“Así es como funciona la industria de
los derechos humanos”: Alfred de Zayas

* Entrevista con el experto de la ONU, independiente * “Mi visita a Venezuela me abrió los ojos * Me di cuenta de que la narrativa mediática no corresponde a la realidad” * Todos los derechos humanos derivan de la dignidad humana * Las leyes de aplicación extraterritorial de EU, como la Helms-Burton de 1996, son ilegales en derecho internacional * El idioma es un arma que mata * La etiqueta de “terrorista” mata * El gran Nelson Mandela fue considerado “terrorista”

Geraldina Colotti / América Latina en Movimiento
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Después de su participación en el programa @enlinea con Brics-Psuv, creado por Beverly Serrano y Antonio Páez y dirigido por la vicepresidenta de la Comisión Agitación Propaganda y comunicación del PSUV, Tania Díaz, entrevistamos a Alfred de Zayas, abogado especializado en derecho internacional, experto en derechos humanos en la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Le agradecemos el tiempo que nos ha dedicado.

Naciste en Cuba, ¿podrías resumir los principales momentos de tu carrera, qué mejor recuerdas y por qué?

—Mi madre Augustina era española de Asturias y había estudiado en Nueva York en los años 30, donde conoció a mi padre, el doctor José María de Zayas y Portela, abogado de patentes en La Habana, y heredero de una vieja familia aragonesa, con vínculos cercanos a la nobleza, ya que uno de nuestros primos era el Marqués de Zayas, que mi padre conocía de sus viajes a Barcelona.  Tanto mis padres como sus respectivos hermanos y hermanas eran simpatizantes de Fidel Castro y habían contribuido con fondos a la revolución, puesto que era insoportable seguir viviendo bajo el corrupto golpista y dictador Fulgencio Batista, un lacayo más de Washington.  En enero de 1959 todo el mundo estaba satisfecho del éxito de la revolución, pero como todos los movimientos revolucionarios, el fidelismo también se fue en galope y así comenzaron los problemas para la burguesía a la cual pertenecíamos. Mi familia era muy católica y yo fui monaguillo en La Habana –luego en Estados Unidos, Canadá, España, Francia, Italia y Alemania. Me encantaba también cantar en el coro de la escuela, y luego canté en coros universitarios, y todavía canto (soy tenor) en el coro ecuménico de Ginebra.

El hermano de mi madre, Jesús Alejandro Rozos, natural de Oviedo, Asturias, había emigrado a Estados Unidos y se había hecho muy rico como comerciante en Chicago. Mi tío Tito fue una influencia clave, puesto que cuando cerraron las escuelas en Cuba, el llamó a mi madre y le dijo que se ocuparía de mi hermano Pepín y de mi hasta que las cosas se tranquilizaran. Efectivamente mi hermano y yo nos fuimos a Chicago, donde cursamos la secundaria y nos graduamos de un “prep school” en Chicago en 1963.  En el entretanto mi madre, hermana y mi padre viajaron a Nueva York, donde mi padre encontró empleo en un bufete de abogados especializado en negocios con América Latina.

Mi hermano estudió física y se hizo profesor en la Universidad de Adelphi en Nueva York y luego en la Universidad de West Florida en Pensacola. Yo primero quise ser cura y me fui al seminario, y después de dos años tuve dudas sobre mi vocación, pero decidí quedarme con los jesuitas como estudiante laico, en la Universidad de Fordham en Nueva York, donde me gradué con un título de filosofía e historia en 1967.  De ahí tomé rumbo a Boston, donde estudié historia en la Graduate School of Arts and Sciences de Harvard y en el Harvard Law School, del cual me gradué en 1970. Tomé los exámenes de calificación de abogados en el estado de Nueva York y en el estado de la Florida, y ejercí la profesión en ambos estados, trabajando como joven abogado en el bufete Simpson Thatcher and Bartlett, dirigido por quien posteriormente fuese el secretario de Estado de EU, Cyrus Vance, una bellísima persona.

Después de tres años me entró el deseo de terminar mi doctorado en historia, y me conseguí una beca Fullbright para Alemania. En 1977 obtuve mi doctorado con una tesis sobre la expulsión de 15 millones de alemanes de la Prusia Oriental, Pomeranía, Silesia, Brandemburgo del Este, Bohemia, Moravia etcétera en los años 1945-48. Era un tema completamente tabú, y mi libro Némesis at Potsdam fue el primero que trataba el tema en lengua inglesa.  Tuvo gran éxito con 14 ediciones en Alemania, ahora estoy preparando la décimo quinta. La versión inglesa está agotada.  A lo largo de mi carrera escribí otros ocho libros que también encontraron sus lectores.

Conseguí empleo como docente en la Universidad de Göttingen y luego en el Max Planck Institute en Heidelberg.  En enero de 1981 comencé a trabajar como jurista en la entonces División de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, luego en la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, donde desempeñé las funciones de secretario del Comité de Derechos Humanos, jefe del Departamento de Peticiones.  En Ginebra me casé con Carolina Edelenbos, jurista holandesa, con quien tuvimos un hijo, Stefan (fallecido). Llevamos 30 años de felicidad conyugal. En 2003 tomé el retiro anticipado para regresar a la docencia en las universidades de Vancouver, Chicago, Alcalá de Henares, Trier y Ginebra. En 2012 me “reciclaron” como “Experto Independiente para la promoción de un orden internacional democrático y equitativo”. Una labor que realicé durante seis años, produciendo 14 informes y unos 100 comunicados de prensa.

Se habla mucho de los derechos humanos en este tercer milenio, pero parece no haber más obstáculos para sus violaciones, comenzando por la negación de derechos básicos como la alimentación, la salud, la vivienda y la educación gratuita. ¿Cuál es su concepción de los derechos humanos y qué se puede hacer para garantizar que las instituciones internacionales designadas para defenderlos realmente cumplan su función? ¿Es esto posible hoy, considerando la situación internacional actual?

            —Efectivamente existe una “industria de los derechos humanos” –y muchos funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado, diplomáticos, activistas de organizaciones no gubernamentales, profesores de derechos humanos, y, claro, también muchos “expertos independientes” y relatores son más o menos oportunistas, que se consideran “mejores” que los otros, pero no necesariamente se sienten solidarios con las víctimas de violaciones de los derechos humanos.  Algunos de mis jefes fueron modelos de integridad y profesionalismo, como el profesor Theo van Boven, el profesor Kurt Herndl, el juez Jakob Möller, el Alto Comisionado Bertrand Ramcharan y la Alta Comisionada Navi Pillay. Pero muchos otros simplemente están ahí por el buen salario, el prestigio y otros beneficios.

Mi filosofía sobre los derechos humanos es la siguiente: Todos los derechos humanos derivan de la dignidad humana, la cual es inherente a todas las mujeres y a todos los hombres, requiere el reconocimiento de la igualdad de todos los hijos de Dios, de toda la familia humana, requiere el respeto a la vida en dignidad, lo que significa tener acceso a lo básico –la alimentación, el agua, medicinas, vivienda, empleo, etcétera. El derecho a la vida significa necesariamente el derecho a una vida cum dignitate –y el respeto de los otros– sic utere tuo ut alienum non laedas. También necesitamos la libertad personal, el derecho a la verdad, a la información, a la opinión de cada uno de nosotros, el derecho a equivocarse, y a comenzar de nuevo.

Recientemente causó sensación su informe sobre los derechos humanos en Venezuela, en el que destacó la responsabilidad que tienen las llamadas sanciones impuestas por Estados Unidos y sus países vasallos, medidas coercitivas y unilaterales que la propia ONU considera crímenes de lesa humanidad. ¿Cómo llegaste a ese informe y qué consecuencias tuvo en tu trabajo?

—Doce de mis colegas relatores habían solicitado ser invitados a visitar Venezuela en misión oficial, sin éxito. Eso me intrigaba. Además, Venezuela siempre me ha interesado, puesto que es un país cercano a Cuba con una cultura y música hermana.  Desde luego, yo había leído mucho sobre la llamada crisis humanitaria, y quería investigar. Grande fue la sorpresa cuando mi solicitud de realizar una visita fue aprobada por el canciller Venezolano Jorge Arreaza. Claro, yo estaba indoctrinado como todo el mundo, puesto que antes de ir a Venezuela había leído la información disponible –los estudios de la Oficina del Alto Comisionado (en 2017, el señor Zeid Raad el Hussein), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de Amnistía Internacional, de Human Rights Watch. Mi visita me abrió los ojos, y me di cuenta de que la “narrativa” mediática no corresponde a la realidad. Hablé con una docena de ministros, pero también con la oposición, con la Cámara de Comercio (Fedecámaras), con las iglesias, con el padre jesuita Numa Molina, con unas 40 organizaciones no gubernamentales, Amnistía, HRW, Provea, Fundalatin, el Grupo Sures, la Red Nacional de Derechos Humanos, con profesores y estudiantes.  Muy importante fueron mis dos encuentros con la profesora Pasqualina Curcio, de la Universidad de Caracas, cuyos cuatro libros sobre la crisis me impresionaron, especialmente La mano visible del mercado.

Mi preocupación principal era escuchar a todas las partes –audiatur et altera pars– y evaluar sin prisa todos los documentes que me proporcionaron y que yo mismo conseguí proactivamente. Llegué a la conclusión que la “crisis” tenía dos principales causas –la dependencia en la venta del petróleo y la caída vertiginosa del precio del mismo, y la guerra económica dirigida desde Washington desde 1999, el bloqueo financiero, las sanciones económicas, y todos los esfuerzos de derrocar a Nicolás Maduro mediante el caos y el sabotaje.

Antes, mediante y posteriormente a mi visita sufrí una serie de amenazas y una campaña de insultos y desprestigio que nunca había sufrido en relación a mis otros 13 informes. Lamentablemente la Oficina del Alto Comisionado no hizo nada para proteger mi integridad, mi honor y mi reputación.

Sin embargo, estoy muy contento de haber logrado una constructiva relación con el gobierno venezolano, el cual respetó mi informe, que también formula críticas duras, y llevó a cabo varias de mis recomendaciones, entre otras el establecimiento de acuerdos de cooperación con la FAO, OMS, ACNUR, etcétera, y la liberación de detenidos que yo había pedido, incluso el conocido opositor Roberto Picón, tras haber hablado con su esposa y con Roberto Jr. (un joven muy simpático), y tras haber estudiado su caso, que consideré meritorio. Además, la cooperación con mi persona ha continuado, puesto que en 2018 y principios de 2019 yo abogué personalmente por la liberación de un periodista alemán llamado Billy Six, y se le concedió la libertad. Billy publicó un largo artículo sobre esto en el verano del 2020. En otras palabras, mi misión fue exitosa, porque no fui en pie de condenador a priori, sino fui a escuchar, a aprender, a evaluar, y luego a formular recomendaciones pragmáticas, que evidentemente el gobierno consideró bien fundadas.

¿Cómo evalúa la otra información que se ha producido sobre Venezuela, tanto por la señora Bachelet como por un grupo de supuestos expertos independientes que tenían en su interior a una persona acusada de estar implicada en violaciones de derechos humanos en Chile?

—Yo tuve mucho que ver en la creación de la Oficina del Alto Comisionado en Caracas y en la visita personal de Michelle Bachelet.  Sin embargo, ningún Alto Comisionado escribe su propio informe.  Para eso hay un equipo en la oficina, y este equipo lamentablemente es poco profesional, muy ideológico, neoconservador y contrario a priori a la Revolución bolivariana. Yo tuve que criticar mucho el primer informe de Bachelet, puesto que sufría de problemas de metodología e ignoraba una gran parte de la información presentada por el gobierno, por las víctimas de las guarimbas, por las organizaciones Fundalatin, Grupo Sures, etcétera.  El segundo informe de Bachelet estuvo mejor, y ya ella acepta en sus comunicados de prensa que existe un impacto importante y adverso de las medidas coercitivas unilaterales, que ella ha pedido que se levanten –al menos durante la crisis del covid-19.  Bachelet ha aprendido– y ella me escucha. Pero escucha también a los políticos.  Bochornoso es el “informe” de los llamados “expertos independientes”, que nunca estuvieron en Venezuela y se basan sobre fuentes no fidedignas.

Con base en su experiencia: ¿Cuál es la responsabilidad y cuál el peso de los medios hegemónicos en presentar una realidad distorsionada de Venezuela y los países socialistas a nivel internacional? ¿Y qué contramedidas se puede tomar dentro de las instituciones en las que trabaja?

—Los medios hegemónicos han construido una caricatura de la situación en Venezuela, que muchos todavía creen. Yo mismo había caído en la trampa, y llegué a Venezuela en noviembre 2017 con una visión distorsionada de la situación. Es precisamente por eso que los medios hegemónicos trataron de enterrar mi informe, como si no existiera. En septiembre de 2018, cuando mi informe se presentó al Consejo de Derechos Humanos, no hubo reacción de la parte de la prensa, puesto que yo no estaba cantando la canción que esperaban. Fue en enero de 2019, tras la autoproclamación de Juan Guaidó como “presidente interino”, que un periodista británico, Michael Selby-Green, me hizo una entrevista larguísima, la cual fue publicada en el Independent. De ahí surgieron invitaciones a dar entrevistas a Skynews, Euronews, France24, Aljazeera, ZDF/Arte, Democracy Now, The Real News, etcétera. También logré publicar op-eds, pero jamás pude publicar o darle entrevista al New York Times, Washington Post, CNN, BBC, a quienes les había ofrecido mis textos. Sorprendente y chocante cuando el Georgetown Journal of International Affairs me pidió un artículo, el cual escribí, y luego no lo publicaron “because of its content” –por su contenido. Increíble pero cierto– una revista supuestamente académica pide un artículo y luego lo censura.

También ha tratado extensamente el caso de Julian Assange, a quien se le negó la libertad bajo fianza y quien corre el riesgo de morir en prisión por denunciar las fechorías del imperialismo estadunidense y su principal aliado, Gran Bretaña. ¿Cuál es su experiencia y su análisis?

—Yo tuve la oportunidad de visitar a Julian Assange en la Embajada del Ecuador en Londres cuando estaba participando en un congreso de derecho comercial. Julian me fue muy útil, puesto que acababa de publicar en Wikileaks los capítulos ultrasecretos de los tratados de “libre comercio” –que no tienen mucho que ver con el libre comercio, y mucho que ver con el poder de las transnacionales y el globalismo. Yo utilicé esa información en mis informes del 2015 al Consejo de Derechos Humanos y a la Asamblea General de la ONU.

Considero la persecución de Julian como un ataque frontal contra el derecho a la información, la profesión del periodismo, el interés público en saber que crímenes se cometen en nuestro nombre, que maniobras se hacen para secundar los crímenes y garantizar la impunidad. La decisión de la jueza británica es escandalosa desde el punto de vista jurídico. Muestra que no existe profesionalismo, sino una genuflexión ante las órdenes del gobierno británico, que a su vez obedece la ordenes de Washington. La libertad bajo fianza es un derecho humano, protegido por el artículo 9 del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos,  y es algo que se concede en 99% de los casos. Negarlo en el caso específico de Assange es un acto de barbarie.

En el programa BRICS-PSUV se habló de un día mundial por la libertad de Assange, quizás preparado por una campaña en la que pedir el compromiso de esa prensa que dice estar lista para defender la libertad de opinión. ¿Está de acuerdo?

—Un día mundial por la libertad de Assange es apropiado y hay que movilizar a todos los pueblos y todas las organizaciones de derechos humanos, incluso a PEN International.  Yo fui presidente del PEN Club en la Suiza francesa de 2006 al 2009 y una segunda vez de 2013 al 2017 y en esta oportunidad abogué por Assange, sin éxito ninguno. La prensa hegemónica sigue censurando y distorsionando.

La actitud de los gobiernos europeos hacia Venezuela y los países socialistas muestra la duplicidad que existe en materia de democracia y derechos humanos: por un lado, truena contra Donald Trump --después de haberlo apoyado en sus ataques a los pueblos del sur-- por autoritario y antidemocrático, y se defiende la llegada de Joe Biden, mientras por el otro se apoya la acción del autoproclamado Juan Guaidó, que está totalmente fuera de los parámetros de la democracia representativa. ¿Cómo se puede explicar esto y qué se podría hacer para que este elemento emerja con fuerza en las instituciones internacionales?

—Mi madre siempre me decía “la vergüenza era verde –y se la comió la chiva”– en otras palabras esta gente no tiene vergüenza, son imperialistas y neocolonialistas, carecen de moral y de coherencia.  Lo que hacen es sumamente antidemocrático, pero tienen la prensa corporativa que los justifica.

Lo que está sucediendo en Estados Unidos resalta el peligro que representa la práctica de crear falsas instituciones internacionales para aprobar decisiones autoritarias que no serían compartidas por organismos tradicionales (como el Grupo de Lima y sus afines). ¿Qué conciencia hay de este peligro en una institución como la ONU, teniendo en cuenta la crisis que atraviesa, resaltada por las propuestas alternativas de los países del sur que piden una reforma profunda?

—El Grupo de Lima es otro bochorno en un mundo de bochornos.  Actúa en violación de los artículos 3, 19, 20 y otros de la Carta de la OEA, se presta a maniobras antidemocráticas del infame Luis Almagro y del demente Donald Trump.  Es hora de avanzar con una reforma profunda. En América Latina ya existe la Celac, pero tras el fallecimiento de Hugo Chávez y el fin de los gobiernos de Luiz Inácio Lula y Dilma Rousseff en Brasil y de Rafael Correa en Ecuador, la Celac ha perdido mucho momentum. Lo que me gustaría ver es una nueva Corte Interamericana de Derechos Humanos en Latinoamérica que excluyera a EU y Canadá, cuya visión de los derechos humanos es básicamente imperialista y neocolonial.

Estados Unidos está a punto de reinsertar a Cuba en el listado de países que “apoyan el terrorismo”. ¿Sobre qué base pueden hacer esto y qué se puede hacer para contrarrestarlos?

—Hasta ahora Trump ha hecho lo que le da la gana sin preocuparse por una justificación válida.  Si hay un Estado terrorista en el continente es precisamente Estados Unidos, cuya política de sanciones ha matado decenas de miles de inocentes en Siria, Irán, Venezuela, Nicaragua, Cuba, etcétera. El terrorismo es precisamente eso –matar indiscriminadamente–, matar para amedrentar, para asustar, para crear caos. Si hay un Estado narco-traficante en el continente, es Colombia. Si hay Estados fascistas son Brasil, Ecuador, Guatemala, Honduras, Paraguay….  Es puramente Orwelliano –llamar a Cuba terrorista es como llamar al papa Francisco terrorista. No tiene sentido.

A partir de las leyes promulgadas en la década de 1970 en Italia y Europa, la denominada legislación antiterrorista, difundida internacionalmente tras el ataque a las Torres Gemelas, ha trastocado el derecho internacional. Ahora vemos que, en Paraguay como en Perú, familiares y abogados son detenidos y torturados en nombre de la unidad nacional contra el terrorismo. Como abogado internacional, ¿cuál es su análisis y qué se puede hacer para contrarrestar esta situación?

—El idioma es un arma que mata. La etiqueta de “terrorista” mata. Hay que recordar que el gran Nelson Mandela fue considerado “terrorista” por muchos gobiernos.  En el Sistema de la ONU tenemos a un relator sobre los derechos humanos y el terrorismo –mi favorito fue un británico con mucho coraje, Ben Emerson, Q.C.  Ahora la relatora se llama Fionnuala Ni Aoláin, una irlandesa, pero no comprendo por qué no se pronuncia con respecto a EU y a tantos otros países terroristas como Arabia Saudita. Lo que vemos es una generalización del abuso de la ley para cometer la injusticia. Los romanos decían “dura lex sed lex” –la ley es dura, pero es la ley. Sin embargo, las leyes nazis eran leyes también, las leyes de la esclavitud, del colonialismo, del apartheid eran leyes. Es por eso que lo que buscamos en los derechos humanos no es la “ley” sino la justicia.  Bien decía Cícero hace 2000 años –“summum jus, summa injuria”– el exceso de ley es frecuentemente la más alta injusticia. Y eso es lo que llamamos “lawfare”, cometido hoy en día contra Evo Morales en Bolivia, contra Rafael Correa, contra Jorge Glas en Ecuador, contra Julian Assange….

En Venezuela se aprobó una Ley contra el Bloqueo. ¿Qué esperanzas tiene, en términos del derecho internacional, Venezuela de contrarrestar eficazmente las “sanciones” que en Estados Unidos se han convertido en leyes estatales?

—Las leyes de aplicación extraterritorial de EU, como la ley Helms-Burton de 1996 (¡bajo la presidencia de Bill Clinton!) son ilegales en derecho internacional. Pero la fuerza es la fuerza, y EU han chantajeado al mundo entero. No creo que la Ley contra el Bloqueo en Venezuela pueda cambiar las cosas. Solamente la solidaridad internacional –cuando 160 Estados se nieguen a implementar las leyes extraterritoriales de EU, cuando los europeos se decidan a responder a las sanciones de EU con sanciones europeas contra EU, cuando la Corte Internacional de Justicia tome el caso y diga claramente que estas sanciones son incompatibles con la Carta de las Naciones Unidas, cuando la Corte Penal Internacional diga que las sanciones y el bloqueo constituyen crímenes de lesa humanidad, de conformidad con la definición en el artículo 7 del Estatuto de Roma, cuando el mundo reconozca que las sanciones matan.

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