Respuesta a Coparmex y CEE: Control de precios
Moisés Edwin Barreda / Silabario de política
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) rechazan el aumento de 15 por ciento al salario mínimo general (SMG) porque quieren mantener los privilegios recibidos del neoliberalismo, como el tope salarial, que redujo a miserables los salarios para atraer al capital exterior e impuso que los aumentos a trabajadores fueran menores que 4.5% ciento anual, indefinidamente. Así los enriqueció más a los empleadores.
En realidad los espanta que ese porcentaje será punto de partida para revaluación de los salarios contractuales, pues en su proyecto “Hacia una nueva cultura laboral”, aprobado en 2016 por el charrismo sindical y el gobierno corrupto ya eliminado, confiesan que “Muy pocos trabajadores perciben el SMG, especialmente en la economía formal. Pueden ser hasta 3.5 millones, esto es menos del 10% de la planta ocupada. El incremento a este pequeño número de trabajadores no afecta al conjunto de los precios. ‘No pinta’ en el conjunto de la economía.”
Líderes charros y la dictadura de partido aceptaron encantados la propuesta de Coparmex en ese documento: “Llegar a la línea de bienestar (…) propuesta por el Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social) para el segundo semestre del 2017, y de ahí incrementar el salario mínimo en forma gradual y responsable a fin de que llegue a cubrir la línea del bienestar para una familia de 3.5 individuos promedio, para el 2030.”
Lo que ahora defiende y exige aplicar es la propuesta que hizo en el 2016: dar aumentos anuales de 5.8 a 8.5 pesos reales a los minisalarios, para que en el 2030 éstos sean de entre 162.35 y 194.68 pesos al día, “con el ingreso de 1.7 a 2 personas del núcleo familiar trabajando en la economía formal.” Por esto dice que aceptaría la propuesta gubernamental si del 15 por ciento el gobierno federal pone 10 y ellos cinco. Le saldría más barato.
Así, campechanamente, los cresos favorecidos por la corrupción del sistema político defenestrado decidieron que dos integrantes de cada familia mexicana trabajen a la vez si quieren ganar lo suficiente para pagar la canasta alimentaria y no alimentaria. Como si no fueran razón de que desde hace décadas que la familia se desintegró porque padre y madre ganan la calle en pos del sustento, siempre magro.
Está visto que empresarios y comerciantes quieren seguir enriqueciéndose explotando a ridículo precio la fuerza de trabajo a la par que aumentan los precios de artículos de consumo necesario y bienes duraderos más allá del índice de inflación, con lo que reponen mucho más que el desembolso por los aumentos. Y es de preverse que la carestía será mayor porque repercutirán ese aumento al consumidor final, como hacen siempre.
El Consejo Coordinador Empresarial explica que se opone porque en este momento crítico es más importante mantener y recuperar empleos que perseguir un objetivo aislado de mejorar el salario a algunos, a costa de más informalidad y desempleo de muchos, y la Coparmex sacude ruidosamente el petate del muerto diciendo que se arroja a millones de micro empresarios toda la carga del incremento, y con ello es inminente la quiebra de miles y miles de negocios.
El aumento salarial de 15% directo al salario mínimo, que lo sube de 123.22 a 141.70 pesos, más que justo y necesario como dijo el presidente López Obrador al anunciar su aprobación, es un acto de justicia a los trabajadores muchos años diferida de antaño y en mayor grado a partir de 1982 con la instauración del neoliberalismo y la total subordinación del régimen al Fondo Monetario Internacional.
En comunicado de prensa y mensaje a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos para justificar su “razonado rechazo” a ese incremento, la Coparmex se ridiculiza sin límite, pues alardea que “hemos sido impulsores del incremento histórico en el salario mínimo en los últimos años”, cuando desde 1982 aceptó de mil amores el tope salarial impuesto por el neoliberalismo, con el que los aumentos a los salarios se subordinaban al índice de la inflación, nunca mayores que 3.5 a 4 y 4.5% anual.
Para justificar la desmedida explotación que durante 36 años facilitó el tope salarial, único en el mundo, los empleadores, es decir empresarios y comerciantes, declaraban como hacen ahora, que aumentos mayores serían inflacionarios como afirmaba el gobierno, y conllevarían desempleo porque quebrarían muchas empresas. Insisten que “Ante la crisis los aumentos irracionales aprobados sin consenso propiciarán cierre de negocios y pérdida de empleos.”
La Coparmex contradice su “Hacia una nueva cultura salarial”, donde declara que tiene “como misión contribuir al establecimiento de condiciones para la prosperidad de todos los mexicanos, que propicien una creciente cohesión social y para que las empresas se desarrollen, multipliquen y cumplan con su función creadora de empleo y de riqueza con responsabilidad social. Coparmex representa causas mucho más amplias que los intereses directos y legítimos de sus afiliados, reconociendo a la empresa como medio de creación de riqueza económica para la sociedad y de crecimiento integral para todos los que la conforman, ya que defiende principios y valores, no privilegios.”
El gobierno federal debe restablecer el control de precios implantado en 1946 para evitar la especulación, desechado en 1982. Sólo se mantuvo en aceite comestible (poco tiempo), pan blanco y tortillas; si no, volverá la carrera salarios-precios, benéfica para los empleadores, entre éstos los comerciantes. Paralelamente, hacer efectiva la ley relativa al aumento en las rentas de casa-habitación, de 10% del fijado a los minisalarios.
Relucen trapitos de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús
Moisés Edwin Barreda / Silabario de política
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Los regímenes “emanados de la Revolución”, autodenominación de los emergentes de la PRI-dictadura, forjaron la sentencia “La corrupción no se documenta”, la que a su vez engendró a la impunidad. En 1982 devinieron en el periodo neoliberal liderado por Carlos Salinas de Gortari, quien convirtió en sus patiños a los panistas Luis H. Álvarez y Carlos Castillo Peraza. Para esa tarea usó a Diego Fernández de Cevallos.
Confiados en dichas pústulas y encabezados por su líder Salinas, de 1982 a julio del 18, los oligarcas proxenetas de la política y sus adláteres panistas –éstos durante 12 años– se dedicaron al saqueo del erario y la entrega del territorio y las riquezas nacionales.
Los dos regímenes panistas no interrumpieron la secuencia de los virreynatos de la PRI-dictadura, pues fueron subordinados de la oligarquía, la que a partir de 1982 controlaba el perverso Salinas de Gortari, quien consciente del desprecio popular al PRI, avizoró la derrota electoral de éste en el año 2000, y en 2006 contribuyó al fraude electoral para entronizar a Felipe Calderón, del que paso a paso se exhibe corrupción sin paralelo al lado de Genaro García Luna.
El último trapito de ese sujeto de nombre –Felipe del Sagrado Corazón de Jesús– que resultó sarcasmo, expuesto al sol por el presidente AMLO en la mañanera, son ocho contratos firmados con empresas proveedoras de servicios a “centros federales” --de reclusión– construidos exprofeso en siete estados: Sonora, Guanajuato (dos), Oaxaca, Durango, Chiapas, Morelos (femenil) y Michoacán.
Fueron suscritos en nombre del gobierno federal –Calderón– y su secretario de Seguridad Pública –García– por funcionarios de la Coordinación General de Centros Federales: Gonzalo Villarreal Guerra, titular; Arturo Sosa Viderique, director general, y Marco Antonio Villarreal Gutiérrez (pariente del primero), nada menos que director de adquisiciones. Gonzalo era hermano de Américo Villarreal Guerra, quien fuera funcionario de la desaparecida Secretaría de Recursos Hidráulicos, senador y gobernador (de Tamaulipas) priista.
Se dio la casualidad de que siete de esos contratos fueron firmados simultáneamente el 27 de diciembre 2010, y el 18 de marzo de 2011 el de Oaxaca. Falta saber cuándo empezaron a operar dichas empresas y los nombres de sus propietarios, pues AMLO se los reservó.
Los proveedores originales fueron Pápagos Servicios para la Infraestructura (Sonora), Sarre Infraestructura y Servicios y Operadora de Infraestructura Especializada de Guanajuato (dos), Desarrolladora y Operadora de Infraestructura de Oaxaca SAPI, DIP Concesionaria Duranguense de Infraestructura Penitenciaria, Makobil (Chiapas), CRS Morelos (femenil), y Concesionaria en Infraestructura Penitenciaria de Michoacán.
Los contratos de los centros de Sonora y de Guanajuato (uno) fueron vendidos a Exi Quantium, el de Oaxaca a GIASA, los de Chiapas y Morelos a Capital Inbursa, empresas vinculadas a Carlos Slim, y el otro, de Guanajuato, nada menos que a Black Rock.
Por el conjunto de esos contratos, con vigencia durante 20 años, el gobierno federal se comprometió a pagar 266 mil 300 millones 554 mil 847 pesos a dichas empresas. En los últimos nueve años se pagaron 75 mil 661 millones 735 mil 763 pesos y se suspendió el pago de lo restante: 190 mil 638 millones 819 mil 84 pesos, hasta que las empresas titulares acepten renegociar esos contratos, o se resuelva el litigio a emprender en caso contrario.
Dichos convenios fueron parte de la privatización de los servicios al sistema carcelario nacional, por lo que en particular la dirección de Prevención y Readaptación Social, responsable del manejo del resto de las prisiones del país, en el año 2020 pagó a las citadas empresas 15 mil 562 millones 904 mil 661 pesos, es decir –subrayó el presidente– casi 50 por ciento de lo invertido hasta hoy en vacunas anti covid-19.
Evidencia de lo leonino de esos contratos es que el gasto diario por confinado es de 2 mil 558 pesos en Sonora, 2 mil 627 en Guanajuato, 3 mil 296 en Oaxaca, 2 mil 867 en Durango, 4 mil 243 en Chiapas, 6 mil 411 en Morelos, 5 mil 69 en Michoacán y 3 mil 482 pesos en Coahuila, de cuyo centro federal no se dieron más datos.
Esos costos significarían que en los centros federales a los confinados se les daría vida de reyes, como en hoteles de los más costosos “resort”, lo que está por averiguarse lo mismo que los nombres de los “afortunados” propietarios de las empresas proveedoras y época de la creación de éstas.
