Para Moisés Sánchez Limón, a quien conocí en la
redacción del extinto Diario Avance como reportero suplente
a mediados de la década de los setenta. Con el aprecio de siempre.

La publicación hace meses del artículo “Neosocialismo” en un diario de circulación nacional es parte de otros señalamientos falsos sobre el rumbo político del actual gobierno. Concepto muy revelador del propósito de tergiversar la recomposición de las fuerzas políticas a partir del ascenso del Movimiento de Regeneración Nacional, el cual desplazó al grupo gobernante que ejerció el poder por cerca de cuatro décadas. La derrota electoral de los gobiernos plutocráticos apunta dos aspectos centrales: la dependencia económica se empalmó con el proceso de agotamiento del modelo neoliberal evidenciado por las contradicciones de la concentración y centralización de la riqueza nacional; por el otro lado, la profunda desigualdad de clases provocó la descomposición social: inseguridad pública, criminalidad y delincuencia, desapariciones forzadas, desplazamientos y violencia. Ambos pusieron al límite la gestión institucional gubernamental –hundida por demás, en corrupción, complicidades e impunidad– para instrumentar políticas públicas paliativas, optando, en cambio, medidas represivas que terminaron afectando la gobernabilidad democrática.

En este contexto se destaca el deterioro de los entonces partidos dominantes (PRI y PAN) y el declive de la alternativa emergente de la década de los noventa (PRD), que ahora ven caer la preferencia ciudadana –eufemismo de la pérdida de representación política de bases sociales, no necesariamente de clase– aunque sí conservan los dos primeros los nexos de clase oligárquica suficientes para concretar alianzas electorales y obtener financiamiento de las cúpulas empresariales que, así planteado por la Convención Nacional Ciudadana al hacer suya la agenda de “Sí por México”, se pretende construir la nueva mayoría en la Cámara de Diputados capaz de erigirse en contrapeso del gobierno del presidente López Obrador, en tanto esperar el 2022 cuando se lleve a cabo la consulta vinculatoria de la revocación de mandato.

Esta alianza para articular una oposición política de derecha no podrá despojarse del lastre de las secuelas de los procesos judiciales de los casos Estafa Maestra-Rosario Robles Berlanga, los sobornos de Odebrecht-Emilio Lozoya Austin y la empresa criminal-Genaro García Luna que sobre la clase política de los tres partidos pesa, más aún si dirigentes o representantes empresariales al encontrar cabida entre las candidaturas son identificados con los sectores privados calificados de rapaces y conservadores. Los artífices y beneficiarios de estos casos de encontrarles pruebas la Fiscalía General de la República, las campañas proselitistas exacerbarán las incriminaciones y las implicaciones influirán el sentido del voto de la jornada electoral. La ruta del dinero revelará nombres y apellidos de quienes forman parte de las redes de sobornos, moches, cohechos y malversación de recursos públicos justo cuando la derecha mexicana mantiene una campaña “plagada de falsificaciones conscientes” y noticias falsas, proveedora de mentiras a través de los medios tradicionales y redes sociales.

Federico Engels –autor de la cita anterior extraída de Contribución a la historia de la Liga de los Comunistas (Obras escogidas Marx Engels, tomo II, Editorial Progreso, s/a) donde registra ya, hace 135 años, la naturaleza de la lucha política- escribió: “los fenómenos económicos… forman la base sobre la que surgen las actuales contradicciones de clase; y de que estas contradicciones de clase, en aquellos países en que han llegado a desarrollarse plenamente gracias a la gran industria… sirven, a la vez, de fundamento a la formación de los partidos políticos, a las luchas entre los partidos y, por consiguiente, a toda la historia política… la política y su historia deben explicarse partiendo de las relaciones económicas y de su desarrollo”.

La oposición durante los dos últimos años ha elaborado un discurso estructurado sobre los fundamentos ideológicos de la apología neoliberal: el Estado de derecho y la gobernabilidad democrática han de asegurar el crecimiento económico generador de empleos; la confianza de la certeza jurídica es condición para la inversión privada; la competitividad de fomento a la inversión extranjera está en proporcionar un régimen fiscal y laboral favorable; el regreso de un Estado interventor en la economía atenta contra la propiedad privada y la libertad empresarial. Al mismo tiempo, la razón declarativa de las presiones para contener las políticas asistencialistas del régimen populista –hasta estigmatizar al gobierno de la 4T de socialista y comunista– la derecha mexicana, en diversos frentes, incluido el de alianzas partidistas, no abandona la demanda de “construir un acuerdo legal consensuado” sobre el outsourcing, amaga con acudir a tribunales de arbitraje internacionales por el cobro de deudas fiscales o abanderar “persecución política”, caza de brujas, ante la acción gubernamental de ordenar la congelación de cuentas bancarias de miembros de la clase política y empresarial vinculados con el crimen organizado, asociación delictuosa, lavado de dinero, uso indebido de la función pública, defraudación fiscal.

La cita de Engels sólo debe ser leída como recurso de análisis metodológico. No se presenta para reducir la realidad política mexicana de más de un siglo de distancia a la premisa fundamental del materialismo histórico, ni plantea una propuesta de historia comparada de aquel entonces con la lucha política de hoy de nuestro país. Sí fundar la interpretación de las consecuencias de la recomposición del poder que se expresan en las disputas ideológicas de los detractores de derecha que llevan a cabo con el objetivo de enfrentar las “transformaciones”, y en un escenario resultante de las elecciones de 2021, revertirlas bajo el control político del Poder Legislativo, por un lado, y el convencimiento ideológico de la libertad del mercado, por el otro. Y el derrotero elegido por los ideólogos neoliberales fue el orden jurídico. Cosa por demás nada novedosa. La ideología alemana –obra publicada íntegramente hasta 1932, formando parte del volumen V de la edición histórica-crítica de las Obras completas de Marx y Engels, traducidas por Wenceslao Roses para Ediciones Pueblos Unidos, Uruguay, 1968– destaca el papel ideológico que posee la “propiedad garantizada, jurídica”, donde la voluntad colectiva se impone a la voluntad individual; “la voluntad del Estado. Las determinaciones de esta voluntad serán, entonces, las determinaciones jurídicas. Y la ejecución de esta voluntad colectiva hará necesarios, a su vez, medidas represivas y un poder público”. Colocar la discusión ideológica en el terreno jurídico es legitimar el orden establecido por el Estado y no por las relaciones sociales de producción capitalista, lugar donde la lucha de los partidos –bajo las reglas instituidas democráticamente– fijan los intereses de clase que representan.

           Esto explica, en parte, la “lanzada” de la derecha contra el discurso de la 4T. Pero más, los opositores del gobierno “presos de una furia irreflexiva” –palabras del doctor Lorenzo Meyer– abordan los problemas nacionales con un discurso apologista rebasado por el “fracaso” del neoliberalismo para el desarrollo del país. La falta de credibilidad de la clase política de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional –y el eco proveniente del De la Revolución Democrática– será agravada por el peso de las acusaciones de corrupción durante la totalidad de la lucha política de los partidos en los próximos meses. No obstante, la campaña propagandística dirigida a detener las políticas públicas de bienestar y retomar aquellas a favor de la concentración de la riqueza por las vías de evasión fiscal (factureras), condonación y devolución de impuestos, relaciones laborales bajo el esquema outsourcing, compras consolidadas hechas a empresas monopólicas y otras prácticas, también serán tópicos del discurso proselitista de “falsificaciones conscientes” de la derecha por recuperar el poder público que proteja la “propiedad garantizada”.