AMLO y La mafia: Orígenes del desencuentro

 

* Comenzó con el desafuero en 2004 * Claudio X. González Laporte planeaba un golpe de Estado * 17 magnates concentran 141 mil millones de dólares * Más de 2 billones 636 mil 700 millones de pesos * 14 por ciento del producto interno bruto

 

Pablo Cabañas Díaz

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Según la revista Forbes, hay en México 17 personas que toman las decisiones más importantes del país. Son 15 hombres y dos mujeres cuyo poder económico es de 141 mil millones de dólares, más de 2 billones 636 mil 700 millones de pesos, es decir, el 14 por ciento del PIB nacional. Su poder económico equivale a más del presupuesto del gobierno federal para desarrollo social del año 2018. Esta lista la encabeza Carlos Slim Helú  y le siguen Germán Larrea, Alejandro Ramírez, Alberto Báilleres, Eva Gonda Rivera, Ricardo Salinas Pliego, María Asunción Aramburuzabala Larregui, Emilio Azcárraga, Jerónimo Arango, Claudio X González Laporte, Juan Antonio González Moreno, Roberto Hernández Ramírez, Alfredo Harp Helú, Antonio Del Valle,  David Peñaloza Sandoval y Javier Garza Calderón hijo.

Las diferencias entre Andrés Manuel López Obrador y estos empresarios a los que le dedicó su libro bajo el título de: La mafia que se adueñó de México y el 2012, se inició con su desafuero en 2004 cuando se le responsabilizó que, como jefe de gobierno, violara una orden judicial. “Me van a juzgar, pero no olviden que todavía falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia”.  Con estas palabras concluyó su defensa el 6 de abril de 2005, López Obrador al defenderse del proceso de desafuero, en la última vez que pisó ese recinto antes de ser presidente.

En esa época la Procuraduría General de la República (PGR) solicitó el 20 de abril de 2005 que se iniciara un proceso penal en su contra por el presunto delito de abuso de autoridad.  Cuatro días después, más de un millón de personas marcharon en apoyo del jefe de gobierno, en la conocida Marcha del Silencio. Tres días más tarde, Rafael Macedo de la Concha, en ese momento titular de la PGR, renunció a su puesto y desistió de continuar el proceso penal.

López Obrador se presentó al año siguiente a las elecciones presidenciales. En la elección presidencial de 2006, bajo la coalición Por el Bien de Todos, López Obrador fue respaldado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido del Trabajo (PT) y el Partido Convergencia.

En esos comicios participaron más de 41 millones de mexicanos, López Obrador perdió las discutidas elecciones ante Felipe Calderón por un margen mínimo de 0.56 por ciento de la votación, es decir, casi 230 mil sufragios. Por lo que encabezó un plantón en la principal avenida de la Ciudad de México, Paseo de la Reforma, que inició el 30 de julio de 2006, en protesta por los resultados en los que declaró que hubo fraude en su contra.

En aquella ocasión, pidió el Voto por voto, casilla por casilla, por el que se abrieron 11 mil paquetes electorales para llevar a cabo el recuento. Sin embargo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) validó el 5 de septiembre de ese año las elecciones a favor de Calderón. Seis años después, López Obrador volvería a presentarse a la carrera por la Presidencia de la República bajo el amparo de estos tres partidos que en 2012 formaron la coalición Movimiento Progresista. En aquella ocasión, la derrota ante el candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, fue más amplia: 18 millones 727 mil votos contra 15 millones 535 mil sufragios, una diferencia de 6.51 por ciento.

Dos meses después, anunciaría su separación del PRD, formación de la que fue miembro durante 23 años. Dos años después, en julio de 2014, Morena conseguiría su registro como partido político con lo que lograría participar en sus primeras elecciones federales un año después.

Sin embargo, la elección presidencial de 2006 marcó la vida política del país y la de López Obrador. Aquella elección sigue presente en la memoria del presidente y de varios de quienes son sus adversarios y forman la élite del poder en México. Tan presente se encuentra en la memoria del presidente que el 10 de marzo de 2020, recordó que el empresario Claudio X. González Laporte planeaba un golpe de Estado si él hubiera ocupado la Presidencia.

El gobierno de AMLO arrancó con una medida que no era esperada por los empresarios: la cancelación del llamado Nuevo Aeropuerto Internacional de México, que tenía un costo de 285 mil millones de pesos en 2018, a través de un proceso que comenzó con una consulta pública realizada todavía en los últimos meses de la presidencia de Peña Nieto, y que, tras casi un año de negociaciones, derivó en liquidaciones que sumaron 75 mil 223 millones de pesos.

Esa obra al igual que otras del sexenio de Peña Nieto fue en extremo polémica en cuanto al manejo de los recursos públicos. Por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitió un informe que retrata de cuerpo entero el último tramo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de quien fue su responsable, el finado Gerardo Ruiz Esparza (1/04/2020).

La ASF revela que en el aeropuerto de Texcoco de cada 10 pesos investigados 4.64 no se pudieron acreditar. Sólo en la Gerencia del Proyecto a cargo del Grupo Aeroportuario, se advierte un desfalco de mil 698 millones de pesos que no se han acreditado.

Desde septiembre de 2017, la organización México Evalúa cuestionó que el proyecto hubiera ascendido de 169 mil a 180 mil millones de pesos y luego a 210 mil millones de pesos sin que hubiera los elementos presupuestales y evaluaciones claras para sustentar este sobrecosto.

El 26 de marzo de 2018, el portal Aristegui Noticias documentó un sobrecosto de la barda perimetral que se levantó sin tener un proyecto ejecutivo. La barda tuvo un costo mayor al presupuestado del orden del 89%. Además, hubo una denuncia interpuesta por la compañía portuguesa Mota Engil, que se inconformó ante la Secretaría de la Función Pública en contra de las licitaciones de la obra que obligó a publicar por primera y única vez la segunda licitación del que habría de ser el techo de la terminal por un valor de 3 mil 876 millones de pesos.

La ASF además detectó irregularidades por más de mil millones de pesos en la cuenta pública de 2016, gastos innecesarios en comunicación social por servicios que no se comprobaron con documentación y pagos por materiales de obra a precios fuera de mercado.

Ante un panorama en el que la corrupción y los conflictos de interés eran la regla, desde que era precandidato a la Presidencia de la República, López Obrador tuvo distintos puntos de vista sobre qué hacer con el proyecto aeroportuario. Su postura inicial –que al final habría de prevalecer– era la cancelación de la obra, pese a los costos que esto implicaría. “En esa zona de Texcoco están construyendo ‘un barril sin fondo’, donde prácticamente están tirando el dinero, es un desperdicio, pero lo vamos a resolver construyendo dos pistas”, exteriorizó en un acto público el 9 de diciembre de 2017.

 

 Entonces, su opción como lo haría al final era construir dos pistas en la Base Aérea de Santa Lucía, lo que ayudaría a desahogar la saturación del actual aeropuerto Benito Juárez y que a su parecer sería más barato que el proyecto de Texcoco.

 

En enero de 2018, explicó que la construcción del aeropuerto de Texcoco se podría utilizar para oficinas públicas o entregarlo para uso militar. En marzo planteó una mesa integrada por técnicos del gobierno federal, del sector empresarial y de su equipo de trabajo para debatir cuál de los proyectos era más viable. Para abril, ya como candidato de Morena, López Obrador cambió al menos tres veces su postura. En Ciudad Juárez, Chihuahua, durante el arranque de su campaña electoral volvió a endurecer su postura y afirmar que la construcción de la terminal aérea se suspendería. Ante la insistencia de que para ganar la elección era necesario no polemizar este controvertible tema dejó abierta la posibilidad de revisar los contratos y volvió a plantear mesas de diálogo con expertos.

 

El 16 de abril, el más importante empresario de México, Carlos Slim señaló que cancelar la obra sería un retroceso en el desarrollo del país, por lo que el candidato sugirió, por primera vez, buscar a un grupo de financieros para que invirtieran en la construcción de dos pistas en Santa Lucía. El 9 de mayo Federico Patiño, quien era el encargado de la realización de la obra, abrió la posibilidad de concesionar las obras pendientes para que el gobierno federal no invirtiera más dinero en la construcción.

 

En junio, a un mes de la elección presidencial, López Obrador planteó ya tres alternativas y no sólo la cancelación de la obra: 1) continuación del proyecto 2) cancelación de NAICM y construcción de dos pistas en Santa Lucía 3) continuación del proyecto con concesión.

 

Además, señaló que el día de la elección se sometería el tema del aeropuerto a consulta. Hasta ese momento, sólo en una ocasión anterior había hablado de realizar una consulta, si los empresarios y los especialistas designados por el entonces presidente Enrique Peña Nieto no aceptaban el plan de construir dos pistas en el aeropuerto de Santa Lucía.

 

El 3 de julio, ya como ganador de la elección presidencial y al concluir su reunión con Peña Nieto en Palacio Nacional, expuso que se crearían equipos para analizar cuál de las tres opciones es la mejor.

 

El 26 de julio de 2018, Javier Jiménez Espriú, quien sería nombrado el responsable de Comunicaciones y Transportes explicó a los medios de comunicación que la construcción quedaría en poder del nuevo gobierno.

 

En el primer encuentro de los empresarios con López Obrador después de las elecciones que tuvo lugar a puerta cerrada el 4 de julio de 2018, en el hotel Camino Real, un tema central que los empresarios deseaban poner sobre la mesa estaba el del futuro que tendría el nuevo aeropuerto, el tema que como hemos visto había causado más desencuentros con la cúpula empresarial.

 

Al término de la reunión, López Obrador indicó que “fue un encuentro caracterizado por la confianza”. Y enfatizó: “Vamos a la transformación de México por el camino de la concordia”. No se va a imponer nada. Vamos a argumentar, vamos a convencer”. Recordando a Benito Juárez, dijo: “Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho”. “Estamos construyendo una auténtica democracia –recalcó– no una dictadura”. Aclaró que “va a haber austeridad en el gobierno; se tienen que liberar estos fondos que van a salir del ahorro que se va a hacer con las medidas que vamos a tomar, para que no se tengan que financiar éste y los otros programas”.

 

Los empresarios manifestaron que el ambiente de en esa reunión fue de confianza y certidumbre. Parecía que el tema del aeropuerto estaba resuelto a su favor. Claudio X. González complementó: “Para hacer lo que tenemos que hacer, para hacer de México un país más incluyente, más próspero y que realmente le saquemos todo su potencial”.

 

Alejandro Ramírez dijo: “(estamos) muy optimistas de lo que podemos hacer en colaboración conjunta el sector privado con el nuevo gobierno”. Carlos Rojo (director general de Interacciones) expresó: “Y esto que se está planteando, es la posibilidad de lograr eso; de generar más empleo y de que los jóvenes puedan incorporarse a las empresas con la facilidad de estar trabajando y estudiando al mismo tiempo, y que el gobierno apoyaría a las empresas”. Bosco de la Vega concluyó: “Ya habíamos hecho el trabajo con todos los candidatos y hoy lo que vi fue una excelente reunión público-privada donde el interés es México”. “Es tiempo de renovar –dijo– nuestro empeño de crecer y cuidar a México”.

 

Tres meses después, todavía en el sexenio de Peña Nieto, López Obrador rompía con los empresarios a partir del argumento de que la decisión de cancelar el aeropuerto de Texcoco era para obedecer el mandato de los ciudadanos, por lo que anunció que estaba planeando construir dos pistas en el aeropuerto militar de Santa Lucía, y mejorar el actual aeropuerto de la Ciudad de México además de reactivar el aeropuerto de Toluca.

 

Con esas palabras, el 29 de octubre de 2018 y luego de cuatro días de consulta nacional donde e 30 por ciento de los participantes consideró que se debía mantener la construcción del aeropuerto de Texcoco, López Obrador resolvió parar la obra que en cuatro años duplicó su costo por el incremento en el tipo de cambio y que llevaba 21 por ciento de avance.

 

La cancelación de la obra dejó de ser una advertencia de campaña. El sector empresarial protestó y las calificadoras desplegaron revisiones a la baja de los bonos del aeropuerto y de la deuda soberana. Estas últimas e instituciones financieras recortaron pronósticos de crecimiento apelando a la “incertidumbre” que sembró el suspender la obra.

 

Pendiente también quedó el pago anticipado de los recursos recogidos en el mercado internacional y nacional. Hacienda negoció la compra anticipada de mil 800 millones de dólares, de un total de 6 mil millones de dólares en poder de los inversionistas internacionales. El resto de esa cantidad debe pagarse por medio de la tarifa de uso de aeropuerto en los próximos 20 años.

 

También se pagaron los 34 mil millones de pesos, más el interés acumulado a lo largo de un año, adquiridos con inversionistas mexicanos, entre ellos cuatro administradoras de fondos de ahorro para el retiro. No obstante, se mantuvo una deuda de alrededor de 40 mil millones más en gastos.

 

Las pérdidas millonarias que sufrieron los inversionistas definieron un conflicto que habrá de durar todo el sexenio.

 

Había múltiples intereses en juego en esa cancelación, uno el menos visible era el de la especulación inmobiliaria. Miles de hectáreas de terrenos alrededor del aeropuerto de Texcoco se habían comprado a un precio muy bajo para construir desde edificios para corporativos hasta hoteles, bodegas, estacionamientos, plazas comerciales, desarrollos que esta mega obra requería poder operar.

 

La cancelación del nuevo aeropuerto unió a los enemigos de López Obrador. Se revivió un encono que viene de hace 30 años entre Felipe Calderón y López Obrador. Calderón apoyó a Ernesto Zedillo para poder aprobar –según el ahora presidente– en la Cámara de Diputados el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, que tenía como finalidad rescatar la deuda de los banqueros, con recursos del Estado mexicano.