El debate de la ciencia: ¿Fideicomisos sí o no?

 

Yolanda Cristina Massieu Trigo

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El debate público sobre la eliminación de 109 fideicomisos por la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados toca el tema de la necesidad de la ciencia en las sociedades contemporáneas, pues muchos se dedicaban a financiar investigación científica. La decisión se traslada ahora a la Cámara de Senadores. En México no se destinan recursos suficientes para ciencia, tecnología e innovación (CTI). La medida mínima convencional de un gasto público de 1% del PIB nunca se ha alcanzado, en 2019 se destinó el 0.31%. No se valora desde los cuadros gubernamentales la consulta a los expertos sobre temas importantes. Sin ir más lejos, la presente pandemia halló al país mal parado para la elaboración de vacunas, pues las políticas neoliberales acabaron con la institución pública encargada de ello y dependemos del exterior para comprarlas, cuando podríamos ser de los países que van a recibir ingresos millonarios por su exportación.

 

Había grandes expectativas de que las cosas cambiaran con este gobierno y se destinaran fondos suficientes para CTI. En 2019 fue una desagradable sorpresa descubrir que no iba a suceder, y que los científicos hemos sido denostados por el presidente, quien nos considera corruptos, que nos damos buena vida y nuestro trabajo es inútil. Hay ignorancia de que la carrera académica es penosa, implica una serie de sacrificios y que es de las pocas opciones de ascenso social para los jóvenes basada en el estudio y la superación. Por experiencia sé que es muy difícil  hacer fraude con los fondos externos e internos para investigación que se otorgan en las universidades públicas, después de procesos difíciles de evaluación. Estos recursos son vigilados tanto por la Secretaría de Hacienda como por las universidades o el Conacyt. Hay realidades lastimosas, como la estafa maestra del sexenio pasado, pero no se trataba de presupuestos que se hubieran concursado en instancias serias de investigación.

 

En el debate actual sobre los fideicomisos, la mayoría morenista del Congreso optó por cancelar los 109 de un plumazo, sin haber hecho un estudio serio de cuáles funcionaban bien y cuáles no, pagando justos por pecadores. Se ignoró el importante papel que el conocimiento científico tiene para contribuir a la solución de problemas nacionales, como el propio covid-19, la soberanía alimentaria, la independencia energética, la sustentabilidad, el cambio climático, la violencia, la desigualdad, entre otros. Además hay áreas científicas que no van a dar resultados aplicables inmediatos, y que sin embargo son fundamentales para el avance del conocimiento o para promover valores intangibles relacionados con la memoria y la identidad, por ejemplo, la física, la astronomía, la historia y la filosofía, y que merecen los recursos necesarios.

 

Décadas de neoliberalismo dejaron huella en el quehacer científico en México, con financiamientos escasos y acciones poco éticas, como otorgar recursos públicos para investigación que favorecía a las grandes empresas transnacionales, o conceder la beca del Sistema Nacional de Investigadores a académicos de universidades privadas, las cuales tienen fines de lucro. Se eximió así a sus dueños de pagar mejores salarios y fomentar la investigación con recursos propios.

 

El sector privado mexicano es renuente a invertir en CTI, en 2019 contribuyó con el 19% de la escasa inversión alcanzada, y el resto fueron recursos públicos, que en los dos gobiernos anteriores se orientaron a favorecer a empresas privadas: entre 2013 y 2018 cerca del 50% (35,175 millones de pesos) de los fideicomisos del Conacyt (la mayor parte de los afectados) se destinó a este sector, con transferencias adicionales de 3,620 millones. Esto tenía que cambiar, pero borrar esos fideicomisos sin hacer un estudio detallado no es la solución.

 

El fideicomiso puede no ser la figura idónea para promover la CTI, y sin duda hay algunos de ellos que se manejan de manera opaca y son fuente de corrupción (la cifra de la Auditoría Superior de la Federación de 32,000 millones de pesos “perdidos” en éstos durante los dos sexenios anteriores es escandalosa), pero cortar de tajo ese tipo de financiamientos lleva a suspender proyectos importantes para el desarrollo nacional, y genera incertidumbre e irritación entre la comunidad científica. Esperemos que en el Senado de la República se haga un examen cuidadoso, se escuche a los afectados y se preserven los fondos para CTI, prevención de desastres, cultura y protección de periodistas y víctimas, todo ello fundamental para restablecer el tejido social en nuestro país.

 

 

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