Glifosato: Obstáculos para una alimentación sana

Yolanda Cristina Massieu Trigo

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A partir del decreto presidencial del 31 de diciembre de 2020, en el que se plantea la prohibición de la siembra comercial de maíz transgénico y la eliminación gradual del uso del herbicida glifosato en la agricultura, hasta que se elimine totalmente su utilización en 2024, se ha desatado una fuerte disputa de intereses encontrados. El glifosato es un herbicida considerado como probablemente cancerígeno en humanos en 2015 por la Organización Mundial de la Salud. Dicha evaluación estuvo sujeta a controversia, pues en el estudio de la Agencia Internacional para Investigación del Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés) se consideró que hubo evidencia limitada para linfomas distintos al de Hodkin. La prueba proviene de estudios de exposiciones, principalmente en la agricultura, realizados en Estados Unidos, Canadá y Suecia publicados desde 2001. Hay muestras convincentes de que el glifosato puede causar cáncer en animales de laboratorio. Con base en tumores en ratones, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) estadunidense clasificó originalmente al glifosato como posiblemente cancerígeno en humanos en 1985, pero después de una revaluación del mismo estudio en ratones, la misma agencia cambió su clasificación a “evidencia de no carcinogenicidad en humanos” en 1991. El grupo de la IARC que hizo la evaluación en 2015 consideró tanto los hallazgos de la EPA como resultados positivos más recientes para concluir que hay suficientes datos de carcinogenicidad en animales experimentales. El mismo grupo encontró que el glifosato también causó daños al ácido desoxirribonucleico y cromosomas en células humanas y un estudio en residentes de comunidades mostró en sangre marcadores de daño cromosomático después de aplicaciones cercanas del herbicida.

Es por la marcha atrás en el diagnóstico de la EPA en 2001 que los partidarios de continuar con el uso del glifosato en la agricultura mexicana (entre los que se encuentran el Consejo Nacional Agropecuario, CNA, y la industria de agroquímicos y biotecnología) alegan que no hay evidencia de daños a la salud de los humanos. Suponiendo que esto fuera cierto (todo indica que no lo es), de cualquier manera los herbicidas, si bien dan ciertas facilidades a los agricultores para el manejo de malezas, conducen a un empobrecimiento notable del agroecosistema al eliminar toda planta que no sea el cultivo que se busca producir. Además hay contaminación en los suelos y el agua al aplicar el herbicida. Los principios de la agroecología, por el contrario, plantean que las llamadas malezas pueden tener usos útiles y que hay métodos no tóxicos para controlarlas, tales como insectos benéficos y cultivos trampa. Muchas de las hierbas comestibles mexicanas que se siembran con la milpa (policultivo de maíz, frijol y calabaza), como quelites, verdolagas y quintoniles, se eliminan por el uso de herbicida.

Existe presión del poderoso lobby integrado por el CNA y la industria de agroquímicos y biotecnología para evitar el decreto. Ello se ha manifestado en el trámite de numerosos amparos contra la aplicación del decreto y estos actores sociales han tenido logros. Un juez concedió una suspensión provisional de la aplicación del documento presidencial a la empresa Monsanto en abril de este año, ante lo cual la Campaña sin Maíz no hay País le manifestó al jurista el gran riesgo para la salud humana y del planeta que representa el continuar usando el herbicida glifosato sin control alguno (junto con otros agrotóxicos comunes en la agricultura como insecticidas y fungicidas). La alta incidencia de cáncer en nuestro país y el mundo está relacionada, entre otros factores, con la ingesta de alimentos portadores de estos compuestos carcinógenos. Entre enero y agosto de 2020 se registraron casi 700,000 defunciones, de las cuales el 9% se debieron a tumores cancerígenos malignos, en el país se diagnostican 191,000 casos de cáncer al año, de los cuales 84,000 fallecen. Se trata de un problema serio de salud pública.

La salud de los ecosistemas y de las personas no debe depender de los intereses de unas cuantas grandes empresas que lucran con la alimentación y la agricultura, por lo que es importante que el mencionado decreto se defienda y se aplique, pese a las presiones. Ahí reside la posibilidad de un futuro con mejores condiciones ecológicas y la producción de alimentos sanos con tecnologías que no usen agrotóxicos.