Colgados de la brocha

Jorge Faljo / Faljoritmo
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Hasta hace unas semanas el discurso oficial era que el TLCAN avanzaba por una negociación con algunos puntos difíciles pero que en su conjunto no se tambaleaba. Ahora el mensaje es que hay vida después del tratado, que México es mucho más grande que cualquier tratado. Desde las cúpulas empresariales el mensaje es que es buena la modernización del tratado, pero no a cualquier costo.

Es decir que ya se prepara a la opinión pública para una previsible ruptura de las negociaciones, a la que seguiría, posiblemente, la salida de Estados Unidos del acuerdo tripartita.

Desde hace meses en esta columna señalaba los grandes escollos a la negociación. Uno de los principales es la acusación de que los bajos salarios en México equivalen a un dumping laboral. Entre los quejosos se encuentran, por ejemplo, los productores estadunidenses de fresas, zarzamoras, arándanos y moras, un tipo de producción que requiere una mano de obra cuidadosa en la recolección, selección y empaque. Allá pagan un salario diez veces mayor al mexicano.

Entre los cambios que propone EU se encuentra facilitar que sus productores puedan acusar de dumping o competencia desleal a sus competidores. Lo que podría afectar mucho más que la exportación de frutillas y pegarle a las manufacturas.

Pero el tema salarial es al que con más vehemencia se ha opuesto el sector empresarial mexicano. Sobre todo, si se le añade la exigencia de democracia sindical, prohibición del trabajo infantil, mejores condiciones de salud, higiene y condiciones laborales en general.

No es el único gran escollo. En EU demandan mayor apertura a sus exportaciones agropecuarias. Lo que es enfrentado por los productores mexicanos que, en sentido contrario, piden que el maíz y otros granos básicos sean excluidos del tratado para elevar la producción interna y mejorar el empleo y el ingreso rural.

Otro gran asunto es la demanda estadunidense de reducir su déficit comercial haciendo que México adquiera mayor producción de EU. Piden que en la exportación de automóviles se eleve el contenido específicamente estadunidense a un mínimo de 50 por ciento y el contenido trinacional suba del 62.5 por ciento al 85 por ciento. Esto en la práctica significa reducir a menos de la mitad las importaciones de piezas chinas y del sureste asiático para substituirlas por componentes estadunidenses.

Lo que solo sería viable si México y EU imponen, en paralelo, aranceles a las importaciones de fuera del TLCAN. Solo así pueden incrementar su comercio comprándose, el uno al otro, productos más caros que los que vienen de China. Lo que va en contra del interés de los consumidores, pero en favor de los productores de ambos países.

Pero ahora los gringos añaden nuevas exigencias; como que el nuevo tratado tenga que ser confirmado y renegociado cada cinco años.

Tal vez exista una razón política de más fondo en el endurecimiento de la posición de EU. Hace unas semanas el precandidato de la ultraderecha a un puesto en el Senado le ganó al precandidato que apoyaba Trump. Fue una señal de que la ultraderecha desbocada podría empezar a ganar posiciones por fuera del control de Trump.

Lo cual estaría empujando al presidente Trump a reforzar sus compromisos ideológicos con ese sector, para que no se le salga del huacal, y explicaría que esta semana le haya quitado fondos al sistema de salud, el obamacare que tanto odia; que acuse a Irán por un falso incumplimiento del acuerdo antinuclear; que suba sus amenazas a Corea del Norte y, posiblemente, que próximamente rompa negociaciones con México. Trump no actúa con racionalidad de estadista, sino que estrecha lazos con la más obtusa ultraderecha estadunidense.

Debemos prepararnos para cerrar el triste capitulo neoliberal de nuestra historia. Seguir enganchados a una estrategia obsoleta tendría un costo social altísimo en el que ya ni migajas habría para la mayoría.

No se trata de la simple ruptura de un tratado comercial; EU seguirá en sus mismas exigencias, con mayor rudeza. Podrá unilateralmente facilitar las acusaciones de dumping laboral y bloquear importaciones, como lo ha hecho en el pasado, con el atún, por ejemplo. Podrá también seguir exigiendo un mayor contenido de insumos estadunidenses, en lugar de chinos, en la producción de automóviles. Insistirá en reducir su déficit y en que le compremos más.

¿Quién dice que lo que Estados Unidos exige en la renegociación del TLCAN lo va a dejar de exigir cuando éste deje de existir?

Uno de los posibles efectos de la ruptura del TLCAN es que perdamos puntos como plataforma de exportación a EU. Sin esta bandera, y ante una creciente inquietud social y política interna, podría reducirse la inversión externa que nos ha llevado a ser grandes consumidores de importaciones en detrimento de la producción interna.

Menos entrada de dólares implica que todo lo importado suba de precio. No habría peor error que otro apretón de cinturón para las mayorías. La salida debe ser otra; una estrategia de substitución acelerada de importaciones. Mucho de lo que importamos se puede producir internamente. Tendrá que ser así si las importaciones suben de precio.

Requerimos una estrategia de fortalecimiento interno y proteccionismo para defendernos ante un mundo que se vuelve agresivo e inseguro. Hay que generar empleo, digno y productivo, para todos los mexicanos; crear condiciones para que las fábricas, talleres y parcelas produzcan a toda su capacidad.

Necesitamos reintegrar un mercado nacional que genere condiciones para el empleo y la producción en vez de quedar colgados de la brocha.

 

 

Las otras réplicas de los sismos

Jorge Faljo / Faljoritmo
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Los sismos causaron, además de muertes y traumatismos físicos y emocionales, daños a más de 150 mil viviendas, la tercera parte como destrucción total. Algunos cálculos oficiales acercan el número de personas con daños a su vivienda al millón de personas, de las que más de 250 mil se quedaron sin casa. Son, en la mayoría de los casos, familias de clase media cuya pérdida las reduce a una situación de pobreza patrimonial.

Además, ocurrieron daños a la infraestructura pública, desde escuelas hasta las redes de distribución de agua y el alcantarillado. Daños que se concentran en zonas que ya se caracterizaban por su vulnerabilidad económica: Oaxaca, Chiapas, Morelos, y barrios de la Ciudad de México.

Tras los sismos de septiembre ocurrieron miles de réplicas. Movimientos telúricos adicionales que han mantenido en vilo a la población del sureste.

Ahora, tras de los impactos más traumáticos, empiezan a ocurrir otro tipo de réplicas. Las que se asocian al saneamiento social y económico, sobre todo en lo que se refiere a la cantidad y distribución de recursos para el apoyo a damnificados y la reconstrucción en general.

Una primera reacción, prácticamente instintiva en esta administración, fue convocar a los cuates, a las grandes empresas constructoras, a hacerse cargo de la reconstrucción en una estrategia de desarrollos habitacionales estandarizados. La firme negativa social obligó a un giro fundamental; pasar a una estrategia de autoconstrucción con apoyo económico, asistencia técnica y acceso a materiales a costos accesibles. Bien llevada esta nueva línea significaría que la reconstrucción ya no estaría abierta al gran negocio privado, con tajada burocrática, sino al verdadero apoyo a la población.

Pero no todo está resuelto, ni mucho menos.

Se detuvo, por homicidio doloso, al responsable de obra y copropietario de la empresa que construyó uno de los edificios derrumbados en la colonia Portales de la Ciudad de México. En la revisión de escombros se pudo comprobar que la construcción no fue realizada conforme a lo reportado oficialmente, además de otras irregularidades.

Esta detención marca el inicio de una investigación más general sobre otros derrumbes. No es un asunto sencillo. La Procuraduría General de Justicia capitalina informó que las delegaciones han incumplido con la entrega de planos estructurales de 162 inmuebles. Aquí hay mucho que escarbar y transparentar.

No habría que detenerse en los edificios dañados; la población necesita, para su tranquilidad, conocer que vive en un lugar seguro, incluso si no se dañó. Será una tarea prolongada.

Mucho de lo dañado son construcciones públicas: escuelas, hospitales, infraestructura en general. Aquí la revisión debe ser particularmente exhaustiva; por seguridad y para saber si la corrupción fue un factor importante del daño a la nación, porque a final de cuentas todos esas inversiones salieron de nuestros bolsillos.

El sistema de justicia será puesto a prueba en los próximos meses, tal vez años. Su lentitud, ineficacia y falta de transparencia habituales debe ser corregida. En otro plano el alcalde de Nezahualcóyotl, municipio declarado zona de desastre, consideró una burla del gobierno federal que se le hayan asignado 700 mil pesos del Fondo Nacional de Desastres para las necesarias reparaciones a la red hidráulica. Dijo que se requieren por lo menos 380 millones para esas y otras reparaciones y aprovechó para exigir que se transparente el monto y distribución de los donativos internacionales y empresariales recibidos.

Por su parte la Ciudad de México reclamó que el criterio de atención preferente a la población más pobre no toma en consideración que aquellos que perdieron su patrimonio quedaron en situación de pobreza y deben ser incluidos entre la población que debe ser apoyada.

Sin ejemplos del jaloneo de cobijas entre municipios, estados y Federación por la distribución de los recursos ya asignados, y todo apunta a que éstos no serán suficientes.

Desde la Cámara de Diputados un órgano técnico, la Unidad de Evaluación y Control (UEC), propone que los ingresos por aprovechamientos que resulten adicionales a lo ya previsto en el presupuesto de ingresos de la Federación, se destinen a fortalecer los apoyos a los damnificados y la reconstrucción.

No es un asunto menor. Estos ingresos que superan las previsiones presentadas a la Cámara de Diputados por la Secretaría de Hacienda ascenderán este año a unos 38 mil millones de pesos, según el cálculo de la UEC. El año que entra serán de un monto similar.

Anteriormente la Auditoría Superior de la Federación ha señalado que el uso de estos recursos es discrecional y no transparente por parte de Hacienda. Así que si el Congreso les asigna un destino se elevaría la transparencia y habría una fuente adicional, muy substancial, de recursos para el creciente jaloneo de cobijas en torno a la reconstrucción.

En un artículo anterior, “Tarda en doler”, dije que el impacto de los sismos se prolongaría por años. Apenas estamos empezando a ver cuáles son sus réplicas sociales, legales, económicas. De su adecuado manejo dependerá en buena medida la percepción sobre la honestidad y eficacia de un gobierno que no tiene buena calificación popular y quién sabe si alcance a dar otra imagen más favorable.