Coyuntura del proyecto neoliberal

Guillermo Buendía
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Con gratitud para los maestros de la EST 36: Sara Alicia González Delegado, Karla Meléndez Fierro, Marisa Meneses Cabrera, Angélica Hernández Luna, Cindy Radilla, Yérica Edith Valdez Orozco, Eva Muñoz, Carolina Gómez, Nancy Mellado Popoca, Antonio Morales Ayala, Daniel Alcántara Juárez y Alejandro del Valle, quienes compartieron sus conocimientos con mi hijo Julio.

El planteamiento público hecho por los dirigentes de los partidos Acción Nacional y De la Revolución Democrática de formar un frente amplio opositor, en el escenario de la elección presidencial del año próximo, habrá de tomarse en consideración de acuerdo con las circunstancias que rebasan el ámbito meramente electoral, el de pesos y contrapesos políticos para gobernar y el de legitimar el desempeño del INE. Es decir, en el contexto de inseguridad y crisis institucional de la seguridad del Estado para enfrentar el narcotráfico, trasiego ilegal de armas, trata de personas y otras formas delictivas, el proceso sucesorio –acotado por los nexos establecidos desde hace más de cincuenta años con organizaciones criminales– pondrá en evidencia el gran desgaste de los vínculos de representación política de los partidos frente a una sociedad sometida a las consecuencias de la lucha por el poder de éstos y otros partidos, de un lado, y relegada por los negocios globales que encuentran expresión en todos los partidos, del otro lado.

Este Frente Ciudadano por México, recientemente formalizado ante el INE  en nada podría comparársele con el Frente Democrático Nacional que, en 1988, impulsó la candidatura presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, cuyo antecedente fue la Corriente Democrática formada dentro del PRI, cuando más de un lustro antes de la sucesión la tecnocracia había desplazado de manera definitiva a la clase política tradicional de las estructuras fundamentales de gobierno y menguado la influencia determinante que ostentó en la designación del candidato presidencial. Tampoco este frente podría encontrar alguna referencia con la alianza PAN-PVEM que, en 2000, posibilitó la alternancia en la Presidencia de la República. La longevidad del sistema presidencialista mostró que los mecanismos anacrónicos ya no servían para conservar el poder, lo que desató una crisis a duras penas contenida a través del fraude electoral, la persecución y asesinato de dirigentes de oposición o muertes “accidentales”, y la cooptación en la Cámara de Diputados para legitimar el triunfo de 1988.

Doce años después, la asociación civil Amigos de Fox quitó al PAN las funciones políticas centrales: organizar y orientar la campaña, así como el manejo del financiamiento público y privado, dejando en claro que la alianza con el PVEM fue irrelevante. Para mediados del mes pasado, a menos de un año del relevo de los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión, los partidos (Acción Nacional, Revolucionario Institucional y De la Revolución Democrática) no han definido y cerrado filas alrededor de algún aspirante siquiera. Eso sí, secretarios y funcionarios de alto nivel del gobierno de Enrique Peña Nieto, incluso el propio presidente, así como dirigentes partidistas y personajes influyentes de las cúpulas empresariales y un coro de “analistas políticos”, al unísono han levantado la voz para denostar y acosar al líder de Morena con el propósito de “impedir el avance del populismo”, postura notoriamente enconada después del triunfo del PRI en el estado de México. El expresidente Vicente Fox se sumó para detener a ese “cuate”.

Este frente amplio opositor carece de cohesión política para conformar –en caso de ganar la elección– un gobierno de coalición que dé certidumbre al ejercicio del poder. Mas en este proceso definitorio de la alianza no se pretende que ésta revierta el deterioro de la representación política de las clases sociales y propicie la participación de éstas. La finalidad del frente es electoral (en un plazo que concluye hasta 2024) y responde a la necesidad de estas minorías “opositoras” de conservar los contrapesos útiles que impidan disminuir sus márgenes de negociación política en las cámaras de Diputados y de Senadores, o de los estados gobernados. No es una cuestión ideológica sino una demostración de oportunismo político del PAN y PRD, y la inesperada inclusión del Partido Movimiento Ciudadano, de Dante Delgado Rannauro, responde al objetivo de reventar acuerdos dentro del Frente Ciudadano por México, como llevar los dados cargados a favor de la candidatura presidencial de Ricardo Anaya, dirigente panista. La participación dantesca corresponde a sus antecedentes históricos: la aparición apresurada del Partido Convergencia Democrática (PCD, ahora PMC) fue para detener el avance del Partido de Centro Democrático (PCD), de Manuel Camacho Solís. Ésta es la función política de los partidos subvencionados.

Mientras permanezcan empantanados los partidos en la disputa de las preferencias electorales de las masas –aspecto indicativo de la pérdida de vínculos políticos de clase y del declive de la representación social que les daba identidad en la lucha por ascender o retener el poder–, los partidos de este frente no tienen credibilidad para apuntalar los mecanismos políticos con los que pretenden organizar la estrategia electoral de la alianza y mucho menos la cohesión y fuerza para designar al candidato que represente tan disímbolos intereses. Y esto mismo sirve para explicar el quehacer de los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza, Encuentro Social y Humanista que al segmentar a la población en términos de opinión electoral –sin tomar en cuenta las posturas políticas de clase– solo les quedan los desaseados controles “clientelares” y métodos de coacción del voto, junto con la manipulación especializada que ofrecen las empresas encuestadoras de las preferencias y tendencias electorales, para enfrentar la lucha electoral en la democracia mexicana, la cual no ha de afectar el proyecto neoliberal.

Este último punto es de suma importancia. La intervención y ocupación militar para instalar dictaduras castrenses tras consumar golpes de Estado o mantener gobiernos autoritarios y corruptos en América Latina, a lo largo del siglo XX, fue la clara demostración de cómo las oligarquías locales y los partidos que las representan, subordinados al imperialismo estadunidense, definieron democracias a modo. Sin renunciar a la utilización del poder militar, nuestro vecino del norte prefiere ahora la estabilidad económica y estado de derecho que las convulsiones sociales. Minimizar riesgos es un asunto prioritario de la inversión extranjera directa y especulativa. De aquí la importancia de resolver los conflictos sociales, económicos y político-electorales dentro del orden jurídico e institucional desarrollados. La mejor calificación “riesgo país” expresa el grado de dominación que se ejerce sobre un gobierno con respecto a los intereses trasnacionales.

Atender las acusaciones de los partidos que constituyan en sí un delito del fuero común o federal formuladas entre los candidatos a cualquier cargo de elección popular, o resolver los recursos de impugnación de los partidos en los casos documentados de violaciones a la legislación electoral (opacidad de la procedencia y monto del financiamiento privado que reciben los partidos, entre los más importantes y recurrentes), para de esta manera evitar gobiernos coludidos con grupos de presión o del crimen organizado, o gobiernos autoritarios, corruptos y represivos. La mención de estos fenómenos de la descomposición social y política apuntan hacia otro aspecto central de la democracia como régimen de gobierno: la crisis institucional de la seguridad del Estado mexicano que, en los últimos diez años, los riesgos y amenazas internos han rebasado su capacidad de respuesta civil, incluso militar, para mantener el orden establecido.

La democracia posibilita la renovación del gobierno, ahora la reelección de legisladores y otros cargos de elección popular, excepto el de presidente de la república; sin embargo, permanece estancada en el estadio delegativode las funciones gubernamentales, donde la participación de la sociedad es mínima. El voto, instrumento político de la soberanía popular para elegir a los gobernantes es, en la práctica, la expresión del consenso legal para delegar, de facto, no sólo las facultades de gobernar a políticos, sino también que éstos determinen el sentido de ejercer el poder bajo el subterfugio de la definición de políticas que atienden el interés público. Sin medios de participación reconocidos constitucionalmente (revocación de mandato, juicio político, referéndum, plebiscito, iniciativa popular y consulta ciudadana) la sociedad seguirá siendo rehén de la lucha política de los partidos, aliados o no, subvencionados o de oposición. Así, el contexto en que se está conformando este frente opositor sólo cobrará importancia real no en términos de refrendar el desarrollo de la democracia en México, sino de la factibilidad de que cualquier alianza constituida para gobernar no altere el proyecto neoliberal en nuestro país.