Muerte de niños y la desmemoria oficial

Teresa Gil / Libros de ayer y hoy
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Es la persistencia de la memoria lo que nos recuerda que muchos no debieron haber muerto y que decenas de edificios no se debieron haber derrumbado en la Ciudad de México. 117 en ésta, 224 en un total de último momento, con el saldo más terrible de muerte de infantes. ¿Qué fue lo que impidió que muchas construcciones de la capital del país, fueran sometidas a escrutinio técnico contra los temblores, como lo exige la ley? Si 32 años después un sismo se manifiesta en la misma fecha en la que se aposentó trágicamente otro en 1985, la coincidencia cimbró a muchos tras el bamboleo espantoso que causó el del 19 de septiembre pasado. La naturaleza no olvida y lo estamos viendo con el cambio climático y los estragos que causa una vida disipada. Se habla incluso de fechas claves en la vida de los seres humanos como el paso de la niñez al inicio de la adolescencia –para erradicar ciertas enfermedades, por ejemplo–, y se comprueba. Pero de ahí a que la naturaleza conozca las fechas exactas, como para presentarse con un fenómeno tanto o más aparatoso que el primero, ni el más grande experto  lo creería. Richter no hubiera opinado, solo hubiera dicho: “Quédense donde están... ¡y encomiéndense a dios”! El problema, pues, no es la naturaleza sino el ser humano. Después del sismo del 85, con sus respectivas réplicas, una de las lecciones que se aplicaron, fue la de la actualización de la ley de construcciones para obligar a seguir ciertos lineamientos que reforzaran los inmuebles contra los embates de los sismos. Se lanzó una ley en 1986 y se han ido actualizado otras como las Normas Técnicas Complementarias para Diseño por Sismo. Pero la corrupción  imperante hace que muchos constructores eludan la ley o abaraten costos, lo que altera la aplicación de la norma. Expertos de la UNAM han advertido que dadas las características de la ciudad, es pertinente hacer leyes más severas para las nuevas  construcciones y exigir a las antiguas que presenten documentación y se adapten a esas normas. La caída estrepitosa de decenas de edificios, las resquebrajaduras, las grietas y derrumbes internos de paredes, demuestra que no se siguió la norma que supuestamente debería de seguirse desde 1986; así se trate de antiguas construcciones que tendrían que ser resanadas para ponerlas al corriente. Por el contrario en la Cdmx –y es lo mismo en otras ciudades–, se flexibilizó la construcción con intereses que llamaban  –y llaman– a suspicacia, aunque se argumentaba el estímulo de la economía y el desarrollo del empleo. En los años de esta administración ha sido permanente la denuncia contra esas constructoras, pero siempre se han puesto los oídos sordos ¿Habrán aplicado esos monstruos que casi todos tenemos a un lado, las normas de seguridad contra los sismos? ¿Se habrá exigido que todas las construcciones del DF fueran sometidas a escrutinio para detectar debilidades en su estructura? Si se hizo es un secreto muy bien guardado. Un secreto que ha favorecido la muerte de muchos capitalinos –decesos de niños, lo más terrible–, y  la destrucción de decenas de edificios ¿Cuál de los dos gobiernos será culpado, el federal o el local? En la impunidad reinante ninguno de los dos, menos en vísperas electorales, a menos que se produzca una verdadera expresión popular para exigir culpables. Muy famoso se ha hecho el libro del psicólogo estadunidense Daniel L. Schacter Los siete pecados de la memoria. Como olvida y recuerda la memoria (editorial Ariel, 2003) que termina con la persistencia de la memoria cuando uno quiere olvidar algo y otro en el paso del tiempo o transitoriedad, en la que se apuesta al devenir de los días para olvidarse de ciertas cosas. Eso parece que ha sucedido en la capital. Se les olvidó su pasado arcilloso y sus problemas de hundimiento. Y evitaron recordar, no obstante la presión de su memoria, que era urgente aplicar la severidad de las leyes en casos de sismos. Eso nunca llegó como lo estamos viendo; de ahí tanta destrucción.

 

El sismo y el regreso al lugar del crimen

Teresa Gil / Libros de ayer y hoy
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En medio de las críticas, se acelera el apoyo a las víctimas del sismo por la necesidad urgente de resolver cuestiones vitales. Se les ve presurosos, afiebrados, caminando entre escombros –algunos de ellos presidenciables–, como aquellos que regresan al lugar del crimen. Pero no es el cargo de conciencia ni la culpa que se asume; es la próxima campaña por la Presidencia del país. Ante la responsabilidad estatal, social y personal vistos los resultados trágicos y destructivos del sismo del 7 de septiembre ¿quién se responsabilizará de la muerte de alrededor de 100 ciudadanos y la destrucción de más de 50 mil viviendas y edificios con todos los bienes integrados? ¿Quién investigará la mano criminal que puso todos los elementos para que la gente muriera atrapada y las casas destruidas? ¿Quién responderá por el impacto sicológico, las heridas, el dolor profundo y el desamparo de los miles de damnificados y sobrevivientes? ¿Recuerdan por causalidad que alguien fincara culpas en el temblor de 1985 y que exigiera proceso a los culpables e indemnización a los miles de dolientes de las víctimas? Según las cuentas censales que está haciendo ahora la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu)  a cuyo frente está la cuestionada Rosario Robles, terminaremos siendo nosotros los que pagaremos el resultado del desastre y los verdaderos culpables, los que sometieron a centenares de comunidades a la miseria y jamás hicieron nada para componer sus viviendas y vigilar la eficacia de las mismas quedarán libres; simplemente se tomará dinero público para cubrir las omisiones, saqueos e ineficacias que ellos cometieron. Por lo que se ve de parte del gobierno para subsanar el desastre, los saqueadores del erario, los Sabines, los Velasco, los Ruiz, los Murat, los Cué, etcétera, que dejaron deudas estratosféricas, no serán esculcados. Una verdadera justicia sería investigar el monto de sus saqueos e ineficacia, los tiempos en que resultaron más agraviadas las comunidades casi todas indígenas y el apoyo que presuntamente prestaron. Si se descubre culpabilidad deben de pagar lo que ahora se está invirtiendo. Deben de ir a la cárcel. Los  estragos del temblor – aunados a los de los huracanes–, pueden atribuirse a los elementos naturales. Pero el descargo es muy convenenciero si se omite todo lo que ha hecho la mano del hombre para alterar a la naturaleza. Y lo más grave, además, de esa culpa profunda, es la voluntad falaz, vigente y discriminatoria de como los poderes segregaron la riqueza, se la apropiaron y le dieron migajas a la población. La gran afectación que sufrieron centenares de comunidades –en Ixtaltepec se habla de 80 por ciento de las viviendas, en Chiapas 40 mil– sobre todo de zonas indígenas en Chiapas y Oaxaca, es responsabilidad en buena parte de los gobiernos que han tenido a su cargo el poder en estas décadas y esas regiones, incluido un gobierno federal complaciente y siempre cómplice de los locales. En Chiapas gobernado por Manuel Velasco, se está pidiendo juicio político contra él por saqueo “indiscriminado”. Su gobierno fue el premio para el Partido Verde Ecologista de México por haber participado en las raterías electorales que favorecieron al PRI. En la misma situación está el anterior gobernador Juan Sabines Guerrero y anda muy campante. En Oaxaca, Ulises Ruiz, a quien se acusa de un saqueo de 4 mil millones de pesos es expulsado a gritos por los propios oaxaqueños, y José Murat que dejó enorme deuda y detenta, ¡fíjense nada más!, la Fundación Luis Donaldo Colosio, se dio el lujo de dejar a su hijo Alejandro a continuar el usufructo. A quien tienen en la antesala pero nada se resuelve pese a los cargos en su contra, es a Gabino Cué el anterior gobernador. En medio de las deudas, el despilfarro y el cinismo, el ejercicio de esos presuntos gobernantes suele destinar migajas a las comunidades, asidas a pequeñas tierras, viviendo en zonas y casas miserables que no reciben ningún apoyo técnico, ni material para darles fijeza. Y están expuestas como sucedió en esta trágica jornada, a la fuerza de los elementos. Las infraestructuras de comunicación son tan precarias, que la noche del temblor, Murat se enteró de la destrucción de Juchitán varias horas después. Pero a cambio ha obligado al Istmo a ser campo de ventiladores energéticos transnacionales, que ahora, ante la debacle, desde luego huirán sin responsabilidad. El relato del gran escritor juchiteco Andrés Henestrosa, Fundación de Juchitán, es un trocito de poesía, una remembranza de los dones que su dios entregó a esa tierra extraordinaria y la intervención del santo juchiteco San Vicente, cuya iglesia del mismo nombre, monumento histórico, se derrumbó por el temblor. El relato está dentro de la antología  “de seis meses” que hizo el reconocido poeta juchiteco Víctor de la Cruz recientemente fallecido, La flor de la palabra (La red de Jonás, cultura popular, SEP, 1983).  Significativo libro que tiene como portada un plato artesanal pintado por Francisco Toledo y deriva todas sus narraciones y poesías en los dos idiomas, el zapoteco y el español. Buena parte de la obra es atribuible a Víctor, pero dedica un espacio “a lo que han escrito los zapotecos en español”. Entre ellos están don Andrés, escritor, poeta, político, autor entre otras obras de Los hombres que dispersó la danza. La reunión de esos hombres quizá fue convocada en el relato, porque San Vicente al buscar un lugar donde el aire no fuera nítido, bonito y puro, quería en cambio uno de aire grueso, tierra árida, agua profunda, lluvia indócil y “la selva tendida al pie del horizonte”. Eso era para él Juchitán, la ciudad de los hombres laboriosos que la terminaron transformando. Así los reunió. Así creó a esa ciudad, hoy en parte destruida. Ahora, dirían el santo y el escritor, en Juchitán se repite “el valor, el ruido, y la desventura de los primeros hombres” ¿Qué pensaría Henestrosa si viera su ciudad en estos momentos? ¿La recordaría  como el otro gran poeta, su paisano Gabriel López Chiñas?:

Juchitán
yo vi en ti,
entre tus vientos y polvos,
la primera luz.