En el mundo 150 millones de niñas
han sido víctimas de violencia sexual
Aline Espinosa Gutierrez / CIMAC Noticias
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En el mundo 150 millones de niñas y 73 millones de niños han sido víctimas de alguna forma de violencia sexual antes de cumplir los 18 años por una persona que conocen en sus hogares o escuelas. Estas cifras indican que las y los menores de edad están desprotegidos, a pesar de contar con leyes a su favor, por ello es necesario que la educación sexual inicie en el nivel básico y se generen programas de prevención en las escuelas.
En ello coincidieron la ginecóloga y coordinadora del Comité Infanto Juvenil de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología (Flasog), María Mercedes Pérez Alonzo, y la sexóloga y docente en la Universidad del Rosario, Argentina, Raquel Tizziani, durante el conversatorio virtual “Violencia sexual en menores de 15 años”, organizado por Consorcio Latinoamericano Contra el Aborto Inseguro (Clacai) a fin de analizar la situación de violencia sexual hacia menores de edad en el mundo.
Durante el evento explicaron que para disminuir la violencia sexual a la que pueden estar expuestos las y los niños es indispensable que los países trabajen en la prevención en los espacios públicos y en las escuelas, es decir realizar campañas que enseñen a las y los menores de edad a identificar situaciones de violencia sexual, brindar información integral sin estereotipos de género, reforzar la comunicación efectiva con los padres, y explicar qué son los derechos sexuales y reproductivos.
Además de estas acciones, dijeron, es importante que los hospitales cuenten con un equipo médico “bien integrado”, capacitado y sensibilizado en casos de violencia sexual contra niñas y niños para que no “entorpezcan el proceso legal”, no culpabilicen ni revictimicen, sino que brinden un atención adecuada con el fin de evitar mayores daños psicológicos a las y los menores de edad y ayuden a que más casos puedan continuar con su proceso de búsqueda de justicia.
“Es responsabilidad del proveedor brindar atención médica adecuada, registrar los detalles del incidente, llevar a cabo un examen físico y documentarlos, y con el consentimiento de la o el paciente recolectar y preservar cualquier evidencia forense que podría ser necesaria en una acción legal posterior. Las primeras 72 horas después del contacto sexual se debe realizar el examen físico”, agregó la ginecóloga María Mercedes Pérez Alonzo.
Pérez Alonzo resaltó que el factor más importante ante la sospecha de un abuso sexual es el relato de la víctima sin importar su edad, ya que el examen físico puede resultar normal o sólo mostrar “signos no específicos” en 83.5 y 94.4 por ciento de los casos aunque se lleve a cabo en las 72 horas, no obstante “un examen físico de ninguna manera excluye la posibilidad de abuso sexual”, reiteró.
Detallaron que en el mundo 16 niñas y niños son víctimas de violencia sexual cada día, 75 por ciento de estos casos se reporta en el hogar o en la escuela, de estos 0.5 por ciento termina en una sentencia, en 90 por ciento las audiencias se suspende y sólo en 0.2 por ciento las víctimas menores de edad recibieron apoyo psicólogico, por ello se debe disponer de un equipo multidisciplinario en los hospitales: ginecóloga, infectóloga, pediatra de adolescentes, psicóloga, trabajadora social y una asesora legal.
Señalaron que este sería el panorama propicio para estos casos, sin embargo es inexistente en varios países, en particular en las zonas rurales, donde el personal médico no está capacitado y pone en mayor riesgo la vida de las y los menores de edad, a pesar de que la violencia sexual es un problema de salud pública que puede llevar desde un embarazo no deseado hasta la muerte.
En suma, en estos casos, dijeron, la justicia es patriarcal y deja a los agresores en libertad. Recordaron el caso de una menor de edad que fue abusada sexualmente por un familiar y el juez permitió al agresor llevar su proceso legal en libertad porque consideró que éste había protegido a la menor por haber usado protección sexual durante la agresión.
Concluyeron que los países deben reforzar más sus acciones contra esta problemática ya que los avances legales y tratados internacionales no han sido suficientes y cumplan con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de proporcionar una educación basada en saberes científicos, perspectiva de género y el marco normativo de los derechos humanos que contribuya en la prevención y detección de este tipo de casos.
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