Chamaqueados por la Suprema Corte
Moisés Edwin Barreda / Silabario de política
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Nos chamaquearon. Nos vieron la cara los once ministros de la Suprema Corte de Justicia –de veras libres desde julio del 18. Eliminaron el desacuerdo acerca de la constitucionalidad o no de la consulta pública sustituyendo la pregunta “¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes…? Con otra que prácticamente evita juicio penal a esos individuos responsables de la casi ruina del país y la nación.
Así acabó el pleno y resultó burlesco el impecable argumento jurídico político con que Arturo Zaldívar, ministro presidente del tribunal, explicó por qué votaría contra el proyecto con que su par Luis María Aguilar Morales buscaba declararan inconstitucional la consulta popular; nos hizo creer que al fin se respetaba la decisión manifiesta en las urnas, de instaurar en México la democracia real y participativa, no la simulada que nos recetaron los oligarcas que se hicieron con el poder desde 1916 al imponer a Venustiano Carranza como presidente de la república, y sus descendientes políticos y/o consanguíneos.
Se salieron por peteneras, pues lo que estaba a debate con técnica jurídica era la constitucionalidad de la consulta pública, no el interrogante.
La proterva pregunta, entre rebuscada y rebuznada, entre anfibológica por cantinflesca con que tirios y troyanos se conformaron es: ¿Está de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar justicia y los derechos de las posibles víctimas?
Se dibuja que para conciliar intereses en el seno de la SCJN, los ministros que se plegaron al artículo 39 constitucional aceptaron la modificación a la pregunta que los derrotados propusieron para no quedar tan mal ante los intereses políticos y económicos que protegen como muchos de sus antecesores; hicieron refulgir nuevamente las razones que adujo el Ejecutivo en diciembre del 1994 para modificar el artículo 94 constitucional y con ello el estatus y atribuciones del tribunal.
El artículo 94 reformado quedó así: “Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, en Juzgados de Distrito y en un Consejo de la Judicatura Federal. “La Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de once Ministros y funcionará en Pleno o en Salas.”
Y de pasadita, si se hizo esa modificación fundamental al estatus de la SCJN, ¿por qué no reformar el párrafo del mismo precepto que reza “La remuneración que perciban por sus servicios los Ministros de la Suprema Corte, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito y los Consejeros de la Judicatura Federal no podrá ser disminuida durante su encargo.”?
No olvidemos el antagonismo entre el gobierno federal y el precitado tribunal desatado precisamente por Aguilar Morales como ministro presidente del mismo, al batear con toda su energía, recursos y pretextos la petición gubernamental de reducir el estipendio, de 600 mil pesos mensuales de los jueces constitucionalistas, sueldo inmoral dada la desigual escala salarial que prevalece en el país y que es el más alto del mundo en instituciones de ese género.
Es lamentable la conducta del ministro Aguilar Morales, de amplia y bien cimentada carrera judicial; no pocos la atribuyen a que su inserción en ese tribunal el 1º de diciembre de 2009 se la debe al presidente espurio Felipe Calderón, enemigo a ultranza del actual régimen no sólo porque no es tapadera de su gobierno multicriminal, sino porque lo encabeza precisamente Andrés Manuel López Obrador, a quien reconoce como enemigo a vencer porque mediante fraude electoral cocinado en connivencia con Vicente Fox y la dictadura de partido, despojó de la Presidencia que el pueblo le entregó en julio de 2006.
Empero, es triunfo del pueblo el que se haya reconocido constitucional la consulta popular. Fue parto muy complicado porque nuevamente en el seno del tribunal se cruzaron los muchos y sucios intereses de particulares –de los expresidentes en este caso– y el de cinco ministros comprometidos por mal interpretada gratitud a defenderlos.
La consulta popular quedó encuadrada por partida doble en la Constitución por el citado reconocimiento de la SCJN y el artículo 35 de la propia Carta Magna. De poco o nada servirá si no se legisla para que sea obligatoria y el pueblo decida si al terminar su mandato, los presidentes de la república y cualquier otro funcionario son sometidos o no, aquí sí a “…proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar justicia y los derechos de las posibles víctimas” y se les apliquen las sanciones que ameriten.
López Obrador, Diego Valadés y Beatriz Paredes
Moisés Edwin Barreda / Silabario de política
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El régimen de la Cuarta Transformación y AMLO, que lo es por determinación y acción del pueblo harto de la corrupción de la oligarquía y de la impunidad que le permitió excederse en desmanes y traiciones a la patria, enfrenta no sólo a la mafia del poder sino también a otras que le sirven a ésta por interés –parasitarias--, gratitud, resentimiento o estupidez, o por el conjunto de estas razones.
Entre esa caterva figuran no pocos periodistas, articulistas, comentaristas y locutores ya calificados chayoteros de la oligarquía que junto con los demás beneficiarios de la corrupción en destierro, buscan desesperadamente mantenerla y seguir disfrutándola. Y al son que tocan esas mafias baila José Luis Uribe, actual presidente del venido a menos Club Primera Plana (CPP), conocido desde siempre como ”club primero la lana” por los periodistas de a devis que son los reporteros de a pie.
Lo describiré brevemente: Uribe es reportero que poco tiempo hace décadas correteó noticias y el resto lo pasó en puestos en la administración pública que lo enriquecieron, al decir de compañeros que le conocen los trapitos.
Por su condición le dirijo esta carta en mi columna:
Debo repetirte que tu conducta actual es por dos razones: una, te ciega el resentimiento porque el nuevo régimen cortó tu larga carrera de huesos de tuétano extraordinario. La otra, más importante para ti, sirves intereses de los que te favorecieron y anhelas que puedan seguirlo haciendo. Habla mal de ti el que atacas a la 4T y a Andrés Manuel López Obrador sin dar la cara, sino asumiendo y tremolando argumentación ajena.
Ahora te sirves de la muy conocida demagoga y enorme beneficiaria de la PRI dictadura que fue Beatriz Paredes y el ácido del argumento que le dio su muleta (Diego Valadés), hilarante todo a la luz de la historia reciente del país. Te exhibes impresionado por la demagogia de ella, lo que corresponde a tu deslumbrante ignorancia y tus aviesos intereses y propósitos.
Buscas que se crea tu “gran preocupación” por el eventual perjuicio que es para el pueblo el supuesto mal gobierno actual, y ahora esgrimes que la Paredes asume el “razonamiento” de su torcida muleta (Diego Valadés) y enfatiza el ácido: “la SCJN está sometida al Ejecutivo”. Pecan de ingenuos valadés y su discípula ocasional actuando de acuerdo a que “en tierra de ciegos el tuerto es rey”.
Como beneficiarios que fueron del estatus, ni a uno ni a otra convenía criticar que hasta julio del 18 hubo en México tres poderes y el Ejecutivo era el verdadero. Éste tenía subyugados a sus pares. Estoy seguro de que tú ignoras cuántas reformas en total se hicieron a la mayoría de los artículos constitucionales durante la vigencia de la PRI dictadura, especialmente durante su periodo neoliberal impuesto por el traidor Carlos Salinas de Gortari, casi todas favorables al capital financiero internacional y los cresos locales, entre éstos los proxenetas y celestinas de la política enriquecidas gracias al erario.
La Suprema Corte de Justicia no puso el menor reparo a ese diluvio de unas 800 reformas –tampoco lo sabías– a casi todos los 136 artículos constitucionales porque, entonces sí, estaba sometida al Ejecutivo. Nadie lo “veía” ni mucho menos lo denunciaba. No lo hacían los corruptos y sus beneficiarios porque les convenía; los articulistas éticos, porque los editores lo vedaban; los reporteros, porque sólo podían transmitir la información oficial o del sector aplaudidor, o se autocensuraban –generalmente– y no pasaban notas nocivas para el régimen.
Sólo el pueblo criticaba y sufría las consecuencias de la corrupción de los oligarcas de la PRI dictadura que lo sojuzgaba. La inmensa mayoría de los mexicanos insatisfechos con el estatus y con el mendrugo que recibían la reprochaban muy amargamente sólo para sus adentros y entre sí porque la prensa, como lo otros medios de 1950 a la fecha, estaba vendida a la oligarquía, estigma histórico.
Pese a la deprimente situación, los mexicanos no perdimos alegría de vivir. Por esto y dadas las circunstancias mataba de risa el eslogan “La Constitución protege a los derechos humanos, y la Suprema Corte protege a la Constitución”, que ese tribunal, parte vital del sistema político tan represivo ya aniquilado, difundió tan prolongada y profusamente por radio y televisión. Frente a la realidad, ¿a poco ese eslogan no era para defecarse de risa?
Para concluir sólo te diré una cosa que derriba la falacia fundamental del discursito de Beatriz Paredes, subrayada en el triste y farragoso texto de Diego Valadés: la consulta pública –que seguramente devendrá en proceso a esos exfuncionarios, todos corruptos excepto para sus beneficiarios– no desecha al Ministerio Público, pues no implica que el pueblo investigará consignará, encausará y sentenciará por sí mismo; la representación social tendrá que hacer las dos primeras cosas, y los jueces las restantes.
Ah, otra cosita: tanto Valadés como Paredes no pueden negar que disfrutaron amplia y a todo placer la democracia de carnaval que rigió hasta julio del 18 y por eso la defienden con tanta y loca enjundia respaldada por su claque, y a su vez, ellos dos son claque de la oligarquía.
