Violencia a defensoras caracterizó el sexenio

Montserrat Antúnez Estrada / Cimacnoticias
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En lo que va del gobierno de Enrique Peña Nieto, del primero de diciembre de 2012 a julio de 2017, organizaciones civiles de 30 entidades del país registraron 280 agresiones a mujeres defensoras de derechos humanos, 15 ejecuciones extrajudiciales y al menos cuatro víctimas de desaparición forzada.

Las violaciones a los derechos humanos de las defensoras representaron 27 por ciento de mil 37 casos; sin embargo las mujeres ejercen su labor en un contexto desigual y doblemente adverso, así concluye el informe “La esperanza no se agota”, publicado este mes por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT).

Las defensoras lidian con estereotipos de género que condenan a las mujeres que alzan la voz, además enfrentan el contexto violento en el que viven las mexicanas. Como muestra, en este sexenio los casos de feminicidio rebasan en 60 por ciento los registrados durante el gobierno del panista Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), citadas en el informe.

La Red, integrada por más de 80 organizaciones, encontró que las violaciones a los derechos humanos más frecuentes hacia las defensoras fueron las detenciones arbitrarias (32 casos), hostigamientos (27 casos) y agresiones físicas (26 casos), seguidas de amenazas (23 casos) que también incluyen actos de vigilancia e intimidaciones (22 casos).

De estas violaciones, destacó la Red TD, la detención arbitraria y el hostigamiento fueron cometidas con más frecuencia por personas agresoras relacionadas con el Estado; mientras que las amenazas y vigilancia caracterizaron la actuación de victimarios particulares.

Las organizaciones también destacaron que las agresiones cometidas por autoridades en contra de las defensoras inician con formas de violencias aparentemente “inofensivas” como difamaciones, que al ser cometidas por autoridades dan pie a “castigos correctivos, que van desde agresiones físicas hasta violaciones sexuales”, algo que no sucede con los activistas varones.

Campos de lucha

Respecto a los derechos que las personas defendían al ser violentadas, identificados como “campos de lucha” por la Red TDT, las organizaciones destacaron que es complicado desagregarlos toda vez que los colectivos a los que pertenecen suelen abarcar más de una línea de acción.

Sin embargo, informaron que las agresiones a personas defensoras, organizaciones y colectivos que trabajan por los derechos de las mujeres y de la diversidad de género y sexual (población lésbica, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual) representaron cuatro por ciento, es decir 14 de los casos registrados en conjunto en los campos de lucha.

Las entidades con más casos fueron la Ciudad de México (tres) y Chiapas (dos); mientras que en Oaxaca, Puebla, estado de México, Chihuahua, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí y Tlaxcala se registró un caso en cada entidad.

Además, de acuerdo al informe, las agresiones individuales más frecuentes –con 346 casos, equivalentes al 33 por ciento del total de mil 37 casos– se cometen en contra de quienes trabajan en su comunidad y defienden los derechos de las mujeres, los derechos políticos y el derecho a la tierra y territorio.

Ejecuciones y desaparición forzada

El sexenio de Enrique Peña Nieto destaca por el asesinato de 15 defensoras. Las entidades con más casos de asesinato fueron Guerrero (cinco) y la Ciudad de México; en Tamaulipas y Chihuahua se cometieron dos.

Tan solo los primeros siete meses de este año se han caracterizado por los asesinatos de cuatro defensoras: el de la defensora y periodista Miroslava Breach Velducea en Chihuahua, el de Miriam Rodríguez Martínez en Tamaulipas, el de Jennifer López en Guerrero y el de Meztli Sarabia Reyna en Puebla.

Para 2016 la Red TDT registró los homicidios de las defensoras Alessa Flores, Adela Rivas Obé y Cornelia San Juan Guevara en la Ciudad de México, Guerrero y estado de México, respectivamente.

En 2013 fueron asesinadas por su labor como defensoras Ana Lilia Gatica Rómulo y Rocío Mesino Mesino en Guerrero; Irma Ascencio Arenas en Hidalgo y Socorro Ayala Ramos en Chihuahua.

En 2014 fueron asesinadas Sandra Luz Hernández en Sinaloa y María del Rosario Fuentes Rubio en Tamaulipas; y en 2015 se registró el homicidio de Nadia Vera Pérez en Ciudad de México y Nelva Edilia Sánchez López en Guerrero.

A través de los registros recabados por la Red TDT se sabe de cuatro defensoras víctimas de desaparición forzada entre 2016 y 2017. Dos de los crímenes ocurrieron en Michoacán en 2017 y las mujeres fueron encontradas, mientras que en 2016 destacó la desaparición forzada y después la ejecución de Adela Rivas Obé en Guerrero y la desaparición de otra defensora en Veracruz de la que actualmente se desconoce su paradero.

En su informe la Red TDT destaca que si bien el registro evidencia el panorama violento en el que ejercen las defensoras del país, éste es tan sólo un acercamiento al problema ya que en todo el país los grupos criminales y el miedo a las represalias merman las denuncias. “Cuando el derecho a defender derechos está en riesgo, en realidad, todos los derechos humanos se ven amenazados”, destacaron.

Denunciaron que los actos contra las personas defensoras y colectivos son una práctica generalizada en el país y que hay una “inacción o falta de voluntad del Estado” para protegerlas y garantizar sus derechos humanos, por ello recordaron que “al atacar y al tratar de silenciar a quienes defienden un derecho, también se ataca el derecho en cuestión”.