La cuestión petrolera, asunto de seguridad nacional

Guillermo Buendía
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Para la maestra Perla Linares Guzmán, quien guió la educación
inclusiva como condición para enfrentar la discapacidad de mi hijo Julio.

La referencia resulta obligada a 79 años. En agosto de 1952, en el Colegio Nacional, Jesús Silva Herzog impartió una serie de conferencias que tituló “La epopeya del petróleo en México”. En éstas narró pasajes fundamentales en los que intervino directamente como funcionario del gobierno del presidente Lázaro Cárdenas del Río. Siendo director de Ingresos, en enero de 1935, fue testigo de la negociación que llevó a cabo Narciso Bassols, secretario de Hacienda, con los representantes de la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila –subsidiaria de la Royal Dutch Shell– para cancelar el convenio de Pearson and Sons por medio del cual desconocía ésta el “pago de impuestos legítimamente establecidos por el gobierno de México”; o el recuento que hizo de las actividades delictivas de toda índole de la Huasteca Petroleum Company (propiedad de la Standard Oil Company), Sinclair, El Águila y otras empresas petroleras instaladas en nuestro país dominadas por la “fiebre del lucro”: titulaciones falsas, cohecho, fraudes de compañías inexistentes, incendios para desaparecer títulos de propiedad y, desde luego, asesinatos de indígenas inconformes y la conformación de guardias blancas para prohibir el tránsito, por las regiones petroleras, a funcionarios del gobierno de la república. Todo ello con la finalidad de dominar mayores zonas petrolíferas e incrementar la extracción de petróleo.

En aquellas conferencias –publicadas en el número enero-febrero de 1953 de la revista Cuadernos Americanos, y en 1984, por el Fondo de Cultura Económica–, Silva Herzog expuso: “Se cometieron tremendos abusos en materia de terrenos… Cerro Azul (del 16 de noviembre de 1916 al 31 de diciembre de 1937) produjo 84 millones de barriles… el propietario del lote recibió doscientos mil pesos… En Juan Casino (en nueve años a partir del 11 de septiembre de 1910) se pagó una renta anual al propietario de mil pesos y se extrajo en total, de acuerdo con el testimonio del embajador Daniels… cien millones de barriles… Según el mismo Daniels, al propietario de un lote en Chinampa, Veracruz, se le pagó una renta de ciento cincuenta pesos al año y se extrajeron 75 millones de barriles de petróleo… Así ocurrió con las empresas petroleras: cambiamos la riqueza del subsuelo por bajos salarios y mezquinos impuestos”. 24 años antes de la expropiación –“en uno de los periodos más agitados, enconados y sangrientos” de la revolución– Manuel Peláez, sostenido por las empresas petroleras, se levantó en armas en las regiones petroleras de Veracruz, Tamaulipas y San Luis Potosí. “El gobierno de México no controla la exportación de petróleo, no puede controlarla por completo, porque suelen impedirlo las tropas mercenarias de Peláez”, reconoció Silva Herzog.

Hoy, a 79 años de la expropiación, puesta en marcha la reforma privatizadora de la industria petrolera que, según el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, ésta no impulsó el desarrollo de México y se convirtió, eso sí, en una carga, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto nuevamente favorece las inversiones de capital extranjero en gran medida, con la visión decimonónica de José Yves Limantour: con abrir las puertas de par en par a la inversión de capital de otras naciones, todos los bienes vendrían por añadidura. La expropiación fue la demostración de cómo los recursos estratégicos pasaron al control del Estado mexicano en el ejercicio pleno de la soberanía. Sin embargo, dentro del actual contexto global de los intereses de los monopolios petroleros estadunidenses, ingleses y rusos que intervienen en el reparto de este recurso no renovable –donde la soberanía resulta ya un concepto caduco para la geopolítica– y los vínculos determinantes que guardan con la industria militar de éstos y de otros países desarrollados y zonas de influencia mundial, el presidente Peña Nieto comprometió a su gobierno con llevar cabo las “reformas estructurales”, por medio de las cuales consiguió –el Pacto por México fue el instrumento político legitimador– revertir la expropiación. Las presiones ejercidas por los países capitalistas altamente desarrollados pertenecientes a la OCDE para privatizar la industria petrolera no fueron un asunto menor de negocios globales, sino la manera de intervenir en el gobierno mexicano proclive, por demás, a regresar los yacimientos petroleros a las empresas extranjeras.

            Lo ocurrido antes del 18 de marzo de 1938 dio la dimensión del grado del saqueo petrolero por parte de las empresas ya citadas, las cuales, desde entonces, controlan el mercado mundial. 79 años después se van conformando condiciones favorables al capital privado sobre la tenencia de la tierra y los recursos naturales del subsuelo, de donde parte el interés del Tribunal Superior Agrario de reformar la Constitución para afectar 100 millones de hectáreas todavía bajo el régimen ejidal y comunal. En ninguna de las empresas constituidas en los meses recientes, ni en las filiales de compañías trasnacionales, campesinos o comuneros aparecen como “socios”, planteamiento posible de una magistrada para justificar el interés del gobierno peñista de pulsar la discusión de las modificaciones al texto del artículo 27.

Sabremos, con el paso de los años, de los mecanismos empleados otra vez para el despojo de tierras en zonas petrolíferas, de sobornos para la autoridad agraria en el desempeño de las “facultades” de regularización de la propiedad y de notarios inescrupulosos, de reportes oficiales “inconsistentes” del registro de exportaciones de petróleo o simplemente no registradas de ningún modo –con perjuicio directo a los ingresos públicos y fiscales–, de las maniobras que haya desplegado la autoridad laboral para el desmantelamiento de la organización sindical y eliminado del contrato colectivo de trabajo todas aquellas conquistas de los obreros perjudiciales a los intereses privados extranjeros, de la contratación de personal por empresa para eludir las prestaciones de la seguridad social y, por supuesto, el pago de salarios equivalentes al de los obreros de la empresa matriz.

            Esta problemática sin ser exclusiva de la industria petrolera –el proceso del desarrollo industrial de nuestro país ha sido resultado de la creciente inversión extranjera, y por tanto, la dependencia del exterior ha determinado un “subdesarrollo permanente… frente a la aparente modernidad de los productos de consumo”, como lo identificaron Rolando Cordera y Carlos Tello en México: La disputa de la nación. Perspectivas y opciones del desarrollo– ha permeado otras industrias como la minera, forestal y manufacturera, actividades donde las empresas extranjeras han contaminado suelos y medio ambiente, alterando ecosistemas incluso de amplias zonas de reserva natural, con impacto a la salud pública. Incendio de pozos y contaminación de suelos, ríos y mares por derrames de petróleo han ocurrido antes y después de la expropiación. Contaminación que ha afectado a la ganadería y agricultura. Petróleos Mexicanos y ahora las trasnacionales que enfrenten la responsabilidad de un eventual desastre ecológico debido a la falta de controles, al uso de tecnologías obsoletas para la extracción de petróleo en aguas profundas o a causa de un accidente, tienen a su favor una legislación laxa y una autoridad permisiva.

            Con motivo de un aniversario más, el 18 de marzo de 1980, el director general de Pemex informó que las reservas estimadas de petróleo ascendían a 200 mil millones de barriles. Se conoce ahora cómo terminó la administración de la abundancia de López Portillo: con el encarcelamiento de Jorge Díaz Serrano por los fraudes cometidos; el enriquecimiento ilícito y escandalosos de altos funcionarios públicos y líderes sindicales; la descapitalización intencionada de Pemex denunciada en diversos foros académicos y actos políticos por Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano; robo de petróleo en alta mar y de gasolinas en ductos –los huachicoleros no es un problema reciente, aunque la dimensión de la organización de la “ordeña” ha hecho de este delito un asunto de seguridad nacional, en México: La disputa por la nación. Perspectivas y opciones del desarrollo–; asesinatos y disputas de líderes sindicales por obtener contratos de Pemex o contubernios de los dirigentes petroleros con el gobierno en turno para financiar campañas electorales de gobernadores, senadores y diputados en los estados petroleros, e incluso del candidato presidencial del PRI.

Hoy, los “huevos de oro” no se han terminado. En mayo pasado se inició la construcción del gasoducto marino Texas-Tuxpan, obra que representará una inversión de más de 2 mil 100 mil millones de dólares a cargo de las empresas Trans Canadá México e IEnova (el presidente del Consejo de Administración de esta última es Carlos Ruiz Sacristán). El gasoducto cubrirá la demanda de gas natural de las centrales de generación de la CFE en Tamaulipas y Veracruz. Con la instalación de empresas como BP, ExxonMobil y Shell para operar gasolineras en todo el territorio nacional se observará la concentración de la distribución y venta de gasolinas por parte de estas empresas. Lo más preocupante de estos esquemas privatizadores (lo llama el director general de Pemex: “las recientes alianzas de la petrolera mexicana con similares importantes a escala internacional para la exploración y producción en aguas profundas”) que han permitido la presencia del consorcio privado estadunidense Talos Energy, Sierra Oil & Gas y Premier Oil –el cual inició la perforación del primer pozo después de las reformas estructurales– es el inicio del proceso irreversible del desmantelamiento de Pemex.

            Desde fines de los 80, precisamente con la llegada de Carlos Salinas de Gortari a la Presidencia de la República, los argumentos del proyecto neoliberal  dominaron la política económica: las empresas públicas, las que contribuyen al gasto deficitario, han de ser privatizadas y una vez en el ámbito privado serán más eficientes cuando hayan conseguido contener los salarios y ajustado la plantilla de trabajadores (despidos masivos) y los precios y tarifas de bienes y servicios hayan sido fijados de acuerdo con las fuerzas del mercado. Desde entonces provienen también los ataques a los monopolios del Estado. Pemex, empresa estatal, 12 años después de la alternancia de derecha, está siendo privatizado en las áreas clave: exploración, explotación y refinación de petróleo.

            El gobierno mexicano cedió a las presiones de la OCDE, a la que pertenece como una economía emergente. Para los intereses de las empresas trasnacionales de esos países desarrollados, Pemex representaba un obstáculo en los planes de negocios globales, en particular del imperialismo estadunidense, que desde 1978, de acuerdo con el memorándum “Mexican petroleum and US national security” del Consejo Nacional de Seguridad, se consideraba el surgimiento de México “como un poder económico de valor estratégico… puede satisfacer el 30% de las necesidades de importación de los Estados Unidos para mediados de la década de los años ochenta, acrecentando la seguridad de la oferta”.

La privatización de Pemex asegura las reservas estratégicas de petróleo de Estados Unidos a costa de la soberanía mexicana sometida a los dictados –le llaman “recomendaciones” de la “mejora continua” de la “certeza jurídica” de la propiedad que están obligados, como miembros de la OCDE, aceptar los términos y condiciones fijados para modificar la legislación–, de la expansión imperial que por sí misma niega la independencia de México para ejercer plenamente una política económica y social derivada de un proyecto nacional propio. Inmediatamente después de la expropiación, Cárdenas hizo frente al boicot comercial de los monopolios petroleros y a las presiones que ejercieron éstos en el Departamento de Estado de Estados Unidos para llevar a cabo una intervención militar. Hoy, las trasnacionales del imperio se adueñan del petróleo otra vez, protegidas por el poder militar que existe detrás de las “recomendaciones” de la OCDE.