Adobe o concreto

Jorge Faljo / Economía y sociedad
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Sigue siendo insuficiente la ayuda inmediata a los damnificados de los terremotos. En particular en las poblaciones del sureste donde aún no ha llegado la ayuda necesaria. No obstante ya se perfilan las posiciones encontradas en torno a la reconstrucción, que durará años y marcará el fin del sexenio.

En la ciudad de México la verificación del cumplimiento de las normas de construcción de los edificios derruidos, de los otros miles con algún daño, e incluso de los aparentemente intactos se perfila como lo fundamental. La razón es sencilla, queremos saber si la destrucción se originó en el incumplimiento de las normas, y si habitamos en lugares seguros. 

Las irregularidades de la construcción del Colegio Rébsamen originaron la denuncia penal de la actual delegada de Tlalpan; podría ser la primera de una oleada que pondrá al descubierto las entrañas de la industria de la construcción y la capacidad del sistema de justicia. Antecedentes como el socavón del Paso Exprés contribuyen a la desconfianza ciudadana de lo que puede ser visto como una alianza corrupta entre algunas autoridades y constructores.

En otro espacio de la geografía nacional, el de un sureste terriblemente herido, la discusión sobre la estrategia de reconstrucción perfila un conflicto entre el adobe y el concreto.

Cuando el secretario de Educación, Aurelio Nuño, se presentó en la histórica y muy dañada escuela Juchitán llevaba en la mano planos para su reconstrucción. Iba preparado para los aplausos. Pero su proyecto fue rechazado por la directora y los maestros que, le explicaron, no era conveniente construir un plantel de tres pisos en zona sísmica. Pretendió dirigirse a la población congregada, pero la rechifla le impidió hablar. El mensaje fue contundente: la escuela debe ser reconstruida como estaba.

Francisco Toledo, el ilustre oaxaqueño famoso por su obra artística y por su activismo cívico, exigió que en la reconstrucción se respete la arquitectura, los materiales y tradiciones culturales de la región.  Fue la expresión de múltiples voces. De otro modo se atentaría contra los modos de vida locales y se crearía vivienda inapropiada, como ya sucedió ante otros desastres.

De hecho la construcción de vivienda en el país ha sido un ejercicio de despilfarro y mala planeación que se traduce en millones de viviendas inhabitables, con un costo gigantesco para los que las abandonan y para los que pagamos impuestos.

Peña Nieto entró al quite diciendo que “la caída de las viviendas se debió sobre todo a que están hechas de adobe y tienen escasa cimentación.” También hizo un llamado a las empresas constructoras, “las que han realizado importantes proyectos de construcción en el país” a solidarizarse y contribuir a la reconstrucción de viviendas.

No se hizo esperar la respuesta de cientos de redes, colectivos, organizaciones y conocedores del tema, muchos de ellos arquitectos e ingenieros, que firmaron el manifiesto del 15 de septiembre ¡Por el derecho a construir con tierra! Ahí se dirigen al presidente, y lo refutan, señalando múltiples ejemplos de buena construcción con materiales locales. Mejor que los centenares de escuelas de concreto derruidas y que las viviendas inhabitables promovidas por entidades públicas.

La discusión sobre si se reconstruye con adobe o concreto tiene un trasfondo que es muy importante revelar. Reconstruir de acuerdo a las tradiciones culturales y con materiales locales como adobe, bajareque, tejas, morillos, implica adaptarse a las condiciones climáticas de cada zona y movilizar la mano de obra local. Se trataría de una reconstrucción compenetrada con los requerimientos de cada familia y localidad.

Reconstruir con concreto es implantar los mismos diseños en todas partes, en un proceso altamente monopólico y concentrado en las empresas que, como dijo el presidente, han realizado los proyectos importantes de este sexenio. A muchos inquieta la noticia de que la constructora del Paso Exprés de Cuernavaca participará en la reconstrucción en Jojutla (¡imagínese!).

Mientras el adobe representa la movilización de materiales y mano de obra dispersa y local, la propuesta presidencial abre camino a una reconstrucción monopólica que puede ser un enorme negocio de fin de sexenio para los amigos de siempre.

La reconstrucción como negocio de cuates se manifiesta en la creación del fideicomiso Fuerza México. Creado por la elite empresarial se propone captar el grueso de las donaciones internas y externas para trabajar de manera coordinada con las autoridades federales. Con una fachada privada se convierte en una plataforma privilegiada por Hacienda para captar las donaciones.

Un tercer mecanismo, el de las zonas económicas especiales, ofrece colocar bajo administración privada infraestructura pública que sumada a exenciones de impuestos e inversiones externas crearía un escaparate exportador. De ese modo con un gran costo de recursos públicos se crearían unos cuantos miles de empleos en los próximos años. Eso sí se logran atraer inversiones chinas y de otros países.

Todo apunta a que la reconstrucción se diseña sin escuchar las voces de los afectados ni en cuanto a los materiales y manera de reconstruir, ni en el fideicomiso Fuerza México, ni en la administración de las zonas económicas especiales. Una reconstrucción integral requiere movilizar a las personas y recursos nativos de cada zona; no hacerlos a un lado.

El error de Aurelio fue ir a Juchitán para presentar su plan sin escuchar. Este error se reproduce en toda la respuesta gubernamental y puede crear las condiciones para otro sismo político que marcaría el fin del sexenio. Aún hay tiempo de otro diseño; uno sustentado en la capacidad de escuchar a la población y en abrir espacios a la participación social en el diseño de la reconstrucción.


Más allá de la reconstrucción

Jorge Faljo / Economía y sociedad
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La impresión inmediata después del pasado terremoto fue, en la perspectiva de la Ciudad de México, de alivio y asombro. El movimiento parecía interminable y estuvo fuerte; fue un buen susto y para los que tenemos la suficiente edad la comparación con el temblor de 1985 era inevitable. En aquel entonces hubo miles de muertos y centenares de construcciones derruidas en la capital. Así que la pregunta del día siguiente era: ¿Cómo es que la destrucción fue mínima? Parecía que no había pasado nada. Después veríamos lo equivocados que estábamos.

Aunque la capital se salvó del desastre éste fue mayúsculo y concentrado en las zonas más vulnerables del país y de la sociedad mexicana: Chiapas y Oaxaca. Pronto empezaron a llegar noticias cada vez peores y que se iban acumulando. Casi 100 muertos, 80 mil casas con daños importantes, más de mil 300 planteles escolares destruidos, daños a la infraestructura, a los lugares de trabajo, a centros de salud, edificios públicos y demás. Se habla de 800 mil damnificados en Oaxaca y millón y medio en Chiapas.

Impresiona el video de una construcción de dos pisos que empieza a crujir y finalmente se desploma cuando a simple vista parecía en buen estado. Entonces la duda, ¿Cómo estarán las de a los lados? Son cientos de miles los que o no tienen casa o no se atreven a entrar a ellas por los daños evidentes. Les falta además agua, alimentos, artículos de limpieza, ropa y más.

Los canales para enviar ayuda son muchos y la ayuda surge de todos lados. Por mi parte preferí hacer un donativo a la cuenta de la Cruz Roja pensando que es uno de las instituciones más experimentadas en ayuda inmediata. Pero la respuesta ciudadana no basta.

Los damnificados y el resto del país esperamos que sea el gobierno, el federal y los estatales sobre todo, los que cumplan con su responsabilidad para con los mexicanos.  Lo esperamos, pero no sabemos si podrán hacerlo en la magnitud y con la urgencia que impone la situación. No tenemos un gobierno cercano a la población, no es ágil en su actuación, y una y otra vez ha mostrado que más que apoyar desconfía de las organizaciones populares.

Peña Nieto pidió a los damnificados no permitir que alguien quiera lucrar con la emergencia, cabría suponer que no se refiere a la solidaridad de muchos, sino a las mañas de los funcionarios públicos. El Paso Exprés, Oderbrecht, los desvíos a través de universidades nos señalan no solo que la podredumbre existe, sino la terrible impunidad en que nos movemos. Pero tiene razón, solo la propia población vigilante puede hacer que la ayuda inmediata y la reconstrucción posterior sean efectivas. 

La experiencia del temblor de 1985 señala que el esfuerzo tendrá que ser notable y prolongado. No es admisible que estas heridas dejen una cicatriz permanente en un sureste que ya se caracteriza por la exclusión económica y social. Lo que se requiere de inmediato es el abasto externo que proporcione a la población lo necesario para la supervivencia y para no sufrir más daños a su salud física y emocional. Esto es vital pero es solo el principio de la tarea.

Una siguiente etapa, que debe comenzar pronto pero durará más tiempo, es la reconstrucción. No se trata meramente de reponer infraestructura, construcciones y viviendas. De fijarse solo en las apariencias se podría caer en la tentación de una compostura implantada desde fuera y haciendo a un lado a la población. Sería la opción más atractiva para hacer del desastre un gran negocio, pero no reconstruiría las vidas y las comunidades.

Peña Nieto ofreció un programa de empleo temporal. Es una buena medida si se orienta a que la propia población organizada repare sus viviendas, la infraestructura, las escuelas, sus propios talleres y centros de trabajo.

Entre la ayuda inmediata y la reconstrucción debe marcarse una diferencia fundamental. Lo inmediato viene de fuera. La reconstrucción debe enfatizar la recuperación de las capacidades locales para el mayor autoabasto posible de agua, alimentos, materiales de construcción, muebles y enseres del hogar, ropa y demás. Hablamos del sureste, de la región del país que más ha sufrido los embates del modelo neoliberal en el que el país dejó de consumir lo propio para preferir lo importado. Donde el norte dejó de comprarle al sur. Donde la apertura de los mercados y las importaciones inutilizaron buena parte de la producción convencional, la del sector social, y la de la pequeña producción. Donde gran parte de la producción perdió su mercado.

Una reconstrucción importada, ajena a la población, es inviable y ahondaría el problema de la exclusión de fondo de la población. Por eso se requiere ir más allá de la reconstrucción para plantearla como un esfuerzo de inclusión social y productiva que, a menor costo, tenga efectos masivos y duraderos. 

Tomemos por ejemplo la idea presidencial del empleo temporal. Será una manera inmediata de distribuir ingresos y capacidad de consumo. Ir más allá será que estos ingresos se asocien en lo posible, pero de manera creciente, al consumo de productos locales y regionales. Podría hacerse mediante cupones para el consumo en las tiendas Diconsa (Distribuidora Conasupo) que, a su vez procurarían un máximo de adquisiciones provenientes de la producción popular local, regional y nacional. Eso haría que el empleo temporal en la reconstrucción genere empleo en otras actividades productivas.

La globalización ha inutilizado gran parte de las capacidades productivas populares debido a que creó un mercado basado en las súper tiendas en las que no tiene entrada la pequeña producción. Pero no olvidemos que los pueblos del sureste aún tienen la capacidad de producir prácticamente todo lo que necesitan para vivir bien. Recuperar y expandir esas capacidades como eje de la reconstrucción es sobre todo un asunto de crearles el mercado apropiado, donde puedan distribuir e intercambiar estos bienes.

Sería un error ver a los damnificados simplemente como pobres inertes a los que se ayuda convirtiéndolos en consumidores de productos externos. Eso crearía una dependencia permanente. Lo necesario es apoyarlos en toda su dignidad de productores capaces de generar en su conjunto casi toda la canasta de consumo que requieren. Esa reconstrucción es posible.