Durante su campaña política, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dijo que su propósito era transformar a México. En aquel tiempo eran pocos los que entendían ese significado. Ahora sabemos que lo que pretendía, no era “reformar” al país, sino ir más allá: “transformar” las bases, las estructuras económicas, sociales y políticas de toda la sociedad.

Hoy, a dos años de su gobierno, día tras día, venciendo todo tipo de obstáculos, ha ido sentando las bases de lo que es la Cuarta Transformación (4T): separar el poder privado del poder público; o sea, impedir que los grandes empresarios capturen y usen al gobierno para amasar sus fortunas –como lo hicieron en el pasado inmediato–; al mismo tiempo, dar prioridad en las políticas de gobierno por el bien de todos, “primero a los pobres” del campo y de la ciudad, que por muchos años los dejaron rezagados del progreso económico y social.

Solo por mencionar algunos avances transformadores, diremos que: eliminó la condonación de impuestos de algunos empresarios, quienes, viéndose acorralados están pagando al fisco sus millonarios adeudos. De igual manera, se combate a las empresas que elaboran facturas falsas para evadir el pago de impuestos. Logró subir a rango constitucional, que a los programas sociales que está aplicando (adultos mayores, personas con discapacidad, becas para estudiantes, etcétera) se les asigne presupuesto de manera obligatoria cada año, por lo menos el equivalente al ejercicio del año anterior. Logró a nivel constitucional, eliminar el fuero a los presidentes de la república, para que sean juzgados como cualquier ciudadano, y que ya no disfruten de privilegios que los salven de enfrentar a la justicia. Hizo las gestiones para que la corrupción, como los fraudes electorales, la evasión fiscal, etcétera, sean delitos federales.

En defensa de los trabajadores ha logrado subir el salario mínimo, que por años estaba rezagado, para lo cual logró la aprobación de los patrones. Ahora se promueve la libertad sindical para que los trabajadores elijan al líder que los represente en las relaciones obrero-patronales. Está luchando para eliminar o poner controles al sistema de subcontratación outsourcing, que a finales de año permitía que el patrón despidiera al trabajador para evitar pagarle sus prestaciones de ley y contratarlo nuevamente al inicio del año siguiente, con lo que afectaba los derechos del trabajador y evadía el pago de impuestos.

Desde 1917 está establecido en la Constitución, producto de la Revolución mexicana, el derecho del trabajador a: la salud, educación, trabajo, deporte, cultura, etcétera. Sin embargo, por múltiples excusas gubernamentales como falta de recursos, se desatendían; hasta ahora, que, el derecho a la salud se está instrumentando para que cualquier ciudadano tenga acceso a atención médica universal y gratuita, aunque no sea beneficiario de instituciones como el IMSS, ISSSTE, etcétera.

Los recursos presupuestales de los programas sociales se están enviando directamente a los beneficiarios, sin la intervención de gobernadores y presidentes municipales, los que, en el pasado, se quedaban con una parte o desviaban el destino del dinero, por lo que era mínimo lo que llegaba a los destinatarios. Por eso, ahora varios gobernadores abusivos, que no tienen nada de “federalistas”, protestan porque quisieran seguir recibiendo ese recurso público, en vez de aplicar impuestos estatales. No son tontos, saben que es más fácil estirar la mano y pedir al gobierno federal que los ayude, en vez de que apliquen políticas recaudatorias locales que podrían empañar su reputación.

A la 4T todavía le quedan varios asuntos pendientes por ventilar a la luz pública, como el abuso en el cobro de comisiones de los bancos. ¡Imagínese estimado lector, toda la porquería de abusos y corrupción que estamos todavía por ver y analizar!