Gobernadores y ex que están en desgracia

José Sobrevilla
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¿Qué tienen en común los gobernadores caídos en desgracia? ¿Que son casos mediáticos? ¿Que sus delitos legalmente no ameritaban prisión? ¿Qué dice la ley en torno a ello?

La compra de un tomógrafo con valor de 13 millones 800 mil pesos, no encontrado en ningún hospital, hizo que entrando 2017 el Juzgado Segundo de lo Penal sentenciara a seis años al panista exgobernador de Aguascalientes Luis Armando Reynoso Femat. Otro panista señalado, éste por delitos de lavado de dinero y realizar operaciones con recurso de procedencia ilícita es Guillermo Padrés Elías, exgobernador de Sonora. Le atribuyó la Procuraduría General de la República, PGR, y Hacienda la adquisición de útiles y uniformes escolares por 240 millones de pesos adjudicados mediante licitaciones ilícitas o irregulares a empresas vinculadas con él mismo.

Por lavado de dinero, Roberto Borge Angulo, priista exgobernador de Quintana Roo fue detenido en junio 2017 en el Aeropuerto de Tocumen, Panamá, cuando volaba a París. Durante su administración llegó a tener más de 200 escoltas y fue acusado de vender 9 mil 500 hectáreas de la reserva de Quintana Roo. Otro priista, Tomás Jesús Yarrington Ruvalcaba, fue detenido en Italia en abril de 2017, bajo la acusación de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Se dijo que presuntamente había recibido dinero de los cárteles Del Golfo y Los Zetas.

“Ya llegó mi Uber”, decía jocoso Javier Duarte de Ochoa cuando, en Ciudad de Guatemala, llegaron las unidades que lo trasladarían al aeropuerto con destino a la Ciudad de México. En abril pasado, el exgobernador jarocho fue detenido en ese país con acusaciones de lavado de dinero, delincuencia organizada y defraudación fiscal. De los siete delitos de los que se le acusaba, dos eran del fuero federal y cinco del  fuero común. Cuando declaró en Guatemala negó todas las acusaciones diciendo que eran “irrisorias, infundadas, vagas, imprecisas y ligeras”.

La PGR lo responsabilizó de encabezar una red delictiva que permitió desviar al menos 223 millones de pesos provenientes del erario, mismos que entregó a empresas fantasma que, a su vez, lo triangulaban a un segundo nivel de compañías y de éstas a diferentes prestanombres; acusación que la propia institución no ha sido capaz de demostrar.

El matutino El Universal difundió que en México tenía tres órdenes de aprehensión; una librada por el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita y las otras dos por la juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral de Xalapa, Veracruz, por abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición.

Independientemente de que existen más casos, para conocer el fondo del entramado legal atrás del caso de los gobernadores recientemente mencionados, unos encarcelados y otros perseguidos, recurrimos al especialista Ricardo Vázquez Contreras quien, con tres doctorados en diferentes especialidades del derecho y otro en proceso, es litigante activo y catedrático universitario, así como director general del Instituto Nacional de Derecho Marítimo, y quien nos dibujó un panorama poco alentador en cuanto al sistema de justicia del país.

“En México tenemos un derecho de excepción y un derecho penal del enemigo. Este último se aplica a los ciudadanos en cuanto a lo establecido en el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación que es defraudación fiscal o el 400 Bis del Código Penal Federal que establece los ilícitos en materia económica”, aseguró Vázquez Contreras.

“Lo que se persigue con la actual legislación es proteger a la clase política y empresarial para que tenga los suficientes recursos como para no pisar una cárcel. Y en caso de hacerlo sea por cuestiones políticas y no por cuestiones netamente legales”.

De junio de 2008 a la fecha, dijo el especialista, contamos con un nuevo marco jurídico, cuyo proceso inició hace ocho o nueve años, y donde la PGR ha gastado millones de pesos; sin embargo, recientemente el procurador ha dicho que todavía no se cuenta con las capacidades para enfrentar los juicios orales. “No es que yo lo diga, lo sostuvo el procurador General de la República cuando envió al Senado de la República la solicitud de mayores recursos para capacitar a los fiscales”.

La ley al servicio de la economía y la clase política

Todos los políticos que han sido acusados de malversación de fondos, cohecho, peculado, “lo que usted me indique”, enfrentan delitos no graves que no ameritan prisión preventiva oficiosa; o en el caso de las averiguaciones previas que iniciaron antes de que entrara en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales a nivel federal, es claro que tampoco porque el cohecho no es delito grave, igual que el peculado; “de tal manera que están ahí por una cuestiones netamente políticas”.

Otro argumento con el que le acredito plenamente mi dicho (que el derecho actual le sirve al poder público, político) es que el artículo 35-I de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada establece el supuesto de que, si el sujeto activo del delito coopera con el Ministerio Público, puede quedar en absoluta tranquilidad y todos los datos que se desprendan de las averiguaciones no le serán aplicadas en su contra, dijo el postulante a encabezar la Fiscalía anticorrupción creada por Enrique Peña.

“Con esto estamos viendo una simulación de actos jurídicos con los que, sin duda, todos los exgobernadores van a salir después del proceso electoral de 2018, y los únicos que sí pagamos los ‘platos rotos’, a los que nos aplican la ley conocida como antilavado, es a los ciudadanos”.

Para el doctor en Filosofía del Derecho con Especialidad en Estudios Legales por la Atlantic International University, la Suprema Corte de Justicia de la nación, como parte del sistema, ya se vacunó: primero con el expediente 912/2010 donde estableció que los tratados internacionales en materia de derechos humanos, que antes estaban por encima de la Constitución y después vino la contradicción de tesis 293/2011 donde se desdijo, aclaró que siempre que exista una restricción constitucional ésta prevalecerá frente a los tratados internacionales.

Esto quiere decir, aclara el jurista, que a pesar de que México está sometido a los tratados internacionales y a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por supuesto a la Corte Penal Internacional, el país se puede negar a realizar las actividades para las que está fundado. Es por ello que tampoco ha nombrado al Fiscal Anticorrupción (ni lo nombrarán) porque para sus intereses resultaría contraproducente que un fiscal pudiese eventualmente solicitar que se les arraigue, o prisión preventiva oficiosa o que ejercite la acción penal en contra de ellos; es decir, el Estado mexicano está en franca violación a lo que normalmente se conoce como derechos humanos.

¿Qué son los derechos humanos?

Todo mundo asocia los derechos humanos con justicia, pero la verdad es que no es así. En un examen racional, jurídico, legal, constitucional y convencional realizado al tema, resulta que los derechos humanos son prerrogativas; y una prerrogativa termina siendo una ventaja social; por ejemplo, todos los que adquieren el fuero a través del voto ciudadano, ése es un derecho humano, otro derecho humano es el superior interés del menor, o la propiedad intelectual, porque es una ventaja exclusiva sobre el resto; también lo puede ser la equidad de género.

Señala el especialista que los derechos humanos no es más que un modo de gobierno en el que nos mienten diciendo que los tenemos. “Bueno, tan no lo tenemos o no son respetados que en la Constitución no se establecería, por ejemplo, la figura del arraigo, tampoco la figura de prisión preventiva”. Estamos en un grave problema, porque también, el artículo 128 de la Ley de Amparo, establece que no se concederá la suspensión si contravienen disposiciones de orden público.

En otras palabras, los ciudadanos, dentro de nuestro entramado jurídico y de las instituciones, no se nos protege ni existen esos derechos humanos. Más bien existen derechos fundamentales y sustantivos que son los mínimos necesarios para la dignidad humana. Todo es un entramado sociológico en el cual la filosofía ha quedado fuera, de hecho antes era filosófico el deber ser, la moral, el comportarse adecuadamente. Hoy día la sociología ha tomado el control del derecho, y éste le sirve a la economía y a la clase política.

Respecto a la Fiscalía Anticorrupción, Vázquez Contreras considera que mientras esté subyugada al futuro fiscal general de la república será un fracaso absoluto, mientras no tenga recursos y patrimonio jurídico propios, mientras no sea autosuficiente, que no dependa de ningún poder público. Con su creación, “solamente se está instituyendo un mayor conglomerado político para gastar  más dinero”.