Partidocracia y grupos de presión
Guillermo Buendía
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Para Mauricio Orozco, quien en la juventud compartimos
las vivencias de la calle Alberto Zamora, Coyoacán. Ahora,
secretario general del Sntprofeco, resto el liderazgo que ostenta y ejerce.
Muchos, incluso los que quieren establecer regímenes aristocráticos, cometen un
error no sólo en dar una parte mayor en el gobierno a los ricos, sino también el de
engañar al pueblo, porque, con el tiempo, de falsos bienes surge necesariamente
un verdadero mal, pues las ambiciones de los ricos arruinan más el régimen que
las del pueblo. Aristóteles, Política, Libro IV, Capítulo 12, Editorial Gredos, 2011.
El declive de la representación política de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional puso en el primer plano la incapacidad de éstos para manejar la protesta social producto de la aguda desigualdad de la distribución de la riqueza y la secuela de violencia atada a la inseguridad, la de los feminicidios, de género y la de la desaparición forzada. Fenómeno que inició a tomar forma durante la década de los ochenta y que, en los dieciocho años de alternancia poco se atendió. Aquella tesis de la representación política recaída en la soberanía popular se desechó cuando los gobiernos se concentraron únicamente en la utilidad de instrumentar programas sociales que aseguraran el voto –paliativo del gobierno en turno para mitigar el descontento social– mientras dedicados por completo a realizar las reformas constitucionales e institucionales a través de los grupos parlamentarios para beneficio de los grandes capitales nacionales y extranjeros. Esto se observó también en el PRD, PT, PVEM, MC y PES –los cuales han sido o son gobierno por sí o en alianza– dando indicios claros de que el sistema de partidos cada vez más desvinculado de la sociedad que pretende representar dejó de servir para constituir gobiernos legítimos.
La pérdida de representación política fue lenta, accidentada y comenzó al parejo de las manifestaciones más elementales de participación fuera de las estructuras de control corporativo priista, de las denuncias acerca de las arbitrariedades del régimen autoritario presidencial, de la represión de Estado o el de la desaprobación que despertó el desprecio arrogante hacia el viejerío o el hartazgo por los “daños colaterales” de la guerra contra el narcotráfico.
El movimiento estudiantil de 1968 reveló el intransigente autoritarismo del régimen: la respuesta al Pliego Petitorio del Consejo Nacional de Huelga fue brutal. Menos de cinco años después la insurrección guerrillera rural y urbana fue combatida por la Dirección Federal de Seguridad y el Ejército en condiciones proporcionalmente ventajosas, y la Guerra Fría impuso una concepción histórica de la protesta social, desde la perspectiva de la propaganda anticomunista, como atentatoria a los valores del orden establecido, incluido el de la iglesia católica.
El sistema político mexicano del último tercio del siglo pasado estrechó o cerró los mecanismos para procesas las demandas de justicia social más elementales, causa por la cual propició vías revolucionarias de cambio social. Al mal gobierno el EZLN declaró la guerra el primero de enero de 1994, y el subcomandante Marcos puso sobre la mesa la cuestión de los olvidados del neoliberalismo. No obstante, entre 2000-2018, los gobiernos administraron demandas y protestas sociales con programas infamantes: Procampo, Seguro Popular, contra el hambre. Sólo en el discurso oficial se atendía a los que menos tienen, mientras la acumulación de agravios provocaba disturbios sociales. La declaración voluntarista del presidente Vicente Fox Quesada de resolver el conflicto del EZLN en minutos traduce el mal cálculo para atender y solucionar las contradicciones de una sociedad estructurada en clases antagónicas, en este caso, la de los pueblos originarios de Chiapas, los finqueros y terratenientes. Desde el gobierno, las demandas de justicia social al no entenderse como legítimas –acusaba el coro de analistas políticos que todo derecho pretendido cuesta dinero de la hacienda pública– la tecnocracia desestimó la capacidad de los estratos sociales afectados de organizarse de forma independiente de los partidos gobernantes. Ni la clase política de los partidos hegemónicos ni la tecnocracia en la cúpula del poder se ocuparon de aquella representación política por innecesaria en el contexto de la conformación de gobiernos sustentados únicamente por los poderes fácticos. Los machetes de los ejidatarios de Atenco o los campamentos de la APPO no influyeron en la orientación de las políticas públicas de bienestar social, como tampoco ocurrió con la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, ni los reclamos de los damnificados del sismo de 2017. La atención a víctimas se topó con la verdad histórica montada entre complicidades y encubrimientos del más alto nivel, y los damnificados sólo escucharon discursos prometedores de acciones inmediatas que, con el curso de los años, ocultaron el uso indebido de los recursos destinados a la reconstrucción de viviendas. La reparación de daños y la procuración de justicia siguen siendo expresión de lucha social.
Al notorio declive de la representación política del PRI y PAN se suman otros problemas. La mítica militancia obrera, campesina y popular priista, como la desclasada ciudadana del panismo, restringe la renovación de cuadros que, por otro lado, están subordinados a los cotos de poder conformados desde hace décadas dentro de los partidos citados, y si esto no es suficiente, la ausencia de dirigencias que empujen la cohesión de los diversos grupos que buscan hacerse del control de sus respectivos partidos, el contrapeso de la oposición se ha trasladado a grupos de presión de extrema derecha. La época de los rituales sucesorios dio cuenta del poder del partido de Estado. La entonces poderosa CTM de Fidel Velázquez Sánchez –estructura corporativa fundamental del viejo contrato social– es hoy un instrumento innecesario para la estabilidad de los intereses representados por la Coparmex, el CCE y demás organismos cúpula del empresariado del país. Éstos articularon otros mecanismos en los que se excluyó al ciudadano panista y el corporativismo de clase del priismo, porque las élites del poder al ocupar los cargos clave del Ejecutivo y Legislativo, por supuesto también del Poder Judicial tan esencial para sancionar como legítimo el orden jurídico-político establecido, conformaron una partidocracia muy apartada de las bases sociales.
La concentración de poder de los gobiernos durante más de tres décadas determinó que el modelo económico neoliberal consolidara las prácticas monopólicas de las grandes empresas en rubros sensibles de la gestión social del Estado mexicano: salud, educación y vivienda. Pero el objetivo fundamental de las reformas estructurales se llevó a cabo con la privatización de la renta petrolera a través de las modificaciones constitucionales hechas por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto: el gasolinazo para beneficiar a las empresas trasnacionales y filiales mexicanas autorizadas para distribuir gasolinas en todo el país –medida adelantada un año para que el impacto social del incremento de precios no se reflejara en las tendencias del voto del proceso electoral de 2018– la firma de contratos para la perforación y explotación de petróleo y de abastecimiento de gas en condiciones y plazos escandalosamente favorables a las empresas privadas nacionales y extranjeras, aunado el encarecimiento de las tarifas eléctricas de consumo habitacional por parte de la empresa paraestatal de clase mundial, ocasionaron un deterioro mayor al precario ingreso que representan los salarios mínimos.
La polarización social es producto de la desigualdad de la distribución del ingreso nacional, y no por hablar de ella. Las enormes fortunas de unos cuantos empresarios beneficiados de las políticas públicas instrumentadas por los gobiernos de los dos partidos hegemónicos ya citados, contrasta con la pobreza extrema de millones de mexicanos y la pauperización de la clase media. Esta estructura social marcadamente desigual representa ya un obstáculo para la estabilidad del mercado libre, no tanto porque los conflictos sociales repercutan directamente sobre la capacidad institucional del Estado para mitigar las contradicciones de clase, ni las condiciones de precariedad de vida de las clases trabajadoras en sí, sino el funcionamiento de las relaciones capital-trabajo requiere de un contrato social de representación política. Y éste precisamente fue desatendido por los gobiernos que hacían suyas las recomendaciones de organismos internacionales, como la OCDE y el FMI.
Esta concentración de poder de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional constituyó el factor que permitió el tránsito del sistema de partidos a la partidocracia, circunstancia que condenó a la subordinación al resto de los partidos, reduciéndolos a meros instrumentos de los intereses oligárquicos. El asunto de la representación política de los partidos tiene una expresión de legitimar a los gobiernos, de ahí que la partidocracia atajó o al menos retrasó el avance hacia una democracia participativa, sin observar que este tránsito forma parte de la evolución política del capitalismo, de la que los partidos siguen siendo los aparatos legitimadores de la conformación de gobiernos erigidos democráticamente. De donde se desprende que sin bases sociales amplias las tendencias adversas de la votación interrumpen la continuidad y permanencia en el poder. Esto sucedió en la elección presidencial de 2018.
El triunfo de Morena trajo serias consecuencias a la partidocracia y al orden hegemónico de la oligarquía, entre las cuales destacan: la revisión del modelo neoliberal con signos de agotamiento por la polarización social; segunda, la reorientación de las políticas de inversión pública hacia proyectos de infraestructura enmarcados en el rescate de la gestión rectora del Estado en rubros estratégicos de la soberanía y seguridad nacionales; tercera, fomento del bienestar como válvula de escape de las tensiones sociales; y última, la disfuncionalidad representativa de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional para conformar gobiernos legítimos.
Sin embargo, la partidocracia enfrenta la crisis de representación política más aguda que le impide una vinculación eficiente entre gobierno-sociedad. Además, como partidos están sujetos al marco legal e institucional, por lo tanto, el quehacer político debe darse dentro de la legalidad. De ahí que, ese quehacer político se trasladó a los grupos de presión a modo de la partidocracia y los intereses oligárquicos. La aparición de estos grupos de presión de extrema derecha al llevar a cabo acciones dirigidas a desestabilizar al gobierno de la Cuarta Transformación, deslinda a los partidos de oposición. El objetivo de impedir la modificación del orden establecido por el neoliberalismo quedó en manos de los grupos de presión, y esto sí es peligroso para la gobernabilidad democrática. Al margen de los partidos y negando vínculos partidistas los antecedentes revelan lo contrario. El Congreso Nacional Ciudadano, creado en 2009, transfirió la presión originaria al movimiento Frente Nacional Anti AMLO, desde donde Gilberto Lozano –ingeniero egresado del Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey, exdirector de Fomento Económico Mexicano (FEMSA), y en 2000, el presidente Vicente Fox Quesada le nombró Oficial Mayor de la Secretaría de Gobernación, cargo que desempeñó únicamente tres meses– exige la renuncia antes de diciembre del presidente Andrés Manuel López Obrador. El hombre providencial del Frena, según declara, cuenta con patrocinio para sostener tres años el plantón. La denostación característica del ingeniero Lozano y las arengas recuerdan lo peor de la Guerra Fría, el desafío al orden constitucional y la advertencia de crear una Venezuela perfilan elementos de un incipiente proceso golpista que, desvinculado aparentemente de los partidos de oposición hasta hace dos años hegemónicos de la oligarquía, induce la protesta social para conjurar contra el gobierno de la república.
El otro movimiento, PIN (Personal Identification Number) Parental Ya! originario de Murcia, España, es el medio de presión de los padres de familia para buscar autorizar o no que sus hijos asistan y participen en las escuelas públicas a pláticas, talleres u otras actividades que aborden temas sobre identidad de género, feminismo o diversidad LGTBI por considerar los contenidos de “intrusivos” para la “conciencia” y la “intimidad” de los menores. Con el argumento de que “los padres saben mucho mejor que los profesores lo que es mejor para sus hijos”, PIN Parental es impulsado por organizaciones de la sociedad civil de orientación derechista y católica. Recientemente las redes sociales difunden mensajes de PIN Parental Ya! –ataques frontales contra la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero– rechazando la educación laica que imparte el Estado mexicano porque no está de acuerdo con las convenciones morales y religiosas de los padres de familia. La vieja demanda de la Asociación Nacional de Padres de Familia se reactiva con este movimiento conservador que intenta socavar el interés superior del derecho a la educación garantizado por la Constitución, la Convención Sobre los Derechos de los Niños y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La intolerante y reaccionaria postura de PIN Parental Ya! Pretende censurar el conocimiento de la sexualidad de niños, niñas y adolescente cuando en nuestro país se incrementa la tendencia de embarazos y maternidad de niñas de entre 10 y 14 años, generalmente después de haber sufrido violación sexual (9,800 casos al año), en tanto los embarazos y maternidad de adolescentes de entre 15 y 18 años ha disminuido por el uso de métodos anticonceptivos, de acuerdo con cifras del Conapo.
El régimen de la partidocracia evidenció la incapacidad de atender la descomposición y polarización sociales. La mano dura acabó por criminalizar la movilización popular en su lucha contra sus derechos atropellados en nombre de la “estabilidad” de los indicadores macroeconómicos que tanto preocupaban a los gobiernos neoliberales. El reclamo generado por las injusticias acumuladas no se le escuchó porque la prioridad de los “indicadores” macroeconómicos que aseguraban la concentración de la riqueza formó el núcleo de las políticas de los gobiernos de los presidentes Carlos Salinas de Gortari a Enrique Peña Nieto, aun cuando la apertura política acabó por definir una democracia representativa caracterizada, en el último periodo, por el hartazgo. Situación que explica en parte el triunfo electoral de López Obrador, en 2018, y el respaldo social que legitima su gobierno.
Sin embargo, haber interrumpido la permanencia en el poder de la partidocracia –que carga el gran peso de la corrupción y la impunidad– sin cambiar el modelo económico, sólo queda instrumentar políticas eficientes de bienestar con el objetivo de que se conduzca el descontento político al plano institucional, lo que representaría la contención del avance de los grupos de presión de la derecha mexicana. “La decisión de deshacerse de las bases masivas y corporativizadas del pasado puso a los neoliberales, sin embargo, en un dilema; no se descartaba la posibilidad de que, si se respetaban cabalmente las reglas electorales de la democracia, llegara al poder una izquierda que quizá intentaría recuperar para sí las causas sociales masivas y dar al traste con el neoliberalismo. De ahí el esfuerzo del PRI y el PAN desde 1988 por inclinar la balanza electoral y marginar sistemáticamente a una izquierda que tenía el potencial de revivir un pacto social que los amenazaba”, escribió Lorenza Meyer acertadamente, en 2016, este escenario en el libro Distopía mexicana. Perspectivas para una nueva transición.
Mas la acción de grupos de extrema derecha –intermitente en función de incluir en la agenda legislativa de los partidos reformas sobre la despenalización del aborto, matrimonios del mismo sexo, adopción, entre las más controversiales– va dirigida a obtener la renuncia presidencial antes de diciembre próximo. La historia reciente registró el intento de que el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León dimitirá antes de cumplir dos años con el propósito de convocar a elección extraordinaria prevista en la Constitución. En los planes de la derecha necesariamente juegan un papel importantísimo los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional –en el muy eventual caso de la salida de Palacio Nacional de López Obrador– los cuales como oposición representativa de los intereses oligárquicos saltarían al poder gracias a la movilización de la fuerza selecta de la sociedad mexicana.
