Primero los pobres

Porfirio Muñoz Ledo
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Las ciencias de la salud y los equipamientos hospitalarios reforzados podrán palear en pocos meses los peores efectos del covid-19. Sin embargo, se quedará entre nosotros como la viruela, la poliomielitis, el VIH, la influenza o incluso la peste. Contrarrestar la crisis económica que ha desatado y sus dramáticos efectos sobre la desigualdad y la miseria, exige también “respuestas extraordinarias, rápidas y contundentes”, como lo reclama la Organización Internacional del Trabajo.

Consideramos imprescindible la convocatoria a un Pacto de Estado o Acuerdo Nacional de Emergencia con los principales actores involucrados. Las propuestas que han surgido son asombrosamente coincidentes. Todas apuntan hacia la elevación del producto interno bruto a través de medidas coherentes y audaces, “dejando en la puerta rivalidades y prejuicios contaminantes”. La divisa: primero los pobres por el bien de todos, alude a la unidad del país para evitar el desastre y construir juntos una nueva normalidad.

El rebote del coronavirus puede borrar los avances sociales alcanzados en México. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social casi 11 millones de personas “corren el riesgo de no poder cubrir sus alimentos básicos”. Aunados a los 21 millones que se encuentran hoy en esa situación extrema, llegaríamos a más de 31 millones, el 25.3% de la población. Conscientes de ello, 137 diputados federales de todos los partidos suscribimos ya un exhorto al Ejecutivo para que se establezca el ingreso mínimo vital.

No obstante, algunos líderes de la mayoría han fustigado esa iniciativa como “oportunismo electorero de la derecha”. Tal vez no han recibido “línea” y sospechan que está destinada a suprimir los 11 programas sociales focalizados del presidente Andrés Manuel López Obrador; cuando el propósito es fusionarlos mediante un padrón universal eficiente y mantener aquellos que sean complementarios.

Algunos compañeros olvidan la lucha que libramos en el Constituyente de la Ciudad de México por implantar esta medida, que no tuvo ni la paternidad ni la maternidad de ningún grupo. Tres conceptos se esclarecieron: renta básica, ingreso mínimo y mínimo vital. La oposición encabezada por el Partido Acción Nacional se opuso a los dos primeros, pero cedió a favor del último cuando Olga Sánchez Cordero exhibió una tesis de la Suprema Corte en ese sentido.

El artículo 9 del máximo ordenamiento de la Ciudad de México reconoce que “todas las personas tiene derecho a un mínimo vital para asegurar una vida digna”. En el 17 estipula la “prioridad a las personas en situación de pobreza con criterios de progresividad”. Deja a la ley secundaria los criterios y procedimientos para los programas sociales públicos y las transferencias monetarias a fin de evitar el clientelismo. Los conservadores sostienen que el mínimo vital se compone por ambos, cuando jurídicamente son derechos independientes y sumatorios. Convendría incorporar en el artículo 35 de la Constitución federal la renta básica como derecho de los ciudadanos.

La definición de la Comisión Económica para América Latina es “una prestación a cargo del gobierno que garantiza universalmente el derecho a la existencia”. Recibe denominaciones varias como ingreso garantizado, renta mínima o salario social. No es propuesta circunstancial surgida de este declive devastador, sino institución añeja que responde a los ideales de igualdad y fraternidad, así como al concepto de “ciudadanía”, fruto de las revoluciones estadunidense y francesa de fines del siglo XVIII. Charles Fourier la sugirió después en sus tesis socialistas, pero fue hasta 1889 cuando, en plena Revolución Industrial, León Bourgeois –padre del solidarismo– propuso la creación de un “salario mínimo existencial”.

Durante la Gran Depresión de 1929 Keynes definió la pobreza como el principal problema económico. En la Segunda Guerra Mundial las familias de los soldados, vivos o muertos, recibieron una pensión que llegaba a ser vitalicia. Programa que la Carta del Atlántico recogió como un “mínimo existencial para todas las personas”. En 1969 destacados premios Nobel propusieron garantizar a cada ciudadano un ingreso suficiente “como participación mínima en la producción de la sociedad”. Erich Fromm sostuvo que “todas las personas, trabajen o no, deben tener el derecho incondicional a no morir de hambre” y añadió “el problema no es económico, sino de mentalidad”.

Ante los estragos del neoliberalismo ha resurgido el movimiento a favor de la renta de ciudadanía adoptada por numerosas naciones de América Latina, Europa, Oceanía e incluso África, tornándose en una tendencia global. La crisis actual viene en efecto como “anillo al dedo” para promover, además de la renta básica, otras medidas: un pacto fiscal equitativo, la elevación de los salarios, la reducción de la jornada laboral y el apoyo a las pequeñas y mediana empresas para generar de inmediato un frente de expansión económica.