ahondó las pugnas políticas dentro del PRI. El asesinato de Colosio, en Lomas Taurinas, Tijuana, no resolvió la crisis ya que otros actores, como Fernando Ortiz Arana, presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, maniobraron para sustituir al candidato presidencial muerto. En tanto, las reivindicaciones del subcomandante Marcos redimensionaban los alcances del TLCAN, y el obispo Samuel Ruiz García se erigía en la opción de la pastoral social por los pobres.

Tiempos convulsionados por los asesinatos políticos. En 1993, el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, acribillado en el aeropuerto de Guadalajara, Jalisco, representante del sector más conservador de la Iglesia católica de México, su muerte fue utilizada para presionar la sucesión desde el Vaticano: los informes sobre los vínculos de prominentes políticos con el narcotráfico entregados a Juan Pablo II, y las reuniones que tuvieron Benjamín y Ramón Arellano Félix los días primero de diciembre de 1993 y 16 del mes siguiente, con el nuncio Girolamo Prigione, en el Distrito Federal –protegido el contenido de estas entrevistas por el secreto de confesión aducido, e informado el presidente de la presencia de los narcotraficantes en el momento mismo de que éstas se realizaban, y que el procurador Carpizo justificó no haber realizado ningún operativo de la policía federal para capturarlos con el argumento de evitar una matazón–, quien días después fue recibido en Los Pinos por el presidente Salinas, cita a la que acudieron el secretario de Gobernación, Patrocinio González Garrido y el procurador Jorge Carpizo McGregor, la intromisión del clero en asuntos políticos considerados de seguridad nacional, se reflejó en el ascenso del PAN como fuerza política real con las candidaturas presidenciales de Diego Fernández de Cavallos, Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa; siendo los dos últimos elegidos titulares del Poder Ejecutivo para los periodos sexenales continuos de 2000 a 2012. O la conspiración que terminó con la vida de José Francisco Ruiz Massieu, quien iba ser coordinador de los diputados priistas, provocó un claro vacío de poder en el gobierno zedillistas que posibilitó la inclusión de operadores y políticos panistas en el gabinete. Poco antes de concluir el sexenio, la secretaria de Relaciones Exteriores, Rosario Green Macías, viajó a Roma para firmar un “concordato” en Castelgandolfo, residencia de descanso papal, habiendo pasado ocho años del reconocimiento de las iglesias y restablecida la relación con el Estado vaticano. Y por supuesto, las relaciones diplomáticas de México con éste, como otras estratégicas y prioritarias con otros estados y organismos mundiales, están sujetas a ser manejadas bajo los criterios previstos por la normatividad de la seguridad nacional, que incluye la clasificación de información de operaciones militares y asuntos diplomáticos.

Las relaciones Iglesia-Estado han dado lugar hasta nuestros días a pugnas cruentas o soterradas otras: lucha por imponer la hegemonía del poder, siempre terrenal, en última instancia. Revertir el orden constitucional del Estado laico ha sido el propósito presente del sinarquismo, de la democracia cristiana, de Provida, del MURO, de Los Tecos, El Yunque, de la Asociación de Abogados Católicos, del Opus Dei, Legionarios de Cristo y otros grupos de extrema derecha; de partidos políticos como Acción Nacional o Demócrata Mexicano que, junto con personajes como Ernesto Corripio Ahumada, Norberto Rivera Carrera, Onésimo Cepeda Silva, Juan Sandoval Íñiguez, Emilio Berlié –de obispo de Tijuana pasó al arzobispado de Mérida cuando se destapó el escándalo de las entrevistas de los Arellano Félix con el nuncio. El conservadurismo de la oligarquía representada por una serie de organismos empresariales (Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, Coparmex, CCE, entre otros) corre paralelo, porque es el mismo, al de grupos y sectas ligados a la Iglesia católica de México. Aunque no todo ha sido un camino llano. El presidente Calderón reprobó la actuación de los obispos de Tijuana, Mexicali y Ecatepec por el apoyo que brindaron a Jorge Hank Rhon, señalándolos como una “raza de víboras”.

            El papa León XIII (1878-1903) fijó las normas de exaltación papal –hasta nuestros días observadas– con el propósito de consolidar el poder autoritario y absoluto del Sumo Pontífice e impulsó la formación del servicio diplomático vaticano como instrumento para conducir las relaciones Iglesia-Estado, reforzando el aspecto de inteligencia y acceso a información confidencial. Con el ascenso de Pío X se creó el “servicio secreto” del Vaticano conocido como Sodalitium Pianum (Cofradía de Pío), una red de espionaje dirigida por Umberto Benigni para perseguir primeramente el “modernismo teológico”, que la curia calificó de “conspiración modernista” contra el poder de la Iglesia católica. Con el tiempo se transformó en un poderoso sistema de espionaje que jugó un papel central durante y después de la Guerra fría al servicio de gobiernos dictatoriales y militares de extrema derecha, en el cual participan papas, cardenales, monseñores, arzobispos, obispos y por supuesto nuncios, o sencillos sacerdotes distribuidos en todo el mundo. El Código de Derecho Canónico –tratado modificado secretamente en 1904– tiene jurisdicción “universal, absoluta e intemporal”, confiriéndole al Papa la supremacía en cuanto “a la disciplina y al gobierno de la Iglesia en todo el mundo”, según el canon 218. La jerarquía vaticana se ha servido del derecho canónico para intervenir en los asuntos políticos, algunos considerados de seguridad nacional, en cualquier país. América Latina tiene de sobra ejemplos: los golpes de Estado en Chile, Argentina y Guatemala siempre han tenido de fondo el espaldarazo de la Iglesia católica; incluso el asesinato del arzobispo Óscar Arnulfo Romero Galdámez, en la catedral de San Salvador, mostró la intolerancia de la oligarquía salvadoreña y la complacencia vaticana en contra de la teología de la liberación.

Esta santa alianza –la otra cara de la misma moneda de la Guerra fría redefinida a fines de la década de los 60 a consecuencia del Concilio Vaticano II y fortalecida en la siguiente con el ascenso a papa de Karol Józef Wojtyla, representante ultraconservador de la Iglesia católica– desde el comienzo y largo pontificado de Juan Pablo II arrastró asesinatos, intrigas y espionaje políticos, como relaciones mafiosas. Y México no es la excepción de tales episodios de corrupción, encubrimientos y complicidades en medio de la exaltación de “santidad” de la más alta jerarquía vaticana.

En párrafos más arriba se apuntó que alguna información surgida de las actividades diplomáticas y militares pudiera ser clasificada por motivos de seguridad nacional. ¿Qué información está en poder de la Santa Sede que pudiera considerarse amenaza o riesgo para la seguridad del Estado mexicano? ¿Acaso los secretos de confesión que Prigione guardó con tanto celo se los llevó a la tumba? Es claro que el gobierno de Enrique Peña Nieto no tiene bajo control la decisión de que sea revelada o no información sensible por parte del Vaticano o la jerarquía de la Iglesia mexicana en estos momentos de la sucesión presidencial con el fin de presionar la designación de la candidatura priista a modo de los intereses retrógrados de los grupos empresariales vinculados a los negocios de las trasnacionales. Algo parecido sucede con los informes de las actividades de los cárteles del narcotráfico, trata de personas, contrabando de armas o lavado de dinero, espiadas por las poderosas estructuras de inteligencia de Estados Unidos y otros estados. La extradición de capos a Estados Unidos para enfrentar los cargos de que se les acusa, arrojará durante los juicios datos duros sobre los nexos de la clase política con el crimen organizado, que junto con la injerencia de las distintas agencias de inteligencia estadunidenses (DEA, CIA, Departamento de Defensa, Del Tesoro, aduanas, fronteriza y de migración, entre otras) han de proveer al presidente Donald Trump –representante del conservadurismo de la supremacía blanca– de los “secretos” de los gobernantes mexicanos que utilizará para presionar la sucesión, también a favor de una política económica proteccionista basada en el poderío militar que asegure la expansión del imperialismo.