La ONU debe apoyar la lucha anticorrupción
Moisés Edwin Barreda / Silabario de política
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Para la nación, Carlos Salinas de Gortari, instaurador del neoliberalismo en el país y su entente con los panistas han resultado peor que la peste negra que diezmó a Europa en 1348. Sabía –y sabe– que para hacer “negocios” más rentables se requerían reformas estructurales que no podían conseguir sin riesgo de perder el poder.
Mi teoría, que data de dos o tres lustros y los hechos han confirmado, es que desde 1982 empezó a fraguar perversa entente política, el prianismo, con la cúpula blanquiazul que encabezaban Luis H. Álvarez y Carlos Castillo Peraza, mediante “concertacesiones” con los “buenos oficios” de Diego Fernández, prometiendo aplicar el programa de gobierno de Pablo Emilio Madero y no hacerles fraude electoral en elecciones futuras, pues sabía que perdería las elecciones en 1988. Esa alianza le permitió imponer en la Presidencia a su pupilo en 2012 para hacer “negocios” que harían archimillonarios a ambos y demás oligarcas y sus asociados. No concebían que el pueblo les arrebataría el poder evitando el consabido fraude electoral.
Los “negocios” eran concesiones mediante contratos corruptos sumamente lesivos para la nación, la que debe apelar a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que es el único instrumento universal jurídicamente vinculante, de lucha contra la corrupción. La Convención, que entró en vigor en diciembre de 2005, exige a los Estados parte a prevenir y penalizar la corrupción y promover la cooperación internacional para recuperar activos robados, a fin de mejorar la asistencia técnica y el intercambio de información en los sectores público y privado. Convencidos de que va en serio el combate a la corrupción, desde diciembre pasado los oligarcas y asociados panistas y empresarios empezaron a sacar del país todo lo que han robado. Sus cuentas en bancos de USA superan las de ciudadanos de otros países de América Latina. Al decir de la Reserva Federal en noviembre de 2020 depositaron 93 mil 618 millones de dólares y 72 mil 530 millones en diciembre de 2018.
El Congreso federal, particularmente la Cámara de Diputados, que actúan en nombre de la nación debe legislar para echar abajo esos contratos leoninos y obligar a la Organización de las Naciones Unidas a actuar conforme a su convención contra la corrupción, hacer caso omiso de las presiones de Washington, personero de las grandes transnacionales, muchas de las cuales exigen respeto a los contratos con que los “beneficiaron” los corruptos, gente de lengua entrenada para alborotar los sentimientos.
Ejemplo clarísimo de lo expuesto son las críticas al gobierno de la 4T por meter en cintura a las empresas españolas generadoras de energía “limpia” favorecidas por los regímenes prianistas en detrimento de la Comisión Federal de Electricidad, y el cese de la producción de gas para importarlo de Texas.
Entre los peores ejemplos de esa corrupción están las concesiones que Salinas de Gortari empezó a dar a mineras extranjeras, canadienses la mayoría, para explotar yacimientos de oro y plata, lo que ahora hacen gran parte de los 198 millones de hectáreas del territorio nacional, y el contrato otorgado a Odebrecht y su socia Braskem-Idesa para que Pemex le suministrara gas a la empresa Etileno XXI a precio 30 por ciento inferior al que lo compraba, lo que de 2010 a 2020 le ocasionó pérdidas por 5 mil millones de dólares. Barrieron parejo, pues suspendieron la importación de polietileno para obligar a comprarlo a dicha empresa.
Por cierto, también ya es tiempo de que el Congreso disponga la revalorización de los terrenos ejidales comprados en Oaxaca a precios irrisorios con beneplácito de los gobiernos prianistas, para instalar los generadores de energía eólica y solar en otras regiones.
Es necesario y oportuno que todos los Estados firmantes de la Carta de la ONU tomen providencias para evitar que ese organismo siga como instrumento de la política exterior de USA, valido de que es el que más fondos le aporta desde que promovió la fundación de la Liga de las Naciones en el contexto del Tratado de Versalles, el 28 de junio de 1919.
