La crisis pragmática del Partido Acción Nacional

Guillermo Buendía
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Para José Armando Ángeles, amigo entrañable de la adolescencia, quien
también habitó en la calle Alberto Zamora, Coyoacán, durante los años 70 del siglo XX.

“¡cuán pocos se hallarán que se abstengan de la injusticia, propuesta la
impunidad y secreto de sus delitos!”
Cicerón, Los oficios, Libro Tercero, Capítulo XVIII.

La recomposición política del partido de derecha más longevo de México apunta la pérdida de identidad ideológica como rasgo visible pero no determinantes que viene dándose desde las postrimerías de la década de los 80 del siglo XX, tiempo en el cual ese partido y otros grupos de presión, confesionales y patronales, por momentos en el escenario político parecen desarticulados. Este proceso de recomposición se hizo evidente antes de la elección presidencial de 2006 y estancado hasta la fecha con la inconstancia de la postura contestataria del presidente del PAN, Marko Cortés Mendoza, acotada por las implicaciones del reparto de “moches” para dirigir el sentido del voto de los diputados panistas en la era peñista y demás casos de corrupción inseparables del gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa, quien ahora, junto con su esposa Margarita Zavala Gómez del Campo –en el contexto de la detención y juicio de Genaro García Luna en Estados Unidos– impulsan la formación del partido México Libre. Tanto el PAN como México Libre dan cuenta, desde esos espacios definidos por los proyectos muy particulares para constituirse en oposición y contrapeso al gobierno del presidente López Obrador, se presentan aislados y divergentes en fines políticos a menos de un año de las elecciones.

Las rupturas y pugnas de grupos panistas trascienden a los medios en la forma de crisis doctrinaria. La impecable moral de la derecha mexicana pretende ocultar la realidad subyacente: la componenda para regular las relaciones de poder en periodos críticos de reconocimiento de los intereses y expresión de clase dentro de la tradicional organización partidista y su discurso. El PAN y en menor medida otros partidos han sido rebasados por el vertiginoso avance del neoliberalismo y sus estructuras disfuncionales ya no sirven para representar los poderosos negocios monopólicos nacionales y extranjeros de los últimos 30 años. Hay otro aspecto más serio que pone en riesgo la permanencia del panismo y otros partidos de centro derecha: ya no son reconocidos en las condiciones actuales como instrumentos de expresión política. “Cuando tales crisis se manifiestan, la situación inmediata se torna delicada y peligrosa, porque el terreno es propicio para soluciones de fuerza, para la actividad de potencias oscuras, representadas por hombres providenciales o carismáticos”, señaló Antonio Gramsci en “Observaciones sobre algunos aspectos de la estructura de los partidos políticos en los periodos de crisis orgánica” (Cuadernos de la cárcel, 1932-1934). En 1988, cuando los acuerdos legitimadores se les nombró concertacesiones –la acción de cooptar al PAN para convertirlo así en aliado– el “bien común” de las propuestas coincidentes del proyecto neoliberal panista se fue llenando de un contenido pragmático de justificaciones a modo con los planes de gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari, reduciéndolo a una función marginal de colaboración durante aquel sexenio. A partir de entonces, los puestos relevantes del Poder Legislativo y después de la administración pública de gobiernos de los estados de la Federación, o ciudades capitales o industriales y comercialmente importantes, la PGR a la alternancia de 2000, han estado sujetos gradualmente al mecanismo por medio del cual se recompensa con el ascenso o permanencia de los grupos panistas. Así, los cargos de la burocracia dorada –caracterizada por los elevados salarios, prebendas de todo tipo más las relaciones políticas de alto nivel con los grandes empresarios nacionales y extranjeros, la jerarquía católica y los vínculos con los pares del gobierno estadunidense, incluyendo las diversas agencias de inteligencia y seguridad–, propició la formación de cotos de poder cada vez más beligerantes entre sí. La frase “fuego amigo”, acuñada por el hombre providencial y reconocido como jefe, Diego Fernández de Cevallos, ejemplifica las pugnas no doctrinales del PAN, y sí las de la política real.

No obstante, la recomposición de la derecha mexicana dentro del PAN no ha sido impedimento para instrumentar y señalar soluciones de fuerza, ni los escrúpulos morales con los que se conduce son suficientes para ocultar la actividad de potencias oscuras llevada a cabo en las últimas cinco décadas, y más recientemente a través de El Yunque. No se trata de llevar la política real al plano moral, porque en todo caso, estaríamos refiriéndonos a la moral utilitaria puesta al servicio de encubrir el inescrupuloso comportamiento de los políticos panistas –de manera individual y no de clase– inclinado al interés del enriquecimiento desde los cargos públicos clave de la cúspide de la pirámide del poder, por lo tanto, estos políticos se verían desvinculados a la oligarquía que representan. Mas este comportamiento ha repercutido negativamente en la articulación de planes políticos de la élite del poder económico para haber asegurado la continuidad en la Presidencia de la República.

En 12 años, en cambio, propició la dispersión de fuerzas políticas fuera de la estructura partidista, las cuales actúan desde la sociedad civil con el objetivo de llenar el vacío que va dejando la caduca estructura partidista y su legado doctrinario incompatible con el quehacer de gobernar. Es más, esta transición del PAN fue inevitable. Sacudirse la orientación ideológica de su fundador se hizo necesaria frente a los imperativos de asumir no las facultades jurídicas de gobernar sino las políticas para la atención de los intereses económicos de los grandes empresarios. Esta circunstancia determinó el abandono del bien común y la adopción de los códigos metaconstitucionales y pragmáticos forjados durante el régimen presidencialista del PRI.

La corrupción administrativa de los primeros meses del gobierno panista de la alternancia salió precisamente de Los Pinos, cuando documentó la prensa el sobreprecio de toallas de la casa presidencial. Luego pasó al tráfico de influencias y conflicto de interés. Muchos años antes se fomentó el culto de respetabilidad presidencial y éste se extendió a toda la clase política, resultando útil para hacer del fuero la protección constitucional contra la acción punitiva. El PRI también heredó al gobierno de la alternancia el régimen presidencialista y las prácticas de la función pública orientadas a favorecer los palaciegos negocios globales.

           El presidente Vicente Fox Quesada sacó al PRI de Los Pinos, pero el estilo personal de gobernar encontró en Vamos México el instrumento metaconstitucional del ejercicio del poder, y la intervención presidencial en la sucesión el sentido real de la continuidad del PAN en el poder. Sin embargo, la recomposición de grupos panistas originó el proceso de rupturas y pugnas que han sumido a este partido en una crisis de representación real de los intereses financieros, comerciales y patronales. Sin oficio político para atender la sucesión, el presidente Fox y el PAN enfrentaron un  proceso electoral crítico que pasó por la frustrada postulación idónea de Santiago Creel Miranda manejada desde la residencia presidencial, y el destape de la candidatura de Felipe Calderón Hinojosa por el partido, por un lado; el desafuero del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador –evento externo que desató la crisis política de la jornada electoral y toma de posesión, en 2006– por otro lado, pusieron en evidencia las fracturas panistas resueltas en el jaloneo de posiciones políticas que muy poco contribuyeron para eliminar la ilegitimidad del triunfo electoral extremadamente cuestionado de fraudulento.

            La crisis doctrinaria quedó como recurso insuficiente para salvar la honorabilidad de los políticos panistas –recuérdese el caso de Manuel Muñoz Rocha, diputado del PRI por Tamaulipas acusado de haber sido autor intelectual del atentado que le costó la vida a José Francisco Ruiz Massieu: se llevó a cabo un montaje para encontrar su cuerpo supuestamente enterrado en El Encanto, propiedad de Raúl Salinas de Gortari, preso ya desde marzo de 1995 por su participación en el homicidio del guerrerense, cuando la PGR estaba a cargo de Antonio Lozano Gracia, abogado cercano a Fernández de Cevallos–; en los 12 años de alternancia, ya definidos los cotos de poder que habían encumbrado a diversos grupos panistas en gobiernos estatales, así como en el Ejecutivo y Legislativo, se registraron una serie de conflictos que sumieron a estos grupos en disputas por hacerse del control del partido, instrumento necesario para consolidar la hegemonía de uno solo, en el contexto de la ilegitimidad del presidente Calderón Hinojosa, quien apuntaló la autoridad de la embestidura en las fuerzas armadas y continuó la política entreguista de rubros estratégicos de la gestión de la soberanía territorial y de seguridad nacional.

La Iniciativa Mérida permitió la injerencia estadunidense en el combate al narcotráfico y la subordinación de las fuerzas armadas a los riesgos y amenazas de la seguridad nacional de Estados Unidos, y en lo económico favoreció las prácticas monopólicas de empresas trasnacionales y sus filiales mexicanas insertadas en el sector energético y minero. El caso emblemático de esto último es Etileno XXI del consorcio Braskem (filial de Odebrecht) e Idesa con la venta de gas etano a un precio de 30 por ciento debajo del cotizado en el mercado internacional durante un periodo contractual de hasta 35 años, causando un quebranto financiero a Petróleos Mexicanos y a la hacienda pública de 6 500 millones de pesos entre 2015-2018. La política real revela lo que estuvo detrás del pragmatismo del presidente Felipe Calderón Hinojosa: si el origen de su ascenso a la Presidencia de la República fue a través de la usurpación del poder –calificativo lanzado por la diputada Dolores Padierna en agosto pasado– lo siguiente fueron las medidas urdidas para el desmantelamiento de Pemex con la finalidad de obtener el reconocimiento de los poderes fácticos trasnacionales.

La ausencia de ideólogos partidista de derecha es notoria. Carlos Castillo Peraza fue el último ideólogo de la democracia cristiana, quien decidió separarse del PAN dos años antes de morir. Los más, intelectuales sin militancia identificados con las posturas políticas de la derecha mexicana, revelan una relación consciente con el régimen neoliberal mantenida abiertamente desde el gobierno del presidente Salinas de Gortari. ¿Cómo ocurrió? Cuando los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional al instalar gobiernos plutocráticos suprimieron las diferencias ideológicas que justificaban la lucha electoral, trasladando ésta –en la formalidad de los “programas” de gobierno– a la permanencia en el poder, para lo cual reformaron la Constitución y demás leyes que favorecieran los intereses de las poderosas empresas extranjeras. La lucha por llegar al poder representaba la expectativa de enriquecimiento –vía sobornos dados por las trasnacionales, algunas de las cuales tenían  prohibido, por sus leyes del país de origen, esta práctica con el objetivo de inhibir la corrupción de funcionarios de gobiernos extranjeros– e influyentismo para que el uso indebido de la función pública quedara bajo el manto de la impunidad y de la secrecía de las complicidades. De ahí lo imprescindible de incorporar al discurso oficial nuevos contenidos de la argumentación teórica de académicos, intelectuales, analistas y periodistas que, sin el sello partidista y gozando de credibilidad, aportaran la visión del pensamiento único que proporcionaba el fin de la historia: la ideología apologética de las bondades de las fuerzas del libre mercado. No es una vinculación vergonzante ni de oprobio en sí el acercamiento al poder. En última instancia expresa solamente la extracción de clase de intelectuales y periodistas. Pero la falta cometida por algunos fue la obtención de beneficios a cambio de convertirse en guías ideológicos del régimen y defensores de las grandes desigualdades de clase. Hoy poco influyen como contrapeso y su discurso pasa por el rasero del descrédito. No así el papel de las empresas de los medios tradicionales y de las redes sociales: ejercer presión en contra de las políticas económicas y sociales del gobierno de la Cuarta Transformación.

Poco menos de ocho meses antes de concluir el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, The New York Time publicó una investigación periodística sobre “el pago de 24 millones de dólares a funcionarios mexicanos con el fin de obtener de inmediato los permisos para abrir cuantas sucursales y donde quiso” la cadena estadunidense de supermercados Walmart, cuando un vicepresidente de esta empresa era Álvaro Arrigunaga Gómez del Campo, primo de la esposa del presidente de la república. La cita es de Lorenzo Meyer tomada del libro Distopía mexicana Perspectiva para una nueva transición.

Independientemente del curso que tomó la judicialización del caso, los códigos o reglas no escritas del ejercicio del poder no encuentran cabida ni justificación alguna en la ideología panista, pero son la causa de la descomposición política de ese partido como gobierno en la era neoliberal. La orientación ideológica de los intelectuales durante este periodo de tres décadas permeó los contenidos de opinión e informativos de los medios y redes sociales, y fue replicada por la clase política de forma sesgada y efectista, usada como golpeteo mediático dirigido a erosionar la credibilidad gubernamental y en específico la del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, sin la cohesión panista y priista la oposición resulta desarticulada y carente de contrapeso.

 

 

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